Violencia machista en Argentina: se realiza por quinto año consecutivo la marcha de Ni Una Menos
NUM marcha contra la violencia machista
Por Ludmila Ferrer.
Hoy a las 17 se realizará por quinto año consecutivo la marcha de NiUnaMenos, que irá desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. En el marco de la movilización, la organización La Casa del Encuentro publicó un informe que afirma que, en los últimos once años, en Argentina se produjo un femicidio cada 32 horas. Como terrible confirmación, poco después de la presentación del informe se conocieron dos casos más de femicidios en la provincia de Córdoba.
Según el relevamiento hecho por la ONG, entre 2008 y 2019 hubo 2952 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Esto dejó a 3717 niñas y niños –el 64 por ciento de ellos, menores de edad– sin sus madres. En más del 62 por ciento de los casos, los femicidas fueron parejas o ex parejas de las víctimas.
Como se informó, poco después de presentado el informe sobre femicidios, se informó que el sábado, Alejandra Palavecino, una joven de 18 años, fue asesinada por su novio en la localidad cordobesa de Anisacate. En 2017, el padre de Palavecino había denunciado al femicida, con quien la joven tenía un hijo en común. Esa misma noche en General Viamonte, Jésica González fue asesinada por su pareja enfrente de sus hijos, que resultaron ilesos. El hombre habría intentado suicidarse y se encuentra internado en un hospital de Bell Ville con custodia policial.
Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro, contó a PáginaI12 que el informe está hecho a partir de un relevamiento de las noticias publicadas entre 2008 y 2019. “Nosotros lo que pedimos son estadísticas oficiales unificadas porque no corresponde que tengan tres, como sucede ahora. Si vos tenés tres estadísticas, dos de ellas se presentaron este año y las dos difieren, ¿de qué manera vas a trabajar en políticas públicas si no tenés estadísticas que den cuenta de lo que pasa?”, cuestionó.
Según el informe, el 66 por ciento de las víctimas son mujeres de entre 19 y 50 años. Mientras que la mayoría de los femicidas tienen entre 31 y 50 años. Más del 62 por ciento de los femicidas fueron esposos, parejas o novios de las víctimas al momento de cometer el crimen o lo habían sido con anterioridad; casi el 16 por ciento no tenían vínculo alguno; el 11 por ciento fueron familiares y el 8 por ciento de los casos se trató de vecinos o conocidos. El 18 por ciento de los femicidas se suicidó luego de cometer el crimen.
El relevamiento de la ONG también tuvo en cuenta los “femicidios vinculados”, es decir, “aquellas personas que fueron asesinadas por el femicida porque intentaron impedir la agresión y quedaron en la línea de fuego o por ser familiares de la víctima, como pueden ser los hijos o hijas”. “Este femicidio no existiría si la intención del agresor no fuera hacer sufrir y destruir psíquicamente a la mujer”, señaló Rico. Por otro lado, la provincia de Salta es la que concentra la tasa más alta de femicidios (13,78), seguida por Santiago del Estero (13,30) y Jujuy (11); mientras que la menor incidencia se registra en la Ciudad de Buenos Aires, con sólo 4,36 de estos crímenes cada 100 mil habitantes.
Respecto a las modalidades de los femicidios, el informe arrojó que 788 de las víctimas fueron baleadas; 696 apuñaladas y 458 golpeadas. El relevamiento también tuvo en cuenta las muertes por abortos clandestinos. “Nosotros los consideramos femicidios estatales porque queda en evidencia la ausencia del Estado en este tema”, denunció la presidenta de la ONG y reclamó la necesidad de sancionar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “En el informe sólo hay 4 casos, pero porque recién el año pasado se empieza a hablar de las muertes por abortos clandestinos”, agregó.
Además, Rico señaló que falta información acerca de los travesticidios. Según el relevamiento, en los últimos 11 años, sólo se publicaron notas de 33 travesticidios. “No son 33, el tema es que los empiezan a publicar después de que se sanciona la ley de identidad de género”, sostuvo. “Sabemos que la violencia de género atraviesa a todos en la sociedad, pero en los sectores más vulnerables suele suceder que a la mujer le dicen que no denuncie porque la Justicia no va a hacer nada y esa mujer vuelve a la casa con el agresor. No están protegiendo a una mujer en situación de violencia”, denunció Rico y exigió que se implemente la ley Micaela, que obliga a funcionarios estatales a recibir capacitaciones en temática de género.
El perejil sigue matando en las sombras
“Una vez más: la clandestinidad mata”. Con esa frase, eco de todas las marchas en reclamo de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir anunció que murió otra mujer, desamparada por el Estado, por intentar frenar su embarazo con un tallo de perejil en Paso del Rey, partido bonaerense de Moreno.
La mujer, oriunda de Paraguay, tenía 28 años y dos hijos a su cargo, cuando ingresó al Hospital Mariano y Luciano de la Vega con hemorragia e infección uterina. Siete días después, el 10 de mayo, el cuadro evolucionó hasta una infección generalizada que le causó la muerte. “Una mujer más muere por el marco legal vigente, que restringe el acceso a info oportuna, científica y veraz”, subrayó la Red al reclamar nuevamente por el aborto legal, seguro y gratuito.
De acuerdo a datos brindados a los médicos de la red por la Dirección de Maternidad e Infancia del municipio de Moreno, la causal de muerte de la mujer fue registrada como «maternidad», lo que confirma que se trató de un aborto inseguro incompleto. Una médica que tuvo acceso al caso contó que la mujer ingresó por haberse colocado un tallo de perejil. “Primero le hicieron una histerectomía por el sangrado y el riesgo de infección y quedó internada en terapia intensiva. Después tuvo una de las complicaciones típicas en este tipo de casos y desencadenó en una sepsis con falla multiorgánica”, contó Julieta Ireizo, médica generalista de la zona.
El miércoles pasado, un día después de que miles de mujeres salieran a las calles para reclamar por sus derechos, murió otra mujer de 31 años en Tigre, también con una sepsis generalizada que se desencadenó por una infección en el útero por una maniobra de aborto incompleto.
A pesar de que Moreno intensificó hace varios años su trabajo para garantizar las Interrupciones Legales de Embarazos y que en Paso del Rey hay dos centros de salud públicos que trabajan brindando información para evitar abortos inseguros, no hay registros de que la mujer haya consultado a ningún médico.
“Impacta un montón, porque obviamente hay que seguir incentivando la consulta, pero por otro lado es el Estado el que es responsable de generar esta accesibilidad, de difundir, de que haya información segura, eficaz, científica”, subrayó Ireizo quien explicó que por eso es importante que se aprueba la ley de la IVE porque hoy “las mujeres y personas que gestan no pueden acceder porque el estigma social y el miedo que hay por acudir a instituciones públicas por la violencia institucional es tan grande que hace que ni siquiera consulten a los médicos”. Las consejerías antes, durante y post interrupciones está contemplado en el proyecto presentado el martes pasado en la Cámara de Diputados, la octava vez que se busca garantizar la legalización del aborto.
“Necesitamos que el aborto clandestino desaparezca y que las políticas públicas estatales garanticen que en todos los efectores de salud se mejore la accesibilidad de las personas gestantes a los servicios de salud sexual y reproductiva”, reforzaron en un comunicado desde la Red, que recordó que hace años que trabajan “a conciencia llevando adelante prácticas seguras que garantizan derechos y promueven el bienestar, evitando la muerte”. En Moreno, hay al menos 35 miembros de la red. “No vamos a cansarnos de decir: ‘contás con nosotros’. Los abortos inseguros matan, la clandestinidad mata. Ni una muerte más por abortos inseguros”, indicaron también en el texto.
