Colombia | Asesinan a otros dos líderes sociales: ya van más de 480 desde la firma de la paz
Investigan asesinato de líder comunitario en el Huila
Las autoridades investigan el asesinato de un líder social, en Gigante, en el departamento del Huila. Se trata de Humberto Díaz, ultimado por desconocidos en su vivienda.
Díaz era líder comunitario y presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Guadalupe, en este sección del país.Según indicaron voceros de la Policía, al líder comunal «le disparan en varias oportunidades, por lo que falleció de manera inmediata».
Tras este asesinato, la Federación de Acción Comunal en Huila, en el municipio de Gigante, rechazó el hecho, al tiempo que dijo que las organizaciones criminales que operan en la zona han venido extorsionando a estos líderes, e incluso le estarían pidiendo una apoyo económico a los distintos estamentos económicos de la región.
Panorama
Según Indepaz, tomando como base la información de la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2016 y el 30 de mayo de 2019, han sido asesinados un total de 482 líderes, así como 982 líderes amenazados, entre los meses de abril de 2018 y abril de 2019, González afirmó que la cifra puede ser mucho mayor.
Camilo González, directivo de esta fundación, señaló que “según los registros que tiene Indepaz con la cumbre agraria, marcha patrióticase supera los 700 asesinatos de líderes sociales, desde la firma de los acuerdos de paz, y esto es una situación que ha persistido y que tiene en las últimas semanas, un recrudecimiento”, expuso el director de Indepaz.
Agregó además que son 400 los municipios en los que se presentan estas agresiones. “La situación es gravísima porque son cerca de 400 municipios de Colombia donde se están presentando amenazas, intimidaciones, panfletos contra líderes y también contra quienes participan en acciones políticas electorales y esto creo que es un atentado contra la paz y contra este camino que Colombia ha escogido de transitar al posconflicto”, reportó González.
#MarchemosPorLosLíderes
Los asesinatos y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia no paran. Por el contrario, como revelará un informe de la Defensoría del Pueblo, sigue aumentando el número en toda la geografía nacional. Desde finales de 2016, activistas ambientales, líderes de restitución de tierras, promotores de la sustitución de cultivos ilícitos y defensores de sus comunidades han sufrido nuevas formas de violencia que salieron a flote con el posconflicto.
La situación parece no ceder. El Gobierno anunció esta semana que la tasa de asesinatos a líderes disminuyó un 35 por ciento en el último año, lo que provocó discusiones por la metodología usada en el conteo. Pero es claro que no coincide con las que tienen otras entidades del Estado y ONG.
Más allá de quién tenga la razón, la situación es inaceptable y escandalosa. Cualquier muerte, en especial la de los líderes, amenaza la democracia, la tranquilidad y la vida de miles de colombianos, especialmente, de los que viven más lejos de los centros del poder.
Desde hace varias semanas, el grupo multipartidista Defendamos la Paz impulsa una marcha para el próximo viernes 26 de julio en todo el país a fin de protestar contra este flagelo. La iniciativa surgió después del estupor ocasionado por el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado, en Tierralta, Córdoba, delante de su hijo. Por cuenta de las dramáticas imágenes del menor, quien gritaba y lloraba de pánico por lo ocurrido, muchos han bautizado la movilización del 26 como la marcha del Grito.
Defender la vida de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos debe ser un asunto trascendental y de importancia para todos los sectores de la sociedad. Para los que votaron Sí a la paz, para los que lo hicieron por el No, para los gobiernistas y la oposición, para los religiosos y los ateos, para quienes están en diferentes orillas culturales, políticas o religiosas. Con esta idea en mente, SEMANA se sumó a la convocatoria a dicha movilización, e invitó a líderes y analistas de opinión, intelectuales, periodistas y reconocidas figuras públicas para que también se incorporen, con el propósito de defender la vida de los líderes, y de participar, sin pretensiones políticas, del clamor que pide que esta tragedia termine ya.
La situación en los territorios es cada vez más compleja. Pese a los anuncios, medidas y programas, las amenazas y muertes de líderes sociales en el país no ceden. En los próximos días, la Defensoría del Pueblo dará a conocer el seguimiento a la advertencia hecha en febrero de 2018 (Alerta Temprana n.º 026-18) y la situación de esta población en Colombia.
Tras hacer un profundo monitoreo, entre el 1 de marzo de 2018 y el 17 de mayo de 2019, esta entidad encontró que se presentaron 1.608 conductas contra la vida e integridad de líderes sociales y defensores en 334 municipios. Toda una sorpresa y una decepción, ya que el informe de alertas tempranas, presentado en febrero de 2018 –que cubría el periodo de enero de 2016 a enero de 2018–, denunciaba afectaciones a 697 líderes sociales en 322 municipios. Estas y otras cifras llevaron a Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, a notificar que hay un preocupante aumento del 52 por ciento de las acciones contra estos colombianos, y que se extienden a otros sectores geográficos, ya que los ataques pasaron de registrarse en 322 municipios a 334.
Los reportes de la Defensoría, que tiene presencia e información de prácticamente todo el territorio nacional, advierten que los atentados aumentaron un 47 por ciento, y los homicidios, un 13 por ciento. En cuanto a la distribución territorial, los departamentos de Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, Nariño, Quindío, Cundinamarca, Putumayo, Chocó, Santander y Cesar, junto con Bogotá, concentran el 73 por ciento de las conductas registradas desde el último informe de la entidad, de febrero de 2018, así como el 86 por ciento de todos los homicidios.
El capítulo de los asesinatos merece un análisis aparte, ya que muestra las fallas a la hora de proteger a los líderes sociales. Según la Defensoría, la mayoría de las víctimas no denunciaron amenazas: de los 196 asesinados, solo 17 lo hicieron. Y, además, “ninguno de estos líderes previamente amenazados contaba con medidas de protección”, dice el informe.
Los defensores de derechos humanos y los líderes sociales tienen un papel esencial en la democracia, en la construcción de paz y en el progreso de las naciones. Como advirtió el defensor Negret, “Cualquier acción violenta contra sus derechos tiene un impacto negativo para las comunidades, pues genera daños profundos para el tejido social. De ahí que cuando se quiere acallar a una colectividad que busca cambios o la mejoría de sus situaciones, que afectan intereses de diversos sectores, el mensaje más contundente es segar la vida de sus líderes o los activistas por sus derechos”.
Varios elementos componen las causas del recrudecimiento de la violencia focalizada contra los defensores de los derechos humanos y líderes sociales. En ellos se combinan la tradición del conflicto y las violencias, y otros hechos coyunturales. La Defensoría mostrará cuatro factores:
1. Tras el desarme y desmovilización de las Farc, se ha presentado una rápida y compleja recomposición por el control de los territorios que durante décadas estuvieron bajo la influencia de esta guerrilla. El ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), grupos neoparamilitares y bandas criminales (muchas autodenominadas Águilas Negras, así no existan como grupo) se han lanzado a controlar estas zonas y las economías ilegales e informales que allí se mueven. Entre ellas, el cultivo de coca, el tráfico de drogas, la minería de oro y coltán o el contrabando, en especial de combustible. Incluso, estos tentáculos están llegando, en algunos casos, a la economía formal. En su expansión, dichas fuerzas se han enfrentado entre sí, dejando en el medio a comunidades y líderes sociales.
De acuerdo con los últimos reportes, las AGC y el ELN han hecho más por extenderse y consolidarse, especialmente hacia el Andén Pacífico, los corredores fluviales en Chocó, Cauca, Valle, Nariño, Bajo Cauca, algunas regiones del Caribe y el oriente del país. De igual manera, estas y otras organizaciones criminales chocan en zonas urbanas que conducen a puertos o que facilitan la salida a mercados internacionales. En este complejo coctel emergen frentes y hombres de las denominadas disidencias de las Farc, que, insatisfechos por los avances del proceso de paz con el Gobierno nacional, están recreando antiguos frentes que tenía esa guerrilla. La Defensoría también tiene evidencias de los enfrentamientos del ELN con el EPL en el Catatumbo nortesantandereano.
“En sus territorios, las organizaciones ejercen mecanismos de control e intimidación, que, junto con la defensa de sus diferentes intereses, configuran escenarios de riesgo para la población civil que se encuentra residiendo en el mismo radio de acción donde delinquen dichas estructuras, afectando los derechos fundamentales de sus habitantes. Es así como se destaca la alta afectación a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de las personas que realizan actividades de liderazgo y defensa de los derechos humanos, sin importar su ocupación, condición étnica, género o edad”, advierte la Defensoría.
2. Las dificultades, demoras y señales equívocas en la implementación del acuerdo de paz con las Farc, junto con el rompimiento de los diálogos con el ELN, han creado mayores riesgos para los líderes y defensores. De acuerdo con las cifras, en los territorios en donde se concentran los planes y proyectos, como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, también se focaliza la mayoría de acciones contra estas personas. Se trata, en especial, de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó. Muchos de los líderes y defensores amenazados o asesinados defienden y promueven la sustitución de cultivos ilícitos, la normalización y uso de la tierra, proyectos productivos de emprendimiento para excombatientes, entre otros. Eso hace inevitable el choque con quienes quieren lo contrario.
Por otra parte, el limbo en el que quedó la mesa con el ELN y la rápida expansión de esta guerrilla en zonas que eran de las Farc –Norte de Santander, Magdalena Medio, Nariño y Putumayo– están poniendo a los defensores y líderes en situaciones complejas. Mientras que ellos promueven los acuerdos de paz o la defensa de sus comunidades, otros quieren reactivar la lucha armada.
3. La implementación de la política pública de prevención, coordinación interinstitucional y mecanismos de protección a los líderes sociales no está funcionando. Como se recuerda, en el último cuatrienio de Juan Manuel Santos, el Gobierno expidió varios decretos que buscaban mejorar el Programa de Protección a Personas en Riesgo. Inicialmente, hubo problemas de financiación que, unidos a los bandazos dados al comienzo del Gobierno de Duque, no han permitido que los mecanismos de protección pasen del papel a la realidad.
“El Gobierno tiene la responsabilidad y el deber de asegurar que se adopten las medidas pertinentes para lograr los fines previstos en la política pública. Estas normas, si bien no son una solución definitiva a las vulneraciones de los derechos fundamentales, fueron construidas con miras a mejorar los mecanismos de protección existentes”, advierte la Defensoría. El Ministerio del Interior se la está jugando con el Plan de Acción Oportuna (PAO) para tratar de robustecer la estrategia de protección. Pero lo cierto es que los resultados no se ven. En los territorios, los líderes sienten que no basta con aumentar la presencia militar, y en el ministerio los funcionarios no tramitan oportunamente las respuestas a las alertas tempranas que envía la entidad.
4. Los procesos electorales también implican indirectamente una amenaza a la integridad y la vida de los líderes sociales. Entre mayo y agosto del año pasado hubo 71 homicidios, el 40 por ciento de los 178 ocurridos en 2018. En las elecciones regionales de este año podría configurarse un escenario similar, en especial porque estas personas trabajan en el nivel local (municipios, corregimientos y veredas). Eso significa que estarán involucrados irremediablemente en las contiendas electorales, bien sea como posibles candidatos, participantes de las campañas o veedores ciudadanos de la contienda electoral, lo que incrementa los niveles de riesgo. La situación se hace más compleja frente a la aparición de nuevas expresiones políticas como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), la expansión de otros partidos como el de Colombia Humana o las aspiraciones políticas de campesinos, indígenas y comunidades negras, entre otros.
Por su parte, el investigador Ariel Ávila, miembro de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que hay tres asuntos que le preocupan: el aumento de la violencia y las intimidaciones a los líderes en los meses previos a las jornadas electorales; el incremento de acciones contra líderes ambientales; y las Águilas Negras. “Este grupo desapareció en 2011. No hay un mando, un campamento ni tropas que se conozcan, pero los panfletos y acciones en su nombre han crecido. Las autoridades deben determinar si existe o no. Nosotros hemos podido documentar que grupos como el Clan del Golfo, sicarios e incluso militares en Caquetá usan esa fachada para adelantar acciones criminales”, dijo Ávila.
La tragedia de los líderes sociales debe salir de las lógicas y frases típicas que han justificado por décadas la barbarie del conflicto y la violencia. De ahí el llamado final que hizo el defensor del Pueblo a SEMANA: “La violencia contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos no es responsabilidad ni de este ni del anterior Gobierno: es un asunto que nos debe involucrar a todos como sociedad y como Estado. El fenómeno se ha sostenido en el tiempo, y hemos recomendado al Gobierno del presidente Santos y al del presidente Duque que de manera urgente se establezca un marco de garantías integrales para la defensa de los derechos humanos en nuestro país, traducido en una única política pública. Veo con mucho interés la intención del Gobierno de generar un documento Conpes para ello”.
La estrategia capitalina para proteger a los líderes sociales
Los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son una problemática que no da tregua en Colombia. Según Naciones Unidas, desde noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, hasta junio pasado iban 230 asesinatos; es decir, un líder silenciado cada cuatro días. Bogotá no está al margen de la situación y prueba de ello son las alertas de la Defensoría del Pueblo, que ha hecho hincapié en los riesgos que enfrentan defensores en localidades del sur de la ciudad, así como en Soacha. (Ver infografía al final)
Si bien por su contexto y dinámicas la capital se diferencia de regiones mucho más azotadas por esta problemática, sus características hacen que no solo concentre un gran número de líderes locales, sino que otros lleguen en busca de ayuda. Es por ello que, a partir de 2016, bajo un enfoque preventivo y de orientación, en la ciudad se gestó una ruta diferenciada para su atención. Se trata de un conjunto de medidas transitorias para minimizar el riesgo y ofrecerles canales para garantizar su protección.
Vale aclarar que no es una estrategia para dotarlos de facilidades como escoltas, chalecos o vehículos, sino una iniciativa para brindarles atención jurídica, acompañamiento psicosocial, asesoría para indicarles cómo reportar sus casos ante las autoridades y medidas de autoprotección. Además de auxilios económicos para alojarse transitoriamente, transportarse o comer. Todo esto mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa su grado de riesgo, una tarea que puede tardar meses.
La iniciativa, que encabeza la Secretaría de Gobierno, ha atendido a 749 personas desde 2016. Solo este año han ingresado a ella 180 líderes de varias regiones. Según el Distrito, ha resultado tan eficaz que ninguna de las personas que se han acogido ha sido asesinada.
Con todo, el panorama no deja de ser complejo para quienes ejercen el liderazgo en la ciudad. De acuerdo con el conteo de líderes asesinados que hacen portales especializados como La Paz en el Terreno —a cargo de las organizaciones Rutas del Conflicto, Fundación Con Lupa y Colombia 2020—, en los últimos cinco años han perdido la vida de forma violenta cinco defensores de derechos humanos en la capital.
En respuesta, el Distrito aclara que son líderes que no accedieron a la ruta y que la Fiscalía aún trabaja para definir si su muerte estuvo asociada a su labor social y humanitaria. “La ruta permite que en 72 horas se identifiquen los niveles de riesgo. Luego, según su situación, les damos bonos de alimentación y arrendamiento. También contactamos a la Policía y les ayudamos a diligenciar el reporte ante la UNP”, explicó el secretario de Gobierno, Iván Casas.
¿Qué opinan los líderes?
Catalina Achipiz Achipiz, una defensora indígena de derechos humanos, accedió a la ruta este año tras recibir amenazas por su labor social en Cali. No es la primera vez que la ha tocado la violencia. Con solo trece años, ante el riesgo de ser reclutada por la guerrilla, tuvo que huir de Tierradentro (Cauca), y el sentimiento de zozobra que sufrió entonces lo revivió en mayo pasado, cuando fue intimidada para que cesara su labor humanitaria.
Así, terminó en Bogotá con la convicción de que, aunque lejos, continuará con su tarea. “La ruta ha sido toda una experiencia, un proceso de aprendizaje, de habituarse a otras dinámicas y conocer personas. Han estado pendientes de mí. Lo complicado es hacer mi labor desde acá”.
Lorena Casas*, una líder social de Ciudad Bolívar, también accedió a la ruta luego de que bandas delincuenciales la amenazaran por salvar jóvenes de las drogas y arrebatárselos a organizaciones que insisten en instrumentalizarlos. “Denuncié dónde eran las ollas y me cayeron las bandas. Acudí a la ruta y me han acompañado. Me sacaron de donde vivía, debido al riesgo”.
De la ruta incluso se han beneficiado venezolanos como Carlos Vilma, quien llegó a Colombia en 2013 huyendo de la crisis social y política de su país y ahora les brinda ayuda a sus compatriotas. Sin embargo, por su labor ha sido amenazado, según él, por el gobierno venezolano. “El tema de seguridad es complicado, pero me siento respaldado. Han activado los sistemas de alerta y están pendientes”, dice.
Aunque los líderes destacan las bondades de la ruta, advierten que la dificultad es que algunos no pueden retornar a sus lugares de origen para seguir ejerciendo su labor, por lo que se ven obligados a adaptarse a la dinámica de Bogotá. Jorge Ariza, quien integra la mesa local de víctimas de Ciudad Bolívar y con anterioridad accedió al programa, critica su provisionalidad y la falta de seguimiento para hacer frente a las amenazas.
“No hemos encontrado una ruta real. Muchas veces lo que hacen es darnos pautas de autocuidado o formarnos en derechos humanos, sumado a un acompañamiento que solo es de sensibilización. Cuando me amenazaron, me dijeron que saliera de la localidad y me consiguieron un arriendo por dos meses en el centro. Luego no tuve de otra que devolverme”, asegura.
Cristian Robayo, edil de Ciudad Bolívar y quien ha estado en contacto con los defensores, indica que son tantos y tan diversos los problemas que para garantizar una verdadera protección se requieren medidas de fondo que escalen hasta una legítima protección.
“La ruta es muy provisional. Además de más inversión, se requiere que el Distrito haga un trabajo interinstitucional y ayude a agilizar procesos. Un arrendamiento y un celular con minutos no son suficientes”, declara.
Si bien la ruta es un aliciente en medio del complejo panorama para líderes y defensores, sus protagonistas coinciden en que urgen más esfuerzos y medidas que sean continuas para optimizarla y hacer de ella un ejemplo en el país en el cuidado de quienes abanderan causas sociales. El reto persiste.
¿Quiénes pueden acceder a la ruta?
De acuerdo con el secretario de Gobierno, Iván Casas, aunque el liderazgo social es muy variado y dinámico, a la ruta puede acceder cualquier persona que ejerce un grado de influencia en su comunidad, lidera un proceso social, hace denuncias ciudadanas o promueve los derechos o la representación de cualquier población o causa, como la cruzada medioambiental.
El único requisito que se les pide, agrega, es una fotocopia de la cédula y un consentimiento informado de la amenaza que se remite a la UNP. El Distrito señala que quienes quieran beneficiarse de la ruta pueden acudir a la Secretaría de Gobierno (calle 11 N.° 8-17), comunicarse a la línea 338 7000, ext. 5356, o escribir al correo defensoresydefensoras@gobiernobogota.gov.co.
Para esta ruta, desde 2016 se han invertido recursos por el orden de los $1.263 millones, distribuidos en alojamiento, transporte, elementos de aseo y servicio de mudanza. Además de los honorarios de psicólogos, trabajadores sociales y abogados que conforman el grupo de atención.
*Nombre cambiado por petición de la fuente.
Asesinan a Yamile Guerra, abogada y líder política de Santander
Hombres armados y vestidos de negro, según informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fueron los responsables del asesinato de Yamile Guerra, una reconocida líder política santandereana y abogada en temas de tierras. El homicidio de la mujer, quien estuvo vinculada al Partido Liberal y a Opción Ciudadana, ocurrió el pasado sábado en el barrio Mirador de la Hacienda, en Floridablanca, Santander.
Los asesinos llegaron en horas de la tarde del sábado hasta su casa y allí le dispararon en dos oportunidades en el tórax a la mujer de 42 años. Tras el crimen, la Policía informó que se está llevando a cabo un plan candado para dar con el paradero de los responsables del crimen. El coronel Edinson Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, afirmó que «Han sido fundamentales los elementos recolectados en el lugar de los hechos y las entrevistas a las personas del lugar para determinar los móviles y las personas que cometieron el hecho».
Las autoridades locales han señalado que el crimen estaría relacionado con un litigio que llevaba Guerra con relación a una invasión de urbanizadores piratas en el barrio Zapamanga, de Floridablanca. En las últimas horas, el secretario del Interior de Floridablanca, Ricardo Arciniegas, aseguró en Caracol Noticias que Guerra asistió a una cita con dos hombres en el predio que tenía en cercanías a la Zapamangas para hablar de unos terrenos que están en disputa judicial. Finalizado el diálogo, una de esas dos personas habría disparado contra la humanidad de Guerra.
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