A un año del allanamiento: los 38 expedientes de abuso sexual en el Arzobispado de Santiago
Fue una diligencia inédita en contra del arzobispado más grande del país. Hace poco más de un año, exactamente el 12 de julio de 2018, la Fiscalía de O’Higgins y el OS-9 de Carabineros allanaron las dependencias de la Iglesia de Santiago. Se llevaron carpetas y cajas con investigaciones a religiosos, algunas desconocidas hasta ahora.
¿Qué fue lo que encontraron? En total, había 38 expedientes con denuncias contra sacerdotes y la tramitación que realizó la institución eclesial en cada caso.
Estas carpetas revelaron una realidad a la que pocos tenían acceso: denuncias por presuntos abusos y violaciones cometidos por miembros de la Iglesia, hechos que datan desde 1995. Incluye a 37 sacerdotes, dos religiosas y dos laicos. Según los registros, hay al menos ocho actos que habrían ocurrido en colegios. Entre las víctimas, hay 40 menores de edad y nueve mayores.
El allanamiento ocurrió en un momento complejo para la Iglesia local. El llamado Informe Scicluna, que recopilaba testimonios y casos de presuntos abusos por miembros del clero en Chile, estaba en manos de la máxima autoridad de la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal completa había presentado su renuncia al Papa Francisco.
Entre el material incautado en Santiago existía una decena de causas por delitos sexuales ya conocidas públicamente, las que están en proceso de investigación por el Ministerio Público y también por la Iglesia en el ámbito canónico. Allí se encontró, por ejemplo, el caso del fallecido premio nacional de Educación Hugo Montes, querellado por un exalumno del Colegio San Esteban Diácono, de Vitacura.
La diligencia también dio con la carpeta contra el excanciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz, para quien la fiscalía pidió 41 años de cárcel y se fijó una audiencia de preparación de juicio oral para el 4 de septiembre. Otro es el caso de Tito Rivera, acusado de una supuesta violación en la Catedral de Santiago, quien fue formalizado el 29 de marzo y que, en paralelo, se encuentra con una investigación eclesial en curso en la que se solicitó su dimisión del estado clerical.
A estos se suman las causas abiertas, pero aún desformalizadas, contra los presbíteros Jorge Laplagne, Diego Ossa y Pedro Quiroz. Estos casos están siendo tramitados también por la justicia canónica.
Además, la fiscalía se encontró con expedientes que cuentan con sentencias judiciales, como el del legionario de Cristo John O’Reilly y el del sacerdote de la congregación Verbo Divino Richard Aguinaldo. Ambos fueron condenados por abusos a menores en 2014 y 2012, respectivamente.
Sin embargo, la mayoría de los casos que se descubrieron no eran de público conocimiento. Se trata, a modo de ejemplo, de los expedientes en contra de los sacerdotes Juan Pablo Gómez, Adrián González, Roberto Guzmán y Héctor Valdés. Son causas que comenzaron a ser investigadas penalmente recién cuando el material fue incautado de las dependencias de la Iglesia de Santiago por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.
Denuncia desde África
En junio de 2016, 16 voluntarios de la Corporación Mozambique, en África, enviaron una carta al Arzobispado de Santiago dirigida al cardenal Ricardo Ezzati. En la misiva denunciaron actos abusivos de violencia sicológica, física, económica y sexual por el sacerdote Roberto Guzmán.
La investigación previa concluyó en marzo de 2017 y se consideraron verosímiles las denuncias de abuso de potestad eclesiásticas y conductas impropias de orden sexual con mujeres jóvenes. Luego, en mayo de 2018 se inició un proceso penal judicial en contra de Guzmán.
Al respecto, desde la Delegación Episcopal para la Verdad y la Paz del Arzobispado de Santiago señalaron que hay un proceso canónico en desarrollo por denuncias de presuntos abusos de poder y sexuales contra adultos.
En la casa de Schoenstatt
El 17 de junio de 2005, Ezzati recibió una carta de J.M.V., quien denunció por presuntos abusos -entre 2001 y 2004- al sacerdote Adrián González. Dijo que los hechos ocurrieron en la Casa de Retiro San José, del Santuario de Schoenstatt, en La Florida.
En julio de ese año, el cardenal le envió una carta a González para informarle de la denuncia en su contra y le pidió que “no admita a vivir bajo su techo a jóvenes. Es necesario actuar con la mayor prudencia ante un público cada vez más suspicaz en esta materia”.
En agosto de ese año, González le escribió a Ezzati que no entendía la errónea interpretación del denunciante respecto de conductas de afecto. En julio de 2013 volvieron a denunciar a González por supuestos abusos. La presunta víctima fue J.R.F., quien lo acusó de hechos ocurridos en Antofagasta en 2011. El 17 de julio de 2013 se dictó una investigación previa, que resolvió que ambas denuncias eran verosímiles.
Desde la Delegación Episcopal para la Verdad y la Paz indicaron que, luego del proceso administrativo en 2014, se le sancionó por conductas impropias con adultos y se le restringió el ejercicio del ministerio sacerdotal por cinco años.
Sacerdotes de Colombia
El 20 de enero de 2017, F.M.G. denunció ante el vicario judicial de Santiago a los sacerdotes Juan Pablo Gómez y Jesús Norbey, incardinados en Manizales, Colombia. Los hechos, según el denunciante, ocurrieron en 2013.
La investigación previa concluyó que había resultados verosímiles de conductas impropias de Gómez y se enviaron los antecedentes a Colombia para que la investigación previa sea ejecutada allá. En el organismo receptor de denuncias de la Iglesia de Santiago explicaron que desde 2015 ambos sacerdotes no tienen encargo pastoral en la capital y que retornaron a sus diócesis de origen.
En estos casos, la Fiscalía Centro Norte ya ha realizado diligencias, como tomar declaraciones a testigos, requerimientos de información a establecimientos educacionales e instrucciones al OS-9.
Exarzobispo Cox suma cuarta víctima conocida en Chile
Desde el 19 de febrero que no sabemos prácticamente nada. Ese día, en la sala 2 del Juzgado de Garantía de La Serena, se llevó a cabo la primera y única audiencia –hasta ahora- en el denominado caso Cox.
Tras media hora de alegatos, en los que intervino el Fiscal Regional, Adrián Vega, la abogada de las víctimas del ex arzobispo de La Serena, Josefina Gutiérrez, y la defensora penal pública Rosa Álvarez -en representación de Cox-, finalmente el juez Alain Maldonado determinó que la jurisdicción en el caso correspondía al sistema de justicia antiguo, anterior a la reforma procesal penal, liberando así al Ministerio Público, y traspasando la responsabilidad de la investigación a un juez del crimen, quedando a cargo el ministro de la Corte de Apelaciones, Christian Le Cerf.
¿Sin avances?
Ya en el mes de abril una de las víctimas de Francisco José Cox, Hernán Godoy (46), acusaba una falta de celeridad en la investigación, y ningún resultado luego de dos meses desde la audiencia. Ahora, a casi seis meses reafirma su postura, aduciendo que al ex religioso, hoy expulsado de la iglesia Católica, lo seguirían protegiendo.
Esto, sobre todo luego de conocer las declaraciones de Patricio Moore, el vocero de los Padres de Schoenstatt, congregación a la cual pertenece Cox, asegurando que el imputado por abuso sexual a menores todavía no era citado a declarar, y que no sabía si aquello se produciría debido al supuesto estado senil del otrora sacerdote.
5 Son las víctimas de Francisco José Cox, que se conocen. Cuatro en Chile y una en Alemania.
Para Godoy, esto no tendría asidero. “Creo que se trata de una justificación, para que él siga tranquilo en la casa donde lo tienen escondido. Siento rabia, porque a mí me han llamado a declarar seis veces, tanto el juez como la PDI, y a él nunca le ha llegado ni siquiera una citación. Da la sensación de que lo estuvieran investigando a uno, y no a él”, precisó.
Sigue sin noticias y asegura que la incertidumbre lo tiene mal. “Lo peor que pudo haber pasado es que mi caso lo estuviera investigando la justicia antigua, porque es muy hermética, poco humana y las víctimas quedamos en la más absoluta incertidumbre. No sabemos si esto avanza o no”, manifestó Godoy.
A la espera
Efectivamente, consultados en el Poder Judicial reiteraron que al estar bajo el sistema penal antiguo, el caso es reservado, por lo que a Godoy no le quedará otra salida que, tal como él mismo lo asegura, armarse de paciencia y esperar.
Pero no sólo él es quien está atento a lo que pueda pasar. Abel Soto, la otra víctima de Cox cuyo caso se encuentra judicializado, también espera novedades, aunque asegura, desde Chillán, “sin ansias, porque sé que es un proceso lento”. Pese a que la investigación en torno a su situación la lleva al Ministerio Público, no se descarta que en algún minuto ambos casos, tanto el de Soto como el de Godoy, sean vistos como un todo y queden en manos del juez Christian Le Cerf.
“Nosotros exigimos que se presente”
Josefina Gutiérrez, la abogada de la Fundación Para la Confianza, que representa tanto a Hernán Godoy como a Abel Soto, confirma que no tienen novedades respecto al avance de la investigación, principalmente en el caso de Hernán, “ya que al estar bajo el sistema antiguo no tenemos acceso a la carpeta investigativa”, pero dice estar tranquila ya que los tiempos se ajustan a lo que se esperaba en diligencias que son complejas. “Es normal que las víctimas quieran tener resultados lo más pronto posible, y en eso entiendo a Hernán, pero lo cierto es que nosotros estamos muy tranquilos, y si el tema ha demorado, no nos extraña, porque desde el principio sabíamos que iba a ser así”, manifiesta.
Respecto a la posibilidad de que Cox no se presente a declarar en su minuto, o no sea sometido a juicio por un eventual deterioro de su estado mental, expresó que como parte acusadora agotarán todos los medios por contar con su testimonio y que enfrente a la justicia. “Nosotros consideramos que es indispensable que se le tome declaración para saber cuál es su real estado de salud. Por lo demás, esto sería bastante reparatorio para las víctimas, el sólo hecho de ver que es involucrado en las diligencias del proceso, así que como querellantes estamos exigiendo las declaraciones del señor Cox”, enfatizó Gutiérrez.
Un nuevo caso en Chillán
En medio del proceso en contra del ex religioso, el cual avanza de manera “lenta” según las víctimas, en la Región de Ñuble un nuevo caso que tiene como protagonista a Francisco José Cox, ha estremecido a la comunidad. Se trata del abuso sexual en contra de un menor de 11 años, quien habría sido víctima del ex religioso entre los años 1975 y 1981, tiempo en el que Cox fue Obispo de Chillán para posteriormente ser enviado a Roma y luego recalar en La Serena.
Este abuso no ha llegado a la justicia ordinaria, ya que, de acuerdo a fuentes de Diario El Día en Chillán, la familia no ha querido denunciar debido a que son muy católicos, y han canalizado todo mediante la justicia eclesiástica. De hecho, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano a través de una denuncia efectuada en agosto del 2018 por el ex obispo de Chillán, Carlos Pellegrin. Incluso, se dice que este antecedente habría sido clave para que el Papa Francisco determinara la expulsión de Cox del clero.
Ribetes estremecedores
El caso de Chillán, mismo lugar donde fue abusado Abel Soto, sería el quinto que se conoce públicamente cometido por Cox (el cuarto en Chile). Se suma el del propio Soto, además de Hernán Godoy, ambos casos judicializados, un abuso cometido en Alemania, y el de Edison Gallardo, quien fue víctima en La Serena.
Según información a la que tuvo acceso este medio, lo vivido por el menor de 11 años habría sido desgarrador, ya que habría sido abusado por dos sacerdotes. “Primero cayó en la garras de Cox, cuando era muy pequeño y cuando él se va, otro religioso le hizo lo mismo. Esto habría sido sistemático a lo largo del tiempo”, indicaron fuentes desde la Región de Ñuble.
Tal como es la tónica en estos casos, la víctima denunció sólo años después lo que le había ocurrido, ya siendo adulto, cuando el delito ya se encontraba prescrito.
Jamás habría podido superar el trauma y el año pasado, con más de 40 años de edad, el hombre se quitó la vida.
Delitos no podrían ser juzgados
Pese a que las investigaciones se están llevando a cabo, y las víctimas tienen la esperanza de que exista una condena, ésta no podría hacerse efectiva aunque Cox sea declarado culpable. Claro, la Comisión mixta del Congreso aprobó la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a menores, sin embargo, no consideró su aplicación retroactiva como pretendía un grupo de diputados, por lo que la ley sólo podría aplicarse una vez que sea promulgada.
“Falta celeridad”
Desde la Agrupación de Laicos Juan XXIII, su vocero, Juan Rojas Palma, pone el acento en la poca celeridad que ha tenido el proceso de Cox, según dice, debido a que sus redes de protección todavía estarían operando. “Aquí no se ha llamado a declarar ni a Cox, ni tampoco a los ex obispos, algo que me parece insólito porque a nosotros, los civiles nos llamaron antes y, en mi caso, ni siquiera estaba en esos años”, precisa.
En ese sentido, hace un llamado a la justicia. “Creo que debiesen ser más humanos, porque mientras el tiempo pasa, quienes sufrieron los abusos tienen que recordar, tienen que revictimizarse, y no tienen ninguna reparación”, insistió.
