Guatemala | Mujeres Achi: dignidad y resistencia – Por La Cuerda
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Este 21 de junio, en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, la jueza Claudette Domínguez dejó en libertad a seis ex patrulleros de autodefensa civil, acusados de violencia sexual sistemática en contra de las mujeres Achi en los años ochenta. Las 36 demandantes seguirán hilando justicia; permanecerán en la lucha por la memoria y la verdad.
Rompieron el silencio
Entre el 2010 y 2011, mientras se recogían testimonios y documentación por la Masacre en Chichupac, caso que ya cuenta con una sentencia, en 2016, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las mujeres comenzaron a hablar de lo que a ellas les había ocurrido durante el periodo de la guerra en Guatemala. Surgieron los primeros testimonios sobre violencia sexual.
Muchas de las víctimas relataron su traslado forzado al destacamento militar de Rabinal y la manera en la que fueron sometidas a múltiples violaciones, incluyendo la privación de su libertad. “Algunas estuvieron recluidas por tres días, otras por una semana e inclusive algunas otras, durante meses”, dijo Haydée Valey, abogada del Bufete Jurídico Popular de Rabinal, que da seguimiento a estos casos.
Aunque en aquel momento el objetivo era plantear la denuncia del caso Chichupac ante la CIDH, el descubrimiento de estos hechos específicos de violencia sexual dio apertura a un nuevo proceso judicial. Para las abogadas, el primer paso fue profundizar en los detalles de estos vejámenes. “Se comenzó a sistematizar para conocer las modalidades con las que se cometían las violaciones, los momentos y perpetradores, las comunidades y otros datos específicos”, señaló la entrevistada.
Según Valey durante el proceso de recopilación de información, las mujeres recibieron una primera atención psicosocial mientras se construía la estrategia jurídica. A finales del 2011 se presentaron las primeras dos denuncias formales. Ellas estaban dispuestas a denunciar públicamente; a declarar. Poco a poco se fueron sumando personas para romper el silencio. Finalmente, conformaron un grupo de 36 mujeres.
La abogada señaló que no todas las víctimas que decidieron denunciar estos hechos de violencia, fueron llevadas al destacamento militar. “Algunas vivieron violaciones de manera atroz mientras estaban en sus casas o cuando huían de la represión militar. Con los famosos rastreos que hacían los militares y patrulleros en conjunto, las lograban detener y allí mismo, donde las encontraban, las sometían a violaciones”, añadió. El caso actualmente se trabaja con 36 denuncias, aunque éstas no representan la totalidad de casos existentes.
Fuerza y determinación
Muchas de las mujeres vinculadas a este proceso participaron también en el caso Chichupac; uno muy emblemático porque se lograron algunas de las primeras exhumaciones en Guatemala. Valey resaltó que muchas de quienes hoy buscan justicia por la violencia sexual que vivieron durante la guerra, estuvieron relacionadas a las denuncias de la masacre de Río Negro, “donde un grupo de expatrulleros ya fue condenado a nivel interno”, dijo.
“La mayoría se ha fortalecido. Hay mucha unión que les permite verse como grupo y es clara su necesidad de buscar justicia”, cotejó la abogada querellante, quien también comentó, durante la entrevista a laCuerda, que después del caso Sepur Zarco, las mujeres Achi tomaron un nuevo impulso. “Cuando veían a las mujeres que estaban siendo escuchadas o que llegaban peritos, se preguntaban ‘¿cuándo nuestro caso estará en el mismo estado que el de ellas? Queremos llegar ante un tribunal y ser escuchadas’” compartió Valey.
Las mujeres Achi, en conjunto con el Bufete Jurídico de Rabinal decidieron hacerse escuchar el mismo día de la audiencia; en la Plaza de los Derechos Humanos, ubicada frente a Torre de Tribunales, llevaron a cabo una invocación a primera hora, luego una conferencia de prensa en la que expusieron sus exigencias al Estado y finalizaron con una serie de actividades culturales como lectura de poesía, actos de magia y micrófono abierto, entre otros.
El sistema de justicia: ¿aliado o enemigo?
La abogada identificó la definición de perpetradores como uno de los retos más complejos de este proceso en particular. “Sabemos que hay una responsabilidad del ejército; hay una responsabilidad de las zonas militares de Cobán y Salamá, hay un prófugo y personas en condición de ilegales en Estados Unidos. Es una dificultad enorme individualizar a todos los involucrados. Hay muchas víctimas y cada mujer sufrió varias violaciones a sus derechos humanos”, expresó.
Otro de los grandes obstáculos es que muchas de las demandantes han recibido amenazas. “Cuando se realizó la detención de los acusados, las mujeres comenzaron a recibir mensajes intimidatorios. Eso las preocupó mucho. Lo mencionamos en algunas de las audiencias e interpusimos denuncias ante el Ministerio Público (MP)”, concluyó.
Por otro lado, durante la audiencia que se llevó a cabo el 21 de junio, la jueza Domínguez detalló los hechos imputados a los expatrulleros: Pedro Sánchez Cortez, Damián Cuxum, Simeón Enríquez Gómez, Félix Tum Ramírez, Bernardo y Benvenuto Ruiz Aquino.
La juzgadora hizo énfasis en que muchas de las declaraciones fueron tomadas en la sede del Bufete Jurídico de Rabinal y no en la sede fiscal, poniendo en duda los testimonios recopilados; además dijo que en los informes presentados por el MP no contemplan la temporalidad en la que los acusados formaron parte de la Patrullas de Autodefensa Civil; señaló que los plazos consignados en algunos testimonios no coincidían con los registros de militancia y que en los casos de Sánchez Cortez y Tum Ramírez existen incongruencias en la zona en que se desempeñaban.
Domínguez dictó clausura provisional del caso y pese a que las víctimas identificaron a sus agresores, la jueza remarcó que la fiscalía no llevó a cabo con certeza todo el proceso de investigación, otorgando libertad a los seis expatrulleros. Ordenó que los acusados no tengan relación con las víctimas, que vivan fuera del departamento en donde se registraron estas denuncias y residen las demandantes.
Domínguez programó la entrega de acto conclusivo para el 19 de julio del año en curso y la audiencia de etapa intermedia para el 5 de agosto próximo, a las 9:30 horas.
Nada está perdido
Al finalizar la audiencia, Gloria Reyes, integrante del Bufete Jurídico de Rabinal aseguró que el fallo de Domínguez negó la justicia a las mujeres y las revictimizó con una resolución parcializada a favor de los ex militares y ex patrulleros, “que ya han hecho mucho daño a la población maya”. Afirmó que recurrirán a las herramientas legales pertinentes para revocar la determinación de la juzgadora, “porque esto no se quedará así. Las mujeres tienen derecho a la justicia”.
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