Las víctimas italianas del Plan Cóndor: 20 años buscando justicia
Los imputados en el país europeo son 27 jerarcas, militares y represores de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay -en un principio eran más, pero fueron muriendo-, como el exministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez, o el expresidente peruano Francisco Morales.
El militante uruguayo de izquierdas Bernardo Arnone salió de casa el 1 de octubre de 1976 en Buenos Aires y nunca regresó. Desapareció en las sombras del Plan Cóndor y su destino, como el de otras víctimas, se juzga en Italia, en un proceso que dictará sentencia el 8 de julio.
Hace veinte años, en 1999, algunos familiares de desaparecidos con orígenes italianos denunciaron los hechos ante la Justicia del país europeo y ahora están a punto de conocer el veredicto en segunda instancia.
Durante todos estos años se ha tratado de averiguar el destino de una veintena de italo-latinoamericanos que desaparecieron durante la Operación Cóndor, el plan de represión coordinado por las dictaduras de América Latina entre las décadas de 1960 y 1970.
Los imputados en Italia son 27 jerarcas, militares y represores de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay -en un principio eran más, pero fueron muriendo-, como el exministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez, o el expresidente peruano Francisco Morales.
Todos están imputados en contumacia, ausentes en el Tribunal de Roma, dada su avanzada edad o porque ya cumplen condena en sus respectivos países, y son defendidos por abogados de oficio.
La lista de víctimas está repleta de apellidos italianos, como el caso del revolucionario argentino Luis Stamponi, el excura chileno Omar Venturelli, el tupamaro uruguayo Alvaro Banfi, el sindicalista Gerardo Gatti o la montonera argentina Marta Landi.
Pero también el uruguayo Bernardo Arnone, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y raptado el 1 de octubre de 1976 al salir de la casa en Buenos Aires en la que se refugiaba a raíz del golpe de Estado en su país de 1973 y la represión posterior.
Aquella remota mañana sigue indeleble en la memoria de su viuda, Cristina Mihura, quien llevó adelante su caso en Italia: “Bernardo salió de casa. Estaba su mamá, que había venido a visitarnos, y no volvió nunca más”, rememora en una entrevista con Efe en Roma, donde vive.
Cristina y Bernardo se conocieron en un funeral y acabaron casados con apenas 20 años, en 1974, un año después del fatídico golpe. Ella estudiaba y él era un metalúrgico involucrado en la lucha sindical.
Arnone estaba en el punto de mira de los militares por una serie de revueltas en su fábrica, por las que fue encarcelado, y más si cabe por su oposición a la dictadura, así que la pareja cruzó la frontera y se refugió en Buenos Aires. Primero él y después ella.
“Teníamos militancia política. En aquella época no éramos niños a esa edad, pero ciertamente no éramos adultos”, recuerda pausada.
En Argentina su marido desapareció para siempre, y la viuda sospecha que pasó por el Centro Clandestino de Detención “Automotores Orletti”, un taller bonaerense usado en 1976 por la dictadura para torturar a cientos de opositores de izquierda.
Sus pasos, y los de otros muchos compatriotas y latinoamericanos, se pierden ahí: “En aquella época la Operación Cóndor no tenía nombre, existía ya, estaba en pleno curso, y Argentina era su epicentro, pero nosotros no teníamos ni idea”, asegura.
Reconoce que Bernardo nunca renunció a la oposición al régimen y que pudo participar en atentados y operaciones subversivas, aunque sin matar a nadie, y defiende que en todo caso no merecía ese fin.
“Cualquier delito que haya podido cometer, que no me consta, no merecía la pena de muerte. Ciertamente merecía un juicio (…) Su mamá y su familia, yo, no merecíamos que no nos entregaran sus restos y 42 años después sigan sin dar información”, lamenta.
La duda está en si Bernardo pudo ser deportado desde Buenos Aires a Uruguay en el conocido como “segundo vuelo”, en el que según se supo después viajaron unos 20 uruguayos de los que nada más se supo.
Por este caso permanecen imputados en Italia once uruguayos: el excanciller Juan Carlos Blanco; José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco; Ernesto Avelino Ramas, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
En 2017 el Tribunal de Roma concluyó el juicio en primer grado con ocho cadenas perpetuas, entre ellos para García Meza, Arce Gómez y Juan Carlos Blanco, pero el resto salieron absueltos, también el militar Jorge Néstor Troccoli, el único que reside en Italia y que se persona en el juicio, pues escapó de su país en 2007.
Y sobre este exmilitar del cuerpo de fusileros navales durante la dictadura uruguaya (1973-1985) reside gran parte de la atención, pues se le imputa la desaparición de veinte uruguayos y su condena podría ser efectiva al ser el único que se encuentra en Italia.
Mihura en cualquier caso cree que el juicio en Italia tiene “un significado muy importante” porque demuestra que la búsqueda de la verdad continúa cuatro décadas después y subraya que el caso de Bernardo ya ha conllevado sentencias en Argentina, Uruguay e Italia.
“Puedo decir que por él ha habido justicia pero no verdad (…) Quisiera poder enterrar a Bernardo con dignidad”, zanja, emocionada.
