Colombia: ya van 97 líderes indígenas asesinados durante el gobierno de Duque
Durante gobierno Duque han sido asesinados 97 comuneros indígenas: ONIC
El atentado del pasado 10 de agosto en Caloto contra integrantes de la Guardia Indígena, que dejó un saldo de tres comuneros muertos y siete heridos, se suma al total de 15 ataques cometidos contra esta comunidad según la ONIC. Este suceso y los 97 indígenas asesinados durante el gobierno Duque, dan cuenta de la realidad de los pueblos originarios en Colombia que los ha llevado a declarar un estado de emergencia.
Para Aída Quilcué, acompañante del proceso de derechos humanos del CRIC, se trata de una temática que no solo incumbe a los pueblos indígenas sino a los distintos sectores sociales del país, quienes deben acompañar su ejercicio de gobernabilidad propia, investigar la sistematicidad de los ataques contra sus líderes y revisar problemáticas como el narcotráfico en el departamento.
Quilcué señala que el vacío que queda tras la muerte de los integrantes de la guardia no solo afecta a sus familias sino al movimiento indígena en general, «nos están tocando en lo más profundo de nuestras cosmovisiones y nuestras raíces», afirma la lideresa al resaltar que el asesinato de guardias y de los mayores espirituales busca desastibilizar a las comunidades. (Lea también: Plan pistola en marcha contra líderes indígenas: ACIN)
Frente a los atentados, advierte que se trata de un problema estructural que se deriva de la importancia estratégica que tiene el territorio para muchos actores, entre estos las multinacionales a las que no solo se les han concedido licencias mineras sino de las que también ha derivado la presencia de grupos residuales que buscan desplazar a las comunidades para que las empresas tengan acceso total al territorio.
La resistencia ha sido milenaria y hoy no puede ser la excepción
Como respuesta a estos ataques, la integrante del CRIC destaca además que es necesario ofrecer a las comunidades garantías de protección colectiva, propuestas que ya han sido compartidas con el Gobierno y que pese a ello no se han visto materializadas. (Le puede interesar: Amenazan a líderes del CRIC y ACIN que participan en Minga indígena)
Aunque desde el Gobierno atribuyen estos ataques a disidencias de las Farc, como la columna móvil Dagoberto Ramos, también ha circulado a través de redes sociales un panfleto del Cartel de Sinaloa, atribuyéndose el atentado del pasado 10 de agosto. Cabe resaltar que la Guardia indígena junto a la Defensoría del Pueblo viene desde hace un tiempo alertando sobre la presencia de este actor armado en el territorio.
«Los pueblos originarios viene haciendo control territorial y eso no le gusta a quien tiene interés en nuestros territorios (…) la resistencia ha sido milenaria y hoy no puede ser la excepción» concluye Quilcué quien espera que el Estado no se escude en la autonomía de las autoridades indígenas sobre el territorio para no combatir el problema, pues se trata de un grupo que no solo actúa en esa región.
Indígenas reclaman intervención de la ONU y OEA por violencia en Cauca
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) rechazó, en un comunicado, el asesinato del profesor Orlando Gómez, quien se desempeñaba como rector de la institución educativa Agroempresarial Huasanó. El crimen ocurrió este lunes, en la vereda El Jagual, en el municipio Corinto.
«Es de gran preocupación que los grupos armados hayan declarado la guerra en el norte del Cauca al movimiento indígena, así como también a otros sectores como al gremio de transportadores y hoy con los educadores, quienes se esmeran por la educación de la niñez y juventud de este país», señala el Cric.
«Condenamos estos hechos de muerte y nos solidarizamos con sus familiares amigos y allegados. Este es un acto de absoluta barbarie, denunciamos ante la comunidad internacional esta violación del derecho a la vida en el marco internacional de los derechos humanos, instamos a las altas cortes internacionales a actuar frente a la gravísima situación de violencia», agrega este estamento.
Califica como un grave escenario de violencia y hace un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, a la Comisión de Paz del Senado, así como a la Organización de Naciones de Unidas (ONU). El Cric también reclama intervención de la Organización de Estados Americanos y demás organizaciones defensoras de derechos humanos.
La alerta emitida por las comunidades indígenas en Cauca se da por los hechos violentos registrados en lo transcurrido del año, que ya dejan 36 muertos, este lunes se dieron cita en Popayán la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, y autoridades de ese departamento.
Gutiérrez dijo que aunque las comunidades son autónomas en cuanto a su justicia, ante la situación crítica de amenazas y homicidios es necesario coordinar acciones entre el Estado y las comunidades.
“No miren a la Fuerza Pública como unos enemigos, porque ellos tienen la obligación de protegernos”, agregó.
La ministra Gutiérrez añadió que estas acciones violentas han sido atribuidas a disidencias de las Farc, por el control territorial.
Otra circunstancia que preocupa en el departamento son las más de 50 amenazas, entre panfletos y mensajes de textos, que llegan no solo a nombre de disidencias, sino de ‘Águilas negras’, ‘Clan del Golfo’ y hasta carteles mexicanos.
Por su parte, Óscar Campo, gobernador del departamento, planteó que los indígenas hacen control territorial y esto choca con los intereses de estructuras criminales del narcotráfico.
El gobernante dijo que detrás de estos ataques hay carteles de droga y estructurales criminales. «Los órganos de inteligencia están investigando», dijo
«Me sumo como Gobernador a no descansar en acciones que tienen que ver con incentivar económicamente información que permita dar con el paradero de los cabecillas que están al frente de estos grupos criminales, a pedir y demandar de la fuerza pública un accionar efectivo en el marco de los derechos humanos; porque no podemos permitir que siga creciendo este mal que nos agobia hoy en el departamento.», expresó Campo Hurtado.
Defensoría manifiesta preocupación por actos contra miembros de comunidades indígenas
La Defensoría del Pueblo de Colombia manifestó su «altísima preocupación» por los hechos de violencia en contra de líderes indígenas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.
«Los homicidios, amenazas y atentados contra la guardia indígena en el norte del Cauca obligan a todas las autoridades estatales a volcar su mirada y presencia en esta subregión suroccidental del país», dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en un comunicado.
Negret realizó el pasado sábado una visita a la aldea El Tierrero, en la parte alta del municipio de Caloto (Cauca), para constatar el «alto nivel de zozobra» al cual se encuentran expuestas las comunidades indígenas por cuenta de las acciones desplegadas por actores armados dedicados al narcotráfico.
La situación está descrita en ocho alertas tempranas que emitió la Defensoría, como se conoce al mecanismo mediante el cual la entidad acopia, verifica y analiza de manera técnica la información relacionada con hechos de vulnerabilidad y riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado.
También, Negret explicó que el viernes anterior se le comunicó a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) el riesgo que existe para miembros de la Guardia Indígena en municipios como Caloto, Suárez, Corinto y Miranda, todos en el departamento del Cauca.
Asimismo, indicó que se monitorean con atención «los hechos relacionados con las actividades de erradicación (de cultivos ilícitos) que se adelantarán en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca) y que según versiones preliminares podrían traer como consecuencia enfrentamientos entre población campesina y la fuerza pública».
Indígenas del Cauca se declararon este domingo en «asamblea permanente» y «emergencia territorial», al tiempo que pidieron la presencia del Gobierno central para dialogar sobre la violencia.
El Cauca es uno de los departamentos más conflictivos de Colombia por la presencia constante de grupos guerrilleros y bandas criminales de origen paramilitar dedicadas al narcotráfico que buscan controlar las rutas para sacar cocaína por el Pacífico.
Precisamente, dos indígenas murieron y cuatro más resultaron heridos este sábado en un ataque armado contra miembros de la Guardia Indígena que se movilizaban en autobús por una carretera del Cauca.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en Colombia al menos 462 líderes sociales fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado.
Mientras que un estudio de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC los asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con esa antigua guerrilla.
El pasado 19 de julio, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que algunos de sus líderes han recibido amenazas por parte del Cartel de Sinaloa, que según aseguró el organismo tiene alianzas con las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
