Colombia: sin respuestas claras para contrarrestar pasivos ambientales – Por Jenny González Camacho

Por Jenny González Camacho
Autoridades gubernamentales guardan silencio sobre impactos de residuos de actividades extractivas sobre el medio ambiente y salud de las personas.

Una amenaza silenciosa de contaminación se extiende por toda Colombia sin que existan aún herramientas claras para contrarrestarla, con el riesgo de tener impacto no sólo en el medio ambiente, sino en la salud y la economía de las comunidades.

Se trata de los pasivos ambientales, considerados como la afectación producida por una actividad económica que genere transformación al medio ambiente y que, al término de la misma, no fue mitigada, compensada, corregida o reparada. Generalmente estos se dan cuando las actividades se desarrollan sin reglamentación o de manera informal.

Los pasivos ambientales “generan riesgo para la salud, porque las condiciones atmosféricas pueden disolver sus componentes en las aguas y contaminarlas. Representan problemas de inestabilidad porque no están dispuestos de una manera técnica, ocasionando peligro de derrumbes. Algunas escombreras están colocadas sobre recursos naturales que pueden cambiar las condiciones físico-químicas de los suelos, y los pueden esterilizar”, explicó a Noticias Aliadas el profesor titular de la facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, Oscar Restrepo.

Según las consideraciones de un proyecto de ley sobre herramientas para la gestión de los pasivos ambientales que cursa en el Congreso de la República, hasta el año 2015 se encontraban reportados 1,843 casos, siendo los departamentos de Cundinamarca y Chocó los de mayor número de afectaciones. En cuanto a las causas por las cuales se consideran estos reportes, las más representativas fueron: extracción minera en un 42%, derrames de hidrocarburos por transporte en un 18%, y derrames de hidrocarburos por atentados guerrilleros en un 13%.

Respecto al sector minero, un estudio realizado el año pasado por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, para el Ministerio de Minas y Energía y conocido por el periódico Portafolio, identificó la existencia de 423 Áreas Mineras en Estado de Abandono (AMEA), la mayoría de las cuales están localizadas en los departamentos de Antioquia, al noroeste del país y en los selváticos Vichada y Guainía al este de Colombia.

Según la publicación, “al Estado no le quedará más camino que trazar una hoja de ruta para intervenir estas áreas con el fin de atender a la mayor brevedad el impacto que dejó la tarea minera en esos territorios”.

Tratamiento de relaves contaminados

Noticias Aliadas consultó sobre los pasivos ambientales al Ministerio de Minas y Energía, a la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sin embargo, no obtuvo respuesta a las preguntas formuladas a ninguna de las tres entidades. En el último caso, sólo comentaron que “el Ministerio de Ambiente avanza en la construcción de políticas y realización de diagnóstico sobre áreas con posibilidades de constituirse en pasivos ambientales”.

Alfonso Rodríguez, ingeniero químico con maestría en suelos y polución ambiental, y director en el país de la organización no gubernamental estadounidense Pure Earth, explicó que en Colombia han caracterizado 78 áreas contaminadas con mercurio, plomo, pesticidas, entre otras sustancias. Esta organización, con el apoyo del Departamento de Estado de EEUU, está desarrollando un proyecto para tratar los relaves contaminados con mercurio que genera la minería del oro, con el objetivo de darle una disposición segura.

“El impacto de los pasivos ambientales en Colombia es grandísimo, porque pueden convertirse en focos de contaminación en grandes extensiones y para las ciudades, por esto deben darse herramientas jurídicas y legales frente al tema”, aseguro Rodríguez a Noticias Aliadas.

Por ejemplo, en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, han tenido que implementar campañas contra la malaria y el paludismo a causa no sólo de sus condiciones climáticas, sino por los focos de vectores que ha dejado la minería a cielo abierto, porque tras la explotación quedan grandes huecos que se llenan de agua y son espacios propicios para la reproducción de los mosquitos trasmisores de estas enfermedades.

Para enfrentar esta problemática el partido Alianza Verde radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende “poner la casa en orden” para la gestión de los pasivos ambientales. Busca, entre otros aspectos, crear una Comisión Intersectorial para la Gestión de pasivos ambientales; establecer las competencias de los diferentes entes a nivel local, regional y nacional, conformar el registro nacional de pasivos ambientales, establecer instrumentos técnicos para su gestión y definir la financiación.

Antonio Sanguino, senador de esta bancada, explicó a Noticias Aliadas que en Colombia no existe una norma que defina el marco de competencia entre la nación, los entes territoriales, y el sector privado.

“En general lo que sucede, es que los pasivos quedan tirados a lo largo y ancho del territorio nacional, generando un montón de riesgos para la salud humana y para los ecosistemas del país”, dijo.

Para Sanguino, esta ley debería ser una prioridad, más aun teniendo en cuenta que “el nuevo plan de desarrollo pretende aumentar los niveles de licenciamiento de proyectos mineros y de explotación de hidrocarburos”. Sin embargo, no es muy optimista sobre su aprobación antes del término de esta legislatura, el próximo 20 de junio.

“El proyecto no ha tenido suficiente celeridad en su trámite, no por resistencia, sino, porque la agenda del Congreso se obstruyó por decisiones políticas del gobierno, dado que se priorizan otros asuntos”, precisó.

Iniciativas privadas

Un adecuado tratamiento de los pasivos ambientales puede convertirlos en activos e incluso en fuente de ingreso para las comunidades. En Colombia existen varias iniciativas que están trabajando en este sentido.

La empresa Rio Rayo, ubicada en Tarazá, Antioquia, es un ejemplo de gestión en este tema. Desde el año 2010 desarrolla un proyecto de recuperación de tierras que habían sido usadas en minería de aluvión, con la siembra de la especie forestal Acacia Mangium, lo que les permitirá en pocos años aprovechar su recurso maderable, y en donde han establecido unidades productivas apícolas como una alternativa de desarrollo social, económico y ambiental. Su trabajo la hizo merecedora del premio “Vida” otorgado por la autoridad ambiental del departamento, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA).

Otro ejemplo es el proyecto “Recuperación de Pasivos Ambientales producto de la pequeña minería”, que realiza el consultor Oseas García desde hace dos años en el municipio de Yalí, Antioquia, y mediante el cual se han intervenido 2,500 TM de desechos de la minería de socavón. El objetivo es recuperar el oro que aún contienen, como estrategia para financiar la iniciativa, y tratar los demás componentes con estándares técnicos, evitando la contaminación en el suelo y el agua.

Colombia tiene un gran reto a la hora de enfrentar una problemática de la que no se habla mucho, pero que de manera silenciosa puede ocasionar grandes daños. La aprobación de la ley debería ser una de las prioridades dentro de una gestión integral que involucre a todos los actores y que fortalezca la capacidad técnica de las comunidades, quienes pueden encender las alarmas frente a la aparición de nuevos pasivos ambientales.