Panorama: un país atravesado por la pobreza, la violencia y la corrupción – Por Lídice Valenzuela

Guatemala, la nación más poblada de Centroamérica, con más de 16 millones de habitantes y un 60 % de pobreza, celebra el próximo día 16 la primera vuelta de elecciones generales, en la que competirán, entre otros cargos, los probables sustitutos del actual presidente, el actor cómico Jimmy Morales.

Las cifras de extrema pobreza llegan a más del 24 %, lo que sitúa a esta nación en el lugar 128 de 188 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, una cuenta pendiente de Morales y de las administraciones que pasaron por ese país desde que se firmó el acuerdo de paz de Esquipulas II, hace 30 años.

Para el exmandatario guatemalteco Vinicio Cerezo, uno de sus promotores, el problema económico y social del país debió solucionarse después de la suscripción del documento, lo que generó, dijo, el nuevo tipo de tragedia que se vive ahora con la violencia y la pobreza ya entronizados en el país.

En mayo de 1986, cinco presidentes centroamericanos se reunieron en la localidad guatemalteca de Esquipulas con el objetivo de consolidar la decisión política de los gobernantes y establecer el procedimiento para conseguir la Paz Firme y Duradera en la región, concretado en Esquipulas II, en 1987.

Los jefes de Estado de Guatemala, Cerezo; El Salvador, José Napoleón Duarte; Nicaragua, Daniel Ortega; Honduras, José Azcona Hoyo; y Costa Rica, firmaron el documento titulado Esquipulas II, en el que acordaron la cooperación económica y una estructura básica para la solución pacífica de los conflictos.

La realidad es diferente a la imaginada en aquellas dos importantes reuniones, pues el propósito de mejorar la calidad de vida de las poblaciones quedó en el papel, con honrosas excepciones. De ahí que cada año escapan de la situación de hambre, racismo, violencia y desempleo millares de emigrantes, tanto en grupo como en las caravanas del pasado año, a la que se unieron hondureños y guatemaltecos para caminar miles de kilómetros hasta la frontera de México con Estados Unidos, la mayor potencia imperialista que los detiene y devuelve a sus orígenes, si no fallecen en el intento.

En la llamada “tierra de muchos árboles” (Quautlemallan en náhuatl), el 55 % de la población está entre los 15 y los 64 años de edad, lo que los convierte en una fuerza laboral activa, pero sin lugares de empleo. Para ellos, los comicios del domingo 16 son indiferentes, pues han visto las anomalías y la corrupción de los gobiernos de turno, incluido el del actual mandatario, un aliado de Estados Unidos e Israel.

Esas carencias son debilidades concretas que demuestra el subdesarrollo de la clase política guatemalteca, hoy en día vinculada con el crimen organizado, el narcotráfico, las redes de corrupción e impunidad que mantienen secuestrado al Estado para que funcione a favor de intereses individuales y de grupos perversos, según el analista político Jesús Manrique, del diario digital elheraldo.com.

Pocos son los observadores políticos que prevén cambios significativos cuando se elija el nuevo presidente/a de este pequeño y poblado Estado centroamericano, en el que existe una alta población mestiza (41 %), además de la indígena, (39,3), blanca (18,5), negra (1,0 ) y asiática (0,29).

Ese día 16, y para un período de cuatro años, se eligen también 160 diputados al Congreso Nacional, 240 alcaldes y Concejos Municipales, y una veintena de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Hasta ahora, aunque hay marcadas tendencias políticas, hay reservados pronósticos sobre quién resultará electo.

La crisis actual que vive Guatemala se desencadenó cuando Morales, con un 18 % de respaldo popular, acusado él y algunos familiares de corruptos, acepta el compromiso pleno de defender el delito estatal, como robo, lavado de dinero, tráfico de influencias  y represión popular.

Para el profesor e investigador, consultor en Derechos Humanos, Factor Méndez Doninelli, este año “se ha visto el mismo estilo de campaña vulgar, donde predomina la retórica vacía, sin sentido ni contenido, carente de propuesta, en ocasiones hasta incongruente” que caracteriza a los partidos guatemaltecos.

Esa jornada electoral viene marcada por la salida de dos de las tres mujeres que aspiraban a la Primera Magistratura y tenían posibilidades de lograrlo.

De acuerdo con elheraldodesaltillo.mx, la Corte de Constitucionalidad es el principal árbitro político para determinar quienes competirán o no por el máximo cargo del gobierno. Esta fuente refirió que con fundamentos jurídicos o no, esa Corte determinó la salida de dos candidaturas de derecha, punteras en las encuestas electorales: Thelma Aldana (Semilla) y Zury Ríos (Valor). Está pendiente un proceso contra Sandra Torres (UNE), que aparece como favorita para ganar al menos en la primera vuelta.

Las dos postuladas salientes, situadas en la anticorrupción y el reformismo institucional, fueron defenestradas por las fuerzas que integran el llamado Pacto de Corruptos, grupos y partidos que unieron fuerzas con Morales para sacar del país al órgano de la ONU encargado de investigar las decenas de denuncias de corrupción gubernamental.

Con Torres no hay que hacerse ilusión alguna. Aunque en el gobierno de 2008-2012 impulsó programas paliativos contra la pobreza, representa la continuidad del modelo de acumulación de capital. Ha hecho alianzas con partidos tradicionales para garantizar impunidad a sus principales dirigentes y ha incorporado financistas de intereses dudosos.

Lo más previsible es que el Pacto de Corruptos se articule, al igual que hizo en 2015 en torno a la candidatura que se posicione con mayores posibilidades de alcanzar la presidencia, lo cual podría ocurrir al concluir la primera vuelta electoral, pues hay casi certeza de que los guatemaltecos tendrán segunda ronda.

Son 17 los binomios que concurren a esta lid, un símbolo de la fragmentación política existente en Guatemala, incluso, en partidos progresistas o de izquierda, aunque lo que más abunda es la derecha y centro-derecha, según las divisiones ideológicas dadas como válidas hasta ahora.

Las principales opciones, según encuestas disponibles y no siempre fiables, estarían en los candidatos Torres, Alejandro Giammattei (Vamos) y Roberto Arzú (PAN y Podemos).

En este rejuego político, algunos medios, como Prensa Libre, indican que podrán aún hacerse alianzas del partido de la defenestrada Ríos con sus seguidores, o con candidaturas invalidadas como la de Mario Estrada (UCN) y Mauricio Radford (Fuerza).

Para este medio, el bloque del Pacto de Corruptos tendrá grandes posibilidades de seguir controlando el Gobierno y el Congreso.

Ese es, aunque no definitivo, el entorno en que se mueven las tendencias derechistas, bastante fragmentadas, al igual que ocurre con los cuatros partidos de tendencia izquierdista, de los cuales se espera una baja puntuación comicial.

Mientras, en las principales arterias de Ciudad de Guatemala, la capital, se observa un vandalismo por parte de supuestos activistas políticos que rompen de manera deliberada la propaganda de sus adversarios, una demostración de la nula ética de los concurrentes. Sin embargo, según reportes de los medios, ese vandalismo también es notorio en departamentos y municipios de otras partes del país.

Según voceros del Tribunal Supremo Electoral, en el escenario del extremo multipartidismo nacional, con 28 agrupaciones políticas inscriptas, una encuesta de la Agencia CID-Gallup registra una intención de votos para Sandra Torres de 17 %, después de que fueran sacadas del juego Aldana y Ríos.

En 2009, Torres también aspiraba por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y desde entonces disfrutaba de alta popularidad en los sectores más pobres, con sus programas sociales. Entonces era la esposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), y aunque no ocupaba cargo público gestionaba los proyectos del Fondo de Cohesión Social, que consolidaron las bases de su partido, así fue conocida en todo el país.

En 2011 se divorció de Colom y lanzó su carrera política en solitario, pero le prohibieron participar en los comicios al aplicarle el artículo 168 de la Constitución Política, el cual impide que parientes del mandatario, incluido el cónyuge, opten por la Presidencia cuando este todavía esté en funciones.

Candidata en 2015, pasó a segunda vuelta pero perdió frente a Jimmy Morales, un pastor evangelista, además de artista, que arrastró consigo a más del 41 % de electores que practica esa religión en Guatemala.

Este año hay seis mujeres que aspiran a la vicepresidencia, aunque algunos razonamientos indican que en Guatemala existe una cultura machista que excluye a las mujeres de los procesos políticos. En 2015, solo un 18 % de todos los cargos populares eran ocupados por féminas. Solo ocho de ellas ganaron igual número de las 338 alcaldías en disputa (un 2,4 %), y de las 28 Secretarías Generales de los partidos políticos inscritos, cuatro mujeres ocupan el cargo. Esto representa el 14 %. En el Congreso, solo hay 26 diputadas.

Un análisis de Mirador Electoral indica: “Esto constata la grave exclusión de las mujeres en el ejercicio del poder público y denota la urgencia de la transformación del Sistema Electoral y de Partidos Políticos”.

Según Héctor Rosada, el panorama político es complejo, poco ordenado y evidentemente con carencia de liderazgos. La falta de información y de debate se expresa en que el grueso de la población es absolutamente ajeno a un pasado que estuvo marcado por la confrontación armada.

“Es difícil comprender el presente —advirtió— si no se conoce el pasado. La desconexión absoluta entre el gobierno y la población es mucho más evidente actualmente”.

En marzo pasado comenzó la campaña electoral de 2019 en Guatemala con una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las agrupaciones políticas —hay 28 habilitadas— solo tenían tres meses para hacer proselitismo e intentar convencer al electorado, evidentemente, aburrido de las carencias y las imposibilidades de prosperar bajo un sistema neoliberal.