Persecución a ambientalistas: la Corte IDH fija como prioridad el Acuerdo de Escazú
Corte Interamericana de DD.HH. fija como prioridad el Acuerdo de Escazú en informe sobre persecución de defensores ambientales
En la semana en que se llevó a cabo la Cumbre de Acción Climática y 74 Asamblea de Naciones Unidas, la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, fue escenario de una reunión clave, cuyos temas principales fueron la persecución de defensores ambientales en América Latina, la región con el mayor número de ataques a personas que defienden el medio ambiente, y la consiguiente importancia de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. El tratado –que el Gobierno de Sebastián Piñera se resiste a suscribir– establece específicamente en uno de sus artículos una protección para defensores ambientales.
“Este efectivamente es un problema que está aumentando no solamente en la variable de la criminalización, sino también en la variable de las amenazas y de los atentados contra defensores ambientales. Estas cosas tienen que, de alguna manera, ponerse sobre la mesa, y los estados tienen que hacerse cargo de proteger a los defensores», enfatiza a El Mostrador el director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, uno de los asistentes a la cita de Washington, junto a representantes de México y Perú.
En esa línea, se abordó la importancia que tiene el Acuerdo de Escazú para precisamente garantizar los derechos de los defensores medioambientales. “Los países deben firmar y ratificar Escazú y, por lo tanto, poner en sus legislaciones una protección específica para los defensores ambientales, de manera de evitar tanto las amenazas como la criminalización», insiste Costa.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado impulsado por 17 países de Latinoamérica y el Caribe. El protocolo fue firmado en principio por 14 países el 27 de septiembre de 2018. Un año más tarde, el tratado cuenta con un total de 19 países signatarios y a la fecha 6 naciones lo han ratificado, debiendo alcanzar 11 Estados Parte para entrar en vigor.
Dicho acuerdo establece, en su artículo 9.1, respecto a los defensores de los DDHH en asuntos ambientales, que «cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad».
Durante la audiencia en Washington, se presentó el informe sobre el «uso indebido de sistemas de justicia penal para tomar represalias contra las defensoras y los defensores del ambiente». Y también hubo testimonios concretos sobre el tema de la persecución y el uso indebido de la justicia penal contra los defensores medioambientales.
Un informe de la ONG Front Line Defenders, sostiene que 212 defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en América Latina, cerca de un 70% de ellos corresponde a activistas ligados al mundo medioambiental y se concentran en países como Brasil y Colombia. «Las actividades más riesgosas a nivel mundial son ser defensor de derechos medioambientales y periodista”, ha asegurado el exdirector del INDH, Branislav Marelic.
Uno de los casos chilenos presentados fue el de Macarena Valdés, defensora de los DDHH y medioambientales de la comunidad mapuche Newen de Tranguil, en la comuna de Panguipulli, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 22 de agosto de 2016. Estaba colgada de una de las vigas de su casa, hogar en el que vivía con sus cuatro hijos y su pareja, el werkén (vocero) de la comunidad e ingeniero medioambiental, Rubén Collío.
En la jornada se presentó también el caso de Alejandro Castro, conocido como «El Mecha», quien fue encontrado muerto en la madrugada del 4 de octubre, de la misma manera. Estaba colgado de su mochila en la reja perimetral de la línea férrea en Valparaíso.
La versión de un suicidio “sin intervención de terceros” entregada por la PDI la tarde del 4 de octubre, es resistida por su familia y el mundo social organizado de Quintero, quienes sostienen que la tesis era apresurada. “Un joven activo como él no pudo haber hecho eso, menos en esas condiciones”, aseguró un dirigente de pescadores artesanales, que prefiere mantener su nombre en reserva.
En ese contexto, Belén Curamil, hija de Alberto Curamil, prestó testimonio donde denunció como criminalización la prisión preventiva que afecta a su padre en la cárcel de Temuco, desde hace más de un año.
«Hoy, mi padre, Alberto Curamil, sufre la prisión política porque es un defensor ambiental y autoridad tradicional de un pueblo originario en el país. Solo queremos que se haga un juicio justo e imparcial para demostrar su inocencia, pero el juicio se dilata y no llega», reivindicó ante el tribunal.
«La lucha del pueblo mapuche es una lucha por la vida, por el equilibrio de los ecosistemas, por ser más y mejores personas que convivan con la tierra. Pero en Chile eso no se reconoce y la respuesta es siempre la misma: la criminalización, el hostigamiento y la ausencia de justicia para nuestro pueblo y luchadores socioambientales”.
Ante la falta de claridad de estos casos, Ezio Costa advierte que Escazú es el primer acuerdo en el mundo que incorpora precisamente una lógica de protección de los defensores ambientales. «En Chile no tenemos ninguna norma, ninguna instancia específica de protección de los defensores ambientales y, por lo tanto, está claro que este estándar no lo cumplimos, y tampoco cumplimos otros», remarca.
