La corrupción de Moise, un pueblo alzado… sin soluciones a la vista – Por Victoria Korn
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Victoria Korn(*)
La publicación del segundo informe de la Corte Superior de Cuentas haitiano sobre la corrupción en el manejo del fondo de Petrocaribe, que confirma la implicación del presidente Jovenel Moïse y su gobierno en el desfalco, ha desatado una nueva ola de movilizaciones, tras las enormes protestas de julio de 2018 contra el aumento de los combustibles y el ajuste impuesto por el FMI, y luego con el movimiento contra la corrupción de Petrocaribe.
Como era de esperarse, Moise, negó su implicación en actos de corrupción y malos manejos de los fondos públicos. ‘Su presidente, el que usted votó, no es corrupto y nunca lo será’, dijo Moise durante un acto en el aniversario 24 de la Policía Nacional, y pidió dejar que el sistema de justicia haga su trabajo y lleve a cabo la investigación para responsabilizar a aquellos que usaron mal el tesoro público.
Los fondos de Petrocaribe llegaron al país para ser destinados a proyectos de infraestructura social y energética, pero se encontraron con sobreprecios, subejecuciones, contratos yuxtapuestos, obras fantasmales, liquidación precoz de fondos, evasión fiscal, nepotismo, donde, según el segundo informe de la segunda auditoría del citado tribunal, Jovenel Moïse participó de forma directa a través de empresas de su propiedad, como Agritrans.
También aparecen vinculados a la trama de corrupción funcionarios de carrera, primeros ministros, ex ministros y directores de empresas. Se trata en suma de un hecho de corrupción que, a escala local, quizás resulta aún más significativo que el escándalo trasnacional en torno a la constructora Odebrecht. Y sin embargo, como son las cabezas de un gobierno plenamente consustanciado con los intereses estadounidenseslas que penden de un hilo, nadie pondrá el grito en el cielo.
Tras la publicación del informe del Tribunal, a finales de mayo, el gobernante enfrenta una fuerte presión popular que pide su renuncia y lo acusa de no tener moral para dirigir la nación. El 9 de junio se realizaron gigantescas marchas en la capital, Puerto Príncipe, y las principales ciudades del país con cantos y consignas como “Vamos al palacio a buscar el dinero de Petrocaribe, si no aparece lo vamos a quemar”. El 10 y el 11, el país fue paralizado por una huelga general y las protestas han continuado toda la semana pese a la brutal represión.
La crisis política se sigue agravando. Es un gobierno ilegítimo, producto de un fraude electoral en 2016, con un candidato designado por el ex presidente Michel Martelly y la embajada estadounidense. Mose fue aupado a un fantasmagórico primer lugar, desplazando al ganador legítimo, el exsenador Jean-Charles Moïse, a un tercer puesto que no le permitió ni proyectar su sombra en un balotage.
Ha ido perdiendo el apoyo de sectores de la burguesía y de la Iglesia Católica, que empiezan a cuestionarlo, ante la presión de la lucha popular. El 30 de mayo senadores opositores impidieron la ratificación del gabinete de Moïse encabezado por el primer ministro Jean Michel Lapin, con lo cual cobra fuerza la denuncia de que Moïse encabeza un gobierno de facto sin sustento legal al no contar con apoyo parlamentario.
Un grupo de diputados solicitó en una carta abierta al presidente del Congreso que abra un procedimiento para destituir a Moïse. El cuestionamiento generalizado alcanza también al parlamento, pues la oposición burguesa también está involucrada directa e indirectamente en la corrupción.
La gente en las protestas habla de la necesidad de acabar con “el sistema”. La gente repudia no solo al gobierno sino al régimen en su conjunto, los mecanismos de explotación y saqueo que caracterizan al Estado capitalista haitiano bajo la dominación semicolonial de Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, España, los países que integran el Core Group.
Esta instancia, en la que también participan delegados de la Unión Europea, la ONU y la OEA, es odiada por su respaldo al gobierno derechista de Moïse y el Partido Tet Kale (PHTK, partido de las cabezas rapadas), por su apoyo a la represión policial en febrero de este año, cuando elogiaron el “profesionalismo” de los represore, y por su participación en la rapiña económica contra el pueblo haitiano.
Los movimientos sociales repudian la brutalidad policial, reflejada en asesinatos y decenas de heridos, y exigen la expulsión del Core Group y a las fuerzas de ocupación de la Minustah. Señalan que la deuda externa debe anularse y exigir reparaciones históricas a Francia y EEUU, por las extorsiones e invasiones sufridas por el pueblo haitiano a manos de ellos desde la independencia.
El estado está en completa bancarrota, deficitario en la provisión de derechos sanitarios, educativos o habitacionales, atado por las correas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, militarmente ocupado desde el año 2004 por las misiones de “pacificación” y “justicia” de la ONU, y que usa instrumentos represivos desproporcionados para reprimir ciudadanos de a pie, pero que carece de la capacidad o de la voluntad de poner un límite a las bandas criminales organizadas y financiadas por el propio poder político.
Estos grupos, los “gangs”, los que perpetran masacres y aterrorizan las comunidades para que los senadores o expresidentes que los organizaron y armaron, vuelven a financiarlos y cobijarlos bajo su ala, como sucedió con el por estas alturas ya casi mítico Anel, amo y señor de Grand-Ravine. Los gangs cumplen objetivos como forzar a la ciudadanía a abandonar las calles que ocupan casi sin solución de continuidad desde hace años contra la crisis económica, la carestía de la vida, la ocupación internacional y la corrupción gubernamental.
El movimiento Popular Nou pap Domi (No dormiremos) convocó la nueva jornada de protestas, tras la masiva respuesta de la movilización del jueves último en Puerto Príncipe. Integrado en su mayoría por jóvenes, exigen la renuncia del presidente Jovenel Moise y denuncian la corrupción como uno de los principales males del país. Según sus organizadores, la marcha fue un éxito, pro bandas paramilitares asesinaron a un periodista.
A diferencia de protestas anteriores, en esta ocasión la ciudad no se paralizó, y en otras zonas de Puerto Príncipe, se reanudaron las actividades, ralentizadas desde la movilización de este domingo. Pero siguen sucediéndose fuertes incidentes en las calles de Haití, donde a las cargas policiales violentas e indiscriminadas se suceden también ataques a la población por parte de grupos paramilitares que se mueven como el pez en el agua protegidos por las fuerzas policiales.
Los analistas señalan que la constelación de personas que exigen la partida de Jovenel parece ser más opuesta entre sí que contra el poder de Kale. Enfrentamientos en redes sociales y medios tradicionales son ilustrativos de ello. Obviamente, más allá de manifestaciones, para sacar al gobierno de Moïse y al parlamento corrupto, recuperar los dineros de la corrupción para invertirlo en salud, educación, acceso al agua, agricultura e industrialización, reorganizando al país al servicio de las mayorías populares, es necesario construir un frente de las organizaciones en lucha.
El último experimento progresista y popular en Haití fue en el año 1991, la del cura salesiano Jean Bertrand-Aristide, que supo conducir a una verdadera avalancha de voluntades y votos (“Lavalas”, “avalancha” en la lengua nacional haitiana, se llamaba precisamente su coalición), fue abortado con repetidos golpes de estado, con la presión externa financiera y diplomática, con su regreso condicionado al país y finalmente con una ocupación militar que no cesa.
Desde los sectores del poder se habla de la conformación de un gobierno de transición –forma neoliberal de consenso- dirigido por los mismos sectores que están siendo impugnados por la movilización popular. Pero hasta que no confluyan todas las organizaciones independientes y sociales que defienden los derechos de los trabajadores, los campesinos, las mujeres, la juventud, el ambiente que se oponen al saqueo megaminero y las organizaciones comunitarias, será difícil que haya cambios en Haití.
(*) Periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la), desde Puerto Príncipe
