El gobierno y la oposición se preparan para votar el lunes la reducción de la jornada laboral
Las cuatro fórmulas que evalúa el gobierno para frenar el proyecto de las 40 horas laborales
El gobierno está en contra del proyecto de Camila Vallejo (PC) que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. De eso no hay dudas. Para contrarrestarlo, anunció que iba a presentar una indicación a su proyecto de adaptabilidad laboral para disminuir la jornada ordinaria de 45 a 41 horas promedio por semana.
Sin embargo, dicha medida no ha logrado los efectos deseados, ya que la iniciativa impulsada por la oposición ha seguido tomando más fuerza. Tanto así, que el lunes la Comisión de Trabajo de la Cámara votará la iniciativa. Ante este escenario, señalan fuentes de gobierno, en el Ejecutivo se analizan cuatro alternativas para detener la mencionada moción parlamentaria.
Oficialismo e indicaciones
Un camino que se evalúa apunta a que cuando el texto llegue a la sala de la Cámara los parlamentarios del oficialismo presenten varias indicaciones a la iniciativa, con el objetivo de demorar la discusión. Esto, porque para analizar las indicaciones, el proyecto debería volver a la Comisión de Trabajo. De acuerdo a fuentes del gobierno, esta es una de las opciones que se mira con mayor cercanía, ya que no tendría un costo político, porque se mostrarían dispuestos a debatir y a acercar posiciones en lugar de bloquear la propuesta. Además, les permitiría que su proyecto de adaptabilidad laboral avance en el Congreso.
Lograr un acuerdo
Hoy esta posibilidad se ve lejana, sin embargo, es una opción que está sobre la mesa. De hecho, el diputado DC, Pablo Lorenzini, se ofreció a tender puentes. “He conversado con gente del gobierno y de RN, y voy a conversar también con el jefe de bancada Gabriel Ascencio (DC) para que mejoremos el proyecto, pero alejado de la dinámica de quién gana y quién pierde, y ver si se pueden tender los puentes con el gobierno para avanzar”, sostuvo.
Lorenzini acotó que “este tema tiene muchas aristas y por ello debemos buscarle una salida política, porque si nos enfrascamos en la discusión de la constitucionalidad no vamos a avanzar. La idea sería que los que propusieron el tema -Cariola, Vallejos- bajaran un poco las revoluciones y que el gobierno no se entrampara con la discusión de si es constitucional o no, y buscar un acuerdo en favor de la ciudadanía”.
El legislador subrayó que “el ambiente está muy crispado. Yo he tenido contactos con el gobierno y se los he dicho: que esto no se lleve desde la lógica gané yo o ganaste tú, sino buscar acercar posiciones, porque esto no es blanco y negro, y tal como lo hicimos en la discusión tributaria incorporar a las pymes con estudios técnicos para que se pronuncien sobre, por ejemplo, la gradualidad”.
Recurrir al Tribunal Constitucional
Una tercera alternativa es que si el proyecto continúa avanzando, efectivamente los parlamentarios del oficialismo presenten un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Según el gobierno, la presentación se puede hacer en cualquier momento de la tramitación de la iniciativa, por lo que los diputados lo podrían hacer ahora mismo. Sin embargo, los propios diputados del bloque se han mostrado cautos a ocupar esta herramienta, ya que el costo político, de frenar una ley altamente popular, lo tendrían que pagar ellos y todavía no están dispuestos a hacerlo.
Veto presidencial
La última instancia del gobierno para detener el proyecto es la facultad que tiene el Presidente de la República de ingresar un veto. Existen tres tipos de veto. El supresivo, que elimina una parte del proyecto de ley. El aditivo, que agrega un artículo o capítulo. Y el sustitutivo, que reemplaza una frase o artículo de la iniciativa.
Camila on tour: Cómo la diputada Vallejo busca sumar «adeptos» a las 40 horas
¿Qué pasó?
La guerra no se detiene ni siquiera en semana distrital. La diputada comunista, Camila Vallejo, junto con parlamentarios de la bancada transversal por las 40 horas, comenzaron una gira regional para difundir los alcances de la iniciativa que se ha convertido en uno de los dolores de cabeza más grandes para el Gobierno.
En el Ejecutivo insisten en declarar el proyecto como inconstitucional e incluso lo han apodado proyecto de las «35 horas», por contemplar la hora de colación, advirtiendo que se reducirán los sueldos y se perderán cientos de empleos. Mientras, la Presidenta de la Comisión del Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans, citó a una sesión doble extraordinaria para este lunes, con el objetivo de votar la idea de legislar.
La Gira por las 40 horas
El despertador de la diputada Camila Vallejo sonó antes de las 4:00 de este jueves. Su vuelo a la región de La Araucanía partió a las 7:20 am y dos horas más tarde ya se encontraba con su equipo en la primera parada, la intendencia de Temuco, ubicada en calle Bulnes. Junto con la diputada PPD, Andrea Parra, comenzaron a entregar volantes para luego realizar un punto de prensa.
«He invitado a Camila que es autora del proyecto para estar en La Araucanía y aclarar todas las dudas que se generan del proyecto sobre todo porque hemos tenido una campaña muy agresiva en términos de confundir a la gente y no comprender la profundidad del proyecto que lo único que quiere es darle la oportunidad a la ciudadanía de poder vivir y no trabajar todo el día», aseguró la diputada Parra e insistió en que algunos en Chile Vamos adhieren a la iniciativa, pese a los llamados de La Moneda a cuadrarse con el proyecto del Gobierno.
Cerca del mediodía, Vallejo llegó hasta Pitrufquen a conversar con gremios y trabajadores de Cautín. Luego de eso vienen más conversatorios en Angol.
Camila Vallejo al gobierno por proyecto de 40 horas: Mienten descaradamente, es cosa que lo lean
La diputada Camila Vallejo acusó al gobierno de «campaña del terror» por las críticas a su proyecto para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, el que ha sido catalogado por parte del oficialismo de «inconstitucional», e incluso apodado «de 35 horas» por incluir la colación.
Este lunes 2 de septiembre en una doble sesión extraordinaria la Comisión de Trabajo votará la idea de legislar el proyecto de ley, pero para la congresista «el gobierno no quiere que votemos».
«Nosotros si queremos votar la gradualidad para las Pymes, la realidad de las Pymes es distinta a las de las grandes empresas», señaló la congresista acusando al gobierno: «Ellos mienten descaradamente, lo lamento, es cosa de que ellos lean nuestras indicaciones que están escritas, en cambio las del Gobierno no están en ninguna parte porque no han ingresado»
El proyecto de Vallejo fue ingresado al Legislativo un 8 de marzo de 2017, y ya en ese entonces explicitaba que «el proyecto de ley modifica la media hora de colación por una hora y establece que se considerará tiempo trabajado». Además, tras reunirse con la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microempresa, Servicios y Artesanado (Conupia) Vallejo se comprometió a que se implementaría de forma gradual para las Pymes.
Gobierno publicó lista de empresas cuyos trabajadores no tendrán derecho a huelga
El Ministerio de Economía publicó en el Diario Oficial la lista de las 72 empresas calificadas como estratégicas y en las que, por lo tanto, sus trabajadores no podrán ir a huelga por dos años.
El número de compañías que entró en esta categoría disminuyó en un 28 por ciento respecto a las contempladas en el último proceso del 2017, cuando se seleccionaron 100 de las 134 postulantes.
Pulso detalló que el listado actual incluye empresas como Enel Distribución, Gasco, Metrogas, Colbún Transmisión, Engie Energía, Interchile, Transelec, Aguas Andinas, Essbio, Esval, Antofagasta Terminal Internacional y Terminal Puerto de Arica.
En esta ocasión, un total de 19 compañías quedaron fuera, como Enel Generación, los terminales Pacífico Sur de Valparaíso y del Puerto de Coquimbo, al igual que la Fundación Las Rosas y algunas clínicas y empresas de telecomunicaciones.
CUT: No creemos en este mecanismo
Desde la CUT, su secretario general, Nolberto Díaz, señaló que no creen en este mecanismo, por su intromisión en el desarrollo de las prácticas sindicales.
El dirigente planteó que «bastaba con una buena ley de servicios mínimos para cautelar lo que el Estado, lo que el bien común y lo que los trabajadores también queremos cautelar: que ninguna huelga genere daño ni a la salud, ni a la población, ni al medioambiente».
«Sin embargo, debemos valorar que a lo menos ha ido disminuyendo este listado como ocurre ahora, pero nosotros creemos que es suficiente con servicios mínimos y no este mecanismo adicional que tienen las empresas estratégicas para negar un derecho fundamental a los trabajadores chilenos», puntualizó.
La CUT inició una impugnación en 2017 contra 16 empresas que de acuerdo a ella debían salir de la lista de ese año, pero la acción fue desestimada por la Corte Suprema poco antes de que saliera la nueva versión del listado.
Por lo tanto, los empleados de dichas compañías perdieron la oportunidad de negociar mientras impugnaban, de acuerdo al asesor legal de la CUT, Josué Vega.
«Se hicieron los alegatos correspondientes. Por parte de la CUT alegaron los abogados Pedro Irureta y Hernán Bosselin, y al final la Corte Suprema se quedó en la forma», explicó.
Según Vega, el máximo tribunal resolvió que «el recurso de queja no era la manera como se podían alegar este tipo de cuestiones y al final no fue al fondo, que era lo que los sindicatos pedían, que era determinar si era legal o no que se pudiera afectar mediante decreto el ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho a huelga».
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