Organizaciones denunciarán al Estado argentino ante la CIDH por obligar a niñas abusadas a parir
Las cifras no bajan. En el país, por año, cerca de 2.500 niñas menores de 15 años llegan a los hospitales a parir. Las provincias con más alto índice de embarazo infantil son Tucumán, Salta, Misiones y Santiago del Estero. Se estima que el 80% de esos embarazos son producto de violencia sexual, la mayoría de los cuales ocurre en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos a las víctimas. A pesar de que está próximo a cumplirse el centenario del artículo 86 del Código Penal argentino -que permite el aborto legal por tres motivos, uno de ellos la violación-, hay varias provincias que impiden que las niñas víctimas de violencia sexual puedan acceder a ese derecho.
“Obligarlas a parir, forzar su maternidad cuando ellas expresan lo contrario, eso es una tortura para nosotras. Hablamos de niñas de 11 o 12 años”, dice a Infobae Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, una coalición de organizaciones de todo el país que se encarga del seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la Argentina.
Ella es una de las tres mujeres que viajarán a Washington, Estados Unidos, a la audiencia temática del 27 de septiembre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas producto de una violación para acceder a un aborto, derecho que fue ratificado por la Corte Suprema de la Nación en el fallo FAL en 2012. Pulido irá junto a Fernanda Marchese, directora ejecutiva de ANDHES (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales) y Celia Debono, coordinadora nacional de CLADEM (Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer).
Juntas, además de denunciar ante la CIDH la situación de Argentina, pedirán una audiencia regional porque detectan similares violaciones a los derechos de las niñas en los países de Latinoamérica y el Caribe. “Ya es un logro que la CIDH haya tomado el tema, muestra una preocupación de su parte”, dice a Infobae Fernanda Marchese, recién llegada de Tucumán y pronta a viajar a Washington.
Como el Estado argentino adhirió a los tratados internacionales con calidad constitucional, presentarse ante la CIDH y denunciar que los derechos de las niñas vulneradas no se cumplen puede generar una presión diplomática sobre el país. El rol de la CIDH es dar un seguimiento para que se cumplan los derechos asumidos, y en caso de que eso no ocurra, puede recomendar ciertas medidas para darle cumplimiento. Para ejemplificar la situación argentina, las organizaciones presentarán un caso testigo.
Lucía, el caso testigo
Lucía, la nena de 11 años que fue violada por el novio de su abuela en Tucumán y a quien el Estado provincial intentó por todos los medios negarle el acceso a su derecho al aborto, será ese caso. Lucía llegó al hospital el 11 de febrero de 2019 junto a su mamá, también víctima de violencia de género, repitiendo lo que nadie quería oír: “Quiero que me saquen de adentro lo que me puso el viejo”.
A la mamá le dijeron que la hija se le iba a morir si le practicaban un aborto y que ella iba a ser la responsable, le regalaron una tablet, le prometieron una casa nueva, le ocultaron información, todo para que protegiera a esas “dos vidas”, pero la nena pedía a gritos otra cosa. Ningún médico quiso hacerse cargo.
Lo que denunciarán es que las provincias argentinas, escudándose en el federalismo, no aplican el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), elaborado en 2012 por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del entonces Ministerio de Salud de la Nación.
Es que Tucumán es la única provincia del país que no está adherida a la a la Ley nacional N° 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. Si bien es una ley nacional, cada provincia tienen la potestad de adherir o no hacerlo, sin embargo, parte de lo que denuncian es que Tucumán no cumple lo dictado por la Corte Suprema, el Código Penal y los tratados internacionales que tienen mayor jerarquía legal.
Al ver que pasaban los días y nadie intervenía ni ayudaba a su hija de 11 años, la mamá de Lucía, desesperada, le pidió a una familiar que buscara “a las de los pañuelos verdes” y fue así como llegó a las activistas feministas y a las organizaciones Andhes y Cladem, que la patrocinaron.
Unas horas después de eso, Cecilia Ousset y José Gijena, una pareja de ginecólogos, intervinieron a Lucía y le realizaron una microcesárea en un quirófano vacío, porque todos los agentes de salud se proclamaron objetores de conciencia. Como la bebé se murió pocos días después, un grupo de abogados y abogadas de Tucumán denunciaron por homicidio a los médicos.
Lucía, que no se llama Lucía y a quien se le puso ese nombre para proteger su identidad y privacidad, está sana, aunque nunca será la misma niña que antes. Tuvo que cambiarse de escuela y todavía no pudo volver a su pequeño pueblo, de menos de 500 habitantes, porque el arzobispo de Tucumán Carlos Sánchez violó su anonimato y llamó a todos los fieles de la provincia a rezar por ella, con nombre y apellido.
“El caso tucumano es un caso testigo de falta de derecho. Si es el Estado nacional quien adhiere entonces es él quien debe garantizar el acceso al derecho a las niñas. El federalismo no puede ser un justificativo para vulnerar ese derecho. Queremos que la CIDH mire más allá de Buenos Aires, y que diga que es el Estado argentino el garante de los derechos de las niñas”, manifiesta Marchese.
Para qué puede servir
El objetivo es que si la CIDH se pronuncia con una serie de recomendaciones para Argentina, esto se traduzca en políticas públicas que generen acciones concretas en las provincias donde los derechos de las niñas están más vulnerados, que haya inversión concreta para reactivar el desfinanciado Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas.
“El Estado es responsable de generar igualdad en toda la ciudadanía, que no sea basada en la discriminación”, añade Florencia Vallino, abogada de la familia de Lucía. Aún no elevaron a la CIDH una petición individual donde se denuncie este caso porque quieren agotar todas las instancias locales antes. El abusador de la nena está en prisión preventiva y falta para su juicio. Aún está corriendo el caso de los médicos que hicieron el procedimiento y, por otro lado, una causa en el fuero de Familia.
“Este caso tomó una notoriedad pública porque hubo un movimiento de mujeres que ayudó a que se visibilizara, pero la pregunta es ¿cuántas otras Lucías hay en el resto de las provincias viviendo situaciones que consideramos tortura? Niñas menores de 15, con 11 o 12 años, víctimas de violencia sexual y obligadas a parir”, se pregunta Nora Pulido.
Durante 2017 hubo 2.493 bebés nacidos de niñas menores de 15 años en el país, según la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) de la Secretaría de Gobierno en Salud. Además, 91.586 adolescentes de entre 15 y 19 años tuvieron un parto en el país.
Sólo 12 provincias poseen un protocolo de acción para dar cumplimiento a los abortos por las tres causales contempladas en la ley, y luego ratificadas por la Corte Suprema en el fallo FAL (donde insiste en que no es necesario denunciar para acceder a la intervención). Otras 6 provincias tienen guías con más exigencias que las que demanda la ley y otras 6 provincias no cuentan con ninguna normativa: Catamarca, Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.
