La seguridad en Colombia a un año del gobierno de Duque

MÁS SOMBRAS QUE LUCES, UN ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN COLOMBIA

La Fundación Paz y Reconciliación – Pares, desplegó un equipo de más de 50 personas por toda la geografía del país para realizar una investigación que diera cuenta del mapa de la seguridad en Colombia. El objetivo era triple. Por un lado, hacer un análisis del primer año del gobierno de Iván Duque: Los avances y retrocesos en materia de seguridad, así como hacer una evaluación de la Política de Defensa que fue presentada a principio del año, y, que justamente fue su gran promesa de campaña.

En segundo lugar, se hizo un registro del estado de seguridad territorial luego de casi tres años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón. Los académicos del posconflicto dividen este periodo de transición en dos momentos. En primer lugar, y durante los primeros tres años luego de la firma del Acuerdo, se da la Estabilización.

Resumen del Informe Más Sombras que Luces

La Estabilización es un periodo donde lo importante es controlar los indicadores de seguridad en las zonas de posconflicto, así como evitar el surgimiento de organizaciones armadas ilegales que quieran copar territorios y, sobre todo, comenzar a llevar Estado a las regiones administradas por el grupo armado que se reincorporó a la vida civil. Luego, y durante siete años más, se presenta el proceso de Normalización, que se refiere al periodo de la Reconciliación y en general de las transformaciones nacionales que trae la paz.

En teoría, estamos a punto de terminar el periodo de la Estabilización, de tal forma que dar cuenta del comportamiento de los indicadores de seguridad, la situación del ELN, los Grupos Armados Organizados y los grupos posfarc o disidencias, resulta importante, para determinar el futuro de varias regiones del país. También es necesario hacer un balance de la situación de los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y de la seguridad de los excombatientes de las FARC y de las dinámicas de la violencia política en este año electoral.

Además de los anterior, hay un tercer objetivo y es el de clarificar el debate. Por ejemplo, el senador Uribe en entrevista a CNN dijo que había más de 5.000 disidentes de las FARC; también manifestó que los miembros del ELN podrían llegar a 15.000. Cifras que a primera vista parecen absurdas, pero que había que hacer la investigación para corroborarlas. También, en varias partes del país, organizaciones sociales señalan el surgimiento, nuevamente, de grupos paramilitares. Una afirmación que debía investigarse. En consecuencia, es necesario hacer un retrato, lo más fiel posible, de cuál es la situación de seguridad en el país.

Las tres grandes conclusiones del Informe de Seguridad

1. De los 281 municipios priorizados para el postconflicto por la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, hay un grupo de 123 donde antes operaban las FARC y que han sido copados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

Es decir, hay otro grupo de más de 150 municipios donde el postconflicto se ganó y la etapa de violencia política ya se superó. De hecho, dentro de estos 123 municipios hay varios de ellos donde el copamiento es realmente bajo, y con actuaciones de la fuerza pública y otras instituciones del Estado, se recuperaría rápidamente la seguridad. Así las cosas, de los 123 municipios con copamiento, son 107 los que tienen verdaderos problemas de seguridad.

2. Las zonas de postconflicto, de acuerdo con los grados de copamiento criminal, se pueden dividir en cuatro tipos:

• Hubo un grupo de zonas donde el copamiento criminal fue casi que inmediato a la concentración de las FARC. El andén pacífico, la zona del Bajo Cauca o el Catatumbo son un buen ejemplo.

• Hubo otras zonas donde el copamiento se dio, en promedio, 18 meses después de la salida de las FARC. Putumayo, algunas zonas del Caquetá y Vichada podrían ser los ejemplos. Allí, incluso el precio de la pasta base de coca cayó vertiginosamente entre 2017 y primer semestre de 2018, pues ningún narco entraba a las zonas donde antes estaban las FARC. Generalmente ellos se hacían acompañar de miembros de la exguerrilla para ir a comprar la pasta base. Durante esos 18 meses no llegó el Estado, y desde el segundo semestre de 2018 se dio el copamiento.

• Hubo zonas de las cuales salieron las FARC y no llegó nadie. Ni el Estado, ni el copamiento criminal. Allí se dispararon los índices de inseguridad como el atraco, algunos hurtos en carretera y el abigeato. Pero no había estructuras pesadas, era más bien grupos de delincuencia común. El Sur del Tolima y algunas zonas de Valle del Cauca, y del Huila son un buen ejemplo.

• Hubo otras zonas, donde el Estado llegó, y esto se dio principalmente en cabeceras municipales de estos municipios.

3. El proceso de paz tuvo un impacto impresionante en la reducción de cifras de varios indicadores de violencia asociada al conflicto armado. Los réditos de la paz son altos. Sin embargo, luego de casi tres años la firma del Acuerdo de Paz, los esfuerzos en materia de seguridad deben reforzarse para evitar una nueva ola de violencia en el país.

Aún no es claro que se hubiese superado el conflicto armado que azotó al país por más de 50 años. Durante el primer año de gobierno de Iván Duque, varios indicadores de violencia tienen comportamientos positivos.

Los ocho aspectos analizados en este informe

Basados en estos tres objetivos, la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, hizo un balance de la seguridad en Colombia. Se analizaron ocho (8) aspectos:

1. Los datos de violencia asociados al conflicto armado. Se analizaron datos nacionales y los de los municipios priorizados para el posconflicto por la Fundación Pares.
2. Se analizó la situación de los grupos posfarc o disidencias.
3. Se analizó la situación del ELN. Su presencia, accionar armado y evolución en los últimos tres años.
4. La situación de los Grupos Armados Organizados, particularmente del Clan del Golfo.
5. La victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
6. La victimización a excombatientes de las FARC, y en general a la política de reincorporación.
7. La violencia política electoral en el marco de las elecciones locales de octubre.
8. La situación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos.

PARES

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