Infiernos ambientales de México – Por Víctor M. Toledo
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Víctor M. Toledo(*)
En México, tres décadas de neoliberalismo no sólo dejaron una estela de marginación y pobreza, sino que el contubernio entre el Estado y el capital, combinada con la corrupción, dio lugar al relajamiento, el abandono y el desdén en las políticas dedicadas al cuidado del hábitat. Las leyes ambientales fueron pasadas por alto, los funcionarios encargados de aplicarlas se corrompieron, y las empresas y corporativos, incapaces de autolimitarse, ampliaron su voracidad, su ambición y sus ganancias. Esta combinación perversa de factores engendró territorios donde las poblaciones explotadas sufrieron además un dramático deterioro de sus condiciones más elementales de existencia.
En estos infiernos los ciudadanos no sólo soportan salarios de miseria y limitadas condiciones laborales; su supervivencia se encuentra permanentemente amenazada por un entorno hostil. El resultado: seres enfrentando aires tóxicos, aguas contaminadas y productos insanos del suelo.
De los innumerables infiernos ambientales que el país padece destacan cinco: el corredor urbano industrial de Minatitlán y Coatzacoalcos, afectados por la extracción de petróleo y gas; la porción norte de Guanajuato, donde la sobrexplotación de los acuíferos para una agricultura de exportación basada en agroquímicos y en la explotación de los jornaleros agrícolas ha dejado a decenas de comunidades bebiendo y usando un agua contaminada; el cinturón del río Lerma, convertido en una cloaca por centenas de industrias desde su nacimiento hasta su fin en el Lago de Chapala; la franja del río Atoyac en su porción de Puebla y Tlaxcala, y, finalmente, la región de Tula en Hidalgo.
Sirvan los escenarios de esta última para ilustrar al lector. Los habitantes de la región de Tula, que incluye los municipios de Tepetitlán, Tizayuca, Atitalaquia, Atotonilco, Tula y otros, con una población de cerca de 150 mil personas, soportan los efectos combinados de la refinería de Pemex, ocho plantas cementeras, tres plantas productoras de cal, una fábrica de agroquímicos, un parque industrial y las aguas tóxicas de la presa Endhó, la cual recibe las descargas de aguas residuales provenientes de la Ciudad de México y de varios corredores industriales. En conjunto esta región padece contaminación del agua por residuos de todo tipo, mercurio, arsénico, plomo, bario y fenoles; contaminación del aire por partículas, ozono y dióxido de azufre, y contaminación de las aguas que se utilizan en los valles agrícolas de la zona, además de la mezcla del drenaje pluvial con aguas negras. A ello se agregan la incineración indebida de residuos de las cementeras y explosiones frecuentes de la planta de agroquímicos. El resultado es un estado de emergencia sanitario y ambiental, que se expresa en altos índices de enfermedades. Los cuerpos intoxicados, riñones, vías respiratorias, estómagos, pieles, son la demostración de este drama. Igualmente lo son las batallas y resistencias de una docena de colectivos y organizaciones que por años han levantado sus voces para exigir justicia ambiental, sin ser atendidos.
En suma, la etapa neoliberal no sólo dejó a la mitad de los mexicanos en pobreza, chatarras tecnológicas, decenas de hospitales y clínicas a medio construir, escuelas abandonadas, millones de jóvenes sin estudio ni trabajo, inseguridad e impunidad. También generó y multiplicó infiernos ambientales. Todo ello mientras corporaciones y empresarios se hinchaban de riquezas y aumentaban de manera obscena sus ganancias. Hoy es deber moral del gobierno de la Cuarta Transformación atender, solucionar y reconvertir esas zonas en estado de emergencia, cumplir la demanda constitucional que establece el derecho de todos los mexicanos a un ambiente sano, y organizar a las instituciones para participar en el rescate. Antes de que el colapso nos alcance.
