La Justicia italiana otorgará una reparación a las víctimas del Plan Cóndor
Justicia italiana fija un pago de más de un millón de euros para víctimas del Plan Cóndor
La justicia italiana dispuso la reparación de daños con más de un millón de euros para las víctimas, denunciantes y abogados que fueron parte del proceso del Plan Cóndor en contra de 24 militares, policías y jerarcas sudamericanos que fueron condenados a cadena perpetua por la desaparición y muerte de 24 disidentes de origen italiano. Entre los condenados está el exministro del Interior de Bolivia, Luis Arce Gómez.
«La sentencia aparte de la sanción punitiva, ha determinado que se repare montos económicos diferenciados de unos a otros para las víctimas, para los denunciantes y para abogados que cursan arriba de un millón de euros aproximadamente, es una sentencia impecable, la han calificado así varios juristas que en estos días han analizado esa sentencia», informó el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez.
Las declaraciones surgen luego de que se conoció que la Corte de apelaciones de Roma condenó en segunda instancia a un grupo de militares y policías de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, responsables del operativo militar pactado entre las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 del siglo pasado, para secuestrar y ejecutar a los opositores.
El Viceministro dijo que la reparación diferenciada es para los denunciantes y abogados que han encarado este proceso a lo largo de estos años, enfrentando diversas travesías para obtener pruebas documentales y acompañar en la investigación a la Fiscalía de Italia.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo los procesados deben pagar la reparación de daños y recordó que la vulneración de derechos sufrida en la década de los 70 y 80 se dio «no sólo en el territorio boliviano, sino en toda Latinoamérica».
«Ese es el monto que se ha establecido como costas del proceso (…) Las personas que han sido procesadas (deben pagar), es parte de su responsabilidad», aseguró.
Sobre Arce Gómez, el ministro refirió que primero debe cumplir su condena de 30 años en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, y luego asumirá la sentencia dictada en Italia.
La Operación Cóndor o el Plan Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, en colaboración con la CIA de Estados Unidos, para aniquilar a los luchadores por la democracia durante la década de los 70, en la plenitud de la Guerra Fría.
Uruguay | Grupo por Verdad y Justicia impulsa nueva institucionalidad para la búsqueda de desaparecidos
Felipe Michelini y Pedro Sclofsky, integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), se reunieron con el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y con la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) para contar cómo han sido los casi cinco años de trabajo del grupo.
Michelini había comentado a la diaria que la búsqueda de detenidos desaparecidos debe hacerse en el marco de una institución que no sea el Poder Ejecutivo y que tenga “otro nivel de autonomía”. Tras el encuentro, contó que hubo una excelente recepción por parte de los legisladores y “un entendimiento de que el tema debería estar en agenda”. Según dijo, se van a hacer las consultas a los sectores de la fuerza de izquierda para trabajar en la nueva institucionalidad: “Empieza a haber un consenso sostenido de la necesidad de legislar”, comentó. Michelini aseguró que, además, la semana que viene habrá una reunión con la bancada de senadores del FA para hacer un planteo similar.
El diputado del FA Gerardo Núñez dijo a la diaria que el planteo del GTVJ fue génerico, pero su primera impresión fue positiva. “Es interesante para reflexionar y trabajar, tenemos que evaluarlo”, sostuvo. Con relación al fallo de la Corte de Apelaciones de Asís, de Roma, que fue emitido el lunes, el diputado dijo que se dio un resultado trascendental: “Se demuestra que hay poderes judiciales que cuando están en disposición de juzgar a los torturadores y a los violadores de los derechos humanos, se puede hacer con todo el peso de la ley, como corresponde”, sostuvo. Núñez consideró, por otra parte, que el fallo “deja muy en evidencia a la actuación de nuestro Poder Judicial, que en la inmensa mayoría de los casos no ha actuado con la misma firmeza”.
