El caso ecuatoriano: una cuestión de integridad
Ecuador: se rechazó la ley de despenalización del aborto en casos de violación e incesto
La negativa de la Asamblea ecuatoriana a aprobar la despenalización del aborto en los casos de violación e incesto generó duras reacciones entre los defensores de derechos humanos.
La activista feminista de la fundación Pakta, Bernarda Freire, dijo el miércoles a The Associated Press que «el Estado ha mostrado que no le importa torturar a las mujeres y las niñas violadas, que los preceptos machistas y los prejuicios que los asambleístas tienen son superiores a las dignidad de las mujeres y las niñas violadas».
Añadió que los asambleístas siguen sin entender la agresión que significan la violación y el incesto «a la dignidad humana» y sostuvo que no se siente «representada por esos legisladores, me siento decepcionada».
La iniciativa fue rechazada el martes por la noche luego de que los votos a favor sumaron 65, cinco menos de los requeridos para convertirla en ley. Otros 59 diputados votaron en contra y seis se abstuvieron.
Tras conocer el resultado de la votación las mujeres a favor del aborto lloraron y comenzaron a gritar consignas como «El huevo no es gallina, el cigoto no es un niño» y «Si el papa fuera mujer el aborto sería legal».
Enseguida encendieron antorchas y corrieron hasta las barreras que protegían a la Asamblea y las arrojaron. La policía retrocedió pero ante la intención de sacar las vallas metálicas usó gas pimienta para hacer retroceder a las manifestantes.
Los grupos pro-vida, ubicados a unos 50 metros de distancia, estallaron en gritos de júbilo mientras sostenían pequeñas cajas blancas con cruces simulando ataúdes infantiles.
La abogada Cecilia Espinosa señaló que «esto simplemente va a demorar un poquito más, finalmente el aborto por violación será aprobado. Vamos a cambiar la vía, se intentarán nuevas estrategias políticas y jurídicas».
Espinosa y una decena de mujeres vestidas de negro colgaron el miércoles en las afueras de la Asamblea las fotografías de los diputados que votaron contra la iniciativa y les lanzaron pintura roja mientras los acusaban de tener las manos manchadas con sangre.
Por su parte, los grupos religiosos que se oponen al aborto volvieron a sugerir la entrega de los niños en adopción como una alternativa a la interrupción voluntaria del embarazo.
En los últimos años en Ecuador se registraron 387 casos judiciales contra mujeres que abortaron y diariamente se denuncian al menos siete casos de violencia sexual contra niñas.
El gobierno no ha hecho comentarios sobre la votación de la Asamblea. Actualmente en Ecuador el aborto está permitido sólo en caso de peligro de muerte de la madre.
El aborto está despenalizado en ciertos casos en Argentina, Chile y en muchos estados de México, mientras que en Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y Uruguay se permite abortar sin restricciones en las primeras semanas de gestación.
En El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití está prohibido sin excepciones.
¿Aborto por violación?
En una limitada comprensión de lo que significa, de ser pro vida no lucharían a favor de la criminalización de una mujer o niña víctima de violación, lucharían por asegurar una sociedad más justa, más equitativa, por la erradicar la pobreza y miseria, por generar condiciones económicas y materiales mínimas para satisfacer las necesidades elementales de la vida y asegurar una existencia en buena salud y felicidad de niños y niñas.
Vamos a hablar con cifras, Según la OMS en el mundo cada año mueren 47.000 mujeres durante abortos clandestinos. En Ecuador según informe del General Carlos Alulema, director nacional de la Policía Judicial, se registran 42 denuncias por violación o agresión sexual al día, de las cuales el 80% corresponde a casos de menores de 14 años de edad.
Entre el 2004 y 2014 se registraron 431.614 abortos. La tasa de aborto en promedio es de 115 por cada 1000 nacidos vivos.
Hay realidades fuera de las estadísticas oficiales, el Dr Esteban Ortiz señala: dos tipos de abortos (auto inducido o clandestinamente ocasionado) estos tienen tres posibles consecuencias. En la primera, la paciente aborta, sin complicaciones, sin acudir al médico y por ende sin registro oficial. En la segunda, la paciente aborta completa o incompletamente, se complica, acude al hospital (miente porque si no va presa) y egresa como aborto espontáneo, médicamente justificado, u otros tipos de embarazos que terminan en aborto, se registra y se oficializa. En la última, la mujer aborta completa o incompletamente, se complica, acude (o no acude) al hospital, muere en el intento, egresa como mortalidad materna, se registra.
Los abortos no son un asunto de legalidad o moralidad, sino un asunto de salud pública. La discusión debe girar en torno a cifras, evidencia científica, recomendaciones profesionales. La penalización no elimina el hecho de que los abortos se sigan efectuando, pero la despenalización garantiza que se efectúen por personal preparado y en condiciones adecuadas que permitan salvaguardar la vida e integridad de la mujer, niña víctima de violación.
La Asamblea de Ecuador dejó pasar una oportunidad histórica. No son provida son antiderechos
Por María Paula Granda Vega *
El día martes 17 de septiembre de 2019, la Asamblea Nacional ecuatoriana no aprobó la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para ampliar las causales de aborto. En medio del frío quiteño, en las afueras de este edificio, recibimos la noticia como un balde de agua helada y como un baño de realidad: luego de seis años volvimos a perder en algo tan básico y humano como legalizar el aborto en casos de violación, incesto, estupro, inseminación no consentida y malformación letal del feto, que produjera inviabilidad extrauterina. A pesar de las cifras escalofriantes de las niñas obligadas a ser madres en todo el territorio nacional, los votos no fueron suficientes; las presiones de los grupos religiosos y conservadores de incluso enjuiciar penalmente a los y las asambleístas en caso de aprobar la reforma, los cálculos políticos y el conservadurismo individual fueron más fuertes a la hora de votar.
En la calle nosotras lloramos, nos abrazamos, nos indignamos, gritamos y pocos segundos después del shock, pasamos a la acción. Nuestras consignas y cánticos se volvieron más fuertes, opacando a los rezos y agradecimientos de quienes en la otra vereda festejaban la decisión de la Asamblea. Prendimos antorchas y permanecimos allí, expresando nuestro profundo rechazo a las y los asambleístas que se comprometieron con la causa y al final se ausentaron, se abstuvieron o finalmente votaron en contra. Al día siguiente se empapeló las afueras de la Asamblea con sus rostros y se los llenó de sangre de pollo, creando un muro de la vergüenza para no olvidarlos.
A la par, desde el día de la votación, las redes sociales se llenaron de mensajes de protesta, de reclamos y de análisis del por qué la reforma no pasó. Muchas personas nos llamaron “ingenuas” por creer que el aborto por violación se iba a aprobar, otras por confiar en figuras de la derecha política como María Mercedes Cuesta (asambleísta independiente) o Jeannine Cruz (CREO) quienes se pronunciaron a favor de cambiar el COIP en ese aspecto y luego no fueron o se abstuvieron. También nos denominaron “racistas” por criticar a asambleístas de Pachakutik que votaron en contra y “poco entendedoras” de la realidad del movimiento indígena. Muchas otras se solidarizaron y dieron alternativas legales y de movilización.
En este contexto, el presente artículo pretende analizar no solo el voto de las y los asambleístas, sino mostrar un panorama más amplio de dónde y cómo estamos posicionadas como movimiento de mujeres y feministas, y de lo que se viene más allá de la lucha por la despenalización del aborto en un escenario de múltiples retrocesos en el ámbito político, económico y, en general, en las conciencias de la sociedad, a lo que se suma una ola mundial de reactivación de las posiciones más retrógradas en contra de los feminismos y, en general, de los derechos de las mujeres y diversidades sexuales, además de expresiones de racismo, xenofobia etc.
La votación
Para poder aprobarse la reforma se necesitaban 70 votos afirmativos. Se obtuvieron 65, mientras que 59 fueron en contra, más las ausencias y abstenciones que sumaron 13. Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, días antes aseguró tener 75 votos a favor, con lo que se aseguraba el cambio en elCOIP que permitiría a niñas y mujeres, víctimas de violación, acceder a un aborto legal y seguro si así lo decidían. Esta afirmación dio paso a que los grupos religiosos y conservadores redoblaran sus esfuerzos para evitar la reforma a toda costa. Hicieron ruedas de prensa conjuntas (Iglesia católica y evangélica), amenazaron a asambleístas con destitución, hicieron misas, vigilias, e incluso utilizaron el sermón de las misas del domingo para persuadir a quienes debían tomar la decisión de ampliar las causales de aborto. Algunas voces de dentro de la Asamblea inclusive hablan de la compra de conciencias y de movidas de último momento de líderes políticos de los partidos para presionar a sus bancadas. El resultado de esas acciones fue que en el camino 10 personas cambien de parecer, lo que afectó la decisión final.
Votación de la “derecha” e “izquierda”
Es evidente que la discusión del aborto todavía dentro de los partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea gira en torno a una decisión “individual”, de acuerdo con las creencias y moral de cada quien. Por ello, en todos los bloques se decidió no imponer una posición a los legisladores, sino dejarles “en libertad”. Esto es preocupante porque refleja una incomprensión enorme de la problemática por parte de quienes hacen las leyes y deberían enfrentarla con seriedad. Los movimientos de mujeres y feministas, con aliados médicos, psicólogos, cientistas sociales y genetistas demostraron hasta la saciedad el por qué de la urgencia y necesidad de la medida. Se dejó más que claro que la violación a niñas en el Ecuador es algo de todos los días, al igual que las consecuencias de una maternidad forzada, no solo para su salud, su cuerpo, sino para su futuro y su estado mental. Lo mismo ocurrió en la demostración de la afectación psicológica hacia las mujeres violentadas sexualmente. Se dieron cifras por provincias, por edad, de cuántas mujeres y niñas son violadas a diario, de cuántas mueren en abortos clandestinos, de las que han sido criminalizadas por abortar y de las que llevan a cabo su maternidad en condiciones de pobreza. Nada importó, sino se trató el tema como algo relacionado con la religión, la personalidad y la conveniencia política de cada asambleísta.
En ese sentido, se explican los votos de los diversos personajes. Dejó de ser un tema de justicia social, de salud, de derechos fundamentales, agendas tradicionalmente cumplidas por la “izquierda”, y pasó a ser tomado como un tema de humanismo, liberalismo y conciencia individual, lo que explica la adhesión de asambleístas de derecha; mujeres y hombres del PSC e incluso una de CREO votaron a favor. Mientras que cuatro de cinco asambleístas de Pachakutik votaron en contra. Cabe mencionar que, según grupos de mujeres que estuvieron encargadas de hacer el lobby respectivo, el voto del movimiento Pachakutik no fue sorpresivo, ya que desde el inicio se mostraron en contra e indecisos y solo uno se pronunció a favor (quien finalmente votó así).
Lo ocurrido en la votación, entonces, abre los debates correspondientes sobre la calidad de la clase política en nuestro país, de la falta de representación de la ciudadanía en la Asamblea, de la responsabilidad de las estructuras de los partidos y movimientos políticos sobre la actuación de sus asambleístas y de las estrategias del movimiento de mujeres para negociar y llegar acuerdos con actores políticos y sociales para conseguir objetivos fundamentales.
En primer lugar, por la comprensión que se tiene del aborto en todas las bancadas políticas, está claro que en el imaginario social este dejó de ser una reivindicación exclusiva de la izquierda y de sectores progresistas. Es así que, si bien la mayoría de asambleístas de CREO votaron en contra, Gloria Astudillo votó a favor, así como ex parlamentarios de ese movimiento como Fabricio Villamar y Mae Montaño. Lo mismo ocurrió con los votantes del Partido Social Cristiano. En la votación de 2013, estos últimos fueron con Biblia en mano a oponerse; el día martes la mayoría votó sí con poquísimas excepciones. Incluso, una de las mayores voceras en la actualidad a favor de la despenalización del aborto y de los derechos de las mujeres es de este partido político.
Asimismo, en esta votación se cayó la falacia de que hay una vinculación automática entre las organizaciones sociales y los partidos y movimientos políticos; además, el mito de que quienes se identifican con la “izquierda” necesariamente están de facto a favor de la despenalización del aborto. La votación de Pachakutik así lo refleja, causando una gran decepción. A pesar de que la Conaie y Ecuarunari se pronunciaron a favor de la despenalización del aborto por violación, esto no se tradujo en los votos de sus supuestos representantes directos. Si bien no se puede especular por qué estos legisladores y legisladoras votaron por el no, se puede observar una falta de diálogo entre las partes, una ausencia de compromiso de la dirigencia de Pachakutik para extender la sensibilización y formación en género de sus miembros en todas las provincias, y también de enmarcar los derechos de las mujeres, donde se incluye el del aborto dentro de las cuestiones fundamentales para obtener un cambio estructural, lo que es supuestamente un objetivo central del movimiento.
Por otro lado, las ausencias y abstenciones de asambleístas mujeres que habían asegurado su voto a favor, demuestran el oportunismo político de ciertos actores que vieron en el debate la oportunidad de ganar protagonismo: pero también nos interpela a nosotras, como movimiento de mujeres, para diferenciar quiénes son las aliadas coyunturales que pueden o no fallarnos, y quiénes están en realidad comprometidas y comprometidos con nosotras y, por ende, son compañeros y compañeras de lucha.
En 2013, Paola Pabón, ex asambleísta de Alianza PAIS, luego de la presión extrema que ejercimos un grupo de mujeres en la Asamblea, mocionó votar por la despenalización del aborto en casos de violación y, al día siguiente, por amenazas de renuncia de Rafael Correa, en ese entonces Presidente de la República, y por la violencia política recibida por otros de sus coidearios, decidió retirarla “en nombre del proyecto”. En ese entonces, Gabriela Rivadeneira, quien ejercía como presidenta de la Asamblea, decidió ausentarse y desentenderse del tema, y Marcela Aguiñaga, ahora convertida en vocera de los derechos de las niñas y mujeres víctimas de violación, estuvo totalmente en contra y fue quien obligó a Rosana Alvarado, quien presidía la sesión, a suspender la votación, frenando así la oportunidad histórica de favorecer a miles de mujeres. Con ese antecedente nefasto, es inexplicable cómo ahora segmentos del movimiento de mujeres traten a estas asambleístas como “auténticas representantes”, y les dejen la cancha abierta para que se sigan posicionando políticamente. Lo mismo se puede decir en el caso de María Mercedes Cuesta y de otras, quienes, a cuenta de que estaban a favor de la reforma, se las endiosó, olvidándonos de con quiénes y con qué agenda llegaron al puesto donde están. Estas observaciones no quieren decir, de ninguna manera, que las organizaciones de mujeres no deben conversar con otras facciones políticas, están en todo su derecho; pero sí debemos ser más cuidadosas en el manejo de nuestras alianzas y, sobre todo, saber que un apoyo coyuntural tiene sus riesgos. En este caso, nos costó la aprobación del aborto por violación y las otras causales, afectando sobre todo a las mujeres y niñas más empobrecidas.
La movilización, lo que se ganó
A diferencia de 2013, donde se aprobaron las reformas al COIP bajo el mando correista, hoy, en 2019, se puede decir con toda seguridad que se logró despenalizar el aborto por violación en las calles, en el conjunto de la sociedad. Hay varios datos que confirman que, en general, la gente aprueba una reforma de esa naturaleza, por lo que la Asamblea se habría ido en contra de la mayoría de sus representados. Eso, de por sí, ya es un pequeño triunfo ganado con muchísimo esfuerzo de las diversas colectivas, quienes elevaron el debate y, sobre todo, lo posicionaron en el ámbito público.
Esto se reflejó en las calles de diversas provincias del país, donde hubo una importante movilización social. Mientras que en 2013, fuimos pocas las que emprendimos acciones por la despenalización, seis años después estuvimos muchísimas más de distinta clase social, etnia y edad. Sin duda, esta puede ser considerada una ganancia en medio de la tragedia, porque la expresión en las calles nos da la garantía de que la presión social va a continuar hasta que se logre legalizar. Esto es algo que se dejó muy claro la misma noche de la votación, donde con nuestros pañuelos verdes, tambores, banderas, carteles y consignas reafirmamos nuestro compromiso con las vidas de miles de mujeres y niñas ecuatorianas.
Cabe reiterar que, a pesar de la cobardía y traición de ciertos elementos al interior de la Asamblea Nacional, la reforma para la legalización del aborto en casos de violación y en las otras causales mencionadas, alcanzó la mayoría de votos de los legisladores. Esto sienta un precedente positivo en el ámbito legislativo y en la sociedad para continuar luchando por la propuesta, no solo a nivel de la Asamblea, sino ya en otras instancias, además que permite ejercer presión sobre el Gobierno Nacional para que se tomen medidas que remedie el despropósito de no haber aprobado la reforma, dejando en la completa indefensión a las víctimas.
Lo que se viene
Además de estas acciones concretas de presión y de movilización, lo que nos corresponde es seguir entablando diálogo con todos los sectores sociales organizados y no organizados. Tomando en cuenta nuestra falta de recursos, debemos aunar esfuerzos para elaborar estrategias conjuntas de comunicación y de formación que contrarresten de manera efectiva el embate de los grupos conservadores y religiosos, que cada vez toman más fuerza y logran incidir políticamente. Es hora de armar un frente que aglutine a las diversidades de las distintas organizaciones para poder construir alternativas que sean viables, que sean bien recibidas por la ciudadanía y que se adecuen a las diferentes realidades de nuestro país.
Debemos dejar de lado un feminismo blanco, colonizado por los discursos europeos o argentino y otros feminismos que han tomado fuerza en otras regiones de Latinoamérica, pero que no necesariamente se corresponde con las vivencias cotidianas de Ecuador. Hay que tomar lo mejor de estos, pero armar nuestra propia resistencia antirracista, anticolonial, antipatriarcal, no heteronormada y anticapitalista. Esto implica, también, recoger las experiencias de quienes nos antecedieron en esta lucha en el mismo movimiento de mujeres ecuatoriano y tender puentes con diversas compañeras de experiencia, como un ejercicio de humildad y reconocimiento, sin dejar de ser críticas e innovadoras para caminar hacia adelante.
Con todo esto, debemos repensar nuestras formas organizativas y nuestra relación con el Estado y con los partidos y movimientos políticos, y no descartar por completo la conformación de organizaciones que puedan acceder a la Asamblea y otros espacios que nos permitan cambiar la realidad desde las leyes y políticas públicas. Debemos reconciliarnos con la política y con el hacer política activa, para poder atacar desde varios frentes y no depender de alianzas que, el rato de los ratos, velarán por sus intereses y no por los de nosotras ni los de nuestro pueblo. ¡Vamos a transformarlo todo!
* Parte del Movimiento de Mujeres y Feministas del Ecuador
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