Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Jaime Zuluaga Nieto(*), especial para NODAL
En agosto de 2018, en la transición del gobierno de Juan Manuel Santos a Iván Duque, se congelaron las conversaciones que se adelantaban con el ELN desde febrero de 2017. Los dos avances más notables de las conversaciones fueron el “Acuerdo de Diálogos para la Paz” y la realización de cese del fuego bilateral temporal nacional que duró 101 días. El “Acuerdo” definió una Agenda de seis puntos cuyos ejes son la participación ciudadana para la definición de transformaciones democráticas para la paz, las víctimas y el fin del conflicto. Hay que destacar que en este Acuerdo por primera vez el ELN comprometió su posible salida de la guerra.
Durante las negociaciones se realizaron audiencias en las que participaron miles de personas de diversos sectores que propusieron mecanismos para hacer viable la participación ciudadana. La ausencia de un nuevo acuerdo de cese del fuego bilateral, que incluyera la exigencia gubernamental de renuncia al secuestro y la liberación de los secuestrados en poder del grupo insurgente, condujo al congelamiento los diálogos. El gobierno de Iván Duque condicionó el reinicio de las conversaciones a los resultados de una evaluación de los resultados de las conversaciones –hasta hoy se desconocen sus resultados-, a la declaratoria unilateral del cese del fuego por parte del ELN y la renuncia al secuestro.
Las conversaciones no se reiniciaron. El atentado del ELN a la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá llevó al desconocimiento de la Mesa de Conversaciones por parte del Gobierno y a la exigencia al gobierno cubano de entregar a las autoridades colombianas al equipo negociador, desconociendo los protocolos convenidos avalados por los garantes internacionales, de posibilitar el retorno de éstos a sus bases de operaciones en caso de ruptura de las negociaciones.
En las conversaciones adelantadas el ELN insistió en el diseño de un mecanismo de participación de la sociedad cuyas decisiones fueran vinculantes para las partes y se avanzara en su aplicación por parte del gobierno, acorde con lo definido en su Quinto Congreso de asistir “a este diálogo para examinar la voluntad real [de paz] del gobierno y del Estado colombiano; si en este examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas.”
El gobierno se niega a negociar con el ELN mientras éste no renuncie al secuestro, suspenda las que considera acciones criminales y continúe afectando la infraestructura petrolera con sus graves implicaciones ambientales. La persistencia en el recurso al secuestro como mecanismo de financiamiento y de presión política es un obstáculo para el reinicio de las negociaciones. La exigencia de renunciar a esta práctica inaceptable no es solamente exigencia gubernamental, es la exigencia de amplios y diversos sectores de la sociedad, es más, se trata de un imperativo ético político. Otra cosa, por supuesto, es la continuidad de las acciones guerra, cuestión inherente a una situación de éstas, siempre que se ajusten al derecho internacional humanitario. Su suspensión, ojalá definitiva, debería ser el resultado del desarrollo de las negociaciones. Por su parte el ELN considera que estos condicionamientos son inaceptables y que solamente mediante un acuerdo entre las partes se podría llegar a su concreción.
En estas condiciones las posibilidades de retomar el “Acuerdo de diálogos para la paz” son remotas. Para ello el ELN debería atender la exigencia de las comunidades de liberar a los secuestrados y renunciar a esta práctica ominosa y a acciones que afectan a la sociedad cuya participación en la negociación reivindica. A su vez el gobierno debería dar muestras de efectiva voluntad de alcanzar el fin de la confrontación armada mediante las negociaciones y no mediante el retorno a la guerra.
El asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP, así como la ausencia de presencia estatal para garantizar condiciones de vida digna y seguridad para la población en las zonas dejadas por las FARC-EP configuran un contexto que se convierte en un obstáculo más para retomar la negociación política con el ELN.
(*) Profesor universitario.
