El escenario brasilero en el contexto internacional actual
La crisis desatada en los Estados Unidos en 2007 es una crisis del patrón de acumulación del capital que tuvo efecto de contagio mundial. En su profundidad, pero no en su forma, podemos compararla con la crisis del fin del siglo XIX (1870) y la crisis de 1929, que obligaron al capitalismo a reinventarse.
La crisis actual es de dimensiones económicas, sociales, políticas y ambientales, en un escenario internacional de reordenamiento de las fuerzas geopolíticas, que tiene como telón de fondo una disputa de hegemonía entre potencias globales centralizadas en los EE. UU. y China (BRICS).
La crisis actual incide sobre el patrón de enfrentamiento de la lucha de clases, fortaleciendo al capital financiero e imponiendo una correlación de fuerzas desfavorable para la clase trabajadora que pierde derechos históricamente conquistados. Ante el recrudecimiento de los mecanismos de dominación, las opresiones de género y raza tienden a intensificarse, juntoconla explotación y la ofensiva sobre la biodiversidad.
El capitalismo responde a la crisis con una ofensiva restauradora del neoliberalismo que busca atender a las nuevas exigencias de un patrón de acumulación depredador, en el sentido de la acumulación por desposesión. En la perspectiva de la burguesía, América Latina y en especial la Amazonía latinoamericana, es central para las estrategias de salida de la crisis, pues la dimensión financiera dominante, además de determinar la tasa de lucro de los proyectos industriales, necesita emprender una ofensiva sobre los bienes naturales. El objetivo es reeditar para América Latina el papel de proveedora de materias primas, transformando sus economías en cada vez más dependientes del agronegocio y de la minería.
En este sentido es estratégico i) el control de la energía, esencial para intensificar la productividad del trabajo; ii) la ofensiva sobre los bienes naturales como petróleo, minerales, agua, tierra, biodiversidad y aire que proporcionan ganancias extraordinarias, o por lo menos, el retorno casi inmediato de la inversión capitalista; iii) la apropiación de la plusvalía social recaudada por el Estado (lo que agudiza las disputas por gobiernos); iv) la ofensiva sobre los derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora; v) la ofensiva sobre las políticas sociales con impacto en la distribución del ingreso, que trae como consecuencia la escalada de la violencia, del racismo, de la intolerancia, del narcotráfico y de la economía ilegal; vi) la concentración del ingreso y de la tierra; vii) la dominación de corazones y mentes al imponer una derrota ideológica a la izquierda; y viii) la reforma del Estado para adecuarlo a las nuevas exigencias de la acumulación capitalista.
El contexto brasilero actual trae muchas incertidumbres a la vida social, al mundo del trabajo y a los derechos socio-territoriales. Todo el proceso político preelectoral que produjo el impeachment de Dilma Rousseff, contó con la articulación entre grupos económicos conservadores, el Poder Judicial, el Legislativo, y los medios de comunicación, que tienen como uno de sus objetivos ocupar las estructuras de poder que les permitan controlar los recursos naturales de la Amazonía. Entre estos grupos conservadores que organizaron el golpe están las elites nacionales e internacionales ligadas al agronegocio.
El agronegocio pasó a ser el gran paladín del gobierno de Temer en el Congreso Nacional, al mismo tempo que recibió el aval para evadir deudas billonarias, además de diversos beneficios de las más distintas áreas del gobierno. La ilegitimidad de Temer, sin embargo, impidió que buena parte de los cambios pretendidos por el agronegocio fueran implementados.
En las elecciones, los discursos del candidato vencedor dejaron claras sus intenciones en relación con la Amazonía, cuyas tierras se consideran moneda de cambio en el juego de las promesas políticas. Existe un interés especial, por los territorios indígenas, quilombolas y por las unidades de conservación en la Amazonía. La mayoría del agronegocio y de los terratenientes apoyaron desde el inicio la candidatura de Bolsonaro, respaldando un discurso ideológico de combate a los movimientos de lucha por la tierra, quilombolas e indígenas. También defienden abiertamente la destrucción de la legislación ambiental, incluyendo la liberación irrestricta de los agrotóxicos más agresivos y el fin del licenciamiento ambiental, dando prioridad a sus proyectos de infraestructura y financiamiento.
Está cada vez más claro, por lo tanto, que se opera en Brasil un ataque que articula intereses internacionales (del imperialismo, del bloque neofascista emergente y del capital financiero) con diversas fracciones de la burguesía nacional. Los objetivos son cada vez más claros: i) imponer a la clase trabajadora brasilera duras derrotas, implantado formas de explotación de la fuerza de trabajo cada vez más brutales; ii) saquear los bienes comunes del pueblo, como los minerales, el petróleo, la biodiversidad, el agua y la tierra, para servir a la dinámica rentista de la burguesía nacional y al carácter de acumulación por expoliación del gran capital transnacional; iii) apropiarse de la gran masa de plusvalía social acumulada en fondos (como el Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio – FGTS [creado para proteger a las y los trabajadores despedidos sin causa justificada] y el Banco Nacional de Desarrollo – BNDES), empresas estatales y sistemas públicos (Sistema Único de Salud -SUS y educación), privatizándolos o subordinándolos al capital financiero; iv) realinear Brasil y así, toda América del Sur, al dominio absoluto de los EE. UU.
Hubo mucha agitación alrededor de los temas ambientales: citas puntuales y genéricas, especulaciones, declaraciones, desmentidos, polémicas, negaciones, anuncios y reculadas, como ha sido en general la conducta de Bolsonaro desde la campaña. Así, para volver operativo el desmantelamiento de la política, sin el desgaste que representaría extinguir el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), se desestructuró de ese portafolio. Muchas de sus funciones fueron eliminadas y otras fueron retiradas y reasignadas a otros ministerios – pulverizando temas y desarticulando políticas – lo que en la práctica puede llevar a la ineficacia de diversas acciones del Estado.
No es de extrañar que un ruralista haya sido designado como ministro. Ricardo Salles, que responde a una demanda civil por modificar ilegalmente el plan de manejo de un área de protección ambiental (APA) para, supuestamente, favorecer intereses empresariales.
Así, vemos que las decisiones tomadas por el gobierno de Jair Bolsonaro van contra el proyecto de sociedad plural, del punto de vista de las identidades culturales, de las diferencias de género , color, y de las particularidades territoriales.
VOLVER