Bolivia: sin remediación de pasivos ambientales en reservas naturales – Por Noticias Aliadas

Por Noticias Aliadas Dispositivos legales promulgados por el gobierno permiten explotación hidrocaburífera en áreas protegidas pero no prevén medidas para evitar impactos de residuos contaminantes.

“El TIPNIS [Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure] es la región más biodiversa de Bolivia, por tanto, es el hogar de 858 especies registradas de animales vertebrados. Entre ellas, hay 470 especies de aves, 108 mamíferos, 39 reptiles, 53 anfibios y 188 especies de peces.

Entre las aves en grave peligro de extinción destaca el Unicornio Azul (Pauxi unicornis), del cual según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas sólo quedaban 200 ejemplares hace 15 años en los parques TIPNIS, Carrasco y Amboró. Asimismo existen 178 especies registradas de insectos. A nivel de plantas existen alrededor de 2,500 especies. El TIPNIS es hogar de diferentes tipos de bosques y ecosistemas: subandino, pie de monte y sabana inundable que aportan importantes servicios ambientales. El TIPNIS es la región de Bolivia donde caen más lluvias, alcanzando una precipitación que excede los 3,000 mm por año. Las comunidades ecológicas del TIPNIS son una de las fuentes más importantes de oxígeno y agua de Bolivia”.

Así lo señala el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) que el 15 de mayo dio a conocer su fallo contra Bolivia por el caso TIPNIS, y demandó al gobierno del presidente Evo Morales paralizar la construcción de la carretera que une Villa Tunari, Cochabamba, y San Ignacio de Moxos, Beni, así como la anulación de la Ley 969 de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, promulgada el 13 de agosto del 2017, que levanta la intangibilidad de esta reserva natural acelerando la deforestación y permitiendo la expansión de la industria petrolera.

“El Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS en calidad de defensores de la Madre Tierra”, afirma el fallo que si bien no es vinculante, tiene un mandato ético.

Desde el 2010, el gobierno del presidente Evo Morales ha emitido dispositivos legales autorizando la exploración de hidrocarburos en áreas naturales protegidas.

El Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) señala en el estudio “Los límites de las fronteras extractivas en Bolivia. El caso de la biodiversidad en el Aguaragüe”, publicado en el 2014, que “el área de interés hidrocarburífero se concentra especialmente en el este de la cordillera de los Andes y el oeste del altiplano sur de Bolivia. En el primer caso, el área está cubierta de un corredor de áreas protegidas y territorios indígenas”.

El estudio precisa que de las 22 áreas protegidas nacionales, 11 están afectadas por la nueva frontera hidrocarburífera. De estos territorios, dos enfrentan una afectación mayor al 30%: Manuripi (31%) y TIPNIS (35%), mientras que en cinco de estas está comprometido entre el 55% y el 90% de su superficie: Tariquía (55%), Aguaragüe (72.5%), Madidi (75.5%), Pilón Lajas (85.5%) e Iñao (91%), con lo cual es imposible pensar siquiera en alguna mitigación. El Madidi y Pilón Lajas representan unas de las más importantes zonas bajo protección de Bolivia al integrar el corredor de conservación peruano-boliviano de Vilcabamba-Amboró.

Urgen medidas de prevención

La aprobación en el 2015 del Decreto Supremo 2366 por el gobierno terminó de abrir las puertas a las actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas.

El artículo 1 indica que el dispositivo tiene por objeto “establecer las medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarbúriferos en todo el territorio nacional, en el marco de su carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida”.

Las actividades autorizadas por el decreto incluyen “zonas y categorías de áreas protegidas, en cumplimiento a los condicionamientos establecidos por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN), en el marco del presente Decreto Supremo, debiendo prever medidas ambientales adecuadas, con mayor atención en zonas de alta sensibilidad ecológica, para precautelar la conservación de los sistemas de vida de la Madre Tierra”.

Pero el decreto no establece ninguna medida de remediación de pasivos ambientales de la actividad hidrocarburífera.

Aunque el SERNAP, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, reconoce que la actividad petrolera afecta la flora, fauna y contamina el agua y que es necesario asumir medidas estrictas para evitar mayores impactos, las comunidades que viven en las zonas protegidas deben enfrentar las amenazas de las operaciones extractivas a sus recursos hídricos y medios de vida.

En declaraciones al portal ambientalista Mongabay, Tomás Araray, autoridad originaria de los indígenas guaraníes del departamento de Tarija, manifestó que “las empresas transnacionales que vienen a hacer sus operaciones en territorios indígenas y cuando no encuentran resultados ellos levantan su campamento y se van, ¿pero quienes pagan las consecuencias? Son los pueblos indígenas”.

En el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe, una serranía rica en biodiversidad por su extensa flora y fauna y sus fuentes de agua ubicada en el departamento de Tarija, en el extremo sur de Bolivia, existen 36 pasivos ambientales. Pablo Ibáñez, técnico de la Asamblea del Pueblo Guaraní, declaró a Mongabay que “hay pozos abandonados, caminos que se abren entre la selva tupida, campamentos que llegan y se van después de abrir las entrañas de la tierra”.

La memoria del proyecto “Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su influencia en el recurso hídrico” ejecutado entre 2014 y 2017 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que cinco de 41 pozos inventariados en Aguaragüe representan un nivel de riesgo alto con emisiones constantes de gas a la atmósfera y filtraciones de petróleo.

A pesar de ello, ni la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ni las autoridades ambientales bolivianas han precisado cuándo realizarán las intervenciones a los pozos.

“Nuestros hijos y nuestros nietos nuevamente van a sufrir con los pasivos ambientales. El gas sale y mañana, pasado se termina y, nuevamente, vamos a quedar con los pasivos ambientales”, declaró el líder indígena guaraní Julián Tórrez a la plataforma Connectas.

De hecho, a principios de mayo fue detectado un derrame de petróleo en el río Bermejo, en el sur de Tarija. Según autoridades del departamento, se trata de una filtración “natural” que no ha sido remediada por YPFB y Pluspetrol. Informaciones periodísticas han señalado que los planes de mitigación no han logrado contrarrestar los pasivos ambientales de esta actividad que tiene casi un siglo de antigüedad y que sigue produciendo. El año pasado se denunció otra fuga de petróleo en el río Bermejo proveniente de ductos en malas condiciones.

Exploración y explotación petrolera

En la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, también en Tarija, el gobierno aprobó en abril del 2018 tres contratos de exploración y extracción de hidrocarburos con la empresa brasileña Petrobras que opera junto con YPFB.

En febrero de este año, integrantes de comunidades de Tariquía que se oponen a la actividad petrolera bloquearon la vía de acceso al área de San Telmo Norte, dentro de la reserva, e impidieron el ingreso a los trabajadores de la compañía; el 22 de marzo el gobierno dispuso el despliegue de un contingente policial fuertemente armado para garantizar el ingreso de personal de Petrobras. Tariquía forma parte de un corredor biológico binacional que conecta el sur de Bolivia con el norte de Argentina.

De acuerdo con el informativo digital El Periódico, “los ecosistemas que existen en Tariquía están íntimamente ligados al valle tarijeño, debido a que permanentemente sale ese viento de Tariquía, pero ¿qué es ese viento? Son las masas de aire caliente que salen de la reserva y que se encuentran con la masa fría que viene del altiplano, por lo cual se produce el movimiento de esas masas de aire, ese aire rico en humedad y oxígeno baña el valle tarijeño y permanentemente lo está enriqueciendo hasta la serranía de Sama donde se encuentra con los aires fríos, se condensa y en la tarde se escarcha se vuelve hielo, al otro día el sol lo calienta y lo derrite y comienza a alimentar las diferentes quebradas existentes a lo largo de Sama”.

El geólogo Daniel Centeno, aseguró a El Periódico que “explorar y explotar hidrocarburos en Tariquía significara romper el ciclo hidrológico con incidencia directa en el clima del que gozan quienes habitan en el valle central”.

La Constitución Política boliviana considera las áreas protegidas como un bien común y que forman parte del patrimonio natural y cultural, igualmente reconoce que los pueblos indígenas deben ser consultados cuando medidas ejecutivas o administrativas afecten sus territorios, pero en la práctica no se respetan.

Marco Gandarillas, investigador del CEDIB, en declaraciones a Mongabay, sostuvo que los dispositivos legales que amparan a las empresas petroleras “ponen en riesgo todo el sistema de la reserva de las áreas protegidas. Cualquier medida como estas leyes y decretos supremos van a generar mayor vulnerabilidad”.