Colombia: la Farc denuncia que ya son 135 los exguerrilleros asesinados desde la firma de la paz
Tras asesinato de otros dos desmovilizados, Farc pide al Gobierno detener «desangre»
Según la Farc, ya son 135 los excombatientes que depusieron sus armas y fueron asesinados desde la firma de la paz en noviembre de 2016. «Los dos nuevos crímenes contra militantes de nuestro partido se suman a la larga lista de impunidad e incumplimientos estatales a la palabra comprometida en el acuerdo final», dijo su presidente, Rodrigo Londoño, en un comunicado público.
Anderson Pérez Osorio y Daniel Esterilla «fueron baleados por sicarios» en sendos ataques ocurridos el lunes en los departamentos de Cauca y Nariño, en el suroeste del país. Las zonas están bajo el acoso de disidencias de la otrora guerrilla, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos armados del narcotráfico que se disputan narcocultivos y rutas para el tráfico de cocaína.
#Comunicado de @TimoFARC frente a los dos nuevos crímenes contra militantes de nuestro partido. @IvanDuque, ¿hasta cuándo? pic.twitter.com/sUkM27wna4
— FARC (@PartidoFARC) 18 de junio de 2019
Hasta abril, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -encargada del proceso de reinserción de los guerrilleros que suscribieron el pacto de paz- manejaba una cifra de 128 excombatientes asesinados. Según la Fiscalía, los ataques involucran a disidencias de la guerrilla, grupos armados implicados en el narcotráfico, el ELN y la fuerza pública.
Londoño, conocido también como Timochenko, convocó a los dirigentes de la Farc a «una reunión de emergencia» el viernes próximo para concertar una respuesta «a esta provocadora estrategia de los enemigos de la paz». Pidió asimismo a la comunidad internacional que le pida al presidente Iván Duque medidas «inmediatas y efectivas» que pongan «fin definitivo a este desangre».
El presidente Duque rechazó los asesinatos, dio órdenes a las autoridades para captuar a los responsables y pidió reforzar todos los anillos de protección, presentar diagnóstico y acciones de fortalecimiento.. «Extendemos nuestro sentimiento de solidaridad a las familias de los reincorporados asesinados. Nuestro Gobierno está comprometido con su protección. Por tal razón, no escatimaremos en esfuerzos para garantizar su vida y castigar severamente a responsables de crímenes», dijo.
La Farc ha denunciado con insistencia la falta de garantías de seguridad para sus integrantes tras la firma del pacto que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes bajo la supervisión de la ONU. Además de los ataques a exguerrilleros, Colombia enfrenta una campaña de asesinatos selectivos de líderes comunitarios y/o activistas de derechos humanos.
Presidente Duque ordena reforzar los anillos de protección a desmovilizados de las Farc
El presidente Iván Duque condenó los asesinatos de los reincorporados de las Farc Anderson Pérez Osorio y Daniel Esterilla, ocurridos ayer en los municipios de Caloto, cauca, y El Charco, Nariño, y ordenó una reunión urgente con el fin de establecer estrategias que permitan para reforzar los anillos de protección a los desmovilizados y se haga un diagnóstico de lo que viene sucediendo.
“Extendemos nuestro sentimiento de solidaridad a las familias de los reincorporados asesinados. Nuestro gobierno está comprometido con su protección. Por tal razón, no escatimaremos en esfuerzos para garantizar su vida y castigar severamente a responsables de crímenes”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter desde Londres, donde se encuentra de visita oficial.
Asimismo, a través de esa misma red social, manifestó que les dio órdenes a las autoridades para dar con los responsables de los asesinatos, “porque ninguno de estos crímenes puede quedar en la impunidad”.
En la reunión de urgencia anunciada estarían presente el Ministerio de defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General, la Unidad Nacional de Protección y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre otros.
En la mañana de este martes, el ahora presidente del Partido FARC, Rodrigo Londoño, “Timochenko”, le había reclamado al primer mandatario por lo que considera como una matanza sistemática dirigida a los militantes del partido surgido de la desmovilizada guerrilla. “Presidente Duque, ¿hasta cuándo? Los dos nuevos crímenes se suman a la larga lista de impunidad e incumplimientos estatales a la palabra comprometida en el Acuerdo Final”, señaló.
Y en este sentido, tras calificar de “pasiva” la actitud del Gobierno frente a los ataques a los desmovilizados, les hizo un llamado a la ciudadanía, las organizaciones políticas y sociales, y a la comunidad internacional, a “exigir medidas inmediatas y efectivas al presidente Iván Duque, capaces de poner fin definitivo a este desangre”.
Condenamos enérgicamente asesinato de reincorporados de Farc, Anderson Pérez Osorio, y Daniel Esterilla en Caloto, Cauca, y El Charco, Nariño, respectivamente. He ordenado a las autoridades dar con los responsables porque ninguno de estos crímenes puede quedar en la impunidad.
— Iván Duque (@IvanDuque) 18 de junio de 2019
He dado instrucción a @EmilioJArchila para que coordine reunión urgente con @mindefensa @FuerzasMilCol @PoliciaColombia @FiscaliaCol @UNPColombia @ComisionadoPaz, entre otros, para reforzar todos los anillos de protección y me presenten diagnóstico y acciones de fortalecimiento.
— Iván Duque (@IvanDuque) 18 de junio de 2019
Tutela contra Duque busca blindar los avances alcanzados en diálogos con el Eln
El senador Iván Cepeda y el exconstituyente Álvaro Leyva radicaron este martes una nueva acción de tutela contra el presidente de la República, Iván Duque, por no depositar ante las Naciones Unidas y los países garantes los acuerdos a los que llegaron las partes en desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), así como por su renuencia a implementar los aspectos humanitarios de dichos avances.
“En nuestra calidad de defensores de la paz y los derechos humanos, y como facilitadores que fuimos del proceso de negociaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln, somos titulares del derecho subjetivo a la paz, por lo que nos asiste un interés directo y particular para solicitar su amparo” dicen en el documento, en el que advierten además que las posturas del primer mandatario ponen en riesgo el derecho a la paz, como garantía efectiva a sus derechos civiles y políticos.
Ya en mayo, el Tribunal de Cundinamarca había resuelto a favor un derecho de petición hecha por Cepeda y Leyva en la que le pedían al presidente Duque proteger no solo la agenda de seis puntos que delimita los temas de discusión en los diálogos con el Eln, sino también dos preacuerdos para desescalar el conflicto, que las partes alcanzaron en junio de 2017.
El primero de ellos tiene que ver con el “Acuerdo humanitario ya para el Chocó” en el que se venía trabajando junto con las comunidades más afectadas del departamento. El otro es un plan de desminado que las partes habían decidido implementar en Nariño. Para Leyva y Cepeda el tema es crucial porque “es imperativo que se respete lo acordado por el Estado colombiano, para que ante posibles conversaciones que pudieran darse en un próximo futuro, al reanudarse estas, sea teniendo en cuenta lo ya pactado”.
Sin embargo, a través de la Secretaria Jurídica de la Presidencia, Clara María González, el jefe de Estado respondió señalando, entre otras razones, que a su juicio no eran procedentes las solicitudes por cuanto, “las decisiones que corresponda adoptar, incluidas las solicitudes formuladas por ustedes, son del resorte del presidente de la República, quien las tomará de forma libre y autónoma, según los criterios políticos que correspondan, actuando dentro del marco de la Constitución Política y la ley. Tales diálogos, a su vez, son actos de naturaleza política que adelanta el presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y los mismos no tienen la virtualidad de generar acuerdos con fuerza normativa ni vinculante alguna”.
Es decir, el Gobierno negó la solicitud de los exfacilitadores, aduciendo que se trata de acuerdos parciales que obedecen a una política de gobierno y no de Estado y, por lo tanto, no procedía su ejecución. Por eso, en su momento Cepeda y Leyva anunciaron que insistirían nuevamente para que el presidente Duque garantizara “el derecho a la paz contenido en el artículo 22 de la Constitución, y conduzca sus acciones al restablecimiento de la confianza del conjunto de la sociedad”, que es lo que buscan con la tutela.
“Confianza que podrá alcanzarse, entre otras medidas, respetando los acuerdos pactados por el Estado en la mesa de negociaciones con el Eln, en los que la misma sociedad ha participado, con el propósito de alcanzar la paz y superar el conflicto armado en Colombia (…) los acuerdos logrados tienen implicaciones internacionales, por cuanto sus efectos traspasaron las fronteras de los estados y tienen efectos no solo para Colombia, sino también para la región y, en general, para el mundo”, dicen en su justificación, recordando que en febrero pasado, tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y el Eln, ya le habían solicitado a las partes depositar ante Naciones Unidas los documentos de los avances y acuerdos alcanzados, como un paso fundamental hacia la paz completa.
VOLVER
