Argentina: 40 años de la histórica visita de la CIDH que comprobó los crímenes de la dictadura
LA CIDH EN LA ARGENTINA
Por Luciana Bertoia
Arnoldo Listre era el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El 30 de agosto de 1979 agarró el teléfono y discó a Washington. Estaba nervioso. Tenía que saber cuándo y cómo iban a llegar los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina para hacer la visita in loco a la que la había invitado la dictadura de Jorge Rafael Videla.
Quiso hablar con Edmundo Vargas Carreño, un chileno que era el secretario ejecutivo de la CIDH, pero no lo encontró. Estaba de vacaciones fuera de Washington. Lo atendió Charles Moyer, su adjunto, quien le dijo que desconocía cuándo y cómo viajarían el resto de los comisionados. Listre sabía que el comisionado costarricense Luis Tinoco Castro llegaría con su esposa el 6 de septiembre a Buenos Aires. El mismo día que haría su arribo el salvadoreño Francisco Bertrand Galindo. No mucho más. “Continuaré informando”, prometió en un cable que despachó hacia la Cancillería, entonces a cargo de Carlos Washington Pastor.
La idea de la visita se había empezado a gestar a mediados de junio de 1978, durante los días previos a la consagración de la Argentina como campeona del mundo. Mientras todos esperaban la final con los Países Bajos, el entonces canciller Oscar Montes aguardaba que el presidente de la CIDH, el venezolano Andrés Aguilar, le dijera si aceptaba la propuesta del gobierno de facto de Videla de venir a la Argentina.
Movida por el clima triunfalista del Mundial, o por la necesidad de congraciarse con la administración de Jimmy Carter, o para destrabar créditos, la Junta Militar quería ir cerrando las denuncias que recorrían el mundo, que decían que en la Argentina se torturaba, se desaparecía y se asesinaba. La CIDH venía haciendo visitas in loco desde 1961 y nunca había sido demasiado dura con los gobiernos que la invitaban. Había estado en República Domianicana, Panamá, El Salvador, Haití y Nicaragua. Con la Argentina no tenía por qué ser diferente.
LA GESTIÓN DE LA VISITA
Mónica Mignone tenía 24 años cuando el 14 de mayo de 1976 una patota se la llevó de su casa en la avenida Santa Fe. Era psicopedagoga, militante peronista y catequista en la villa del Bajo Flores. Su padre, Emilio Mignone, fue uno de los primeros en acudir al sistema interamericano ante la falta de respuestas de las autoridades locales. Él conocía bien cómo funcionaba esa instancia porque entre 1962 y 1967 había sido funcionario de la OEA.
Como Mignone, otros empezaron a presentar denuncias ante la CIDH. Para mediados de 1978, la Comisión había recabado tanta información como para hacer un informe desde Washington, pero los comisionados advirtieron que una visita al país tendría mayor impacto. Les hicieron saber a los diplomáticos estadounidenses que tenían vocación de viajar. Era claro que la dictadura argentina no gozaba de la simpatía del gobierno de Carter. La invitación se formalizó el 18 de diciembre de 1978. Para entonces, Mignone integraba formalmente la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), pero junto a otros integrantes ya habían creado un grupo de abogados y un centro de documentación, el embrión del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS). Enterado de la visita, viajó en febrero de 1979 a Washington. Se reunió con Aguilar, Vargas Carreño y Moyer, y pasó seis días con el funcionario Edgardo Paz Barnica, explicándole cómo funcionaba el sistema judicial en la Argentina y cómo operaba la represión ilegal.
Esos meses fueron frenéticos para los organismos de derechos humanos locales. Algunas reuniones duraban hasta doce horas mientras seleccionaban qué casos iban a ser presentados ante la CIDH. Las denuncias eran miles, pero ellos querían darles a los comisionados unos trescientos casos paradigmáticos con suficiente prueba como para acreditar que las desapariciones existían y que la dictadura era responsable.
Mignone volvió a viajar a Washington entre el 18 y el 22 de junio. Trabajó durante esos días con Vargas Carreño. El chileno llegó a Buenos Aires al mes siguiente en un viaje preparatorio de la visita. Faltaba poco.
ESTÁN ACÁ
El primer comisionado en tocar suelo argentino fue el jurista colombiano Marco Monroy Cabra. Lo secundó el estadounidense Tom Farer. Más tarde llegaron el presidente Aguilar, Vargas Carreño, Galindo, Tinoco Castro y el brasileño Carlos Dunshee de Abranches. Era el 6 de septiembre de 1979.
La actividad durante el primer día fue escasa. Hubo una reunión en la sede de la OEA en Buenos Aires, ubicada en Avenida de Mayo 760, donde ultimaron los detalles del primer comunicado. Ahí informaron que la Comisión iba a funcionar en esa sede, en el hotel Crillon de Córdoba y en el Versalles de Tucumán, y que la visita se extendería hasta el 20 de septiembre.
La mañana siguiente fue complicada. Los comisionados tenían que ir a ver a los miembros de la Junta en el Congreso, pero llegaron tarde a la cita con Roberto Viola (Ejército), Armando Lambruschini (Armada) y Omar Graffigna (Aeronáutica). Lo mismo les ocurrió cuando tuvieron que trasladarse hasta la Casa Rosada para verse las caras con Videla. Se encontraron con una marea humana que recorría las calles mientras vitoreaba a la Argentina. La Selección juvenil acababa de derrotar a la Unión Soviética en el Mundial Juvenil de Tokio (con un gol de Diego Maradona, el chico que había llorado al quedarse fuera del Mundial del año anterior).
Videla estaba exultante. Pulgares en alto, había salido al balcón a saludar un par de minutos antes de que llegaran los comisionados. A ellos, la multitud los recibió con una lluvia de papelitos y con banderas que decían “Los argentinos somos derechos y humanos”. El tiempo iba a mostrar que las calcomanías y las banderas con esa leyenda habían sido financiadas directamente por el Ministerio del Interior de Albano Harguindeguy, con quien la Comisión iba a sentarse para discutir la lista de desaparecidos y detenidos.
La actividad de los comisionados en Avenida de Mayo arrancó después de las tres de la tarde con una reunión con los organismos de derechos humanos: la APDH, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo.
Los días siguientes fueron frenéticos. Pidieron entrevistarse con ex presidentes. Todos aceptaron menos Juan Carlos Onganía y Arturo Illia, que estaba en Europa. A María Estela Martínez de Perón la visitaron en la quinta de San Vicente, donde cumplía prisión domiciliaria desde agosto de 1978. Vieron a Arturo Frondizi, así como a los presidentes de facto Alejandro Lanusse y Roberto Levingston, que difundió una declaración furiosa contra la intromisión del organismo internacional. También gestionaron una visita con Héctor Cámpora, asilado en la embajada de México. Se entrevistaron con él antes de dejar el país. Fue ahí que se confirmó que Cámpora estaba gravemente enfermo.
La Comisión gestionó un encuentro con Ernesto Sabato, que repartió responsabilidades entre los grupos armados de izquierda y la dictadura. También consiguió autorización para ver al ex director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, en arresto domiciliario en su departamento de la calle Ayacucho.
Hubo también reuniones con los líderes de los principales partidos. De la Unión Cívica Radical (UCR) el primer interlocutor fue Ricardo Balbín. Días después, vieron a Raúl Alfonsín, que habló de una Argentina empujada al colapso ético por partidarios de la violencia de un signo y del otro. Por el Partido Justicialista (PJ) acudieron a la convocatoria Deolindo Bittel y Herminio Iglesias. Después de la reunión distribuyeron una declaración que hablaba de una violación sistemática a los derechos humanos, lo que detonó una crisis en el peronismo.
Vargas Carreño y Farer recibieron a seis representantes de los gremios que integraban la Conducción Única de Trabajadores Argentinos (CUTA), que, pese a denunciar la violencia guerrillera, reclamaron por algunos de sus dirigentes presos o desaparecidos, como Oscar Smith, dirigente de Luz y Fuerza secuestrado en 1977. También visitaron al metalúrgico Lorenzo Miguel, detenido en su casa de Mataderos.
Entre los que expresaron su indignación por la intrusión de la CIDH y su apoyo a los militares estuvieron la Sociedad Rural, la Cámara de Anunciantes, el Consejo Publicitario, las Confederaciones Rurales Argentina (CRA), el Movimiento Industrial Argentino, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Cámara de Comercio, el Consejo Empresario, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Exportadores, la Cámara de la Construcción, la Liga Argentina contra el Cáncer, el Centro Argentino de Ingenieros y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo.
DESAPARECER A LOS DESAPARECIDOS
La Comisión recibió de manos de los organismos encabezados por la APDH un listado de personas desaparecidas. Decía que entre el 7 de enero de 1975 y el 30 de mayo de 1979 tenían registradas 5.818 personas desaparecidas. La CIDH quiso compararlo con los registros oficiales. Harguindeguy le respondió que de esas listas sólo 3.447 estaban denunciados como tales.
Antes de la llegada de la CIDH, los organismos habían querido imprimir un dossier con esos nombres para distribuir. Mignone fue a ver a Robert Cox, el director del Buenos Aires Herald, que era, para entonces, uno de los más preciados aliados de los familiares de desaparecidos. Cox le sugirió la imprenta Alemann –de Juan Alemann, el secretario de Hacienda de la dictadura–, que imprimía un periódico en alemán.
La imprenta aceptó, Mignone pagó, pero el 28 de julio hubo un monumental operativo que secuestró todos los ejemplares. En simultáneo, el juez Martín Anzoategui ordenó allanar y secuestrar material de la APDH, la Liga y el MEDH. La historia terminó con el juez informando en plena visita de la CIDH que cuatrocientas personas que figuraban en la nómina estaban en Europa y cincuenta se encontraban detenidas. En sintonía con la dictadura, sostenía que era información parcial porque no había datos de “personas muertas por la subversión armada”.
El 16 de septiembre, Cox dedicó la portada del Buenos Aires Herald a denunciar que la dictadura había secuestrado a una familia en plena visita de la CIDH. Esa publicación –después replicada en otros medios– les terminó salvando la vida a Consuelo Castaño Blanco, su marido y sus tres hijas.
Durante las dos semanas que estuvieron en la Argentina, los comisionados alternaron entre entrevistas con actores clave y visitas a lugares donde había detenidos o estaban sindicados como centros clandestinos. Mientras tanto, otros funcionarios de la CIDH seguían tomando denuncias en las sedes de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Registraron casi seis mil testimonios mientras profundizaban la investigación de casos paradigmáticos de la represión que los organismos les habían hecho llegar.
Visitaron cárceles como Devoto, Caseros, Resistencia, Rawson, la Unidad 9 de La Plata, Olmos, Magdalena y la cárcel de Córdoba. En esa misma provincia, fueron al Campo de la Ribera y La Perla. En La Plata recorrieron el cementerio, donde pudieron ver ellos mismos la cantidad de tumbas que decían “NN”. En Capital visitaron otros lugares señalados como centros clandestinos, como Coordinación Federal, el Olimpo y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La encontraron vacía y en proceso de reconstrucción, según anotaron en sus registros. Para esos días, el comandante de la Armada, Lambruschini, decía que la Argentina no tenía nada que esconder. Justamente su fuerza había escondido a los prisioneros en una isla del Tigre.
A una subcomisión que encabezaba Aguilar, el presidente de la CIDH, también la llevaron a un supuesto instituto de resocialización, que la dictadura presentó como la Unidad 21. Ahí les mostraron militantes internados que habían decidido entregarse por sus propios medios y que incluso vivían con sus hijos. Era la propaganda de las granjas de recuperación hecha realidad para la CIDH.
EL INFORME
Antes de partir, la CIDH entregó un listado de recomendaciones a Videla. La visita tuvo dos coletazos inmediatos. Por un lado, la Junta expulsó a Timerman del país y le quitó la ciudadanía. Por otro, el comandante del Tercer Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez, se sublevó en Córdoba contra la supuesta pasividad del Ejército.
El informe, aprobado en abril de 1980, responsabilizaba a la dictadura argentina por las violaciones a los derechos humanos. “Cualquiera que, en definitiva, sea la cifra de desaparecidos, su cantidad es impresionante y no hace sino confirmar la extraordinaria gravedad que reviste este problema”, sostenía.
Aunque era lapidario con la dictadura, también les asestaba un duro golpe a las esperanzas de los familiares de encontrar a los suyos con vida. Decía explícitamente que la conclusión a la que habían arribado los comisionados era que los desaparecidos estaban muertos en circunstancias que no estaban en condiciones de precisar.
La dictadura cortó relación con la CIDH después de la aprobación del informe. Contestó con un contrainforme que contaba las “víctimas del terrorismo”, que editó en junio de ese año el Círculo Militar.
Aunque la dictadura prohibió la publicación del informe en la Argentina, Mignone y otros viajaron a Washington. Trajeron quinientos ejemplares e hicieron 2.000 copias para difundir en el país. La reproducción del informe fue artesanal. Agarraban algunas hojas y las llevaban a fotocopiadoras ubicadas lejos de sus casas y de la oficina como para no ser identificados. Así circuló esa información hasta que en 1984 el CELS y la Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos (OSEA) lo publicó legalmente bajo el título de “El informe prohibido”.
Después de la publicación del informe de la CIDH, el 19 de abril de 1980, los principales medios –incluido Clarín, que había rechazado reunirse con los comisionados– publicaron sus conclusiones. La visita instaló en los medios, sin eufemismos, la palabra “desaparecido”. La oscuridad y la negación estaban cediendo ante la realidad.
La CIDH de visita, 40 años después
A 40 años de la histórica llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , una delegación del organismo vuelve a la Argentina. Entre el jueves y el viernes de esta semana estarán en Buenos Aires para participar de distintas actividades sobre derechos humanos y distintas violencias. La agenda comenzó el jueves a las 18 en una charla sobre “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La CIDH volverá este viernes a las 10 a la ESMA. En este caso no es para ver la situación de los presos y toturados políticos, sino para la inauguración de la muestra “El ocultamiento de la ESMA: la verdad se hace pública” en el museo del Espacio Memoria y Derechos Humanos. “A partir de testimonios inéditos, la exhibición de objetos y la presentación de documentos, se podrá conocer en detalle el período en el que Grupo de tareas de la ESMA realizó todo tipo de estrategias para ocultar, ante la inminente llegada de la CIDH, cualquier indicio de actividad represiva dentro del lugar”, detallan desde la organización.
Una de las particularidades de esta exhibición es que «podrán conocerse cuáles fueron las vías utilizadas por familiares de detenidos-desaparecidos en la búsqueda de sus seres queridos: el rol de los organismos de derechos humanos, el pasaje de los reclamos individuales a los colectivos, y las denuncias realizadas ante la Comisión», explica el texto. La muestra, que se inagurua este viernes, estará hasta el 10 de diciembre y podrá visitarse de martes a domingo de 10 a 17.
En su paso por el ex centro clandestino de detención, los comisionados Esmeralda Arosemena de Troitino (presidenta de la CIDH), Paulo Abrao (secretario Ejecutivo de la CIDH), Joel Hernández (primer vicepresidente de la CIDH), Antonia Urrejola (segunda vicepresidenta de la CIDH) y Víctor Abramovich (ex Vicepresidente de la CIDH) integrarán la mesa de debate “Los impactos históricos del trabajo de la CIDH y los nuevos desafíos frente al contexto regional actual”, junto con referentes de los organismos de derechos humanos.
La visita es protocolar, es decir que en este caso no habrá monitoreo de la situación de los derechos humanos en el territorio nacional. Los comisionados aprovecharán la tarde del viernes para reunirse con el presidente, Mauricio Macri. Desde que Cambiemos gobierna, la CIDH adviritó en varias ocasiones sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. En julio de 2017 le exigieron al Estado que la situación de la dirigente jujeña Milagro Sala se resolviera fuera de la cárcel. Ante la falta de respuesta del macrismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió intervenir. El avance de las fuerzas de seguridad contra la prensa en las manifestaciones callejeras es otro de los temas que la CIDH pone la atención y el macrismo mira para otro lado.
El viernes se cumplirán 40 años de la llegada del organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que derivó en un informe, publicado un año más tarde, con denuncias y terstimonios de las violaciones a los derechos humanos que practicó la última dictadura militar. Frente a la campaña negativa lanzada por los represores, la CIDH se encargó de escuchar a los familiares de las víctimas y describir qué estaba pasando realmente.
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