Maduro envió una carta a la oficina de la ONU para los DDHH y criticó a Michelle Bachelet por el informe «parcializado» sobre Venezuela
En una carta enviada a la oficina de la ONU para los DDHH, Nicolás maduro criticó a Michelle Bachelet por el informe «parcializados» sobre Venezuela
Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH recibe carta del presidente Maduro en rechazo a informe sobre Venezuela
El representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, embajador Jorge Valero, hizo entrega este viernes de la carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A través de la misiva, que fue recibida por la Alta Comisionada Alterna Kate Gilmore, el mandatario venezolano expresa su mayor y absoluto rechazo al informe presentado el pasado 5 de julio por la Alta Comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con relación a la situación de los DDHH en Venezuela.
A continuación, el documento:
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Presidente Maduro exige a Bachelet rectificación sobre informe sesgado contra Venezuela
El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de una carta, difundida este viernes por el embajador de Venezuela ente la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, exige a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos del organismo, Michelle Bachelet, la pronta rectificación del informe presentado el pasado 5 de julio, por considerar que su contenido es profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano y a la verdad de la situación de los Derechos Humanos en la nación.
Por tales motivos, el Mandatario Nacional expone la solicitud de rectificación y corrección a los graves errores, falsas acusaciones y omisiones que contiene el documento, y que lo convierte en un peligroso eslabón para la intervención de Venezuela, ya que promueve la impunidad de una oposición que banaliza su desprecio por la vida y alienta la comisión de golpes de Estado, intentos de magnicidio, violencia y desestabilizaciones.
En la misiva, el Jefe de Estado resalta que el informe «es un calco de anteriores elaborados por su predecesor que – como es de conocimiento público- orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente contra Venezuela, con el único objetivo de criminalizar al Estado venezolano».
Indica igualmente que es un reporte carente de equilibrio y rigor, abiertamente parcializado que presenta un distorsionado de la situación del país, porque no recoge la información y datos aportados por el Estado, sino por matrices mediáticas impuestas por la hegemonía comunicacional imperial.
«El informe privilegió las versiones recabadas en el extranjero. Así, de las 558 entrevistas realizadas 460 fueron hechas fuera del territorio nacional, lo que constituye 82% de las opiniones contenidas en el informe», denuncia el Mandatario Nacional en la referida misiva.
El presidente Maduro señala también que el documento presentado por Bachelet se alinea con el relato mediático y político impuesto desde Estados Unidos, que agrede simbólicamente a Venezuela al repetir el guión acerca de la existencia de un supuesto gobierno dictatorial y de una supuesta crisis humanitaria, justificatoria de una intervención para hacerse raperamente de los inmensos recursos naturales del país.
«En el documento se ha afirmado que el sistema del Carnet de la Patria consiste en un mecanismo de control social que condiciona los beneficios que otorga a una parcialidad o militancia política. Nada más falso. Su equipo recibió clara información sobre ese aspecto», asevera el Jefe de Estado.
En este sentido, ratifica que Venezuela tiene cerca de 30 millones de habitantes y hay 18.809.877 ciudadanos registrados en la plataforma Patria, lo que revela el carácter inclusivo del Sistema de Protección Social más completo e inédito que existe.
«Usted (Bachelet) personalmente se reunió con un grupo de familiares de víctimas de la violencia política de la oposición, personas que fueron quemadas vivas sólo por el color de su piel o por creerse que eran partidarios del Gobierno, y no ha incluido la menor referencia a ese encuentro en el informe entregado, y menos aún a la dramática exigencia de justicia que le hicieron los familiares, y a la cual se comprometió», resalta el Presidente.
Con este informe se dañaron los esfuerzos realizados por el Estado venezolano para normalizar las relaciones entre la Oficina de DDHH y el país, apunta la carta.
Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos
Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado hoy insta al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.
El informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
En el informe, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el Presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el Presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares. Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.
“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró la Alta Comisionada Bachelet.
“El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”.
El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones*.
Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.
La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe. En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.
El informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Si bien la Alta Comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.
El informe hace hincapié en que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada.
“Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe. Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan. “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos”.
En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.
Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, en el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis.
Además, señala, el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.
La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos. A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno.
La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.
El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados. “La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, …ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra”, señala el documento
En el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.
“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”.
“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”.
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