Comunidades chilenas rechazan la consulta indígena impulsada por el gobierno
El fracaso de la consulta indígena
por Diego Ancalao Gavilán
En la consulta indígena que el Gobierno ha tratado de imponer bajo sus términos, se visualiza claramente un “choque de culturas”, que vuelve a ratificar el modo en que este Gobierno entiende el diálogo y la búsqueda de acuerdos, es decir, es la autoridad la que define de qué se habla, cuándo, cómo y con quiénes… los otros, los que serán afectados por esa “invitación a conversar”, solo les queda aceptar las condiciones dadas. Pero este clásico criterio paternalista, dadas las circunstancias, es casi un asunto menor.
En efecto, hace muchos años que el movimiento indígena en Chile no tenía un triunfo político tan importante como el de hoy. La torpeza y el inexcusable desconocimiento de la autoridad sobre las culturas indígenas, -para las cuales tienen la responsabilidad de generar políticas públicas-, han logrado que la mayor parte de la dirigencia de base e intelectual, haya unido su voz para decir que no queremos su consulta.
Es un insulto ha lucha persistente con la que hemos alcanzado una cierta protección de las tierras restituidas por el Estado; y hoy, ese mismo Estado, busca artilugios para devolver esas tierras a las transacciones del mercado. Y aquí llegamos al tema de fondo: lo que no se quiere es privatizar nuestras pocas tierras, en beneficio de privados no indígenas y del juego libre del mercado, que es el principio inspirador supremo de quienes nos gobiernan.
Ante esta evidente derrota política, el Gobierno se ha propuesto perseverar en el error, haciendo cada vez más obvio, que esta consulta resulta ser una ofensa a los indígenas que se pretende “beneficiar”. Y que se quiere imponer, por la fuerza y a como dé lugar, para no transformarla en un nuevo “paso en falso” sobre al cual hay que dar explicaciones a la ciudadanía.
Sin embargo, oponerse a las ocurrencias creativas del Gobierno, generan una reacción que ya conocemos. Revivir las voces que nos catalogan de violentos, terroristas, antisistema o anárquicos, ignorando que el rompimiento de la paz proviene primero del que tiene la fuerza para imponer su voluntad. Los mapuche somos un pueblo que ama la paz y que favorece el diálogo abierto y democrático, pero paz sin justicia es “pacificación”, por ello exigimos el derecho a ser tratados con dignidad y respeto.
Lo que sorprende en demasía, es que a pesar de las aplastantes pruebas de rechazo a esa consulta, algunos funcionaros de alto rango del Gobierno insisten en que todo marcha bien, que se trata de hechos aislados y que todo es culpa de minorías indígenas ideologizadas y agresivas. Esto se parece mucho al periodo, en que aquella dictadura ignominiosa catalogaba a los defensores de la democracia como violentistas, terroristas y enemigos de la patria, todo lo cual justificaba la violencia de Estado, la tortura, la censura, el exilio y la muerte.
Hoy se vuelven a escuchar esas palabras, que parecían olvidadas. ¿Por qué se reaviva este discurso autoritario? Porque existen ocultas intenciones de privatizar las tierras mapuche, bajo la excusa de que esta es una de las claves del desarrollo indígena. Según el Gobierno esto se logra modificando la ley 19.253, para dividir la comunidad en títulos individuales y que la tierra pueda arrendarse por 25 años; esto en teoría, pues basta agregar al contrato la frase que diga “si ninguna de las partes presenta reparos, se renueva automáticamente el arriendo por 25 años más”. Siempre hay formas ingeniosas de torcer la mano a la ley.
¿Pero por qué hacer todo este esfuerzo para modificar la ley y poder arrendar a 25 años? Porque los “inversionistas” han dicho que ellos necesitan esa cantidad de años para recuperar la inversión. Creo que esta no es una iniciativa para favorecer el desarrollo económico indígena y derrotar la pobreza, sino más bien, una medida política para asegurar negocios privados. Es esa mano invisible del mercado, que nos quiere convencer que el desarrollo indígena parte por la privatización de sus tierras, para entregárselas a quienes “saben trabajarla y hacerla producir”.
¿Acaso la gran industria forestal y los empresarios agrícolas, han logrado sacar a La Araucanía de la pobreza? No, ¿Y la privatización de la salud y la educación no han resuelto los problemas de los chilenos? Hay quienes creen que la culpa de la pobreza son los pobres y que el Mapuche es pobre por ser mapuche. Por el contrario la pobreza indígena no es fruto de factores naturales o escasez de recursos, sino consecuencia es un sistema político injusto y excluyente. Las desigualdades no se resolverán con una política que imponga la caridad como valor obligatorio, sino con una política de derechos.
Si el objetivo es resolver los problema de pobreza indígena, ¿por qué no han presentado iniciativas para crear una ley de igualdad de ingresos entre el indígena y el no indígena? El Observatorio Laboral del SENCE indica que el ingreso indígena es un 39% menor al de un no indígena, por el mismo trabajo. En otro sentido, un informe del BID demostró que en Chile el gasto público es 3 veces menor en zonas con alta densidad indígena versus zonas de menor densidad indígena. Entonces ¿por qué el gobierno no parte resolviendo esta brecha en vez de insistir en el arriendo de tierras indígenas?
La experiencia internacional muestra que la política de privatización de tierras indígenas es un completo fracaso. El BID en su estudio denominado “Land Privatization, Titling, and Indigenous Communities in Latin America” llevado a cabo en Bolivia, Perú, Honduras y México, demuestra que el procesos de privatización de tierras y programas de titulación individual afectan negativamente a las comunidades indígenas.
El estudio revela que los mercados de tierra y los sistemas de renta no se han desarrollado, a pesar del saneamiento de tierras y de la titulación individual, los cuatro países revelaron que la privatización de la tenencia de tierras y los títulos individuales no resuelve el problema de crédito y ninguno de los estudios de caso encontró evidencia que sugiera una mejora en el acceso a la tierra de las mujeres indígenas. “El discurso económico tradicional considera la seguridad de tenencia de tierras como un prerrequisito para el crecimiento económico; sin embargo, el estudio indica que la cuestión de seguridad para las comunidades indígenas es mucho más compleja”.
El desarrollo en su versión más integral, es una cuestión de orden político, no privado y mucho menos empresarial. Hoy el mundo indígena no tiene el poder para hacer leyes que los beneficien, aún así estamos evitando, con fuerza propia, un proceso que vuelve a perjudicarnos.
Deberíamos concordar que algunas cosas no andan bien en Chile. Hay un espacio casi inabarcable entre los grandes desafíos a los que nos enfrentamos y la pequeñez de quienes hoy administran el poder y la democracia.
Comunidades atacameñas y etnias de la región del Maule rechazan la Consulta Indígena del Gobierno
Son 11 las medidas que intenta imponer el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sobre las nueve etnias mayoritarias presentes hoy en el país. Sin embargo, la instancia se ha visto opacada por la decisión de las organizaciones originarias que han unido su voz para expresar su rechazo a la idea de Gobierno.
La posibilidad de arrendar o vender las tierras que alguna vez fueron restituidas por el Estado, es el punto más controversial de la consulta.
En este sentido, las comunidades atacameñas de la región de Antofagasta expresaron su rechazo absoluto al proceso de Consulta Indígena impulsado por el Ejecutivo.
El presidente de la Comunidad Atacameña de Lasana, Hernaldo Ferrer, indicó que, de los 11 puntos, no existe ninguno que beneficie directamente a los pueblos originarios, todo lo contrario –precisó- perjudica el futuro de sus integrantes y territorios.
“Estamos en el completo olvido por parte del Gobierno regional y comunal. Nuestro rechazo, además, se basa en la forma de cómo se generó este proceso, la nula participación de las mismas comunidades, de sus dirigentes, de sus asambleas, por eso la gente ha tomado esto con conciencia, sabe que estas modificaciones no van en ayuda de quienes estamos hoy día, ni de nuestros hijos y nietos, todo lo contrario, es una invasión a los pueblos, incluso a corto plazo significaría nuestra desaparición, con todas las alteraciones que está impulsando el Ejecutivo”, afirmó.
Consultado sobre la Cuenta Pública y los anuncios del Presidente Sebastián Piñera, el dirigente licanantay del Alto Loa, Hernaldo Ferrer, aseveró que su contenido no tuvo nada de nuevo.
Expresó que, por décadas, se ha hablado y reiterado, por parte de los mandatarios de turno, sobre el reconocimiento constitucional de las etnias existentes a lo largo de todo el país y la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas pero, en la práctica, no existe ningún avance en ambas materias.
“No existió nada nuevo, primero como región, porque hoy día la contaminación que tenemos en el norte producto de las faenas mineras que se realizan al lado han hecho que haya un perjuicio muy grande, sobre todo para el sector agrícola, ganadero, y la flora y fauna de nuestro territorio. En relación al Ministerio, fíjate que hemos venido trabajando esa idea desde el año 2015, pero estamos en 2019 y no existe nada concreto. La gente quiere participar en esa nueva secretaría de Estado, pero las acciones del Presidente van por el lado del manejo político y la implementación de acciones autoritarias”, argumentó.
El proceso impulsado por el Gobierno para modificar la Ley Indígena también ha generado el rechazo de las comunidades originarias de la región del Maule.
Más de 20 asociaciones y 124 delegados de diferentes agrupaciones de la zona, además de rechazar la propuesta, informaron que se marginan de la actividad oficial debido a que, según ellos, el contenido de la misma no responde a las necesidades de los pueblos existentes en dicha región.
El vocero de las entidades originarias residentes en el Maule y lonco de la comunidad Ayin Mapu de Molina, Juan Ñancupil, precisó que ni siquiera existe una oficina de la CONADI en la zona.
Además -agregó-, el proceso efectuado por el Gobierno es “engañoso, una verdadera trampa”, ya que, en los 11 puntos, de lo único que se habla es la posibilidad de ofrecer al mercado títulos de dominio y tierras ancestrales.
“No nos favorece, todo lo contrario, nos perjudica mucho más. Del total de las preguntas que realiza el ministro Alfredo Moreno, ninguna se relaciona con nuestras necesidades, ni siquiera estamos considerados como organizaciones originarias de nuestra región, ni tenemos una oficina donde resolver nuestras inquietudes. Por eso hemos decidido marginarnos del proceso, a menos que el Gobierno cambie la forma y el fondo de la Consulta Indígena”, subrayó.
Recordemos que, además de la negativa emanada desde las propias comunidades nativas, partidos políticos cómo el Comunista, Progresista y Frente Regionalista Verde Social rechazaron la Consulta Indígena que desarrolla el Ejecutivo, esto, por pretender modificar la ley vigente.
Las tres colectividades de oposición denunciaron que los cambios que el Gobierno espera hacer a la legislación afectarían la propiedad de la tierra, las formas de organización y el derecho a la identidad de los pueblos indígenas.
Este proceso se inició en mayo pasado y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, lo calificó como “un diálogo para un buen acuerdo”. La consulta se postergó en ocho comunas de la región de la Araucanía, según la autoridad, “por problemas de seguridad”.
Partidos políticos de Chile rechazan Consulta Indígena del Gobierno
Las Comisiones de Pueblos Originarios de los partidos Comunista, Progresista y Frente Regionalista Verde Social rechazaron la Consulta Indígena que desarrolla el gobierno, por pretender modificar la ley indígena vigente.
En una declaración, las tres agrupaciones denunciaron que con los cambios que el gobierno espera hacer a la legislación se afectarían la propiedad de la tierra, las formas de organización y el derecho a la identidad de los pueblos indígenas.
Desde que se inició ese proceso ha sido prácticamente unánime el repudio expresado por todos los pueblos convocados a lo largo de Chile.
La consulta incluye 11 medidas que apuntan a incorporar las tierras indígenas al mercado, instalando prácticas contrarias a las culturas y cosmovisión de los pueblos originarios, y finalmente a reducir sus derechos colectivos.
La declaración indica que la buena fe debe ser el principio rector de la consulta, mediante un diálogo sincero, de confianza y de respeto mutuo, sin presiones y trasparente, pero todo ello se vulnera con represión y amedrentamiento mediante la presencia de Carabineros dentro y fuera de los locales de reunión.
En cuanto a la convocatoria, las comunidades han denunciado que las autoridades indígenas no han sido consideradas ni convocadas y la mayoría de reuniones de planificación no se han realizado ni ha habido acuerdos sobre nueva fecha.
Los representantes de los tres partidos señalan que en este contexto, será necesario denunciar ante organismos multilaterales de Derechos Humanos de esta grave situación, así como acudir ante instancias nacionales e internacionales de justicia, frente a la vulneración de derechos que se constata en este proceso.
Añadieron que la consulta indígena es un derecho de los pueblos, y debe ser destinada en favor de éstos y no como una forma de imposición y un intento de retroceder en los derechos alcanzados.
El tema de la consulta indígena fue presentado por el presidente Sebastián Piñera en su rendición de cuentas sobre su gestión en el último año, este fin de semana como una de las medidas más importantes de su gobierno para ‘avanzar’ en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Pero desde el mismo comienzo del proceso políticos y estudiosos del tema indígena señalaron que solo contribuirá a aumentar la crispación y desconfianza de esas comunidades hacia las instituciones del estado y recomendaron incluso posponerla o incluso anularla.
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