La Iglesia Católica de Costa Rica investiga 27 denuncias de delitos sexuales contra menores
La Iglesia católica de Costa Rica ha informado este martes de que está investigando 27 denuncias presentadas contra algunos de sus miembros acusados de delitos sexuales contra menores.
Alfonso Molina, juez del Tribunal eclesiástico, ha confirmado las denuncias y ha detallado que los curas acusados no trabajan en parroquias, sin identificar a ninguno de ellos, según ha recogido la cadena Telesur.
Por su parte, la fiscal general del país, Emilia Navas, ha llamado a los ciudadanos a presentar las denuncias directamente ante el Poder Judicial.
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Representantes de la Iglesia católica confirmaron que ninguno de los curas acusados trabaja actualmente en parroquias pic.twitter.com/cir4DY655k
— teleSUR TV (@teleSURtv) August 21, 2019
El expediente oculto de Mauricio Víquez
“Agrava la situación el hecho de que no se trató de una sola vez, sino de varias, tipificando de su parte un modus operandi con otros jóvenes que sufrieron lo mismo; cubriendo su proceder de un ‘halo natural’ del despertar sexual propio de la adolescencia (‘todos lo hacen’) y por otra parte de una aureola religiosa (confianza de sacerdote al monaguillo)”.
Así se expresó el presbítero Luis Fernando Rodríguez en su rol de instructor de la causa que llevó a la expulsión del sacerdote Mauricio Víquez de la Iglesia católica.
“Siendo evidente que existe notoria tendencia patológica del Reverendo Víquez Lizano a buscar en las asignaciones pastorales contactos abusivos con varones en edades de pubertad y adolescencia, con lo cual queda más que claro que el sacerdote en cuestión no es idóneo para el servicio pastoral”, agregó.
El escrito, filtrado a UNIVERSIDAD por un cura de alto rango y confirmado en su veracidad por autoridades de la Iglesia, contiene un resumen con la trayectoria de Víquez, las denuncias por delitos sexuales y recoge el testimonio de ocho víctimas, así como del arzobispo de San José, José Rafael Quirós. También, incluye declaraciones de testigos y otros sacerdotes involucrados en el proceso.
Mauricio Antonio Víquez Lizano, de 54 años, fue capturado este domingo en Monterrey, México, luego de abandonar el país el 7 de enero, perder su trabajo en la UCR y ser expulsado de la Iglesia católica el 25 de febrero pasado.
Ahora enfrenta cuatro denuncias penales por violación y abuso sexual a menores de edad, por hechos que presuntamente sucedieron cuando era párroco en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, en Tres Ríos, y de la iglesia de San Juan Bautista, en Patarrá de Desamparados.
Los acercamientos
“El sacerdote Víquez Lizano es un hombre talentoso y de grandes habilidades sociales, posee un buen coeficiente intelectual. Sin embargo, es claro y evidente que sus habilidades profesionales y pastorales han sido puestas al servicio de su líbido y su beneficio personal. Se niega a reconocer sus graves acciones de carácter sexual, acusando repetidas veces que todo se trata de complot en contra suya y que el único interés de alguno de los acusadores es extorsionar”.
Esta conducta se manifestó, según este expediente, con el monaguillo Michael Rodríguez en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, en Tres Ríos. 21 años después, este hombre se presentó como víctima y relató los hechos a UNIVERSIDAD en febrero. También figura en la primera audiencia del proceso canónico contra Víquez.
El documento consignó que Rodríguez conoció a Víquez cuando este tenía entre 13 y 14 años y que el sacerdote se acercaba a los monaguillos seleccionando a algunos para llevar a comer a algún restaurante de comida rápida.
“Tres meses después de haber entablado la amistad entre el agresor y el ofendido, mientras iban en el vehículo a una de esas salidas a comer, el acusado le acarició sus partes íntimas y le animó a hacer lo mismo con sus vellos púbicos, llamando a este ‘juego’ ‘cariñitos de pelitos”, se lee en el documento de la Arquidiócesis de San José.
Rodríguez agregó que el sacerdote aprovechaba para llevar a los jóvenes monaguillos al videoclub para facilitarles películas pornográficas, y que a sus 16 años fue expuesto por parte de Víquez a material pornográfico homosexual.
Como así lo dijo a inicios de año, en el documento se consignó que Rodríguez admitió que hubo intentos de penetración anal de parte del acusado hacia él, pero que nunca permitió llegar hasta ese nivel.
Sus declaraciones encontraron coincidencias con el relato de otro joven que figura en el expediente, al que este medio le respeta la reserva de su identidad. Se trata de un hombre que conoció a Víquez cuando tenía 12 años en la parroquia de Tres Ríos.
“Nos invitaba a quedarnos a dormir en la casa cural, allí nos ponía a ver videos y revistas pornográficas…, al estar viendo pornografía los chicos nos excitábamos y nos ponía a masturbarnos delante de él. Él mismo traía el aceite para que nos masturbáramos… nos ponía a masturbarnos unos a otros”, dijo.
Como en el caso de Rodríguez, este hombre también aseguró que había “juegos de masajes” y que el padre Víquez en alguna ocasión intentó buscar penetrarse con el pene del joven.
“El hijo del padre”
Uno de los testigos del proceso afirmó ver en al menos dos ocasiones los actos masturbatorios de Víquez con otros muchachos y afirmó que el sacerdote se encerraba hasta por una hora en el cuarto de un joven que convivía con él en la casa rural, aunque añadió que no le constaba qué pasaba durante ese tiempo en el dormitorio.
De la relación de poder que supuestamente existía con ese menor dio cuentas el sacerdote Manuel Rojas Picado, quien conoció a Mauricio Víquez cuando él era seminarista colaborador de Pastoral Vocacional.
Posteriormente, Rojas fue vicario cooperador durante el primer año en la parroquia de Patarrá. Por haber conocido detalles de exmonaguillos en el sacramento de la confesión, “Rojas no se refiere a nada en concreto con el caso”, pero sí respondió algunas preguntas del tribunal eclesiástico.
De acuerdo con los documentos de la Iglesia, “el reverendo Rojas Picado sabía de la relación del sacerdote Víquez Lizano y un joven menor de edad (relación ya mencionada entre los tipos punibles, se le llamaba el hijo del padre)”. Rojas también “conoció de un folder con material pornográfico de índole homosexual, que se identifica con lo que han mencionado los anteriores ofendidos”.
En el escrito Rojas también reconoció tener “informaciones indirectas” por parte de una familiar de un exmonaguillo. De acuerdo con Michael Rodríguez, uno de los primeros denunciantes, este sacerdote sirvió después de mediador entre José Rafael Quirós (vicario general en ese momento) y una madre de familia.
Supuestas filtraciones
Una de las madres de familia denunció ante la Iglesia que cuando su hijo cumplió 16 años de edad tuvo un cambio en su relación con el sacerdote Víquez, “alejándose sin saber ella las verdaderas razones; es ahí cuando su hijo rompe el silencio y le comunica todo lo que ha vivido en esos últimos años al lado del acusado”.
“El vicario general Pbro. José Rafael Quirós les brindó la atención escuchándolas y prometiendo pasar la información al Sr. Arzobispo Mons. Hugo Barrantes Ureña a la mayor brevedad. Sin embargo, reclaman que el Sr. Arzobispo no actuó como se esperaba en aquel momento. Más bien se fuga información de lo conversado con el vicario general y dichas declaraciones empiezan a correr por la gente del pueblo, quienes la emprenden en contra del ofendido y ambas madres que pusieron la denuncia”, agrega el documento.
Priscila, hija de una de las mujeres que interpuso la denuncia, afirmó que ante la supuesta filtración, Víquez utilizó artimañas para poner a los feligreses en contra de su familia.
Priscila fue parte del grupo de monaguillas de la comunidad de Patarrá antes de la llegada del cura. Víquez suprimió el grupo al llegar a esa parroquia (1996) y solo permitió el servicio a varones.
A ninguna parte lo mandé, él mismo me dijo ‘yo doy clases en la universidad, puedo sobrevivir con ese trabajo’, no volvimos a tener contacto y dejé de ser su jefe”. – Hugo Barrantes, ex arzobispo de San José
Su madre hizo el primer acercamiento con José Rafael Quirós, y a partir de ahí, cuenta Priscila, toda la comunidad se enteró.
“Todo lo que se habló sobre los abusos al día siguiente se lo estaban diciendo a Mauricio Víquez ellos, Hugo Barrantes y José Rafael Quirós. Víquez utilizó a su red de monaguillos y a gente cercana que se dedicó a aplaudirle”, dijo.
Priscila agregó que en una página de la asamblea (libro con el resumen de la misa) Víquez comunicó a los feligreses sobre una supuesta denuncia por “robo” en su contra.
“En la parte de atrás dio un miniinforme, al final decía que unas personas devotas fueron a poner una denuncia en su contra. Él inventó que la acusación era por supuesto robo, no decía que era por abuso. Decía que unas devotas fueron a ponerle una denuncia ante la Curia”, manifestó.
Arzobispos en la mira
UNIVERSIDAD intentó obtener la versión del arzobispo José Rafael Quirós sobre las supuestas filtraciones de información.
“Debido a que hay tres procesos judiciales en sede civil por daños y perjuicios interpuestos por tres de las víctimas de Mauricio Víquez en contra de Temporalidades de la Arquidiócesis de San José y de la Conferencia Episcopal, el arzobispo no se referirá”, comentó Jeison Granados, vocero de la Arquidiócesis de San José.
En los documentos de la expulsión de Víquez, el arzobispo Quirós afirma en una carta que para ese tiempo “no se tenía la experiencia para tratar casos de este tipo”.
Una vez que asumió como arzobispo, Quirós afirma que atendió a Anthony Venegas y a Michael Rodríguez, pero que “pidieron una suma imposible de pagar, por lo que se procedió a rechazar la petición y que buscaran una salida legal al asunto”.
UNIVERSIDAD conversó con Priscila, hija de una de las mujeres que denunció ante Quirós abusos de Víquez contra menores. El actual arzobispo de San José y presidente de la Conferencia Episcopal era en ese momento vicario general de la arquidiócesis josefina.
“Le dije todo a José Rafael, toda mi versión”, asegura Priscila. “Mi mamá le llevó una carta de una señora que tenía miedo de ir porque le podían hacer daño a los chiquitos de ella. La gente le tenía pavor a la Iglesia por represalias. Ella dijo que Víquez le había desgraciado a sus hijos de 11 y 13. Mi mamá le entregó la carta de esta señora, y todo eso lo desaparecieron”, dice Priscila.
Rodríguez y Venegas denunciaron en 2018 al arzobispo de San José ante el Vaticano por supuesto encubrimiento a Víquez, pero aún no se tienen noticias de una eventual respuesta desde Roma.
Su predecesor, Hugo Barrantes, afirmó que no se arrepiente de la manera en que manejó el caso de Víquez en 2003, pues dice que actuó en favor de las víctimas.
“Yo lo único que diría es que una persona allegadísima pidió no hacer ruido sobre el caso. Esa presión que hizo esa persona fue la que suspendió una posible acción legal. ¿Qué tal un bullying que lleve al suicidio? Actué en favor de la víctima”, dijo Barrantes.
El antiguo arzobispo de San José niega que se haya filtrado alguna información y afirma que ahora los sacerdotes tienen mejores herramientas para denunciar.
“Ahora sí está todo claro. Todo clarísimo, en aquel momento no lo teníamos tan claro. A esa persona que pidió silencio hoy no se le daría esa opción”, argumentó.
Barrantes afirmó que separó de la parroquia a Víquez en 2003, tras la petición de una allegada de un monaguillo. “A ninguna parte lo mandé, él mismo me dijo ‘yo doy clases en la universidad, puedo sobrevivir con ese trabajo’, no volvimos a tener contacto y dejé de ser su jefe”, agregó Barrantes.
“No me conviene opinar, no por proteger a nadie o encubrir, pero hacer un juicio a él dejémoslo a Dios y a la ley. Si hay una decisión legal, yo respeto lo que la ley decida en un Estado de Derecho”, dijo.
Un chat de WhatsApp: “errores, sí”
“Menciona el reo acusado (Mauricio Víquez) en su descargo que todo este proceso es la reacción provocada por su negativa a cancelar la suma de veinte millones, solicitud hecha por el Sr. Rodríguez Solera (uno de los acusadores). Afirma que apoyado en las sugerencias de su abogado civil el Sr. Francisco Madrigal, que no hay pruebas que confirmen la comisión de dichos actos alegados y que por lo tanto no tiene obligación de cancelar dicha suma”.
Así inicia una serie de puntos que el cura Víquez utiliza para desacreditar a una de sus supuestas víctimas. No obstante, Rodríguez contradice su versión y afirma que sus pretensiones no solo eran económicas, sino que buscaba alguna manera en la que se le pagara por los daños hechos.
En el expediente hay copias de conversaciones por medio de WhatsApp entre Víquez y Rodríguez, en donde Michael le advierte sobre las medidas legales que podría tomar y el dolor que le ocasionaron los supuestos abusos.
En esos intercambios, Rodríguez, según relata, le pide ₡20 millones para resarcir los daños. “Errores, sí”, recuerda que respondía Víquez en los mensajes. Michael afirma que el cura le dijo que iba a ver “cómo podría hacer” para indemnizarlo. Las capturas de pantalla no fueron facilitadas con el fin de no entorpecer la investigación.
La Iglesia encontró credibilidad en el relato de Rodríguez. “Se cuenta con dos pruebas documentales consistentes en fotos de una misma conversación vía WhatsApp entre Mauricio Víquez Lizano y Maikol Rodríguez Solera. Víquez aporta solo un extracto mínimo de la conversación que Rodríguez aporta en forma completa. Por tanto, se puede considerar que se cuenta con el material suficiente para llegar a una certeza moral en el caso”, dice una de las observaciones del instructor de la causa y los asesores.
En su defensa, Víquez también aseguró al tribunal eclesiástico ser “víctima de un ataque mediático provocado por La Nación, Canal 7, Crhoy, Extra y Casa Presidencial (despacho de la I vicepresidenta), grupos LGTB, etc”.
Víquez agregó que los supuestos ataques eran por sus posturas conservadoras y “apegadas al magisterio eclesial”, y negó tener un doble discurso a la hora de hablar en “nombre de la Iglesia”.
“Al llegar a la parroquia de Tres Ríos, indica el acusado haber tenido un grupo de más de 100 jóvenes y niños, que querían servir como monaguillos, y que entre ellos tenía algunos más cercanos que otros (ver folio 081 punto I, párrafo 6), que debía rifar los puestos del carro a la hora de ir a comer, niega que rozara a alguien mientras conducía, que pueda considerarse un acto depravado o aterrador. Niega que hubiera existido violación o penetración de su parte y recuerda que el trato suyo al Sr. Rodríguez Solera, se debió a una oferta de amistad y apoyo debido a la lentitud en el desarrollo físico y psíquico del denunciante”, se lee en el descargo.
El cura, arrestado en México, también señaló al reverendo Rojas, exvicario parroquial suyo en Patarrá, de supuestamente movilizar a madres de familia e hijos “para que lo atacaran”.
Este medio conversó con el abogado Rafael Rodríguez, recientemente contratado por la familia de Víquez para representarlo en las denuncias penales en su contra. Rodríguez dijo que el cura está protegido por el derecho de abstención y que no se referirá a los expedientes.
“Hasta no conocer los hechos que se le están imputando va a ser difícil hacer una manifestación. No vamos a manifestarnos sobre estos expedientes, no sabemos si cumplen con manifestaciones constitucionales”.
