Mike Pompeo consolidó en Argentina los intereses y la estrategia de la política estadounidense – Por Juan Guahán
Por Juan Guahán*
Está terminando la gira latinoamericana –corta pero no intrascendente- de Michael Richard “Mike” Pompeo, el Secretario de Estado de EEUU. Argentina, Ecuador, México y El Salvador fueron sus escalas; el terrorismo, Venezuela, inmigración ilegal y narcotráfico, los temas principales de su agenda. Su objetivo fue tratar de consolidar los intereses y la estrategia de la política estadounidense en la región.
En Argentina la visita fue coincidente con el 25 aniversario del atentado a la mutual judía de AMIA en Buenos Aires, razón por la cual el Secretario de Estado homenajeó a esa entidad desde la sede de la Cancillería argentina, en el marco de la «Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo». El Primer Encuentro se realizó en Washington, en diciembre pasado.
Pero ¿quién es “Mike” Pompeo? Desde la asunción de Donald Trump y hasta su designación como Secretario de Estado (26 abril 2018) fue el Jefe de la CIA. Desde ese cargo planteó la conveniencia de un espionaje masivo y proclamó la necesidad de darle a esa institución un carácter “agresivo, brutal, despiadado e implacable”, como se lo recordara en estos días la prensa internacional.
Es un miembro importante del Tea Party, un agrupamiento ultraconservador del conservador Partido Republicano. Enemigo declarado de Cuba, Venezuela e Irán, de su boca salen declaraciones que causan regocijo en la prensa: Pompeo acusó a Cuba de ser “el verdadero imperialismo en Venezuela” y mostró su satisfacción ante el conocido apagón que padeció Venezuela, en cuya producción los EEUU habrían intervenido.
Pero su fama va más allá de esas rimbombantes declaraciones. En medios periodísticos y en la página de Wikipedia se deja constancia que se hizo conocido en la Cámara de Representantes (diputados) por presentar proyectos de ley favorables a los dos hermanos Koch, que financiaron sus campañas electorales y que tienen una fortuna estimada en cerca de 48 mil millones de dólares, cada uno de ellos.
El macrismo y los “deberes” que tuvo que hacer
Entre las “tareas” que el gobierno argentino debía concretar previas a esta visita figuran los juicios en ausencia, las acciones contra Venezuela y el registro de terroristas y la condena a Hezbollah.
Los juicios en ausencia y las acciones contra Venezuela
El gobierno sigue interesado en satisfacer los requerimientos del Estado de Israel y sus aliados en el gobierno de los EEUU. En ese camino quiere llevar a juicio a los iraníes acusados del atentado de la AMIA. Como los mismos no están a disposición de la justicia argentina, sería necesario hacer juicios en ausencia, que no están contemplados en el sistema legal del país.
Pues bien, esta semana, el gobierno consiguió dictamen favorable de una Comisión de Diputados autorizando tales tipos de juicio en los casos de genocidio, delitos de lesa humanidad, terrorismo y narcotráfico. De todos modos, en el sistema penal, tales juicios serían inconstitucionales, por violar la defensa en juicio y porque se pretende que la norma que los crea tenga efectos retroactivos.
También se anunció que el próximo 23 de julio se realizará en Buenos Aires una nueva reunión del “Grupo de Lima”, donde confluye la vanguardia de los países de la región que quieren acabar con el actual gobierno venezolano. En esa tarea Macri fue un adelantado y así fue considerado por Trump.
Por último, miembros de la delegación de Pompeo se reunieron en Buenos Aires con representantes del gobierno ficticio de Juan Guaidó y miembros de la comunidad venezolana afín a ellos.
El registro de terroristas y la condena a Hezbollah
Por el Decreto 489/19 el gobierno creó Registro Público de Personas o Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (REPET). Ese decreto es complementario de otros dos (486 y 487) por los cuales se prorrogan los plazos para las indemnizaciones para las víctimas de la AMIA y se estableció, por ese mismo hecho, al jueves 18 como Día de Duelo Nacional.
En ese Registro se inscribirán, a instancias de distintos estructuras del Estado (Cancillería, el Ministerio de Seguridad, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, de la Unidad de Información Financiera –UIF- y la Dirección de Migraciones), las personas reales y/o jurídicas que sean denunciadas, acusadas o condenadas por actividades terroristas. En el texto se usa la palabra “vinculadas”. De lo cual se deduce que bastará la acusación de alguno de los organismos estatales establecidos para que a una persona o institución se la incorpore a ese Registro, con sus consecuencias legales, patrimoniales, de desplazamiento, que esa persona o entidad, padecerá a partir desea inscripción.
De este modo se deja sin efecto el mecanismo según el cual nuestro país designaba a una organización como terrorista, lo cual se venía haciendo según las listas que elaboraba el Comité respectivo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, (Decreto 1521/04)
Ese criterio, ahora se cambió y el gobierno argentino incluirá en el Registro que ha creado a las personas u organizaciones que cualquiera de las diversas estructuras del Estado soliciten. Por otra parte también hay dudas sobre la constitucionalidad de esta disposición porque –de hecho- incorpora sanciones de características penales, para lo cual el Poder Ejecutivo no tiene facultades.
Este nuevo Decreto permite al gobierno cumplir con los pedidos de Israel para incorporar al partido político Hezbollah, que no figura como organización terrorista en las Naciones Unidas, en esa nómina. Esto último fue inmediatamente concretado, a través de una denuncia de la UIF. La Confederación de Entidades Argentino-Árabes (Fearab), que agrupa a más de 300 organizaciones, manifestaron su rechazo a esta decisión del gobierno.
Un servicio militar de nuevo tipo
Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, aprobó esta semana la Resolución 598/2019 creando el Servicio Cívico Voluntario en Valores (SeCiVoVa). Su ejecución estará a cargo de la Gendarmería Nacional (Art. 3°) y estará destinado a jóvenes entre 16 y 20 años.
Este instrumento es definido como “un ámbito de cohesión e integración social” (Art. 1°), se lo concibe como un “estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes” (Art. 2°). Estos son los ejes de la polémica resolución.
Del texto comentado surge claramente que está dirigido a los jóvenes “ni-nii” (ni estudian, ni trabajan). No quedan dudas que este olvidado sector social debe recibir una atención especial, por parte del Estado, pero la norma aprobada deja abiertos una serie de dudas que ya se han formulado.
Entre las principales cabe citar que nada dice del problema del trabajo, cuya ausencia o reemplazo por un sistema de “ingreso básico universal” es una de las causas principales de la situación que padecen los jóvenes. Dejarlo en manos de la Gendarmería responde a la lógica planteada, –después de Malvinas- por poderes extranacionales.
Ella persigue una progresiva reducción de las Fuerzas Armadas, que deberían estar vinculadas a la defensa de la soberanía nacional. En su lugar se promovió a una fuerza de seguridad (Gendarmería) encargada de la tarea represiva de controlar el territorio, a través de lo que se denomina seguridad interior.
Respecto a las orientaciones, esta Resolución sirve como comunicación para decir: “tarea cumplida”. No es casual que se la haya aprobado en las vísperas de las presencia en el país del Jefe de la diplomacia norteamericana.
Integrar educación y trabajo, es una problemática permanente de nuestra sociedad, pero dejar esa tarea en manos de una fuerza de seguridad, que sabe mucho de represión y muy poco de educación, no parece ser el mejor remedio.
Mucho menos aún si se habla de formación “en valores”.
Por último cabe señalar que hace semanas atrás, el Consejo Federal de Educación, integrado por los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, aprobó una Resolución por la cual se procuraba integrar los conceptos de educación y trabajo a través de un Programa Educativo que realizarían las provincias y que se coordinaría a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
El camino elegido por el gobierno, través de su Ministra de Seguridad, no solo no parece el mejor, sino que por el contrario es demasiado peligroso.
(*) Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
