Ecuador: la Asamblea destituyó a los miembros títulares del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
84 votos en el Pleno de la Asamblea dejaron fuera del Cpccs a Túarez y otros tres consejeros
El Pleno de la Asamblea destituyó a los vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). José Tuárez (presidente), Rosa Chalá (vicepresidenta), Victoria Desintonio y Walter Gómez fueron censurados, luego de la interpelación en el recinto parlamentario.
La decisión se tomó con 84 votos a favor, 32 negativos y 8 abstenciones. Luego se pidió una reconsideración de la votación, moción que no pasó, con lo cual la destitución de los cuatro vocales quedó en firme.
Los consejeros afrontaron el proceso por incumplimiento de funciones, luego de que el 10 de julio decidieran conformar una comisión para que analice la designación de los integrantes de la Corte Constitucional, desacatando un dictamen que blindó las decisiones del Consejo transitorio.
Además, los asambleístas Jeannine Cruz, Raúl Tello, de la coalición Alianza País (AP), Creo y legisladores independientes, y Fabricio Villamar (Ahora), cuestionaron la falta de probidad de Tuárez, a quien acusan de haber supuestamente falsificado documentos para participar de la contienda electoral del 24 de marzo pasado.
Con los pies descalzos, Rosa Chalá se presentó ayer ante el Pleno de la Asamblea para defenderse del juicio político por incumplimiento de funciones como integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
“Acudo ante este Pleno con los pies descalzos, no por ostentar la dignidad de consejera, sino como una afrodescendiente de cimarrones, orgullosa de mis raíces, que han construido y forjado en nuestro país su presente. Es la expresión de donde vengo, de donde nacen las luchas sociales”, dijo.
Chalá fue la primera en llegar al Palacio Legislativo. Después lo hicieron Walter Gómez y Victoria Desintonio. La Policía Nacional reforzó las medidas de seguridad en el sitio, pues se preparaba para contener manifestaciones, pero no se dieron.
Tuárez llegó al último, al borde de la hora de convocatoria. Sin embargo, la sesión empezó 30 minutos más tarde, cuando en el hemiciclo estaban 107 de los 137 asambleístas. A diferencia de otras sesiones, no hubo pedidos de cambiar el orden del día.
El Presidente del Consejo de Participación fue el primero en defenderse ante el Pleno. Por momentos levantando su dedo índice calificó de “infructuoso e inservible” al juicio político y atribuyó el proceso al “odio o venganza personal”.
Aseguró a los legisladores que ese tipo de cuellos los puede usar “cualquier ser humano” y que no es exclusivo de los sacerdotes, a diferencia de la sotana. Él fue suspendido como integrante de una orden religiosa el año anterior, al decidir participar de las elecciones del 24 de marzo último.
“En los medios de comunicación y en la papeleta siempre yo estuve con el cuellito blanco, ahora estoy con corbata para que no insulten a los pobres curas, pero prefiero mejor vestir como laico”, enfatizó.
Tuárez y los tres consejeros se tomaron alrededor de tres horas en el hemiciclo para defenderse de las acusaciones presentadas en su contra por los asambleístas Fabricio Villamar, Jeannine Cruz y Raúl Tello, quienes los llevaron a juicio político.
Ellos negaron haber incumplido con sus funciones cuando, el 10 de julio pasado, decidieron conformar una comisión especial para revisar la designación de la Corte Constitucional, contrario a un dictamen del tribunal que blindó las resoluciones del Consejo transitorio.
“El reglamento del funcionamiento del Pleno del Cpccs determina que para que las resoluciones adoptadas en una sesión del Pleno surtan efecto, dicha acta debe estar aprobada en las sesiones siguientes, no es en el momento”, dijo Gómez, al argumentar que esto no ocurrió en este caso.
A diferencia del día en que fueron posesionados en el cargo, no hubo nadie en las barras altas del hemiciclo para respaldarlos. Solo los asambleístas correístas aplaudían sus intervenciones.
Los legisladores de la Revolución Ciudadana llevaron también una pancarta blanca con la frase “sepultureros de la Constitución y de la voluntad del pueblo”. El legislador del movimiento Ahora sostuvo que este era “el juicio final” para Tuárez, a quien acusó de mentir sobre su condición de sacerdote y lo llamó “el Alvarito del Consejo de Participación”. Villamar insistió en la falta de probidad de Tuárez. Henry Cucalón, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), dijo que “con sotana o sin sotana es un farsante”.
Desde el ala correísta, la asambleísta Gabriela Rivadeneira salió en defensa del Consejo y a sus contradictores los denominó “fósiles de la política”.
Según José Cabrera, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), la ley es clara al decir que los consejeros suplentes serán los que tomen los puestos que dejan los funcionarios censurados en la Asamblea. Es posible que esta semana se reúna el CNE para confirmar el procedimiento para que la Asamblea pueda posesionar a los nuevos consejeros de Participación.
La sorpresa de la jornada se vivió al final de la tarde, cuando la asambleísta Mae Montaño (independiente) pidió que se reconsiderara la votación en el juicio político de la exministra de Salud, Verónica Espinosa, que se llevó a cabo el pasado martes. El pedido fue aceptado con 89 votos.
En la reconsideración se consiguieron 92 afirmativos, 15 negativos y 13 abstenciones, con lo cual Verónica Espinosa fue censurada.
Una nueva mayoría se perfila en Participación
El futuro de los consejeros de Participación Ciudadana, José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá estuvo definido antes de la sesión de la Asamblea.
La mayoría conformada por Alianza PAIS, CREO y las bancadas de Integración Nacional y Acción Democrática, junto con el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, SUMA e independientes, adelantaron que apoyarían su destitución.
Para cumplir con ese objetivo necesitaban 70 votos, una cifra que no era difícil de conseguir para la mayoría que aseguró al menos el respaldo de 84 legisladores.
El primer vicepresidente de la Asamblea y miembro de la bancada de Integración Nacional, César Solórzano, ratificó que cuenta con los votos para la censura. “Sabemos las causales y es claro el incumplimiento de funciones. Votaremos con responsabilidad”.
Lo mismo anunció el asambleísta Guillermo Celi, de SUMA, quien sostuvo que se arrogaron sus funciones.
Sin embargo, esas acusaciones fueron rechazadas por Tuárez y sus tres colegas. Ellos aseguraron que su juicio es una maniobra para apropiarse del organismo. Pero la mayoría consiguió 84 votos para su salida.
Según la ley de Participación Ciudadana, los consejeros destituidos serán reemplazados por sus suplentes. Estos son Juan Xavier Dávalos, David Rosero, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.
Los cuatro fueron declarados suplentes por la votación que obtuvieron en las elecciones de marzo de 2019.
Si se concreta su llegada al Consejo, una de las consecuencias que parece inminente es la consolidación de una nueva mayoría alejada de los objetivos de Tuárez y los otros tres consejeros. Esto se puede esperar por los pronunciamientos públicos que han realizado Rosero, Bravo y Estupiñán.
Uno de ellos ocurrió el 26 de junio de 2019. Ese día, los vocales Christian Cruz, Sofía Almeida y María Fernanda Rivadeneira pedían una investigación contra Tuárez y declaraban que sus tres votos no eran suficientes para frenar a sus cuatro compañeros.
En ese pronunciamiento tuvieron el respaldo directo de Rosero, Bravo y Estupiñán. Incluso, los acompañaron en su rueda de prensa. Por eso, la actual consejera Sofía Almeida tiene la esperanza de que si Rosero, Estupiñán y Bravo llegan al organismo se unan y conformen una fuerte mayoría.
Si esto ocurre solo quedará por fuera Juan Javier Dávalos. Él se ha pronunciado públicamente a favor de las acciones que llevaron a Tuárez y sus colegas al juicio político en la Asamblea. Sin embargo, Almeida no se quiere adelantar al futuro, sobre todo porque “cada uno tendrá su criterio” y desconoce si pueden cambiarlo.
A Darwin Seraquive, exsecretario del Consejo de Participación Transitorio, le preocupa que se piense en una nueva mayoría. Para él, lo ideal sería no tenerla y que el trabajo sea consensuado entre los siete consejeros. “Con Tuárez teníamos una mayoría correísta, de crearse una nueva con el ingreso de los consejeros suplentes a qué partido político responderían”, recalcó Seraquive.
El exfuncionario no es optimista con el futuro del organismo y apuesta por su pronta desaparición. La conformación definitiva del Consejo de Participación se conocerá luego de la posesión de la Asamblea. Luego el primer reto será nombrar a su nuevo presidente.
Édison Burbano, secretario general del Consejo de Participación, explicó que la legislación dispone que ante la ausencia temporal o definitiva de los consejeros se promueva a quien obtuvo la mayor votación, y en este caso sería Juan Xavier Dávalos. Sin embargo, eso no definirá que sea el presidente porque para eso se necesitan los votos de sus compañeros.
Asimismo, el Consejo de Participación deberá afrontar los pedidos de la Asamblea para terminar con sus facultades para elegir autoridades nacionales y, con el posible referéndum, eliminarlo.
Durante dos meses, el Consejo de Participación sesionó por ocho ocasiones; le tomó alrededor de 60 días aprobar el reglamento de funciones de su pleno.
Asamblea reconsideró votación y censuró a exministra Verónica Espinosa
La asambleísta independiente Mae Montaño logró que Verónica Espinosa, quien se desempeñó como ministra de Salud entre enero de 2017 y junio de 2019, sea censurada este miércoles 13 de agosto del 2019 por incumplimiento de funciones.
Su moción tuvo el respaldo de 92 votos de entre 120 asambleístas presentes, incluso del correísmo, en la misma sesión que terminó en la destitución de José Tuárez, Victoria Desintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez como integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.
La censura se dio al segundo intento, pues 24 horas antes, su propuesta había alcanzado 89 votos, dos menos de los que se requerían para la sanción que impedirá a la exfuncionaria volver a ejercer cargos públicos por al menos dos años.
Montaño invocó a la Ley de la Función Legislativa que permite a un legislador pedir la reconsideración de una votación en la misma o en una siguiente sesión, lo que se configura en una especie de candado.
La legisladora presentó el pedido cuando al frente del hemiciclo estaba el segundo vicepresidente, Patricio Donoso (Creo) en el puesto que ocupa el titular de la Legislatura, César Litardo (AP).
Cuando Litardo retornó a la sala, Montaño le advirtió con apelar su Presidencia si no daba paso a la votación. En su mayoría los asambleístas de Alianza País no estaban dispuestos a dar paso a su pedido.
«No estaba segura de contar con los votos. Esto es como una medalla de oro. Dejamos todo en la cancha», dijo Montaño.
A su juicio, Espinosa incumplió sus funciones en la calidad de atención, compra de medicamentos y en las fallas detectadas en la aplicación de un lote de pruebas rápidas para la detección del VIH en la red de salud pública.
La moción incluye que el expediente sea remitido a la Contraloría y Fiscalía General del Estado.
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