Violencia y militarización de la vida social. La experiencia de Colombia

La promoción de un escenario de violencia y caos en Venezuela ha sido una estrategia repetida en los intentos de desestabilización institucional y construcción de las condiciones que habiliten incluso una intervención externa, un golpe de estado o una fractura institucional. Del ciclo de las guarimbas y los crímenes de odio, a la incitación de los saqueos y los asesinatos selectivos, hasta la promoción de Venezuela como el país más violento de América Latina o el sabotaje al servicio eléctrico, se impulsó en los medios internacionales y en la sociedad la inseguridad y un incremento de la violencia en los lazos sociales, incluso bajo el estímulo de la acción de grupos paraestatales y de la represión estatal.

En un sentido más general, diferentes estudiosos han señalado cuanto la implementación de las transformaciones neoliberales que supone un proceso de polarización y crisis social exige toda una serie de tácticas y tecnologías de shock para imponer y gobernar esa crisis que incluye la emergencia de las mafias, la violencia y la imposición de un situación caos e inseguridad en la población. En Nuestra América reciente estos procesos de difusión de la violencia social, de militarización de las relaciones sociales y potenciación de un estado punitivo y de excepción como caras complementarias de la misma moneda tienen una historia larga; particularmente alrededor de lo que fue llamado “neoliberalismo de guerra” en referencia a la forma que adoptaron en diferentes países latinoamericanos los intentos de continuidad de las políticas neoliberales en el marco de la crisis que cuestionó su hegemonía en los principios de los años 2000 y que recurrió a la recreación de un consenso en base a la seguridad (González Casanova, 2013, Seoane, 2016).

Entre estas experiencias puede mencionarse lo sucedido en Colombia, particularmente bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) tristemente conocido por los llamados “falsos positivos” en referencia al asesinato de varios miles de civiles por parte del ejército haciéndolos pasar por guerrilleros abatidos en combate.

Ciertamente, en el caso de Colombia, estos procesos se inscriben en el marco de un escenario de guerra más largo cuyos inicios se registran en 1964, aunque algunos estudios demuestran que es continuación de la guerra bipartista ocurrida en la primera mitad del siglo XX (Moncayo, 2015). En ese devenir violento, se constituyó una clase social que ostenta el poder con varios matices, no es homogénea, está conformada por comerciantes, terratenientes, y, de forma más reciente, por grupos enriquecidos con economías ilegales. Una clase oligárquica asociada con los EE.UU. Estos grupos dominantes impusieron el neoliberalismo y adecuaron la institucionalidad para sostenerse en el poder, con una democracia limitada y un Estado represor (González Casanova, 2013).

Una situación expresada en la militarización de la vida cotidiana, tanto en las zonas rurales como en las ciudades. Según datos de  la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) en 2016 Colombia era el cuarto país en Latinoamérica, detrás de Brasil, Venezuela y México, en cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas y el primero si considerábamos sólo al Ejército, siendo el tercero en la escala demográfica. Eso quiere decir, que, en Colombia, por cada 220 habitantes hay un (1) miembro del ejército, mientras que hay un (1) médico por cada 543 habitantes (Prada y Salinas, 2016). Esta militarización es mayor en territorios de la periferia, donde se concentran las luchas campesinas, indígenas y afrocolombianas. Una periferia empobrecida por el modelo neoliberal, asediada por la acumulación primaria de capital, tanto del monocultivo (que incluye la coca), como de la minería y la ganadería extensiva, cuyos efectos son la concentración de la propiedad rural, el paramilitarismo y el desplazamiento forzado (Fajardo, 2005). En la región del Catatumbo, ubicada en la frontera norte con Venezuela, por ejemplo, están acantonados 9.200 miembros de las FF.AA. (sin sumar a la policía), en una región donde habitan 288.452 personas, lo que significa un (1) militar por cada 33 habitantes Una situación similar a la de los departamento de Arauca y la Guajira (fronterizos con Venezuela), Cauca, Chocó, Nariño (costa pacífica-suroccidente).

La alta militarización de estas zonas, y del país en general, no tiene resultados efectivos para lograr la tranquilidad o seguridad de las comunidades. Todo lo contrario. Los mapas de riesgo para líderes o lideresas sociales, – o políticos de oposición –, se ubican en los territorios con mayor concentración de militares, como lo demuestra el trabajo de la Fundación Indepaz que relevó y geo-referenció el asesinato de estos liderazgos, llegando a la conclusión de que los municipios más violentos para la sociedad organizada son los de la región del Catatumbo, Cauca y Arauca (2019).

En el lapso recorrido desde la firma del acuerdo de paz (suscrito por el Estado colombiano y las FARC en noviembre 2016) hasta abril de 2019, se registraron 596 asesinatos de líderes sociales, de los cuales 265 se han perpetrado en 119 municipios (de 1.101) con una alta concentración en las zonas más militarizadas (Indepaz, 2019). Es evidente que la paz no fue motivo de desmilitarización. La clara disminución de la confrontación armada, y el fin del desafío político de la mayor insurgencia del país no fue acompañada por un proyecto de paz completa que incluyera a la guerrilla del ELN, ni se modificaron las condiciones de acumulación capitalista, antes descritas, que son la fuente del conflicto armado interno: la concentración de la propiedad y la financiarización de la tierra.

Por el contrario, el gobierno de los EE. UU., en cabeza del presidente Donald Trump, incrementó su retórica sobre la política antidrogas, un viejo argumento para la injerencia en Colombia y la región, que desde los años 90 ha funcionado para mantener cerca de dos mil marines en territorio colombiano, en calidad de asesores, y constreñido al país para mantener la llamada “guerra contra las drogas y la lucha contra el crimen transnacional”, cuyos efectos en Colombia han sido nefastos para las comunidades (Vega Cantor, 2015).

En las ciudades la militarización está encabezada por la Policía Nacional – más la presencia de militares en algunas zonas. Cuentan con una nueva especialidad en la agenda de la “securitización”: la ciberseguridad; una faceta de la represión que combina un nuevo territorio operacional tecnológico con actividades de control social, gentrificación y segmentación de datos biométricos (Policía Nacional, 2018). Una novedad real, pero eclipsada por la historia de militarización de la policía y el control social. Desde los años 60, en el primer gobierno conservador del Frente Nacional (1962), la Policía Nacional, desarrolla actividades militares y no civiles (Vargas, 2006).

El control social de esa manera trasciende el orden del control físico y territorial que desarrollan los efectivos de las FF.AA. incluyendo la Policía Nacional. La ciberseguridad que están desarrollando es la fase superior de las estrategias de securitización ligadas a las llamadas operaciones sicológicas, que en las ciudades del país ha sido aplicada a fondo (Escobar, 2009). Una militarización sicológica, de control de las subjetividades, también desarrollada desde el gobierno de Álvaro Uribe con la creación de redes de ciudadanos cooperantes articuladas en los planes contrainsurgentes, militares y judiciales, utilizados durante el desarrollo del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática, destinada a derrotar las luchas sociales y populares contrarias al neoliberalismo.

Con ese despliegue militar represivo, apoyado e instigado desde los EE. UU., las clases dominantes han logrado mantener un control social neoliberal. Mientras que los asesinatos de líderes o lideresas sociopolíticas son la expresión de una democracia limitada o restringida; una guerra híbrida se desarrolla a gran escala, la que, sin embargo, no logró apaciguar las luchas sociales y populares, pues siguen siendo el principal activo ciudadano para buscar un cambio en el poder establecido. La militarización mantiene al país en la penumbra. Una larga noche que el movimiento social alumbra con sus luchas y desafía con llegar al alba de una nueva Colombia.