Gobierno uruguayo celebra condena en Roma contra represores suramericanos
«Un día feliz para la democracia»: Cancillería celebra condena a militares en Italia
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió este lunes un comunicado en el que celebra la condena en Italia a los jerarcas y militares vinculados al Plan Cóndor, entre los que se encuentran los uruguayos José Gavazzo y Jorge Tróccoli. En total, la Justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 militares de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú acusados de la desaparición de italianos en el marco de este aparato represor que se aplicó durante las décadas de 1970 y 1980 en América Latina.
En el documento, la cancillería uruguaya destaca el papel de las partes locales en el proceso y reconoce la importancia de la resolución como «respuesta para los familiares de las víctimas y las instituciones y la sociedad uruguaya en su conjunto», así como para confirmar definitivamente la presencia en el continente de «una organización transnacional compuesta por los vértices de inteligencia militar que asesinó a miles de ciudadanos, sindicalistas y militantes de diversos partidos políticos y de oposición a las dictaduras que se habían instalado, a través de la violencia, en el Cono Sur».
A su vez, el comunicado destaca que por primera vez se imputa a Gavazzo como el «jefe del Plan Cóndor por parte de Uruguay». «Hoy es un día feliz para la democracia y la justicia, como también para reafirmar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que nunca quedarán impunes», agrega.
Comunicado de Prensa de @MRREE_Uruguay por sentencia en #Italia a acusados de participar en el #PlanCóndor pic.twitter.com/sU2v53eQq8
— Raul Pollak (@RaulPollak) July 9, 2019
La Fiscalía iatliana había reclamado cadena perpetua para todos los imputados pero en primera instancia habían sido condenados a cadena perpetua solo ocho personas, todas en contumacia, sin presentarse en Roma, entre ellos el excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco.
Ahora a estos condenados se suman los exmilitares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan.
Asimismo, los exmilitares uruguayos José Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
Todos ellos fueron condenados por delitos de homicidio voluntario y además deberán pagar el costo del juicio más un monto para resarcir el daño a las victimas. Los militares uruguayos, en tanto, deberán pagar en forma conjunta 1 millón de euros para resarcir a las víctimas, lo que deberá definirse en un juicio aparte. En otro juicio aparte, Tróccoli deberá resarcir por sí mismo por un monto que supera 900 mil euros, a lo que se suma una cifra de 700.000 euros que deberá abonar en conjunto con Juan Carlos Larcebeau.
Condenan a perpetua a 24 represores sudamericanos en Italia por el Cóndor
Con gran satisfacción y mucha esperanza recibieron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Roma los familiares de los 43 desparecidos ítalo-latinoamericanos (6 argentinos, 4 chilenos y 33 uruguayos) durante las dictaduras de la década del 1970. La Corte condenó a cadena perpetua a 24 imputados , y no sólo a 8 como había hecho la primera instancia del proceso comenzado en 2015. Los condenados son en su mayoría militares chilenos, uruguayos, peruanos y bolivianos, acusados de haber hecho desaparecer a las víctimas como parte del Plan Cóndor, el sistema internacional que coordinaba los secuestros y desapariciones, moviendo secretamente a los secuestrados de un país a otro donde desaparecían. La Corte los consideró “culpables de homicidio voluntarios pluriagravado” y para algunos de ellos estableció además que estén en “aislamiento diurno por dos años” además de pagar los gastos de los juicios y remunerar a los familiares por varios miles de euros.
Algunos de los imputados están detenidos en sus propios países, cumpliendo ya condenas. El único presente físicamente en este juicio -aunque no se presentó en todas las audiencias- fue el uruguayo Jorge Néstor Troccoli que vive en Italia desde hace varios años y evitó varios eventuales arrestos y condenas por el hecho de tener pasaporte italiano. De ser confirmada las condenas por la Corte Suprema, Italia podría pedir la extradición de los militares, sobre todo si en sus países están en libertad.
“Por fin tenemos una sentencia que realmente nos da justicia -comentó a Página12 la chilena María Paz Venturelli- . Es la sentencia que esperábamos. No se por qué no se pudo tener en el primer grado. Esta fue una Corte muy atenta. Yo espero que todo se haya hecho como se debía hacer y que la Corte Surprema, cuando se apele a ella, no tenga que cambiar nada”. María Paz, que reside en la ciudad de Bolonia, es la hija del ex sacerdote y profesor universitario, Omar Roberto Venturelli, arrestado y luego desparecido en Chile en 1973.
Cristina Mihura es uruguaya y viuda de Armando Bernardo Arnone Hernández, también uruguayo pero secuestrado en Buenos Aires en 1975. “Yo estoy muy emocionada -comentó a este diario-. Creo que esta sentencia ha corregido la parte equivocada de la sentencia anterior y creo además que para los que dicen que cuando llega demasiado tarde la justicia no es justicia, al escuchar hoy la condena, puedo decir que sentí que la justicia es justicia cuando llega. Me emocioné mucho por las víctimas de Troccoli, por los que están vivos, los que están muertos, los que están desaparecidos. El se escapó varias veces, pero hoy ha sido condenado. Yo aprecio mucho el trabajo de esta Corte porque creo que ha sido justa, con las pruebas y con la verdad”. Mihura empezó a trabajar para impulsar este proceso en 1999. En 1982 había presentado la primera denuncia en Italia por la desaparición de su marido.
Nestor Gómez es el hermano de la uruguaya Celica Elida Gómez Rosano que trabajaba en la agencia de noticias argentina Télam en Buenos Aires cuando fue secuestrada en 1978. ”Nos dio un gran alivio el hecho de saber que por una vez se tomaron en serio las cosas y no dejaron libres a los militares. La sentencia anterior nos había dejado desanimados, con miedo de que dejaran libres a estos bandidos”, comentó.
Algunos acusados, que habían sido incluídos en el primer proceso, durante el juicio o poco después fallecieron, por lo cual no fueron incluidos en esta segunda sentencia. Según la justicia italiana, los acusados y los familiares de las víctimas tendrán derecho a apelar por segunda vez, pero en esta oportunidad será ante la Corte Suprema de Justicia y su decisión será la sentencia definitiva.
La sentencia de la Corte de Apelaciones confirmó las condenas del primer juicio en las que ocho personas (ahora son seis porque dos murieron) ya habían sido condenadas a cadena perpetua, entre ellas el boliviano Luis Arce Gómez y el peruano Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú entre 1975 y 1980. Pero sobre todo condenó a cadena perpetua a otros 18 que en la primera instancia los jueces habían dicho que su delito había prescripto. En total, los condenados ahora son 24, casi todos militares acusados de delitos como secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.
Entre los condenados no hay ningún militar argentino, porque la Argentina viene haciendo por su cuenta los juicios contra los militares del Plan Cóndor desde hace años, a diferencia de otros países latinoamericanos. Pero sí hay argentinos entre los desaparecidos de origen italiano cuyos casos trató este proceso. Entre ellos el caso de Mafalda Corinaldesi, secuestrada en Argentina y por lo que fue acusado el uruguayo Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay entre 1972 y 1976. Pero la sentencia lo absolvió por el caso de secuestro y homicidio de Corinaldesi, aunque no se sabe exactamente los fundamentos de esta decisión ni de las condenas en general ya que la Corte tiene 90 días para elaborar y presentar oficialmente las fundamentaciones de sus decisiones. Otros argentinos incluidos entre las víctimas fueron Luis Stamponi, secuestrado en Bolivia, Alejandro José Loguso Di Martino y Dora Marta Landi, secuestrados en Paraguay, y Lorenzo Ismael Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia, secuestrados en Brasil.
Antes de conocer la sentencia, los familiares de desaparecidos congregados en Roma decidieron rendir un homenaje a las Fosas Ardeatinas, el lugar donde el 24 de marzo de 1944 fueron asesinados por los nazis 335 inocentes como venganza de un atentado contra ellos del día anterior, que había hecho la Resistencia en el centro de Roma. “El 24 marzo de 1944, sucedió la matanza de las Fosas Ardeatinas. El 24 marzo de 1976 se oficializó la masacre de 30.000 desaparecidos en Argentina y un millon y medio de exiliados”, recordó Julio Frondizi, hijo del profesor universitario Silvio Frondizi asesinado por la Triple A en 1974. “Y debo decir, para los que no lo saben, que la operación Cóndor nunca terminó. Y va adelante”, agregó Frondizi, que vive en Italia desde que su padre fue asesinado.
Diego Jiménez, Viceministro de Transparencia del Ministerio de Justicia de Bolivia, asistió al homenaje en las Fosas Ardeatinas. “El gobierno de Bolivia sigue los procesos que buscan justicia, la construcción de la memoria y la verdad de lo que implicó para América Latina el período de las dictaduras -declaró a Página 12- . Particularmente el Plan Cóndor y sus incidencias en nuestros países. Dos de los procesados fueron dictadores en nuestro país. García Mezza, que murió hace un tiempo, y Luis Arce Gómez que fue su lugarteniente. Estas personas representan lo que implicó el terrorismo de Estado. Los crímenes que cometieron fueron de lesa humanidad y hoy, las heridas que han dejado, no terminan de cerrarse. Es por eso que haciendo el seguimiento a este largo proceso, nos sentimos con la esperanza de que la de hoy sea una sentencia histórica, una sentencia que haga justicia y un símbolo para la humanidad”. Y agregó: “¿Si el Plan Cóndor sigue existiendo? Es así. Nosotros creemos que las fuerzas reaccionarias que están presentes en América Latina, privilegiando los intereses del imperialismo norteamericano, no han cesado. Si bien han habido avances por parte de muchos países que han tenido gobiernos progresistas. En América del Sur hoy hay una corriente muy agresiva, muy detractora y anti procesos sociales. Y esto quiere decir que los niveles de coordinación están todavía ahí. Por eso, procesos de esta naturaleza, que refrescan la memoria de lo que pasó en América Latina, son importantes. No podemos permitir que pase de nuevo. Las nuevas generaciones deben entender todo el daño que ocasionaron los gobiernos dictatoriales”.
“Fallo de Roma es el espejo en que debe mirarse el Poder Judicial para salir de la inoperancia”
Tras la decisión de la Justicia italiana de condenar a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú acusados de la desaparición de 23 ciudadanos italianos, en marco del Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, durante los años 70 y 80, entre ellos se encuentran Jorge Tróccoli y Pedro Mato Narbondo, ambos prófugos, Crysol emitió un comunicado en el que expresa que se trata de un resultado positivo para la salud republicana de la sociedad.
La organización de ex presos políticos reclama al Poder Ejecutivo que pase a retiro en forma inmediata a todos los jerarcas militares del Ejército y de la Marina que “han avalado la conducta de estos criminales”.
Aseguran que “con su accionar criminal lesionaron el honor de las Fuerzas Armadas”, y reflejan un sentido del honor y una escala de valores “incompatibles con un régimen democrático y republicano”.
A la vez, Crysol manifiesta que el fallo de la Corte de Roma “es el espejo en el cual debe mirarse el Poder Judicial para salir de la inoperancia que escandaliza a la sociedad”.
Declaración
A continuación la declaración de Crysol:
“Finalmente, en Roma, se hizo justicia. En la tarde de ayer (8 de julio) se conoció el fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones que condenó a cadena perpetua a un grupo importante de represores latinoamericanos, habiendo entre ellos, algunos de los represores más significativos del proceso represivo uruguayo. La condena del capitán Jorge Tróccoli y de Pedro “burro” Matos, ambos requeridos por la Justicia uruguaya, adquiere particular relieve. A ambos, en libertad, los obliga, además, a realizar resarcimientos indemnizatorios.
La causa se inició hace 20 años por parte de familiares de uruguayos detenidos desaparecidos de origen italiano y por parte de activistas de DD.HH cuando en Uruguay todos los caminos legales para llegar a la justicia estaban bloqueados debido a la vigencia de la ley 15.848, Ley de Impunidad. Luego de regresar a la institucionalidad democrática, durante el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, los militares lograron la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado mediante una coalición de parlamentarios blancos y colorados.
La ley 15.848 supeditó el accionar del Poder Judicial al Poder Ejecutivo para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos del terrorismo estatal. En los hechos operó como una ley de amnistía no encubierta para los militares y policías que habían actuado en operativos represivos en dicho período.
En el último tramo del proceso, durante la etapa del recurso de apelación, Presidencia de la República se involucró activa y enérgicamente para lograr este resultado tan positivo y tan necesario para la Justicia y para la salud republicana de nuestra sociedad. Debe continuar alerta y vigilante para que Tróccoli no vuelva a escapar y se efectivice la detención del capitán Matos mediante INTERPOL para que cumpla su bien merecida condena.
Investigar, esclarecer y sancionar, son acciones fundamentales para evitar que las graves violaciones a los DD.HH puedan volver a ocurrir. Es un derecho inalienable de las propias víctimas y una necesidad del conjunto de la sociedad. El reclamo de justicia de las víctimas nunca merece la más mínima descalificación. Ha sido, es y será, un paso decisivo para que haya justicia.
En esta hora de satisfacción por el logro alcanzado en una Corte lejana geográficamente y juzgando hechos distantes en el tiempo no nos pasa desapercibido que algunos de los condenados, en Uruguay fueron absueltos por tribunales de honor militar a pesar de existir una condena explícita de la Justicia uruguaya acerca de ellos. Tal es el caso de José Nino Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira, Luis Maurente y Jorge Larcebeau.
El teniente general retirado Guido Manini Ríos, haciendo campaña política desde su cargo, señaló que habían sido condenados por la Justicia uruguaya de manera arbitraria e injusta.
Aún hoy, hay jerarcas militares de primer nivel, con mando de tropas, tanto en el Ejército como en la Marina, que consideran que estos delincuentes internacionales, con su accionar criminal, no lesionaron el honor de las Fuerzas Armadas. Reflejan un sentido del honor y una escala de valores incompatibles con un régimen democrático y republicano.
Saludamos a todos los familiares y compañeros que iniciaron estas causas y durante décadas, a veces en solitario e incluso cuestionados, militaron en forma incansable, demostrando que la única lucha que se pierde es la que se abandona.
Reclamamos al Poder Ejecutivo que pase a retiro en forma inmediata a todos los jerarcas militares del Ejército y de la Marina que han avalado la conducta de estos criminales. No debe esperar la anuencia de los senadores que han demostrado, una vez más, más allá de discursos y de declaraciones de intencionalidad, que continúan militando a favor de la impunidad para todos los casos del pasado reciente.
En Uruguay, el Poder Judicial tiene el monopolio de la investigación criminalística indispensable para llegar a la verdad, para esclarecer todas las causas pendientes, para citar, interrogar, incautar documentos, allanar domicilios, privar de la libertad. Debe ejercer sus facultades y potestades. Con su máximo órgano a la cabeza, debe poner fin a las reiteradas maniobras dilatorias e ilegales de los abogados defensores de los involucrados. Debe dejar de autorizar prisiones domiciliarias indebidas como hasta el presente. El fallo de la Corte de Roma es el espejo en el cual debe mirarse el Poder Judicial para salir de la inoperancia que escandaliza a la sociedad”.
