Asesinatos de personas LGBTI+ en América Latina, ¿a qué prestar atención?

La violencia contra personas LGBTI+ en América Latina se ha agudizado en los últimos años. De ello ha dado cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2015 presentó un informe en el que manifestaba su preocupación por los altos índices de violencia contra esta población en la región y por la “ausencia de una respuesta estatal eficiente frente a dicha problemática”.

Entonces, la CIDH señaló que esa falta de respuesta “se evidencia en la falta de adopción de medidas efectivas para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia cometidos contra personas LGBTI, de acuerdo al estándar de debida diligencia”.

La situación no ha cambiado, este 2019 el Observatorio Sin Violencia LGBTI, que intregra a 10 organizaciones defensoras de derechos humanos de personas LGBTI+ de 10 distintos países presentó el informe El prejuicio no conoce fronteras en el que, a través de la sistematización de datos sobre homicidios contra esta población, quieren mostrar que 1) Es posible recabar información sobre esta problemática y 2) Brindar lo recabado a los países representados para que reformulen, evalúen y den seguimiento a políticas públicas para hacer frente a esta violencia.

Así, a partir del informe de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe -conformada para crear el Observatorio Sin Violencia LGBTI- en Distintas Latitudes nos planteamos indagar más sobre esta problemática en la región.

Para el abordaje, nos planteamos cuatro puntos: La relevancia al hablar de crímenes de odio y crímenes por prejuicio; el papel que juegan los Estados en este contexto; qué están haciendo ONG y otros colectivos de la sociedad civil ante este escenario y un acercamiento a casos en Honduras, Bolivia, Brasil y México (estos casos los elegimos al ver los datos del informe citado).

Crímenes de odio o violencia por prejuicio, ¿por qué importa este matiz?

¿Cómo nombramos la violencia hacia las personas LGBTI+?  La CIDH en su informe Violencia contra personas LGBTI, propone partir del concepto de “violencia por prejuicio”, para hacer referencia a casos de violencia o crímenes contra la población LGBTI+.

La Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe en el informe El prejuicio no conoce fronteras se adhiere a lo propuesto por la Comisión, ya que “odio, por su parte, se refiere a un sentimiento individual del perpetrador que se expresa a través de animosidad y hostilidad hacia la víctima”.

Y agrega citando a María Mercedes Gómez: “En contraste, el prejuicio se entiende como un procedimiento por el cual los individuos se dan y dan razones para justificar frente a un grupo social, y frente a sí mismos, la reacción general negativa que sienten hacia algo o alguien”.

Al respecto, consultamos a Ana Fornaro, directora del medio Agencia Presentes y nos comentó que hablando de violencia por prejuicio “entendemos que son crímenes contra la población LGBTI, basados en prejuicios que constituyen racionalización o justificación de reacciones negativas, frente a identidades de género no normativas”.

Fornaro y expresó que el caso de la activista trans argentina Diana Sacayán, asesinada el 11 de octubre de 2015, “fue muy importante porque se habló como un crimen de odio a la identidad de género, y se desarrolló la definición de crimen por prejuicio en el mismo fallo”.

Para Fornaro, la importancia radica en que la conceptualización de estos crímenes posibilita “primero el desarrollo de futuros mecanismos de investigación para estos crímenes y segundo el análisis de pensar desde lo social porque se ejercen estas violencias”. Además de que, dijo, es importante observar y analizar qué papel juega el Estado en cada país de la región, cómo responden ante su accionar las organizaciones sociales y qué están haciendo las colectivas y otros actores sociales ante la violencia ejercida a la población LGBTI+ de la región.

Según el informe de Sin Violencia LGBT las mayores víctimas en Latinoamérica son hombres gay y mujeres trans. Qué sucede particularmente con la población trans en Bolivia, Brasil, México y Honduras. Cuáles son las leyes, avances y retrocesos en la región.

Bolivia: Nacer en Bolivia y ser una chica trans hizo que Luna no pudiera pensar un casamiento real hasta que en Bolivia se aprobó, en 2016, la Ley N° 807 de Identidad de Género, el primer paso para que Luna (y todas las personas trans) pudieran ser reconocidos y reconocidas de la manera en la que se autoperciben y empezaran a tener los derechos del sexo que eligieron.

Esta ley permite el reconocimiento del cambio de los datos del nombre, el sexo y la imagen de las personas transexuales y transgénero a través de un proceso personal-administrativo, al que Luna se sometió. El proceso es de forma administrativa, no judicial y dura 45 días.

El trámite no fue fácil. Tuvo que llevar su caso ante el director nacional del Registro Civil, quien le dijo que sí podía casarse porque ella ante la ley era mujer y le tramitó los papeles necesarios -que le llegaron tan sólo un día antes de la fecha de la boda.- Fue la primera mujer trans en Bolivia en contraer matrimonio legal.

Hasta aquel día parecía que Bolivia finalmente había avanzado en materia de derechos hacia las personas trans pero los grupos religiosos, aliados de la Iglesia y las agrupaciones de índole “con mis hijos no te metas” decidieron no quedarse cruzados ante esta avanzada de derechos y lograron que el Tribunal Constitucional de Bolivia declarara inconstitucional el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género aprobada en 2016, que permitía a la persona que cambió su sexo ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales. Tras el fallo del Tribunal, a las personas trans que cambiaron su sexo se les vetan los matrimonios y adopciones. Es decir, hoy día, a una persona trans en Bolivia su identidad le es aceptada en los papeles, pero no puede formar una familia.

México: En todo el territorio mexicano sólo seis estados reconocen la identidad de género: Michoacán, Colima, Coahuila, Nayarit,  Hidalgo y la Ciudad de México. Las otras 27 entidades obligan a esta comunidad a viajar a otra para hacer el trámite.

Martha Elena Díaz, coordinadora del grupo Transfamilias en México, explica que “los índices de violencia son altísimos, así como de suicidio y de adicciones, que son casi el 50%. Muchas personas trans viven en situación de calle y se dedican al trabajo sexual porque es muy difícil conseguir trabajo para esta población”, asegura.

Brasil: En Brasil no existe, como sí en algunos estados de México y en Bolivia, una ley de identidad de género reglamentada. Lo que existe es un fallo del año 2018 del Tribunal Supremo de Justicia, que decidió por unanimidad que las personas transgénero pueden cambiar el nombre y el sexo en el registro civil sin someterse a cirugía. Sin embargo, al no ser una ley, es un fallo que puede ser revocado en cualquier momento.

Ese es el miedo que tiene Regina Guimarães, defensora de DDHH y presidente del Instituto Transviver, quien explica: “No tenemos una ley, sólo un fallo y el presidente Bolsonaro tiene un perfil de extrema derecha, fascista y antidemocrático, que promueve un régimen autoritario y restringe las libertades civiles de los opositores a su gobierno […] “Es un presidente que alienta la violencia, siempre aboga por el uso de armas de fuego, y se alienta a la policía a matar cada vez más a los pobres, los negros, los jóvenes periféricos y la población LGBTQI+ de nuestro país”.

Honduras: En Honduras no hay ley de identidad de género. En el año 2013 las mujeres trans de honduras identificaron la necesidad de esta ley y construyeron el anteproyecto de la ley del reconocimiento a la identidad de género. Desde el 2013 a la fecha hay aproximadamente unas seis modificaciones de este anteproyecto, que aún no sale a la luz. Según Sofía Carbajal, una mujer trans, el único avance significativo para las personas trans es que “algunas personas trans  pudieron ir al registro nacional de las personas y se les permitió imprimir su imagen actual, con su expresión de género ya visible porque pasaba que iban al banco, a una tienda o algo y, cuando les pedían identificación, no concordaba el documento con la persona. Pero solo algunas personas trans pudieron imprimir su imagen actual, no es una ley ni nada”.

Los violencia directa impacta a la población LGBTI+, sí. Pero también les impacta la falta de oportunidades, la falta de salud pública, la falta de políticas adecuadas.

¿Cómo y qué están haciendo ONG, colectivas u otros actores sociales ante la violencia contra personas LGBTI+? 

Las organizaciones defensoras de los derechos LGBTI+ siempre han denunciado abusos contra los derechos humanos de la población LGBTI+ y han logrado cambiar leyes discriminatorias. Los esfuerzos colectivos de las organizaciones activistas de todo el mundo han dado frutos reales. De acuerdo con Amnistía Internacional, hoy en día, al menos 43 países catalogan los delitos de homofobia como delitos de odio. Hasta mayo de 2019, 27 países han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En América Latina hay dos formas de organización que son comunes en la región: a) Creación de redes y b) Observatorios para hacer registro y seguimiento de violaciones a los derechos. Aquí algunas:

• RedLacTrans: Nació en 2004 como respuestas a la necesidad de la población Trans de ser escuchada, asesorada, capacitada y empoderada. Su principal lucha es lograr la implementación de la Ley de Identidad de Género en todos los países de América Latina y el Caribe. Para realizar su trabajo de incidencia política trabajan de manera coordinada con la Junta Directiva de la organización y mantienen comunicación constante entre todas las referentes nacionales de cada Organización de la RedLacTrans. Todas sus actividades tienen un objetivo regional. “Tenemos que estar y participar en todos los espacios en los que no se nos permitía acceder”.
• Red Lésbica Cattrachas (Honduras): Esta red comenzó en el año 2000, con el nombre Red de Respuesta Lésbica y solo la conformaban 5 personas que monitoreaban medios de comunicación y buscaban derechos de réplica por el trato noticioso que se le daba a la población LGBTI+. Ahora ya bajo el nombre de Red Lésbica Cattrachas. Además de muertes violentas, vigilan el tratamiento en medios de fundamentalismo religioso, libertad de expresión, promoción de odio, lenguaje sexista y misógino. Con toda esa información elaboran informes alternativos que a la fecha han dado 88 recomendaciones sobre lo que sucede en Honduras. Además forman parte del observatorio regional Sin Violencia LGBTI.
• Red Nacional de Diversidad Sexual REDNADS/Lambda (Guatemala): La REDNADS comenzó a organizarse en 2009 con el objetivo de fortalecer la respuesta al VIH. Después, al realizar trabajo y consultas con la ciudadanía de Guatemala, se dieron cuenta de que uno de los principales problemas era con la policía, la cual era el primer contacto de las personas al denunciar hechos de violencia. Desde entonces han realizado trabajo de capacitación con oficinas de policía, procuración de justicia y sistema penal en toda Guatemala. También forman parte del observatorio regional Sin Violencia LGBTI. Esto les resulta útil para identificar las zonas más complejas y establecer acciones de sensibilización con los sistemas de procuración de justicia. También identifican patrones. Por ejemplo, saben dónde y cómo ocurre la muerte de mujeres trans. Identificar estos patrones les permite contener y prevenir la violencia. “ […] Vivimos de maneras bien complejas y duras, y morimos en las mismas condiciones. Hay que romper un poco el círculo de la violencia. Cada movimiento tiene un contexto particular y a partir de eso tiene que identificar acciones particulares que le permitan contenerla, cuestionar al sistema y decir que la violencia naturalizada no se vale”.

Una mirada a cuatro países

Brasil

Hace un año y medio Marielle Franco fue asesinada. Marielle, una mujer negra, lesbiana y cercana a la favela donde creció fue un altavoz que visibilizó las violaciones a derechos humanos de las poblaciones periféricas de Río de Janeiro, de las mujeres negras y las personas LGBTI+. En 2016 Marielle fue elegida concejala de Río de Janeiro. Durante su mandato una de sus propuestas fue la Ley de Visibilidad Lésbica. Su propuesta fue rechazada.

Brasil lidera la lista de los países con el mayor índice de ataques contra la vida e integridad de las personas LGBTI+ en América. En 2018 cada 20 horas una persona LGBTI+ fue asesinada o se suicidó en ese país. Según el informe de la organización Grupo Gay Bahía ese año hubo 320 homicidios y 100 suicidios motivados por la discriminación de la que son víctimas personas por su orientación sexual o identidad de género.

La organización Trans Respect registró a nivel mundial 2 mil 982 homicidios contra personas trans en la última década; 2 mil 350 sucedieron en América Latina, lo que significa que el 78% de los crímenes por prejuicio a esta población fueron en esta región, el 52% sucedieron en Brasil.

Para Sonia Onufer Corrêa, coordinadora del observatorio Sexuality Policy Watch en Río de Janeiro, los datos de violencia a personas LGBTI+ son imposible de mirar “si no se enmarcan en un contexto de violencia estructural. Esto también pasa en México, Colombia y Centroamérica. Hay que ubicar a cada país en una situación de guerra civil de baja intensidad”.

En el primer semestre de este 2019, 140 personas LGBTI+ han sido asesinadas en Brasil, según los registros hechos por la organización brasileña ANTRA. En Brasil sólo el 5% de los homicidios intencionales se resuelven.

El 13 de junio de 2019 el Supremo Tribunal Federal de Brasil tipificó la homofobia y transfobia como delito, sin embargo, hasta que el Congreso Nacional edite una ley específica, los comportamientos homofóbicos y transfóbicos caen bajo la tipificación de la Ley del Racismo. El Tribunal sostuvo que hubo una omisión inconstitucional por parte del Congreso por no emitir una ley que penaliza los actos de homofobia y transfobia desde que fue propuesta por primera vez hace 18 años.

Frente a un momento donde el conservadurismo intenta ganar espacios de poder la decisión del Tribunal fue celebrada por personas y activistas LGBTI+.

“El conservadurismo religioso en Brasil ha tomado proporciones muy grandes, con pastores de iglesias siendo responsables de elegir gran parte de nuestros políticos. Y esa influencia de la religión en la política está directamente ligada a varias violencias que nosotros (LGBTI+) vivimos diariamente. La falta de políticas públicas dirigidas a la población LGBT es reflejo directo de esa religiosidad mezclada con política. Prácticamente todas las pocas conquistas que tuvimos hasta hoy fueron debido al Poder Judicial, pues la mayor parte de nuestro (poder) Legislativo está comprometido con el fundamentalismo religioso”, explica Lana de Holanda, mujer trans de 26 años, defensora de los derechos humanos y ex asesora parlamentaria de Marielle Franco.

Bolivia

Dayana Kenia, una mujer trans de 24 años, fue asesinada por su pareja, Álex Vilca, el 1 de abril de 2016, en el barrio Villa Primero de Mayo de la periferia de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Su caso se enmarca entre uno de los 65 crímenes de odio que se registran en el país, en los últimos 10 años, según registros de organizaciones LGBTI+, pero a diferencia de estos, es el primer crimen de odio que llega a juicio en Bolivia, con una sentencia de treinta años de cárcel para el acusado.

En el informe El prejuicio no conoce fronteras, en Bolivia se registra la tasa más baja de homicidios a personas LGBTI+ (0,6% de 2014 a 2019), de América Latina y el Caribe, para entender esta cifra, vale la pena preguntar: ¿qué sucede con los crímenes de odio hacia las personas LGBTI+ en Bolivia?

“El país no cuenta con un registro específico sobre crímenes de odio hacia la población LGBTI, todos los registros que tenemos de crímenes de odio en Bolivia han sido realizados por las organizaciones LGBTI”, explica David Aruquipa, activista por los derechos humanos y ex presidente del colectivo TLGB Bolivia.

“Recurriendo a denuncias efectuadas por familiares de compañeros, compañeras y compañeres LGBTI, hemos llegado a contabilizar en los últimos años, 65 crímenes de odio a nuestra población, siendo la población trans la más afectada”, amplía David Aruquipa para dar contexto de la situación en el país.

El activista por los derechos humanos hace énfasis en el caso de Dayana Kenia, un emblema en la lucha de la población LGBTI + de Bolivia, porque es el único que llegó a juicio gracias al esfuerzo y compromiso de sus familiares, quienes peregrinaron desde La Paz a Santa Cruz a exigir justicia.

La principal barrera para una solución a esta problemática es que en Bolivia no existe la tipificación de crimen de odio o crimen por prejuicio, lo cual impide un relevamiento de datos específico sobre asesinatos a personas LGBTI +, tal como mencionaba anteriormente el activista David Aruquipa.

En esa línea lo que exigen activistas, colectivas y organizaciones LGBTI+ en el país es promover una reforma del Código Penal para tipificar el delito de crimen de odio e impulsar la realización de investigaciones y estudios cuantitativos y cualitativos del tipo de violencia a la que están expuestas las personas LGBTI+, en pos de crear un Protocolo de Atención y Seguimiento Especializado para la Policía Nacional Boliviana, para proceder ante casos de discriminación y violencia por prejuicio.

Honduras 

Vicky Hernández tenía 26 años la noche del 28 de junio de 2009 cuando fue ejecutada extrajudicialmente. Ese día el presidente de facto Roberto Micheletti declaró un toque de queda (suspensión de las garantías constitucionales) en el contexto del golpe de Estado. Vicky era una reconocida defensora de los derechos humanos de la población trans dentro del colectivo Unidad Color Rosa, Colectivo TTT y ejercía el trabajo sexual por falta de otras oportunidades laborales.

El asesinato de Vicky representa el primer caso de una muerte violenta a una persona trans durante un golpe de Estado. En 2012 la organización Cattrachas presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el caso fuera revisado. El 8 de mayo de este año la CIDH declaró responsable al Estado hondureño por la muerte de Vicky.

En el informe El prejuicio no conoce fronteras, Honduras registra la tasa más alta de homicidios LGBTI+ en la región. El país de 9 millones de habitantes registró en 2018 una tasa de 40 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Si bien la tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, la estrategia de seguridad del gobierno es mantener a las fuerzas armadas en la calle.

“Las mujeres trans son blancos fáciles para las autoridades hondureñas a causa de su situación de vulnerabilidad socio-económica y son víctimas constantes de violencia por parte de la policía”, dice Nahil Zerón, hombre trans y defensor de los derechos humanos integrante de Cattrachas.

¿Qué otros factores han acelerado la violencia contra las personas LGBTI+ en Honduras? “Es una mezcla de violencia estatal generada contra las personas LGBTI+. La exclusión, pero también el fundamentalismo y la impunidad. En la actualidad tenemos una tasa del 92% de impunidad en el total de los casos desde 2009”, señala Zerón.

Estamos hablando de 332 casos de personas LGBTI+ asesinadas en Honduras desde hace diez años. De los cuales 65 casos han sido judicializados y solo 28 han tenido una sentencia condenatoria, sin embargo, no se expresa que el motivo de su asesinato fue por su orientación sexual o identidad de género.

Uno de los aspectos que constituye una limitación para determinar la magnitud real de la problemática de crímenes por prejuicio contra las personas LGBTI+ es la falta de un registro oficial.

“La Unidad de Crímenes de Alto Impacto (perteneciente al Ministerio Público) es la encargada de llevar el proceso. Pero al momento de tener un enfoque diferenciado como la orientación sexual e identidad de género no es aplicable dentro de la legislación hondureña. Justo ahí es donde tenemos el obstáculo”.

Las mujeres lesbianas, personas bisexuales y hombres trans representan el grupo mayormente invisibilizado al momento de documentar su asesinato. Zerón reconoce que es un reto ya que muchas veces el acceso a familiares o amigos que reconozcan de esa forma a la víctima es limitado.

“El registro de asesinatos a lesbianas es complicado. La  mayoría de muertes de lesbianas las hemos registrado en masacres sobre todo por las formas en la que se vinculan, es común que estén en grupos. Hay hombres trans dentro de nuestro registro, pero todavía no hemos desarrollado desde el Observatorio la gráfica, los pocos casos que hemos sabido ha sido porque la información ha sido corroborada por alguien cercano a esa persona. Pero todavía sigue siendo desafiante el hecho de identificar a hombres trans. Las personas bisexuales son totalmente invisibles. El tema LGBT en Honduras es difícil de hablar, muchas personas viven en el clóset sin aceptar su identidad u orientación sexual justamente por el escenario que vivimos en el país”.

Frente a la violencia simbólica, directa y estructural que enfrentan las personas LGBTI+ en Honduras,  Zerón cuenta que lo que les motiva es estar unidos y organizados.

México 

Los asesinatos de Paola y Alessa Flores ocurridos en Ciudad de México en septiembre y octubre de 2016, respectivamente, marcaron el inicio de una serie de movilizaciones de la comunidad trans con la finalidad de colocar en la opinión pública el incremento e impunidad en los  asesinatos contra personas de su comunidad. Así lo recuerda Rocío Sánchez, una mujer trans e integrante del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, y quien desde 2007 realiza un registro de asesinatos a personas trans en México.

En México, la comunidad más afectada cuando se habla de asesinatos a las poblaciones de la diversidad sexual y género (LGBTI+) es la trans. Así lo refiere el informe “Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBTTT en México: los saldos del sexenio (2013-2018)”, elaborado por la organización mexicana Letra S.

Letra S destaca que: “Las mujeres trans o personas trans con expresión femenina son las más expuestas a sufrir actos de violencia homicida” de 2013 a 2018, representando 55% del total.

De acuerdo con el conteo de Rocío, de 2007 a noviembre de 2018, en México se han registrado 478 asesinatos a personas trans. “En lo que va de 2019, van 30”, dice en entrevista con Distintas Latitudes.

Esta documentación, Rocío la realiza a partir notas de prensa publicadas en medios digitales y de la información recibida por otras mujeres trans de asesinatos que no aparecen en la prensa. Por esta labor, Rocío también participa en el proyecto Trans Respect versus TransPhobia, un observatorio internacional que se dedica al conteo de asesinatos de personas trans en cerca de 150 países en el mundo.

“Por cada dato, pueden existir otros dos que no se han logrado documentar”, dice. Y es que México, explica, ocupa el segundo lugar, después de Brasil, con la mayor cantidad de asesinatos de personas trans, en números absolutos.

En México no existe un conteo oficial sobre los asesinatos de las poblaciones LGBTI+, ni de las poblaciones trans. Ha sido la sociedad civil la que se ha encargado de impulsar la documentación para visibilizar y denunciar los vacíos en la ejecución de los protocolos, el resguardo de evidencias, de los detenidos, las filtraciones a los medios; pero también en cómo identificar que la persona asesinada pertenece a la comunidad de la diversidad, los distintos patrones de violencia en que son cometidos este tipo de crímenes, la impunidad y el acceso a la justicia.

“Yo podría afirmar que prácticamente de cada 10 casos a lo máximo una persona podría estar detenida, y no digo juzgada”, asegura Rocío.

Esto a pesar de que en México, según el informe de Letras S, en al menos 12 entidades los congresos locales han modificado su legislación para incluir al odio como agravante en los delitos de homicidio.