Retroceso democrático: economía de captura y elecciones en Guatemala – Por Harald Waxenecker

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Harald Waxenecker, especial para NODAL*

El 16 de Junio de 2019, la ciudadanía guatemalteca deberá elegir entre 19 candidaturas a la nueva persona para ejercer la presidencia de la República. En un país con altos niveles de desigualdad y concentración del poder, la coyuntura electoral actual plantea la necesidad de reflexionar acerca de la captura de políticas públicas por parte de grupos de poder, la influencia desmedida de algunas empresas para beneficiarse del presupuesto público y, en fin, las perspectivas que tiene este contexto político para combatir problemas estructurales del país y fortalecer la democracia guatemalteca.

Guatemala es un caso paradigmático de ‘economía de captura’, –entendida comola influencia indebida de poderes económicos sobre el Estado para apropiarse de excedentes extraordinarios e ilícitos–, especialmente en el rubro de las contrataciones estatales de obras, bienes y servicios. Se estima que unas 900 empresas han capturado alrededor del 50% de las contrataciones estatales en salud, infraestructura, alimentación, transporte y seguridad entre 2004 y 2017, un período donde tuvieron lugar varias elecciones y se experimentaron diversos ciclos políticos. El volumen capturado de estas contrataciones asciende a casi Q51 mil millones (US 6.6 mil millones aproximadamente). En otras palabras, existe un reducido número de actores económicos que se ha apropiado del equivalente al presupuesto de la nación del año 2011, aplicando mecanismos lícitos e ilícitos que alteran la competitividad económica y las regulaciones institucionales.

En los últimos años, esta captura ha generado excedentes extraordinarios e ilícitos: Q9.3 mil millones en forma de sobornos para miembros del sector público y Q10.3 mil millones (US 1.3 mil millones aproximadamente)para las empresas en forma de ganancias fraudulentas. En suma, casi Q20 mil millones (US 2,6 mil millones aproximadamente) suponen ganancias extraordinarias para contratistas y para funcionarios y políticos durante los gobiernos de la GANA, la UNE, el Partido Patriota y el primer año de FCN-Nación. Es decir, más del 20% del presupuesto de las contrataciones estatales, sin distinción del partido en el gobierno, sirvió para pagar sobornos y ganancias extraordinarias.

Estos excedentes tienen –además del enriquecimiento indebido– una función política de cara a la reproducción e impunidad del propio sistema de economía de captura. Esta perpetuidad del poder político que sirve y se sirve de la ‘economía de captura’ distorsiona la democracia y el sistema electoral, generando condiciones para su (auto)reproducción política. Lo sui generis del momento político de este nuevo milenio es un retroceso democrático, consolidando un sistema político unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar:

Fraccionado, por la disputa y la interacción de poderes complejamente entrelazados que encuentran cobijo en una veintena de partidos políticos, que rivalizan entre sí por posiciones privilegiadas en el manejo del poder estatal.

Unipolar, por la conformación de un sistema político dependiente y sin contrapesos, cuyo manejo de poder real se despliega desde complicadas zonas grises y se constituye en garante del statu quo.Apenas la crisis del 2015 ha dado un nuevo impulso a fuerzas políticas de oposición.

Apolítico y clientelar, por la carencia –casi total– de programas políticos en la oferta electoral y el uso –muy frecuente– de métodos clientelares para captar y mantener a determinado ‘caudal de votos’. En ese sentido,el poder se sostiene en la competencia desigual, utilizando recursos estatales y ‘excedentes extraordinarios’ para sostener sus redes clientelares.

Pues, la democracia misma se ha convertido en una contención asimétrica que le es funcionalalcontinuum del sistema de captura. Elites económicas, redes criminales, poderes (ex)militares y clase política, –entre otros– consintieron y se aprovecharon conscientemente de la consolidación de este sistema político-económico retorcido, y por ende, son corresponsables de su origen y continuidad.

De esta forma, la legitimidad, –e incluso la legalidad–, de aspiraciones de (re)elección de muchos contendientes de los comicios del año 2019 se pone en duda.

Por ejemplo, diferentes casos judicializados que involucran financiamiento electoral ilícito, señalan que desde el punto de vista del enriquecimiento particular, no es cierto que haya que ganar para ganar. En otras palabras, para enriquecerse no hay que ganar elecciones (véase caso “Cooptación del Estado”). Este modus vivendi explica –en alguna medida– las ‘candidaturas presidenciales eternas’ de A. Giammatei, S. Torres, M. Estrada o Z. Ríos (entre otras) y los ‘candidatos emergentes’R. Arzú, F. Cabrera y E. Galdámez (entre otros).

Por otra parte, el Congreso se ha convertido en una tribuna de confluencia y pacto entre actores de poder en los últimos años. La fuerza legislativa acumulada del núcleo duro del pacto está integrada por al menos 56 legisladores de 9 bancadas distintas, y se entreteje con las redes político-económicas ilícitas de carácter regional que incluyen unas 43 figuras políticas consolidadas y 17 en formación. La (re)elección legislativa se realiza de cara a la perpetuidad de la ‘paradoja del Estado cooptado’: la legitimidad y la legalidad del propio Congreso estaría en juego.

En este contexto, las elecciones tienen una relación con la perpetuidad o la ruptura de la economía de captura.El resultado electoral reordenará las correlaciones de fuerza en la arena política y en una parte de la institucionalidad estatal, y pues, de estos (des)equilibrios de poder dependerán las (des)esperanzas (in)mediatas del país.

(*) Licenciado en historia y maestría en Estudios Latinoamericanos. Experiencia investigativa en Centroamérica –especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador– alrededor de los campos problemáticos de redes ilícitas y estructuras de poder.