Argentina: se comenzó a distribuir producción estatal de misoprostol en Santa Fe
Santa Fe: el misoprostol fabricado por el Estado llega a los centros de salud
El misoprostol fabricado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) Sociedad del Estado empieza a distribuirse en los centros de salud y hospitales de la provincia de Santa Fe. La droga es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un medicamento esencial para hacer un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12 de embarazo y en la salud pública es usado para las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) permitidas por el Código Penal desde 1921 y para otras prácticas ginecológicas.
El misoprostol santafesino se empezó a fabricar en enero de 2018 y ya pasó todas las pruebas para ser usado. Es la primera producción pública del país y abarca los formatos oral y vaginal. La distribución es gratuita y el costo de fabricación representa un 35 por ciento del valor de los productos comerciales de laboratorios privados. Por ahora, estará disponible en la salud pública de Santa Fe pero podrá llegar a otras provincias si obtiene una autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat).
En diálogo con El Ciudadano el subdirector de Géneros e Interculturalidades del Ministerio de Salud de Santa Fe, Oraldo Llanos, confirmó que el misoprostol fabricado por el LIF ya pasó todas las pruebas y empezó la distribución. “Fue enviado a los depósitos regionales y será entregado bajo receta archivada con un registro y control por parte de los equipos de salud. Es una buena noticia que tengamos un producto público en un momento de crisis. Favorecer la salud de las personas cuando faltan insumos en todos lados y no hay cotización clara de los medicamentos es algo que nos da mucha alegría y tranquilidad. El abuso que existe en el mercado de precios con este producto público puede empezar a desarmarse”, explicó.
El LIF es el primer laboratorio público de Argentina que fabrica misoprostol. El resto de la producción está en manos de los privados Beta y Domínguez. Beta hace el Oxaprost que está combinado con diclofenac y no está indicado para interrumpir el embarazo, sino para problemas gástricos. La caja vale más de 6.700 pesos. A mediados de 2018 Domínguez fue autorizado a hacer el Misop y por primera vez la Anmat reconoció el uso ginecológico. A diferencia del Oxaprost, el Misop es misoprostol puro y vale 4.200 pesos.
En abril de 2018 El Ciudadano adelantó que el LIF había empezado a producir misoprostol. La noticia llegó durante el debate del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cuando se abrió la discusión sobre la producción pública de misoprostol como una política necesaria a la hora de garantizar el acceso al aborto legal en Argentina.
Los estudios para fabricar la droga habían empezado en 2016 y en enero de 2018 se hicieron los primeros 100 mil comprimidos. Durante más de un año fueron estudiados y testeados a través de distintas pruebas de estabilidad. Finalmente, el producto está listo. El costo de los 12 comprimidos necesarios para interrumpir el embarazo equivale a entre el 30 y el 35 por ciento del valor de los productos comerciales.
Alcance
El misoprostol del LIF es para ser usado en la salud pública, tanto de Santa Fe como del resto de país. Su distribución es gratuita y no puede venderse en farmacias. Por ahora, estará disponible sólo en Santa Fe. Para tener alcance nacional es necesaria una autorización de la Amnat que ya está en trámite.
En la provincia hay dos laboratorios estatales que pueden garantizar la producción a escala nacional: el LIF y el Laboratorio de Especialidades Metabólicas (LEM), que depende de la Municipalidad de Rosario. Los dos ya venden otros tipos de medicamentos a otras provincias, al Ministerio de Salud nacional e incluso a otros países.
Protocolos
Santa Fe es una de las diez provincias argentinas que adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y desde 2013 distribuye el medicamento en hospitales y centros de salud. Aplica el protocolo con un criterio de ampliación de derechos en base a la definición de la OMS de la salud como física, psíquica, emocional y social. Rosario tiene una experiencia modelo: desde 2012 no muere ninguna mujer o persona gestante por aborto clandestino. El año pasado 2.138 personas accedieron a la práctica segura en la provincia, de las cuáles 1.312 lo hicieron en Rosario.
La mayoría de las interrupciones se hacen con misoprostol de manera ambulatoria, es decir, la persona puede hacerlo en la casa en el momento que prefiera, con el seguimiento del médico o la médica de cabecera antes y después. Desde 2016 también se utiliza el método de aspiración manual endouterina (Ameu), una intervención quirúrgica de baja complejidad que no necesita internación, como pasaba con el viejo raspaje que la OMS recomienda abandonar desde 2002.
“La llegada del misoprostol es un sueño hecho realidad. Es un producto que da un posicionamiento distinto para acompañar la salud de las personas porque es de calidad y de bajo costo. No solo es más barato sino que el uso del misoprostol ayuda a bajar los riegos producen las complicaciones por abortos inseguros. Es una inversión en salud, no un ahorro”, explicó Llanos.
Para el funcionario tanto la producción pública del misoprostol como la aplicación de los protocolos de ILE son un derecho adquirido en Santa Fe. “Esperamos que la diversidad en las opiniones sume y que no vayamos para atrás en la garantía de derechos. Además de lo sanitario esto tiene el valor simbólico del respeto al derecho de cada persona a decidir su proyecto de vida. La provincia acompaña en el marco de la legislación vigente en Argentina. Es una política integral, con soberanía de insumo y con el respeto por el derecho a decidir”, concluyó el funcionario.
La droga política
El misoprostol no nació como una droga para abortar. El uso para terminar con embarazos no deseados fue un descubrimiento de las mujeres en la búsqueda de métodos seguros. A mediados de los 80, Brasil aprobó la fabricación y comercialización del fármaco para problemas gástricos. En el prospecto decía que no debían usarlo las embarazadas y el dato sirvió para que las mujeres probaran y se pasaran el conocimiento. Algunas hipótesis dicen que el saber se diseminó de boca en boca en toda América Latina. Años después la venta libre quedó prohibida en Brasil pero el uso ya había sido comprobado.
El descubrimiento como método fue un cambio revolucionario. Por primera vez las mujeres y personas gestantes podían interrumpir un embarazo sin ir una clínica clandestina o recurrir a técnicas inseguras. En los países con aborto legal significó bajar los gastos de internación y anestesia porque la interrupción puede hacerse en casa en el momento que cada una elija.
Con los años la ciencia tomó ese conocimiento y determinó que es una droga que no se acumula en el cuerpo ni afecta la fertilidad y la OMS lo incluyó entre los medicamentos esenciales para un aborto seguro y ambulatorio.
Aborto: ¿Por qué al Estado le conviene fabricar misoprostol?
La mañana del 8 de agosto de 2018 la gobernadora María Eugenia Vidal fue una de las primeras voceras del voto en contra del proyecto de ley que trataría el Senado Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Si la ley no se vota hoy o mañana voy a estar más aliviada”, dijo temprano en declaraciones a Radio Mitre. La mujer que en ese entonces tenía una de las imágenes positivas más altas del país y se perfilaba como posible candidata a la presidencia de la Nación ya había dicho que estaba en contra de la legalización del aborto por creencias religiosas. Esa vez ensayó otra explicación: “En términos de recursos es imposible saber cuánto le va a costar a la provincia. No se sabe con exactitud la cantidad de abortos clandestinos que hay. Las cirugías programadas aún tienen demoras. Hoy esa cirugía que se pide como un derecho compite con la cardiopatía y con otras”.
No era la primera vez que aparecía el argumento de los costos de la legalizar el aborto. La discusión sobre cuánto significaría al Estado la implementación de la ley fue recurrente durante el debate en comisiones que reunió a más de 700 referentes y especialistas a favor y en contra del proyecto. Las universidades y el ex Ministerio de Salud aportaron datos contundentes. Explicaron que con la ley habría reducción drástica de costos, tanto económicos como en vidas de mujeres que mueren todos los años por abortos inseguros.
Es que lejos de la idea del aborto como una cirugía riesgosa con días de internación, en la actualidad se trata de una práctica que puede hacerse de manera ambulatoria sin necesidad de pasar por un quirófano. La clave es el misoprostol, la droga en pastillas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12 de embarazo y que en los países que legalizaron la práctica se convirtió en uno de los métodos más usados. El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) Sociedad del Estado de Santa Fe lo fabrica desde 2018 y este mes llegó por primera vez a los centros de salud y hospitales de la provincia.
¿Cuánto vale?
El LIF hizo hasta el momento dos lotes de misoprostol de 100 mil comprimidos cada uno en versión oral y vaginal. Para fabricarlos tuvo que importar la materia prima e invertir en investigación y desarrollo de la fórmula. Los costos totales de las dos producciones equivalieron a 73 pesos por comprimido. El misoprostol que hacen los laboratorios privados cuesta hasta 361.23 pesos por pastilla. Sería un 80 por ciento menos y desde el LIF contaron que el valor descenderá a futuro porque el gasto de investigación y desarrollo ya está hecho. Según explicaron desde el LIF, en las futuras producciones equivaldrá a menos. También bajará si la fabricación se hace en el LIF y no se terceriza, algo muy común en las primeras producciones de medicamentos nuevos.
En Argentina la droga ya se distribuye en la salud pública para las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) permitidas por el Código Penal desde 1921 en las causales de violación y riesgo de salud de la mujer que fueron ratificadas en el fallo FAL de 2012. También se vende en farmacias bajo receta archivada. En Rosario el misoprostol empezó a distribuirse en 2012 y desde entonces no hubo muertes de mujeres por abortos clandestinos.
Actualmente el gobierno nacional y las provincias que aplican el protocolo de ILE lo compran a los laboratorios privados. Beta hace el Oxaprost que está combinado con diclofenac y no está indicado para interrumpir el embarazo, sino para problemas gástricos. La caja vale más de 6.700 pesos. A mediados de 2018 Domínguez fue autorizado a hacer el Misop y por primera vez la Anmat reconoció el uso ginecológico. A diferencia del Oxaprost, el Misop es misoprostol puro y vale 4.200 pesos.
El LIF es el primer laboratorio público de Argentina que fabrica misoprostol puro. Desde septiembre se distribuye gratis en centros y salud de la provincia y podrá llegar al resto del país si obtiene la autorización de la Amnat. Además del LIF otros dos laboratorios públicos en Río Negro y La Plata planean fabricarlo.
Invertir para ahorrar
En el debate del proyecto de IVE el entonces ministro de Salud, Ricardo Rubinstein, expuso números elaborados en la gestión pública durante las últimas décadas y dio el último cálculo de la cantidad de interrupciones que se hacen en Argentina, aún con la limitación de la clandestinidad que no permite tener cifras exactas. Dijo que por año hay 354.627 abortos, que equivalen a 41 prácticas por hora.
Otro dato relevante fue el de los métodos usados para abortar y quienes son las más perjudicadas con la ilegalidad. Casi el 70 por ciento de las interrupciones en Argentina son a través de un medicamento, es decir, con misoprostol. El 22 por ciento son hechos por profesionales en condiciones clandestinas. En los dos casos más del 80 por ciento son sin riesgo. El problema está en el menos del 10 por ciento restante: son los abortos hechos en condiciones de extrema precariedad en los cuales más del 70 por ciento de las mujeres y personas gestantes corre riesgo de morir.
Rubinstein también aportó información de costos para la salud pública. Según las estimaciones, en 2018 un aborto y las complicaciones que aparecen por hacerlo en condiciones inseguras le costaban 11.500 pesos a la salud pública. Con la legalización hubiese bajado a 1.914 pesos, con un ahorro para el Estado del 84 por ciento. La reducción de internaciones hubiese sido del 98 por ciento: de 70.200 que hay actualmente por año con el aborto legal se hubiese pasado a 1.445. Según explicó, con la legalización el 90 por ciento de los abortos pasarían a resolverse con misoprostol.
En otra de las exposiciones en el Congreso la economista Sonia Torres explicó que la producción publica de misoprostol y mifepristona (las dos drogas combinadas logran una efectividad del 99 por ciento) le ahorrarían al Estado entre 500 y 800 millones de pesos anuales, y ese número no tuvo en cuenta las últimas dos devaluaciones.
Después del rechazo en el Senado, un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley de producción pública de ambas drogas. La iniciativa buscaba que la salud pública de todo el país no tenga que recurrir a laboratorios privados para garantizar los abortos no punibles. Además, pedía que las dos drogas estén incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO), para que las prepagas y obras sociales lo cubran. El proyecto no llegó a ser tratado en la comisión de Salud.
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