La Corte ecuatoriana establece normas para consultas populares sobre mineras
El 17 de septiembre, a través de un dictamen, la Corte Constitucional (CC) negó y archivó los dos pedidos de consultas populares sobre minería, uno a favor y otro en contra, que se habían presentado en los últimos dos meses.
A pesar de que el voto de la mayoría de los jueces no se cierra de manera definitiva, la posibilidad de que se vuelva a recurrir a solicitudes de consultas locales sí se deja sentada jurisprudencia, pues se establecen requisitos formales muy restrictos.
En este sentido, la decisión de la CC dice que la pregunta presentada por los solicitantes debe, en primer lugar, determinar en forma clara y precisa qué zona ecológica se vería directamente afectada por la explotación minera. Es decir, no se puede argumentar, en términos generales, que habrá perjuicios a páramos, áreas protegidas o bosques protectores; tampoco plantea declarar zona libre de minería a una provincia completa, como era el objetivo del prefecto del Azuay, Yaku Pérez.
Otro requisito es que no se puede consultar sobre la prohibición general de toda actividad minera, sino que se debe especificar si se refiere a metálica, no metálica, gran escala, mediana escala, artesanal, entre otras.
Además, también debe quedar claro qué nivel de actividad se quiere prohibir, en este caso, si se refiere a prospección, exploración o explotación. Asimismo, la pregunta debe establecer sobre qué proyecto o proyectos específicos se quiere consultar a la ciudadanía; y en qué temporalidad están, o sea, si son iniciativas con permisos ya otorgados o están en trámite.
Complicaciones
Juan Francisco Guerrero, profesor de Derecho Constitucional en universidades como la Católica y Andina, explicó que estos rigurosos requisitos formales hacen impracticable un pedido de consulta popular, como el pretendido por Yaku Pérez.
“Si el señor Pérez quisiera persistir en su propósito de declarar al Azuay una zona libre de minería metálica, debería presentar un pedido con más de 800 preguntas para abarcar todos los estándares dispuestos por la Corte”, dijo.
Por eso, Pérez anunció que ahora iría por un proceso de modificación de la Constitución para prohibir la minería. “La Ecuarunari se va a activar, luego de esta resolución irrisoria de la Corte Constitucional. Se vienen las movilizaciones para octubre. Aquí se impidió el derecho a la participación, a la salud, al ‘sumak kawsay’ (cosmovisión ancestral, en kichwa), que son derechos no solo nacionales sino internacionales”, apuntó.
Guerrero, por su parte, recalcó que si bien no se soluciona definitivamente el asunto de fondo, que los temas de interés nacional no se pueden decir mediante consultas locales, la decisión de la Corte es un paso importante hacia el definitivo establecimiento de la seguridad jurídica en el sector.
“El dictamen si genera tranquilidad, debido a los mayores filtros y requisitos, lo que hace poco probable, al menos a corto plazo, nuevos pedidos de consulta. Pero se deja una pequeña puerta abierta que mantiene cierto temor en los inversionistas”, concluyó. (JS)
