#NiUnaMenos en Argentina: una multitud exigió políticas públicas para frenar la violencia machista

En 03/06/2019

Notas sobre el tema

Quinta movilización de «Ni Una Menos»: exigen políticas para erradicar la violencia patriarcal

Con pañuelos verdes, violetas y naranjas, manifestantes denunciaron al gobierno de Cambiemos por la falta de polìticas públicas para revertir las alarmantes cifras de violencia contra las mujeres que se registran en el país, que en lo que va del 2019, hubo 133 femicidios.Reclamaron la inmediata emergencia contra la violencia de género.

También reclaramaron por el desempleo, el 10,5% de las mujeres afectadas por la recesión y las polìticas económicas; y el 90% de las mujeres trans no tiene empleo. La protesta exigió mantener la llamada jubilación del ama de casa, que el gobierno de Macri, desde julio, quiere sacar.

La marcha multitudinaria, que partió desde el Congreso a Plaza de Mayo, donde se realizó la lectura de un documento, se replicó en muchas ciudades del país, donde se denunció por la falta de justicia en los travesticidios, que en lo que va del 2019, asesinaron a 30 travestis.

«Ni Una Menos (NUM) por violencias sexistas, económicas, racistas, clasistas a las identidades vulneradas. Aborto legal ya y abajo el ajuste del gobierno y el FMI», fue la consigna 2019 difundida desde la organización.

En la marcha se observó una fuerte presencia de organizaciones feministas, partidos de izquierda y grupos pro-aborto. «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Ni Una Menos», es esta vez fue el lema de la marcha.

«En el momento de mayor precarización de nuestras vidas, por quinta vez, volvemos a gritar Ni Una Menos. Porque todos los días vemos cómo la violencia económica hace implosión en las casas y en los barrios, sobre nuestros cuerpos», expresó la convocatoria a la marcha.

POR LA DECLARACION DE LA EMERGENCIA

Casi 3.000 mujeres, una cada 32 horas, fueron víctimas de femicidios, y más de 3.500 hijos e hijas perdieron a sus madres por los femicidios, el 64% menores de edad, en los últimos 11 años.

La Asociación Civil Casa del Encuentro concluyó que 2.952 mujeres fueron asesinadas por la violencia machista y 3.717 hijos e hijas perdieron a sus madres entre el 2008 y el 2019

«Necesitamos profundizar en políticas públicas integrales, pero también el cambio cultural porque en tanto se siga considerando a las mujeres como un objeto de pertenencia, no vamos a cambiar», señalaron desde la ONG, donde cuestionaron al Poder Judicial, que «sigue siendo sexista y patriarcal».

El informe mostró también que más del 62% de los femicidas fueron esposos, parejas o novios de las víctimas al momento de cometer el crimen o lo habían sido con anterioridad; mientras casi el 16% no tenían vínculo, el 11% fueron familiares, y 8% eran vecinos o conocidos.

Las estadísticas muestran también que casi el 66% de las víctimas de esta forma extrema de violencia de género tenían entre 19 y 50 años de edad.

Por otro lado, la provincia de Salta es la que concentra la tasa más alta de femicidios (13,78), seguida por Santiago del Estero (13,30) y Jujuy (11); mientras que la menor incidencia se registra en la Ciudad de Buenos Aires, con 4,36 de estos crímenes cada 100 mil habitantes.

Además, entre 2008 y 2019 un total de 303 niños y hombres murieron víctimas de femicidios vinculados, es decir, fueron asesinadas al intentar impedir la agresión o con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer que consideran de su propiedad. Respecto a las modalidades del hecho, el 26.69% fueron baleadas; el 23,57 %, apuñaladas; y el 15,51 %, golpeadas.

En cuanto a los escenarios de los femicidios, más del 63% de los hechos se registraron en una vivienda; mientras que casi el 11 % de estos asesinatos se produjeron en el campo, terrenos descampados o parques, el casi el 8% en la vía pública y casi el 4% en ríos, arroyos, diques o zanjones.

Otros datos destacados de la investigación: el 14 por ciento de las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores, el 3% estaban embarazadas, el 10% tenía indicios de abuso sexual, casi el 3% eran víctimas de trata o prostitución y el 4% eran migrantes.

En cuanto a los femicidas, casi 6 de cada 10 pertenecían a alguna fuerza de seguridad y el 18 por ciento del total de agresores se suicidó luego de cometer el asesinato.

Infonews

#Ni Una Menos: marchan en todo el país contra la violencia machista

Este lunes a las 17:30 la esquina de Carlos Pellegrini y Avenida de Mayo, a mitad de camino entre el Congreso de la Nación y la Casa Rosada, se llenó de carteles, de rostros de víctimas, de violeta, de verde, de canciones que repiten en diferentes versiones lo mismo: «Vivas nos queremos». Detrás, el pedido que une todas las voluntades, que nació hace cuatro años y se instaló como un grito que salió de las redes sociales y tomó a la calle, #Ni Una Menos.

Cuatro años atrás, el 3 de junio de 2015, el movimiento que se había gestado en Twitter, cuando un grupo de mujeres comenzaron a darse cuenta de que había que hacer algo, una Plaza del Congreso llena, el violeta copando la multitud, la bronca por el índice de femicidios, daba cuenta de que había con qué dar pelea. Hoy son un hecho.

Esta tarde ya nadie discute el término, ni duda de lo que hay detrás de Ni Una Menos. Mujeres, trans, compañeros, colores que se entremezclan en pañuelos violetas, verdes, naranjas, negros, bombos que redoblan como un llamado a la batalla, el lenguaje inclusivo, todos se encuentran en la esquina en la que Carlos Pellegrini se convierte en Bernardo de Irigoyen.

El clima no es el de apenas hace unos días, del 28 de mayo en que se volvió a presentar por octava vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que se craneó como un festival en la calle, con stands, con música, con la alegría de querer cambiar la historia. Este lunes en la calle hay bronca, se habla de femicidios y surge en el marco de la marcha un dato que no es menor: las muertes crecen.

Tras la última actualización del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, los datos arrojaron que en 2018 hubo 278 mujeres asesinadas. La cifra representa un aumento del 10,7% si se la compara con los 251 femicidios que se registraron en 2017. Por eso #Ni Una Menos no festeja; exige. Y los pedidos se multiplican.

En esta cuarta edición de la marcha, en un 2019 electoral, entre los pedidos que se dieron a conocer desde la organización, ya no está sólo el de «Libres nos queremos», sino también «desendeudadas». Un giro a los límites de la manifestación que comienza a pronunciarse en otros sentidos de la actualidad del país.

A los reclamos del colectivo este 2019 se suman el de la declaración de emergencia por la violencia de género, la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI).

En paralelo a las marchas en Buenos Aires hay movilizaciones tras la consigna #3J2019 en distintas ciudades del país como La Plata, Salta, Mar del Plata, Jujuy, Tucumán y Córdoba; en esta última, el fin de semana pasado ocurrieron dos femicidios en las localidades de Viamonte y Anisacate.

Infobae

A cuatro años de Ni Una Menos: avances y retrocesos a nivel nacional, CABA, Córdoba y Rosario

Frente la quinta movilización por Ni una menos, un nuevo 3 de junio, nos preguntamos: ¿cómo se mide el impacto de las movilizaciones que se dieron en los últimos años? ¿Cuáles son los saldos cualitativos, cuantitativos y legislativos cuatro años después de la primera manifestación masiva contra los femicidios? La construcción del feminismo popular que se agita desde Argentina es observada a nivel mundial. Ni Una Menos pasó de ser el título a una convocatoria por una maratón de lectura el 26 de marzo de 2015, a un hashtag agitado en las redes sociales tras el femicidio de Chiara Paez, un acontecimiento colectivo (3 de junio de 2015), a convertirse en un lema, un movimiento social transnacional, que excede al colectivo humano y los múltiples colectivos que empujaron y organizaron cada una de las manifestaciones bajo esta consigna.

Hay un antes y un después de NUM en Argentina. La línea 144, que recibe llamados de víctimas de todo el país: pasó de 1000 consultas diarias a 13.700 aquel 2015 del estallido. Ese año el 0800 porteño de atención tuvo una demanda 300 por ciento mayor. La conciencia sobre la problemática se ensanchó desde entonces pero las violencias no disminuyeron y la respuesta estatal continúa siendo deficiente.

Las demandas de Ni Una Menos en 2015 fueron concretas. Se concentraron en la denuncia de un femicidio cada 30 horas, como un problema estructural que debía abordarse con políticas públicas de prevención y una perspectiva de derechos humanos. La exigencia de cinco puntos: implementación, con recursos y monitoreo, del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, que establece la Ley 26.485; garantizar el acceso de las víctimas a la Justicia, algo para lo cual debe haber personal idóneo y capacitado para recibir las denuncias, pero también algún mecanismo judicial que no revictimice a las víctimas, y también que ellas puedan disponer de patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial; elaboración de un Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres, porque “sólo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas”; compromiso para que se garantice y profundice la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, en todo el país, y que se capacite y sensibilice a docentes y directivos al respecto y garantizar la protección de las víctimas de violencia con monitoreo electrónico de los victimarios, “para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia”. ¿Cuáles fueron las respuestas a estas demandas? ¿Qué avances y retrocesos observamos en este recorrido?

Un repaso nacional

En sus primeros meses de gestión Mauricio Macri, junto a Fabiana Túñez, como titular del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), presentaron el Plan Nacional de Acción para el trienio 2017-2019. Para la implementación del Plan hay una asignación específica del Presupuesto nacional. El proyecto de presupuesto 2019 preveía $32.099.395, pero la diputada radical Alejandra Martínez logró que se aprobara el doble aese número. Aún así estamos ante una caída en el aporte del Estado: para que la partida asignada al PNA no pierda valor con respecto a la inflación (oficial) debería ser para 2019 de al menos $67 millones de pesos. La medida central propuesta por el PNA es la creación de refugios para mujeres, la mayoría del dinero (60 millones en el trienio) se destina a esta medida. En 2016 el gobierno nacional anunció la construcción de 36 Hogares de Protección Integral en todo el país. Solo hicieron 9, de los cuales la mayoría veía de la gestión anterior. Macri sólo concretó 3 de los planificados y anunciados.

El Congreso tuvo una respuesta rápida con respecto a la demanda del patrocinio jurídico gratuito de NUM y aprobó ese mismo año un proyecto del entonces senador Juan Manuel Abal Medina para que todas las víctimas puedan contar un abogado/a. Sin embargo, su implementación todavía es una deuda pendiente del Ejecutivo. La Ley N° 27.210 creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género que, según el gobierno, comenzó a intervenir en abril de este año pero de manera parcial. Con un total de 13 jurisdicciones y contando con un/a abogada/o por cada una de las mismas, en esta etapa prometen patrocinar 650 causas judiciales.

Respecto a la necesidad de que la perspectiva de género atraviese a los y las trabajadores de fiscalías y comisarías, uno de los logros y respuestas institucionales de este año fue la creación de la UFEM el 29 de junio de 2015. La Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las mujeres (UFEM) en la Ciudad de Buenos Aires significó una jerarquización de la temática y un espacio de acompañamiento fundamental al trabajo de fiscales.

A fines de 2018 se aprobó la llamada “Ley Micaela”, de capacitación a los funcionarios de los tres poderes en materia de género. Esta normativa, impulsada por el Movimiento Evita y la familia de Micaela García, no hace más que reforzar el compromiso del Estado que ya figura en la Ley de Protección Integral a las Mujeres de 2009. La capacitación era ya una obligación estatal.

En julio de 2018 se aprobó la Ley Brisa, que plantea la reparación económica a los hijos e hijas de víctimas de femicidio. En octubre de ese mismo año el presidente reglamentó con un decreto su implementación y en febrero de 2019 ANSES habilitó el trámite.

La efectiva implementación de la ley de Educación Sexual Integral es una demanda intacta desde 2015 a esta parte. La necesidad de un presupuesto acorde también: en 2018 sólo se ejecutó el 24,2% del presupuesto del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable.

Sobre el monitoreo electrónico de aquellos denunciados por violencia machista. En junio de 2018 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la contratación de 1.925 pulseras electrónicas para monitoreo del cumplimiento de las medidas cautelares. Según esta nota de El Cohete a la luna de Agustina Paz Frontera, hasta entonces, en toda la gestión macrista se distribuyeron 600 pulseras o tobilleras en 19 provincias.

Provincia por provincia

VIOLENCIAS

Entre 2008 y 2015, los únicos datos disponibles sobre femicidios en Argentina eran relevados por la ONG Casa del Encuentro y marcaban un aumento de estos casos en torno al 38%. Después del primer Ni Una Menos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue uno de los primeros actores institucionales que respondió a la demanda y comenzó a elaborar un registro de datos oficial que permite comenzar a delimitar el problema. El primer informe de Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina puso el foco sobre el año 2014. El total de las víctimas fue 225. Es una cifra parcial: las provincias de Catamarca y La Rioja no aportaron datos. En CABA los femicidios en ese año fueron 14, en provincias de Buenos Aires, 92; en Córdoba, 15 y en Santa Fe, 8.

Las últimas estadísticas de este mismo relevamiento, que realiza la Corte de manera anual, reflejan los asesinatos de 2018. Contaron 255 femicidios y 23 travesticidios. Todavía hay provincias que no aportan información: Santa Cruz y Tierra del Fuego. El informe indicó, además, que la tasa fue “idéntica” a la del 2017. Si se analizan las jurisdicciones que elegimos abordar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo 9 crímenes de género, 102 en Buenos Aires, 16 en Córdoba y 19 en Santa Fe. Los números fueron en aumento en todas las jurisdicciones respecto a 2014. Llama la atención la provincia de Santa Fe donde se duplicaron.

Si bien son estadísticas que el movimiento feminista le reclama desde hace tiempo al gobierno nacional, las cifras no reflejan la dimensión de lo que ocurre. Los datos están basados en el accionar de la Justicia que aún está lejos de mirar la realidad con perspectiva de género. Es una falencia que se traduce en que muchos casos de violencia de género sean invisibilizados porque en los procesos judiciales no se los reconoce como tales y pasan como simple hechos de violencia. De esta manera, se dificulta tener cifras exactas que permitan abordar la magnitud del problema que enfrentamos como sociedad.

Otros organismos decidieron poner el foco el análisis de cifras. En el ámbito porteño la UFEM, a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta, presentó el año pasado su último informe anual en el que se analizan todos los casos de femicidios y homicidios dolosos de mujeres cometidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2017. El documento revela que se produjeron 27 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 14 (52%) fueron femicidios. Destacaron que las víctimas femeninas de homicidios dolosos en la Ciudad de Buenos Aires (27) aumentaron un 50% respecto al 2016 (18), pero se mantuvieron por debajo de la cifra de 2015 (32)

La declaración de emergencia en violencia de género es un proyecto que surge cada vez que se aborda este tema. De hecho, en esta jornada de lucha, los movimientos sociales siguen empujando la presentación de un proyecto de estas características.

En Rosario, tres años antes del 3 de junio de 2015, desde el movimiento de mujeres se había logrado la declaración de emergencia en violencia de género en la órbita municipal. La respuesta estatal a esa enunciación fue escasa y su implementación fue prácticamente inexistente. Sin embargo, nombrar la emergencia permitió instalar con fuerza en la agenda pública y mediática la problemática de la violencia machista en la ciudad. Cuando surgió la convocatoria a movilizar, en mayo de 2015, las rosarinas contaban con una organización notable que le permitió reaccionar rápido. La fecha impulsó movilizaciones en varias ciudades y comunas de la provincia de Santa Fe.

Aquel primer 3 de junio, el Monumento a la Bandera e inmediaciones se vieron colmados desde temprano. Se calcula la participación de unas 20 mil personas. Desde ese día cada movida feminista fue en ascenso, de modo tal que el último 8 de marzo fueron 90 mil personas en las calles movilizadas. Las demandas más fuertes del movimiento de mujeres local para el primer Ni una menos fueron centradas en la efectiva aplicación de la ley provincial 13.348 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La provincia de Santa Fe por ese entonces ocupaba el segundo lugar en cantidad de femicidios a nivel nacional. Durante el primer semestre del año se habìan registrado unos 13 femicidios en la provincia (6 de ellos en Rosario) según los datos del observatorio de la concejala Norma López. Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación tiene contabilizados entre el 1 de enero del año 2014 y el 31 de diciembre de 2018 unas 226 mujeres muertas en hechos en los que se utilizó intencionalmente la violencia en la provincia de Santa Fe. La línea muestra una curva ascendente, donde el número observado en 2018 resulta un 40% superior al de 2014.

Además, la fiscalía cuenta con un registro de las denuncias recibidas donde desde el período del 10 de febrero de 2014 a 3 de junio de 2015, donde se crearon en la provincia de Santa Fe 5.920 legajos con la valoración político criminal “violencia de género”. Dos de cada tres de estos legajos fueron iniciados en la Fiscalía Regional 2, es decir que se recibieron en Rosario 8 denuncias diarias. Luego de la movilización y su impacto social consecuente, el número de mujeres que se animó a denunciar fue en ascenso notablemente y los datos así lo grafican: provincialmente se triplicaron las denuncias con respecto al período anterior. Entre el 4 de junio de 2015 y el 31 de marzo de 2019 se generaron 48.805 legajos con esa valoración político criminal. Seis de cada diez de estos legajos fueron iniciados en la Fiscalía Regional 2 de Rosario, es decir, 22 denuncias por día. Faltan datos sobre el seguimiento de las causas: cuánto avanzaron o no.

Según el Mapa de Femicidios de Santa Fe durante el 2015 se registraron unos 33 femicidios, 34 durante 2017 y 38 tanto en 2016 como en 2018. Los números superan ampliamente al registro de la Corte.

Desde el centro del país, en la provincia de Córdoba, también creció la marea feminista. La masividad no solo se tradujo en el aumento de la participación política sino también en la ampliación de los derechos que aún nos faltan conquistar. Defender lo más urgente: nuestra vida. En Córdoba, desde el colectivo Ni Una Menos registraron diez víctimas de femicidios en lo que va del 2019. Solo tres de esos crímenes ocurrieron en la Capital cordobesa; los siete restantes, en otras localidades. Ahí radica nuestra principal demanda: que las políticas públicas puedan llegar a toda la provincia.

En la ciudad de Córdoba funciona el Polo Integral de la Mujer, que es una política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Allí las mujeres, lesbianas, travestis o trans que sufren violencia de género pueden solicitar asistencia. El Centro Integral de Asistencia para Varones también cumple un rol importante y novedoso.

Según cifras del último informe que difundió en abril de este año el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales -que pertenece al Tribunal Superior de Justicia- se registraron 19 víctimas de femicidios en 2018 en toda la provincia de Córdoba. Las cifras no coinciden con el registro propio que lleva el colectivo Ni Una Menos y que contabiliza 21 víctimas de femicidios el año pasado. Los números no coinciden porque la Justicia no siempre aplica la perspectiva de género y porque los feminismos tenemos una mirada amplia e integral sobre todos los elementos que deben tenerse en cuenta para que se configura la figura del femicidio.

Aún así las estadísticas permiten una aproximación a la realidad. Del informe que elaboró el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales se desprende que el el 76% de los hechos sucedieron en el interior provincial y el 88%, en el domicilio de las víctimas. El relevamiento también indica que el 37% de las víctimas tenían hijos o hijas menores (14 en total) y que dos de las mujeres estaban embarazadas cuando fueron asesinadas. Durante el período analizado, esto es, desde el 1° de enero y el 30 de septiembre, se produjeron, además, siete tentativas de femicidio.

En el informe consigna otros datos relevantes: el 37% de los agresores se suicidó luego de cometer el crimen; el 42% de los victimarios estaban en pareja con las víctimas en el momento del hecho; mientras que el 21%, eran ex parejas; en el 53% de los casos la muerte se produjo con arma de fuego y en el 12% se utilizó arma blanca; en el 35% no se utilizó arma y la víctima fue asesinada a golpes o estrangulada.

ABORTO

El gran saldo cualitativo y legislativo de estos últomos cuatro años fue la posibilidad de haber debatido la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso en las dos cámaras y haber logrado media sanción.

Si nos concentramos en este tema, otros datos pincelan la realidad de las santafesinas: desde 2012 no se registran muertes por aborto en la ciudad de Rosario, momento desde el cual el área de salud municipal empezó a comprar Misoprostol para garantizar las interrupciones legales de embarazos. Esto se complementa con los acompañamientos que realizan las socorristas locales, 137 en 2015.

Durante 2016 se garantizaron unas 488 Interrupciones Legales Embarazos (ILEs) en efectores de salud pública de Rosario, además, se registró una mujer muerta por aborto pero en la órbita provincial. El número de intervenciones estatales fue creciendo año a año y cada vez más son los centros de salud que garantizan la práctica: en 2017 se realizaron unas 823 mientras que en 2018 el número asciende a 1.367 interrupciones legales de embarazo en la ciudad de Rosario. No casualmente durante el debate nacional por la legalización del aborto del año pasado, Rosario fue apodada como la ciudad modelo a la hora de garantizar los derechos de las personas gestantes.

En Córdoba hace poco, en diciembre del año pasado, se volvió a conquistar el derecho a acceder a un aborto no punible. Fue cuando el Tribunal Superior de Justicia rechazó el amparo que había presentado el Portal de Belén en 2012, declaró la constitucionalidad de la guía de procedimiento de los abortos no punibles en Córdoba y levantó la medida cautelar que frenaba su aplicación en el ámbito provincial. Aunque el protocolo aún no tiene aplicación plena hasta tanto el fallo no quede firme, igual celebramos la conquista, principalmente porque el Gobierno se comprometió a garantizar la práctica en la provincia. Pese al avance de los antiderechos, nosotras seguimos conquistando derechos. Hoy les toca retroceder, es la marea verde la que avanza.

Mientras tanto son las feministas en el área de salud quienes garantizan o brindan información sobre el acceso a la práctica. Según un informe de la línea estatal y de información gratuita 0800 Salud Responde (0800 222 3444), en Córdoba se recibieron 177 llamadas entre julio y diciembre de 2018. De ese total, 104 se efectuaron desde la Capital provincial. La línea es una iniciativa del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Si se observa los acompañamientos de abortos legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede apreciar un aumento exponencial y significativo. En 2014 fueron 91 las interrupciones legales del embarazo. En tanto que en 2018 ascendió a 4.821 interrupciones, dentro de las cuales 4.136 fueron acompañadas desde los centros de salud. La salida del closet del aborto y la mayor incidencia de quienes acompañan organizadxs en redes pueden responder, en parte, a este aumento.

PARIDAD

Si bien la paridad debiera garantizarse dentro de cada espacio político, es necesaria la discriminación positiva que establece la ley, fundamentalmente para que se genere un cambio cultural que asegure la igualdad de género. A nivel nacional, en marzo de este año el Gobierno reglamentó la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación política, sancionada en 2017.

En Santa Fe dos veces perdió estado parlamentario la media sanción. ¿Por qué? Un senado compuesto por una sola mujer en las 19 bancas es el responsable. La existencia del espacio multipartidario y provincial de Mujeres por la Paridad en alianza con legisladoras viene exigiendo la incorporación igualitaria en las instancias de decisión política. En las elecciones del 2015, en plena ebullición por Ni Una Menos, las cinco fuerzas que llegaron a las generales con la fórmula de gobernador todas fueron encabezadas por varones y apenas dos llevaban a mujeres como candidatas a vice; sorpresivamente en 2019 esto no fue interpelado por la marea feminista, ya que seguimos frente a un escenario donde todos los candidatos a gobernador son varones. Actualmente, la cámara de Diputadxs provincial cuenta con 18 mujeres sobre 50 bancas y de cara a las elecciones de junio solo una de las seis listas es encabezada por una mujer, la anti-derechos de Amalia Granata. Para la ciudad de Rosario, actualmente gobernada por una mujer, de cara a las generales para la categoría intendente los candidatos son todos varones; mientras que, en la categoría concejo las mujeres fueron al frente y para junio 3 de las cinco listas están encabezadas por mujeres, actualmente el cuerpo está compuesto por 12 mujeres de las 28 bancas totales. En términos generales, los números no arrojan lo que sucede en las calle. Esa revolución feminista aún no ha llegado a las fuerzas políticas con contundencia, al menos desde el aspecto de las apuestas electorales del 2015 a esta parte. Frente a la ola de denuncias por acoso y violencia machistas fue la universidad la trinchera feminista, actualmente 9 de las 12 facultades cuentan con Protocolo y la universidad nacional de rosario está empezando a instrumentarlo a nivel general.

A nivel provincial, Córdoba es pionera. En diciembre de 2000, fue la primera provincia argentina que estableció por ley la Paridad de Género en las listas de legisladores provinciales. Sin embargo, aún no se refleja en el recinto.

Por eso, la legisladora Liliana Montero impulsó un proyecto con el objetivo de nivelar la paridad de género en la Unicameral. Aunque era una iniciativa de avanzada, no se convirtió en ley. El proyecto establecía que, como regla general, el principio de representación en virtud de la incorporación en las listas oficializadas, sea del 50% para cada género tanto en cargos titulares como suplentes para la elección de los candidatos.

Según informó la legisladora en octubre del año pasado, en la legislatura había 70 legisladores, 43 varones y 27 mujeres. Además, destacó que sobre 130 legisladores uninominales electos desde el año 2001 a la fecha, 121 fueron varones y sólo 9 mujeres resultaron electas.

Tras los comicios provinciales en mayo, se renovaron 70 bancas en la Legislatura de Córdoba. En el período anterior, la Unicameral contaba con 38% de mujeres. Para el período 2019-2021 esta vez fueron electas 28, el 40% de las bancas. El porcentaje creció sólo un 2%, lo que refleja una resistencia por parte de los espacios políticos a garantizar la presencia de mujeres en los lugares de poder y toma de decisiones.

Hace más de 30 años que las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries de nuestro país nos damos cita en la escuela feminista más grande del mundo, los encuentros nacionales de mujeres. Ahí la lucha contra las violencias machistas es una de las problemáticas centrales, por eso la reacción fue organizarse federalmente y en las calles cuando el 11 de mayo de 2015 se conocía la noticia del femicidio de Chiara Pérez en Rufino. Desde aquel #3J nada volvió a ser igual en nuestro país y en el mundo. Ni Una Menos funcionó como una contraseña que abrió una puerta y otra puerta: en España se movilizaron el #7N ese mismo año; en 2016 México protagonizó la convocatoria feminista más grande hasta ese entonces con el Vivas Nos Queremos #24A; en Brasil el #1A #Portodaselas; en agosto de 2016 Perú salió bajo el lema #NiUnaMenos y quedó conformado un colectivo allí; en octubre de ese año las polacas hicieron el miércoles negro ante las políticas que intentaban retroceder ante el derecho al aborto; la represión al Encuentro de Mujeres en Rosario y el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata llevó a mujeres, lesbianas, travestis y trans de la Argentina al primer paro a Mauricio Macri con solidaridades transnacionales que empezaron a empujar el Primer Paro Internacional #8M que llegaría en 2017. Todo es expansión, desborde y vectores que empujan con fuerza hacia el futuro en esta línea de tiempo.

En 2015, el primer año, la necesidad de duelo colectivo era tanta que, en la convocatoria nacional, solo se trató de una concentración en el Congreso. La multitud estaba quieta, pero todas juntas. Las narrativas tenían una perspectiva victimizante necesaria, desde el dolor de los familiares por las muertas. Ni Una Menos fue (y es) grito desesperado: paren de matarnos. 2016 significó un salto: la consigna “Vivas nos queremos” le dio mayor vitalidad al movimiento y las marchas se potenciaron. La bandera que encabezó la marcha de Congreso a Plaza de Mayo en CABA decía: “El Estado es responsable”. En Rosario, las demandas del movimiento fueron adquiriendo un mayor nivel de denuncia al gobierno nacional año tras año. La profundización de la feminización de la pobreza, el vaciamiento de políticas sociales y la persecución de líderes como Milagro Sala fueron algunas de las consignas más transversales del 2016 en un Monumento Nacional a la Bandera, que meses después se convirtió en escenario central del Encuentro Nacional de Mujeres. En 2017 el documento elaborado por la Asamblea Feminista rosarina cerró denunciando: “Por eso estamos hoy acá, para decirle al presidente Macri que el Estado no debe limitarse a recoger cadáveres e imponer penas. No basta con decir Ni Una Menos en un discurso, mientras no se asignen recursos necesarios para erradicar la violencia contra las mujeres“.

2017 fue el primer Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Hubo una resignficación del Día de la Mujer Trabajadora que se repitió en 2018. El 3 de junio de 2019 fue verde en el marco del debate que estaba dando el Congreso por primera vez desde el regreso de la democracia. En Rosario se movilizó el sábado, se realizó un festival en el Parque Nacional a la Bandera con feria de las mujeres de la Economía Popular, además, en pleno debate por la legalización del aborto se realizó un pañuelazo imponente.

Este 2019 vuelve a encontrar a los feminismos en las calles como un frente opositor que impugna con la misma fuerza en sus demandas al patriarcado y al neoliberalismo. El #8M fue una movilización masiva, el #28M la octava presentación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito estuvo acompañada con un desborde callejero multitudinario, este 3 de junio encuentra a muchas con la mirada puesta en el año electoral y una demanda casi intacta desde aquel épico 2015: que el gobierno de una respuesta a un grito que es imposible callar y una marea imparable.

LatFem