Puerto Rico: presentan documentos que incriminan a Wanda Vázquez la sucesora a la gobernación
Documentos revelan Wanda Vázquez violó la ley
Documentos en poder de En Blanco y Negro con Sandra constatan que Vázquez incurrió en una serie de delitos y violaciones de ley que conllevan prisión por negarse a investigar el escándalo de los vagones en la distribución de los suministros con ayuda tras el huracán María. También hay prueba documental que coloca a Vázquez negándose a investigar un caso referido por el exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, relacionado un esquema de venta de influencias en el otorgamiento de licencias para negocios vinculados a la Junta del Cannabis Medicinal. Ese esquema toca a La Fortaleza.
En el proceso Vázquez actuó como abogada de Rosselló, colocando en segundo o tercer plano al pueblo en el momento de mayor crisis. Esto explica además por qué razón ella optó porque fuera La Fortaleza en donde se determinaban cómo se investigarían los asuntos criminales, evitando así que casos controversiales cayeran en Justicia.
Los documentos incluyen copias de correos electrónicos, mensajes de chat, documentos de empresas vinculadas al Cannabis Medicinal, reglamentos, un informe hecho por Maldonado y un referido a Justicia.
Los documentos evidencian que Vázquez cometió una serie de delitos como la violación del Artículo 262 del código penal de incumplimiento del deber, el Artículo 263 negligencia en el cumplimiento del deber y el Artículo 280 de encubrimiento por negarse a investigar las irregularidades y traqueteos relacionados con el programa de Unidos por Puerto Rico de ayuda a los damnificados por el huracán.
Caso de los vagones
Mientras miles de personas morían, o pasaban hambre y sed tras el huracán María, trascendió públicamente que se desviaron vagones con suministros para beneficiar a personas del gobierno. Meses mas tarde, hubo voces en el gobierno encabezadas por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que exigieron que se llevara a cabo una investigación para hallar el porqué las ayudas no llegaron, lo cual a todas luces era ilegal.
En ese proceso, Vázquez adjudicó sin realizar una investigación, que no hubo comisión de delito con el tema de los vagones. Dicha acción constituye un abandono de su rol como secretaria de Justicia. Demuestra además un interés de no descubrir la verdad para proteger y beneficiar a la Primera Dama Beatriz Rosselló, y a los demás miembros de la junta vinculados al proyecto de Unidos por Puerto Rico, que era la organización que se creó para distribuir los fondos entre los damnificados.
“Me enviaron un borrador de comunicado de su oficina sobre el informe de los vagones. No tengo los elementos para opinar del mismo. Entiendo debe ser la OSG quien divulgue los resultados al pueblo. Desconozco la metodología y el proceso llevado a cabo. De hecho, si no hay conducta criminal, no se debe referir a Justicia”, sostuvo Vázquez en un intercambio en un chat con el exsecretario de la gobernación Raúl Maldonado.
Maldonado contestó: “Ok, cambio el comunicado y no envío el informe a Justicia. Hablamos mañana, y gracias por sus comentarios”. A esto Vázquez respondió: “Es lo mejor. Que no haya acción criminal y no requiere intervención de Justicia. Así no me ponen en posición de investigar y emitir opiniones”.
Caso de Cannabis Medicinal
El segundo caso se relaciona a la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal donde Vázquez supo de un esquema de venta de influencias entre otras violaciones de ley, según se evidencia en los documentos en nuestro poder. Hasta el día de hoy, Vázquez no ha realizado la investigación requerida, ni tampoco actuó la jefa de fiscales Olga Castellón. Esto plantea un patrón de procesamiento selectivo y doble vara al momento de investigar casos de corrupción.
Este caso se remonta a una serie de presiones indebidas y conflictos de interés cometidos por la exasesora del gobernador en el área de desarrollo e infraestructura, María Palau y su esposo, el abogado José Giovanni Ojeda Rodríguez.
Los documentos constatan que el matrimonio intentó y presionó para que se le otorgaran unas licencias para la operación de centros de cannabis medicinal a unas 69 empresas vinculadas a intereses de Ojeda Rodríguez.
Palau trató de que el director del Junta de Cannabis Medicinal, Antonio Quilinchini, entregara las licencias sin el debido proceso, a lo que éste se negó consistemente. Además, ella redactó 3 resoluciones para la firma de Quilinchini que él tenía que firmar, alegando que era por instrucciones del gobernador.
A principios de 2017 se llevaron a cabo tres reuniones en La Fortaleza con la entonces subsecretaria de la gobernación, Itza García, y Quilinchini. En las reuniones estuvo presente Ojeda Rodríguez, quien daba opinión sobre cómo trabajar los asuntos del cannabis medicinal, cuestionaba las acciones de Salud, recomendaba empresas a contratar, la cancelación de contratos y que se dieran licencias empresas nuevas. Ojeda Rodríguez no trabaja en el gobierno.
Quilinchini se negaba a seguir las instrucciones de Ojeda Rodríguez y de Palau, quienes decían que representaban al gobernador Rosselló. Posteriormente, Palau y su esposo comenzaron un patrón de presiones hacia Quilinchini para que se reuniera con empresas y les concediera licencias para operar dispensarios de cannabis. Palau además cabildeó en La Fortaleza para que el gobernador destituyera a Quilinchini y nombrara en su lugar a alguien que le respondiera a ella.
Enterado de las irregularidades, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, llevó la preocupación ante el entonces secretario de la gobernación Maldonado, quien primero se entrevistó con Quilinchini. En la reunión estaban varios abogados que redactaron una relación de hechos. Maldonado decide llevar el caso al gobernador Rosselló para que no le afectara, pero el mandatario lo descartó como si fuera un “chisme”.
Pero Maldonado seguía preocupado por el vínculo de Palau con La Fortaleza y cómo esto podría afectar a Rosselló, por lo que conversó el asunto con el amigo del gobernador, Elías Sánchez y con exasesor legal Alfonso Orona. Orona le dice que no refiera a Justicia. Sin embargo, Maldonado lo hizo. Lo discutió con Vázquez y con Olga Castellón. Esta última dice que hay que destituir a Palau, pero no hicieron nada.
Según el tracto documental, estos eventos ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2017, coincidiendo con la investigación por el escándalo del chat de WhatsApp, que terminó con la salida de García y William Villafañe de La Fortaleza. Una investigación colateral que provocó dicho caso para la misma fecha, fue en la que se cuestionó la intervención de Vázquez como secretaria de justicia para tener control del proceso en el cual su hija y yerno fueron “perjudicados” de un escalamiento en Gurabo. La residencia escalada era alquilada a la abuela del yerno, y uno de los escaladores era su primo hermano. Esto desembocó en la acusación de un FEI a Vázquez, que terminó con una determinación de no causa en la vista de Regla 6.
Hoy, ante la crisis fiscal que vive Puerto Rico, la renuncia del gobernador Rosselló y la ausencia de un secretario de Estado en propiedad, se sabe que Vázquez será nombrada gobernadora. Resta preguntar si está capacitada para el cargo ante tantos señalamientos de violaciones de ley. Maldonado fue despedido del gobierno cuando dijo que había una mafia institucional. La pregunta es: ¿A cuál mafia institucional se refería Maldonado, a la de Hacienda, o la de Justicia o todas?
Wanda Vázquez, ¿gobernadora?
Wanda Vázquez ha sido una figura central en los escándalos de esta administración y el más reciente no es la excepción. Ella supo del chat de Telegram al menos desde el 9 de julio, pero no fue hasta el 15 de julio, según la propia declaración jurada presentada al Tribunal de San Juan por el Departamento de Justicia, que vino a abrir una investigación al respecto su agencia.
De hecho, anunció tardísimo que se iba disque a inhibir del proceso, pero iba a dejar a Olga Castellón, la subsecretaria, a cargo de todo.
O sea, en vez notificar al FEI que ellos investigaran el asunto, en vez de notificar que se iba a escoger un fiscal especial o un investigador independiente donde las tres escuelas de Derecho hicieran un comité investigador, ella quiso mantener control bajo su mandato.
Sabiendo de su estrecha relación con Elías Sánchez y que, hasta la esposa de Elías, Valerie Rodríguez, fue su asesora por años, ella prefirió dañarle la reputación al departamento aún más y no le importó las dudas que se iban a lanzar.
Como abogada ella sabe que la orden para solicitar los celulares y su entrega se escribió al garete, y que, si ya tenía causa para hacer esa gestión, tenía que informar de inmediato al FEI para los términos de investigación, no lo hicieron.
Si algo un abogado y especialmente alguien que ha sido fiscal debe apreciar, es el prestigio que debe tener el Departamento de Justicia.
A esos fiscales se les ha dado la prestigiosa responsabilidad y el enorme privilegio de poder procesar criminalmente, o sea, son los únicos que pueden dar seguridad en las calles y a la vez lograr que alguien pierda su libertad.
Pero si de verdad hubieran investigado esto, hubieran al menos salvado cara. Ni eso. A ellos no les interesa la imagen y la ética, como su esposo el juez de Caguas que llamó a un agente y lo citó en su sala y le pidió ayudar a su pareja como testigo (a lo que el Tribunal Supremo dijo que no había nada malo).
La secretaria de Justicia y su subalterna esperaron con toda la paciencia del mundo empezar a investigar el asunto del chat de Telegram sabiendo que el propio gobernador había admitido que había borrado la evidencia y por tanto la investigación peligraba.
Este comportamiento irresponsable, que raya en encubrimiento, contrasta totalmente con su comportamiento al perseguir a otros con los cuales no estaba de acuerdo.
Por ejemplo, se me ocurre el trato desproporcional de sus fiscales para perseguir a la pobre niña de 11 años que empujó a una compañerita en la escuela y le tiraron encima todo el peso del Estado hasta en los tribunales apelativos.
Wanda hizo lo mismo con Leo Aldridge cuando lo arrestaron por intervenir con el interrogatorio de una persona en medio de una intervención donde requirieron su presencia como abogado y le metieron ocho fiscales en la vista para perseguirlo y clavarlo cuando era un caso bastante simple.
En fin, a quien único Wanda le ha metido mano ha sido por motivaciones estrictamente políticas. Le metió mano enseguida a los del chat de WhatsApp con quienes tenía diferencias en La Fortaleza y al sacarlos del medio le quitaba el obstáculo a Elías Sánchez para repartirse más fácil el bacalao del Gobierno, porque Itza García y William Villafañe eran los únicos que tenían algún obstáculo a las pretensiones de Elías.
Le cayó encima al alcalde de Patillas por unas cajas de suministros de FEMA, pero cuando decenas de millones de suministros fueron botados y mal utilizados los furgones de Unidos por Puerto Rico no hizo nada y, por el contrario, ayudó a encubrir el asunto diciendo que no le fue referido lo que evidentemente era delito.
Tristemente, Wanda ha sido una politiquera de lo peor y lo triste es que se le dio una preciosa oportunidad, una que sueñan casi todos los abogados.
De hecho, los fiscales que se opusieron a llevar el caso contra Itza García porque entendían que era un rancho y no había caso, fueron removidos o sacados de sus posiciones.
Por eso es por lo que los puertorriqueños jamás la hubiesen elegido gobernadora. Su carácter es todo lo opuesto a la justicia que se supone represente.
Pero al igual que con el chat, su comportamiento fue irresponsable cuando no hizo algo con las investigaciones de los vagones, de Whitefish, de los contratos de Piñol, de las denuncias sobre Elías Sánchez, las denuncias sobre la compra de atún cristalizado para los niños en los comedores escolares adquirida a una empresa de un pana del PNP que ni autorizado estaba para vender alimentos a Educación, la corrupción conocida en Toa Baja bajo el pasado alcalde Vega Borges, la corrupción en el Centro Comprensivo contra el Cáncer, la corrupción en las subastas de Edificios Públicos a través de AFI.
Por esto es por lo que debemos indignarnos de que Ricardo Rosselló trancara el juego políticamente al sacar al secretario de Estado, Luis Rivera Marín, y dejó al parecer su peor burla para el final. Lo peor de su obra es dejarnos rehenes de Wanda Vázquez.
Todos debemos sorprendernos de que después de lo ocurrido en las pasadas semanas no se le caiga la cara de vergüenza a los legisladores del PNP al permitir esto.
Conoce la trayectoria de quien pudiera ser la nueva gobernadora de Puerto Rico
Tras la dimisión de Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez se convertiría en la nueva gobernadora de la isla.
Y es que de acuerdo con la Ley 7 de 2005, cuando ocurra una vacante en el cargo de gobernador, el secretario de Estado asumirá la posición hasta que culmine el término y un nuevo gobernador o gobernadora sea electo. Sin embargo, en caso de que también exista una vacante en esta silla, la siguiente en sucesión es el secretario de Justicia.
Vázquez, por su parte, fue nombrada por Rosselló como secretaria de Justicia en noviembre de 2016. Su carrera como abogada en el gobierno comenzó en la División Legal del Departamento de Vivienda. La funcionaria también fungió como fiscal por 20 años. También fue fiscal de distrito de Bayamón y entre sus casos más notorios estuvo el proceso judicial de la Masacre de Pájaros en Toa Baja. Durante este caso hizo imputaciones antiéticas contra el entonces juez Juan José Delgado.
En 2010, fue nombrada como Procuradora de la Mujer tras la salida de Ivonne Feliciano durante la administración de Luis Fortuño. Su gestión frente a esta dependencia también se vio empañada de críticas por el manejo de casos de violencia doméstica. Al ser nombrada por Rosselló para dirigir el Departamento de Justicia, diversas organizaciones feministas denunciaron su designación por su gestión como Procuradora de la Mujer.
En el 2018 volvió al ojo público en medio de la controversia tras la revelación del chat de Whatsapp en el que se le asignó un Fiscal Especial Independiente (FEI) al exjuez Ernesto Ramos Sáenz por compartir información de casos mientras fungió como juez municipal. En el chat había integrantes del gabinete de Rosselló como el entonces secretario de la gobernación William Villafañe.
En diciembre de 2018, el FEI sometió una querella contra Vázquez por supuestamente intervenir en una investigación criminal relacionada a un robo domiciliario en casa de su hija. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2018, la jueza Superior, Yazdel Ramos Colón encontró no causa para arresto el viernes, Vázquez. En medio de la controversia por el chat de Whatsapp y por su señalamiento de un FEI, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz mostró en varias ocasiones su rechazo a la gestión de Vázquez como secretaria de Justicia. Inclusive, pidió su renuncia al puesto.
La polémica entre Vázquez y Rivera Schatz fue eje de discusión en el chat de Telegram entre Rosselló y sus principales asesores. En el intercambio de mensajes se puede apreciar que Rosselló sugirió irse de viaje junto al entonces secretario de Estado Luis Rivera Marín para dejar a Vázquez como gobernadora interina y provocar el disgusto de Rivera Schatz.
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