Argentina, Malvinas y la relación con el Reino Unido – Por Jorge Arguello

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Argentina, Malvinas y la relación con el Reino Unido

Por Jorge Arguello

Este año, el próximo 19 de octubre, se cumplirán treinta años de la celebración del denominado Acuerdo de Madrid I (el segundo acuerdo –Madrid II– fue firmado en febrero del año siguiente), mediante el cual la Argentina y el Reino Unido convinieron que todas las hostilidades entre los dos gobiernos habían cesado, se restablecían normalmente las relaciones diplomáticas y se acordaba el célebre “paraguas de soberanía” como base de la relación bilateral respecto de la Cuestión Malvinas.

Desde la firma de dichos acuerdos el gobierno británico logró, según el momento, colocar en la agenda bilateral los temas de su interés sin que la cuestión central, es decir la negociación para la solución de la disputa de soberanía, fuese siquiera discutida. En ese tiempo, ignorando la participación del Congreso, se concretaron una decena de “acuerdos ejecutivos” en materia de pesca, hidrocarburos, vuelos, entre otros. A mediados de los 2000, Argentina suspendió algunos de esos acuerdos, especialmente en materia de cooperación pesquera y en hidrocarburos, por los constantes actos unilaterales británicos violatorios de las resoluciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, el actual gobierno torció el rumbo a través del Acuerdo Foradori-Duncan de 2016 y, eludiendo nuevamente el control del Congreso, nos devolvió al espíritu de los Acuerdos de Madrid.

La estrategia argentina de la década del 90, tal vez útil en la época de su adopción, de discurrir la Cuestión Malvinas exclusivamente bajo la controversial figura del paraguas de soberanía, no ha modificado en nada la negativa intransigente del Reino Unido a cumplir con sus obligaciones internacionales y negociar la solución de la disputa de soberanía. Tras casi tres décadas de vigencia de estos acuerdos, se impone la necesidad de su revisión.

En este orden de ideas, un punto de trascendental importancia a considerar es que, como corolario de dichos acuerdos, la Argentina aceptó no llevar nuevamente el asunto de la Cuestión Malvinas al seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, limitando su tratamiento al Comité de Descolonización. Si bien es cierto que el Comité de los 24 tuvo un rol histórico fundamental –y que la presencia de la Argentina con el planteo anual de la Cuestión Malvinas en dicho ámbito es un paso diplomático y político necesario– vemos que hoy, y dados los resultados alcanzados desde 1989 hasta la fecha, no resulta suficiente.

En los 186 años que lleva la controversia de soberanía la Argentina ha intentado avanzar de distintos modos para alcanzar su solución. Desde el ofrecimiento de zanjar la disputa mediante un arbitraje internacional –denegado por el Reino Unido en varias oportunidades– hasta la negociación, que en solo 17 de los más de 50 años en que se intentó se ocupó del punto central de la controversia.

La Argentina debería tomar como ejemplo el accionar de aquellos Estados que, sabiéndose en desventaja en términos de poder frente a su contraparte, apelan a todas las herramientas que el derecho internacional ofrece para avanzar en la solución de sus disputas internacionales.

Un claro ejemplo es el de la República de Mauricio, que mantiene una controversia con el Reino Unido comparable a Malvinas. Este pequeño Estado insular del Océano Indico rechazó el ofrecimiento británico de negociar el futuro del archipiélago de Chagos bajo un “paraguas de soberanía” tomando nota del caso argentino y dejando en evidencia la táctica británica: “El verdadero propósito de mantener negociaciones bajo un paraguas de soberanía en el caso de Malvinas fue impedir que esas negociaciones se consideraran un paso hacia las negociaciones de soberanía”.

Con el antecedente de Malvinas, la República de Mauricio decidió ser pro-activa y apeló a la justeza de su posición jurídica, procurando, y obteniendo, una opinión consultiva ampliamente favorable de la Corte de La Haya, que reclamó a Londres devolver Chagos en un plazo de seis meses. El pronunciamiento fue ratificado por la Asamblea General de la ONU, con 116 votos a favor y 6 votos negativos. Si bien no vinculante, el caso sentó un precedente tanto para Malvinas como para Gibraltar.

La Argentina debe definir una verdadera política de Estado en torno a la Cuestión Malvinas, que incluya a todos los sectores políticos y a las provincias. Ello nos permitirá dejar de fluctuar de un extremo al otro en la forma de encarar la cuestión de fondo y hacer frente a la obligación de discutir, acordar y controlar democráticamente, por encima de las circunstancias de un gobierno, la gestión de una disputa bilateral consagrada y reconocida por la comunidad internacional. Esta estrategia debe permitir mantener una relación correcta y madura con el Reino Unido que no implique claudicar en nuestra posición jurídica y que no impida el avance en la solución de la disputa.

La Argentina debe, sin temores y despojándose de todo prejuicio, analizar todos los medios que el derecho internacional ofrece y apelar a aquellos que nos permitan cumplir con el objetivo central e irrenunciable de recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía de las Islas Malvinas. Sin capacidad de presión alguna sobre el Reino Unido, lo único que le queda a la Argentina es la justeza de su posición jurídica.

Reactivar el mandato de buenos oficios del secretario general de las Naciones Unidas, volver a llevar al seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el tratamiento de la Cuestión Malvinas o la apelación a la figura de la conciliación son  ejemplos de medidas que la Argentina puede adoptar y que reportarían beneficios para la posición nacional e implicarían un avance en la cuestión de fondo. A su vez, la propuesta jurisdiccional no debe ser descartada de antemano ya que no excluye las otras vías; al contrario, las complementa y es susceptible de abrir el camino a negociaciones directas y serias sobre soberanía en busca de alternativas aceptables para ambas partes.

Es momento de discutir y consensuar nuevas políticas. Es momento de que la dirigencia argentina, de cara a las generaciones futuras, haga frente a los problemas buscando soluciones. Y no postergándolos para un futuro incierto.

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