Uruguay: la CIDH señala deuda del Estado con víctimas de la dictadura
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló este miércoles que el Estado uruguayo tiene una «deuda» con las víctimas de la dictadura que gobernó el país de 1973 a 1985, luego de una visita de trabajo de tres días a Uruguay.
Existe una «deuda del Estado en materia de derechos humanos», a pesar de la adopción de algunas medidas como la creación de una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, señalaron la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, y la vicepresidenta del organismo, Antonia Urrejola, en rueda de prensa en Montevideo.
En particular, manifestaron su preocupación por «interpretaciones judiciales que niegan la imprescriptibilidad» de delitos de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de facto y sugirieron «ajustar» la legislación local para dar «reparación» a las víctimas.
«Los familiares de las víctimas se están muriendo», remarcó Urrejola en referencia a los parientes de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad en Uruguay, 196 en total.
Las afirmaciones ocurren en un momento de particular sensibilidad en el país, luego de una multitudinaria «Marcha del silencio» en demanda de justicia e información sobre el destino de los desaparecidos celebrada el pasado 20 de mayo.
El acto, que se celebra anualmente desde hace 24 años, estuvo especialmente concurrido, luego de que el ex militar José Gavazzo preso por 28 homicidios durante la dictadura reconociera ante un tribunal de honor militar que arrojó el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro.
RECLUSOS
Las dos comisionadas de la CIDH, un organismo autónomo que funciona en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, se ocuparon además de la situación de las personas privadas de libertad en Uruguay y recomendaron «mejorar las condiciones de detención» en las cárceles del país y los programas de reinserción e infraestructura para atender a jóvenes con antecedentes delictivos.
«No se puede decir que se prepara a los chicos para que vivan en libertad cuando viven en un régimen de encierro», fustigó Arosemena, quien abogó por la multiplicación de «medidas alternativas a la prisión».
Uruguay someterá a consulta popular este año un proyecto de reforma constitucional que propone aumentar severamente las penas para delitos graves y crear una guardia policial militarizada, entre otras medidas, en un contexto de fuerte incremento de la violencia, con un año récord de asesinatos en 2018.
Según las encuestas, la propuesta tiene el respaldo de la mayoría de la sociedad.
