AMLO rechaza que México pueda convertirse en tercer país seguro para migrantes
AMLO ‘pinta su raya’ y rechaza que México pueda convertirse en tercer país seguro
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha tratado de alcanzar acuerdos con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, sobre migración, dijo que ‘pintará su raya’ con respecto a las demandas hacia su país sobre convertirse en asilo a centroamericanos.
En su primera entrevista con un medio internacional desde que se convirtió en presidente, López Obrador dijo que México no acordará convertirse en ‘tercer país seguro’ como lo hizo Guatemala con la administración de Trump la semana pasada.
Un acuerdo de tercer país seguro implicaría que México debería acoger temporalmente a los migrantes centraomericanos mientras se procesan sus solicitudes en EU.
“Nosotros no, no aceptamos esa propuesta. No podemos comprometernos a eso”, dijo López Obrador. “Estamos aplicando un programa cuidadoso para reducir el número de inmigrantes que entran, siendo respetuosos de los derechos humanos de esos migrantes”.
En una conversación de 50 minutos con el editor en Jefe de Bloomberg, John Micklethwait, el presidente de México, conocido como AMLO, dio sus puntos de vista sobre temas como inmigración y economía.
Se refirió a Trump como un aliado importante que moderó significativamente su tono, luego de que anteriormente había atacado a los mexicanos ilegales en su país.
Acuerdo Tarifario
El mes pasado, la administración de Trump urgió a México a cambiar sus políticas de asilo. El viernes, Trump anunció que logró un acuerdo de tercer país seguro con Guatemala para detener a los migrantes de otras partes de Centroamérica que claman asilo en Estados Unidos.
Grupos de derechos humanos han cuestionado que Guatemala sea capaz de llevar a cabo ese proceso de refugio y si se trata de un lugar seguro para ellos.
Trump ha sido enérgico en cuanto a los migrantes centroamericanos que llegan a su país desde la frontera con México y ha convertido este en un tema de campaña de cara a la elección del año próximo.
A fines de mayo advirtió con aplicar aranceles de 5 por ciento a todas las importaciones desde México que se incrementarían de manera gradual. El gobierno de AMLO tomó medidas efectivas para detener el flujo de migrantes.
Proceso electoral
La amenaza fue retirada luego de que México acordó una serie de medidas como el despliegue de 21 mil elementos de la Guardia Nacional hacia la frontera sur del país, un movimiento aplaudido por Trump.
Las detenciones de las autoridades del lado estadounidense de la frontera cayeron a menos de 95 mil en junio, desde los cerca de 130 mil en mayo, que fue la más alta desde 2011.
Aun así, Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, dijo que México necesita hacer más para evitar el cruce ilegal de personas.
López Obrador dijo en la entrevista que el plan de desplegar la Guardia Nacional en la frontera se hizo desde antes de que Trump lanzara la amenaza arancelaria.
Indica que vio dichas amenazas como parte de un proceso electoral. Dijo que la forma de reducir la migración es avanzar económicamente e impulsar el desarrollo en Centroamérica.
“Estamos aplicando un programa cuidadoso para reducir el número de inmigrantes que entran, siendo respetuosos de los derechos humanos de esos migrantes”, dijo @lopezobrador en entrevista con John Micklethwait. #AMLOenBloomberg.
Entrevista completa: https://t.co/jV5ytCQ8rH pic.twitter.com/U4R71nYYxR— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 30, 2019
Alertan de aumento de flujo de migrantes en el norte del país
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango alertó sobre un aumento en el flujo de migrantes que llegan a la entidad, pues en lo que va de 2019 ya se han atendido a más personas que en todo el año anterior; además de que los niños representan ya el 50 por ciento.
Sarha de los Santos Llamas, titular de la Segunda Visitaduría dijo que “lamentablemente el flujo de migrantes en Gómez Palacio se ha incrementado considerablemente, por lo que ya se superó el total de lo registrado durante todo el año pasado”.
De esta manera, en 2018 se atendieron a 362 migrantes y hasta julio de 2019, se tienen 370 atenciones en la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en la entidad, sin embargo prevén que el número pueda aumentar por la deportación desde Estados Unidos.
Mientras tanto, en la frontera sur de México, un grupo de migrantes irregulares denunciaron que en Palenque, Chiapas fueron extorsionados por supuestos policías rurales; “nos dijeron que nos dejarían pasar si les dábamos 500 pesos por cada persona y solo les juntamos 800.
Afortunadamente logramos salir de ahí hacia la carretera”, indicó un migrante en un video.
Nuevas medidas de deportación en EU ponen en jaque a migrantes y defensores; estamos a ciegas, dicen
Las nuevas medidas para facilitar las deportaciones tienen en ascuas a las comunidades de migrantes y los abogados les recomiendan que reúnan toda la documentación posible -comprobantes de pagos, contratos de alquiler de viviendas e identificaciones de gimnasios- para demostrar que han vivido en Estados Unidos.
La incertidumbre acerca de qué impacto tendrán estas medias genera confusión y hace que resulte más difícil dar asesoría a los inmigrantes sin permiso de residencia. Abogados y organizaciones de activistas a veces hacen recomendaciones contradictorias acerca de si conviene tener siempre encima esos documentos.
Las nuevas normas permiten a los funcionarios del servicio de inmigración deportar a toda persona que lleva en el país menos de dos años. Actualmente las autoridades solo pueden ejercer esas atribuciones a una distancia de hasta 160 kilómetros (100 millas) de la frontera con México y con personas que llevan menos de dos semanas en el país.
Detractores de esta política dicen que envalentonará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para que la emprendan indiscriminadamente contra los migrantes, privándolos de llevar sus casos ante un juez o de consultas con abogados. Se calcula que unos 300 mil migrantes sin permiso de residencia podrían ser afectados por esta medida, según estimados del Instituto de Políticas sobre Inmigración.
Los abogados comenzaron a recomendar inmediatamente a los inmigrantes que reuniesen documentos para demostrar que llevan al menos dos años en el país, cualquier papel que compruebe una presencia continua en Estados Unidos. Pero no deben llevarlos consigo necesariamente.
“Estamos operando a ciegas en este momento”, dijo David Leopold, abogado de inmigración de Cleveland.
Por años, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han venido diciendo a la gente sin un status inmigratorio legal que no lleven consigo identificaciones con su país de origen, porque eso podría perjudicarlos. Pero al no tener la posibilidad de acudir a los tribunales, abundan los interrogantes.
“Deben llevar consigo una cantidad limitada de papeles”, dice la abogada de inmigración de Houston Mana Yagani. “Yo les recomendaría que tengan una copia de todo en la oficina de un abogado y en la casa de un amigo de confianza”.
Otros, sin embargo, insisten en el viejo adagio de que no digan nada ni lleven nada consigo.
“No tengas nada contigo y haz uso de tu derecho a guardar silencio”, dijo la activista de Chicago Rosi Carrasco.
El Centro Nacional de Justicia para el Migrante, con sede en Chicago, alienta a los migrantes a que tengan un plan, que conserven sus documentos en un sitio céntrico y que les den acceso a ellos a amigos de confianza. También que hagan planes para que alguien recoja a sus hijos en la escuela en caso de una emergencia.
La expansión de los poderes de las autoridades inmigratorias, que seguramente va a ser resistida en los tribunales, ya plantea numerosos interrogantes.
Hay quienes dicen que las nuevas reglas dan a los agentes de la policía inmigratoria (ICE, por sus siglas en inglés) piedra libre para que hagan lo que quieran. Mencionan el ejemplo de lo sucedido la semana pasada en Kansas City, donde agentes de inmigración que trataban de arrestar a un mexicano rompieron los vidrios de un auto y lo sacaron por la fuerza frente a su novia y a sus dos hijos pequeños. Fue deportado rápidamente.
También mencionan el caso de un ciudadano estadounidense de 18 años, de Dallas, que estuvo preso más de tres semanas tras ser detenido en un puesto de control en el que los agentes hacían uso de su derecho a deportar prestamente extranjeros sin permiso de residencia. Fue detenido bajo sospecha de estar en el país ilegalmente.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) dijo que acudirá a los tribunales, lo mismo que el Consejo Americano de Inmigración, que sostuvo que la expansión de esos poderes compromete el debido proceso.
El gobierno de Donald Trump aduce que las deportaciones rápidas son una forma de hacer frente a la escasez de lugar para detener inmigrantes en medio de una ola de llegada de centroamericanos. La aceleración de las deportaciones se suma a otras medidas recientes, incluidas nuevas restricciones a los pedidos de asilo y obligar a que la gente espere en México la tramitación de sus solicitudes de asilo.
El director interino del ICE Matthew Albence dijo que la ampliación de poderes para deportar “es una herramienta importante para expulsar extranjeros ilegales y aliviar la escasez de recursos que enfrenta el ICE en relación con el espacio para detenciones y los tribunales de inmigración”, según un memo que envió al personal del organismo.
Albence afirmó que era vital que se apliquen los nuevos poderes de una forma consistente y bien documentada. Indicó que los agentes deberán recibir capacitación adicional antes de ejercer esa autoridad.
Por ahora, Antonio Gutiérrez, de 30 años, tiene listos planes de emergencia y contrató a un abogado. Lleva casi 20 años viviendo en el país sin permiso.
Gutiérrez cruzó la frontera ilegalmente desde México cuando tenía 11 años. No pudo acogerse al programa del gobierno de Barack Obama que cobijó a los jóvenes que fueron traídos de niños a Estados Unidos y que no tienen permiso de residencia porque en una ocasión fue acusado de manejar en estado de ebriedad.
Reunió sus papeles, incluidas cartas de conocidos y todo lo referido a su solicitud rechazada de acogerse al programa DACA de Obama y los tiene en un lugar seguro en su casa. Otros miembros de su familia han podido regularizar su situación inmigratoria, pero él no.
“Organizarme me da una cierta seguridad”, expresó.
Los activistas difieren acerca de si es importante tener los documentos con uno todo el tiempo. Para algunos, es más importante hablar con un abogado y entender cuáles son sus derechos.
Esto es particularmente difícil ya que la gran mayoría de los inmigrantes no tienen abogados. Solo el 14% de los inmigrantes que son arrestados se presentan con un abogado cuando van a los tribunales, de acuerdo con un estudio del 2016 del Consejo Americano de Inmigración.
“No queremos crear alarmas innecesarias”, dijo Daniel Sharp, director de asuntos legales del Centro de Recursos Centroamericano de Los Ángeles. “Nuestra primera recomendación para todo el mundo es que se informen, que hagan una consulta legal y comprendan que pueden guardar silencio en lugar de llevar consigo una pila de papeles”.
“Honduras no está preparada para avalancha de deportados”
Una deportación masiva de hondureños desde los Estados Unidos representaría un impacto negativo para la economía nacional, considerando que esos envíos monetarios suponen el 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), estimó el secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón.
“El gobierno norteamericano actúa en relación a sus intereses, esa ha sido la historia de toda la vida, obviamente esto va afectar al país, recuerde que son 4 mil 500 millones de dólares anuales que está recibiendo el país en remesas”, indicó.
“El país no está preparado para una avalancha de deportados, no se tiene una propuesta de mitigación a una crisis eventual de este nivel y de esta magnitud, es urgente que el país entre en un proceso de gran diálogo nacional en función de ver el tema específico de los efectos de la migración”, concluyó.
PDH acciona ante la CC contra acuerdo de asilo migratorio con EEUU
Jordán Rodas, procurador de la PDH, informó que entregó dos acciones de amparo y una solicitud de debida ejecución para que las conozcan los magistrados de la CC.
Una acción es por la firma de asilo migratorio, que las autoridades de Estados Unidos han asegurado que sería para que Guatemala sea “tercer país seguro”, aunque el gobierno lo ha definido como un programa de “asilo migratorio”.
La otra acción es para garantizar el derecho de manifestación de la población. Además entregó una solicitud de debida ejecución para solicitar la destitución del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.
“La convención de Viena señala que los acuerdos firmados bajo amenazas no surten efectos jurídicos”, explicó Rodas, refiriéndose a los tuits de posibles sanciones contra Guatemala emitidos por el presidente Donald Trump, días antes de la firma del acuerdo.
“Guatemala no tiene la capacidad ni siquiera de dar a los habitantes del territorio nacional salud, educación, nutrición y vivienda digna para darle a personas que piden refugio en Estados Unidos”, sentenció Rodas.
Agregó que tendría un efecto contrario y generaría más migración a Estados Unidos.
El abogado Marco Vinicio Mejía presentó una acción ante la CC el 27 de Julio en contra del presidente Jimmy Morales por la firma de ese convenio.
Además Acción Ciudadana presentó otro amparo el 28 de julio y aseguran que es ilegal el acuerdo.
Procurador @JordanRodas presentó acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad por la firma de tercer país seguro y además pide la inmediata destitución del Ministro de Gobernación Enrique Degenhart. @Guatevision_tv pic.twitter.com/fka7EhbLL5
— Andrea Dominguez (@andread_gtv) July 29, 2019
