México: familiares y organizaciones de DDHH se movilizan por las victimas de desaparición forzada
Mexicanos realizan plantón por victimas de desaparición forzada
Organizaciones y movimientos defensores de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos realizarán un plantón este miércoles en el Zócalo de la capital mexicana por las víctimas de desaparición forzada en el país centroamericano.
Los organizadores de la protesta indicaron que el plantón «Verdad y Justicia: Perdón ¡nunca! Olvido ¡jamás!» se lleva a cabo en medio de la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.
Durante la mañana del 22 de mayo tendrá lugar una conferencia de prensa en donde se brindarán los pormenores de las diversas actividades que se realizarán en el Plantón y cuáles son las exigencias que se plantean al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, Alejandro Encinas, cifró en 40.000 el número de desaparecidos en México.
Encinas afirmó el pasado mes de marzo que México “atraviesa una profunda crisis humanitaria, una crisis de violación a los derechos humanos”, donde la desaparición forzada alcanza “cifras indignantes”.
Búsqueda de desaparecidos es una prioridad ‘a medias’ para secretarías
El nuevo gobierno aseguró que la búsqueda de desaparecidos sería una prioridad. En enero lanzó una nueva convocatoria para renovar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y en marzo armó un evento en Palacio Nacional para la “reinstalación” del Sistema Nacional de Búsqueda. Ahí, el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso aseguró que “no hay límite presupuestal” para encontrar a quienes no aparecen, y lo que se ahorre del plan de austeridad iría a esa causa.
Sin embargo, en el primer trimestre del año la CNB no tenía registrado el gasto de un solo peso.
Colectivos de víctimas consideran que el tema va lento y, pese a algunos avances de la Comisión Nacional, que este lunes cumple 100 días de operación con su nueva comisionada, Karla Quintana, todavía no se ven resultados tangibles.
Aplauden que parece haber una mayor vinculación entre instituciones que deben atender el problema, y que ya se hayan sumado 11 estados en instalar o crear el decreto para su Comisión Local de Búsqueda, respecto a los únicos 8 que lo habían hecho el sexenio pasado. Pero señalan que se sigue enfrentando el principal obstáculo que tuvo la CNB en su primera etapa hace un año: la falta de acceso al presupuesto.
Grace Mahogany Fernández, de Fuerzas Unidad por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) e integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, cuenta que a principios de abril miembros de la Comisión dijeron que apenas esa quincena iban a poder empezar a cobrar. Por ello, aunque la comisionada ha acudido a numerosos operativos de búsqueda, han sido los organizados por las propias organizaciones sociales o fiscalías locales, y no por la Comisión.
“El respaldo del Ejecutivo lo tiene, ya en al menos dos ocasiones el presidente ha dicho que es prioridad de su gobierno; sin embargo vemos que todavía no permea en las instituciones. Esto no es nada más la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía y Gobernación; envuelve a más instituciones que no tienen como prioridad el tema de desaparecidos, una de ella es Hacienda, que no le facilita a la Comisión los trámites burocráticos que le permitan el ejercicio del presupuesto que tanto necesita. Entonces sin dinero, ¿pues cómo contrata gente, compra equipos, se traslada? Se dificulta el trabajo”, lamenta.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 asignó a la Búsqueda de Personas Desaparecidas 400 millones de pesos. Son 69 millones menos que lo supuestamente destinado en 2018, aunque entonces solo se ejerció 1.4 %.
Para operación de la Comisión, se etiquetaron este año 193 millones 215 mil 472 pesos. Pero los avances de gasto federal disponibles hasta ahora, de enero, febrero y marzo, están en ceros, incluyendo el rubro de pago de trabajadores.
La Comisión funcionó el año pasado únicamente con personal eventual y no estaba definida su estructura. Finalmente quedó en 43 puestos, pero según los activistas, esta plantilla todavía está a la mitad.
“Lo que sigue exactamente igual (que en la administración anterior) es el ejercicio del recurso. O sea, cómo exigir que vayan a hacer búsquedas, operativos, si nada más son poco más de 20 personas, de las cuales a lo mejor 10 son administrativos”, dice Fernández.
Los otros 207 millones 576 mil 512 pesos presupuestados son para repartir en subsidios a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda. Pero la posibilidad de usar este dinero no existió en los primeros tres meses del año, ya que los Lineamientos para otorgarlo se publicaron hasta el 27 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Comisiones locales: el mayor avance, pero con reservas
Lo más importante que se ha logrado, para los familiares de desaparecidos, es que se aceleró la conformación de Comisiones Locales de Búsqueda (CLB). El año pasado había solo ocho estados que ya la tenían instalada: Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro.
Se han sumado 11 con el decreto de creación o que están en proceso de instalación: Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz, aunque en este último estado el titular duró dos meses y renunció el miércoles pasado, argumentando cuestiones de salud personal.
“Por desgracia nos renunció. Y nos dio en toda la torre, porque ya veníamos trabajando, y pues otra vez el proceso, otra vez todo de cero… Es agotador”, expresa Lucía Díaz, del colectivo Solecito de Veracruz.
A nivel nacional, considera, también empezaron apenas de cero, pues la anterior “fue un espacio en blanco”.
Cada vez que su agrupación pidió ayuda para cruzar huellas digitales o para salir a hacer una búsqueda en campo, se quedó sin respuesta, así que fue un año perdido. Ahora, en cambio, ve mucha más cercanía, sobre todo con los colectivos, y más articulación con instancias estatales.
“Todavía estamos en etapas en las que no alcanza a ser tangible, con los presupuestos por ejemplo. Está todavía con tropezones, pero ha estado presente en muchos puntos a nivel nacional, en diferentes búsquedas. Creo que sí está haciendo un trabajo mucho más cercano”, señala.
Josefina de León, de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, también percibe mayor colaboración. El mes pasado tuvieron una reunión en la que la comisionada les planteó una estrategia de búsqueda regional, originalmente pensando en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, aunque los colectivos locales propusieron, por las dinámicas que han visto de primera mano en las desapariciones, que la región se ampliara a la zona de la huasteca del norte de San Luis Potosí y Veracruz, propuesta que fue recogida y así se acordó.
“Vemos una comisión que está dando un giro, en el sentido de hacer algo más tangible… Ya se habían implementado una serie de estrategias que construyeron las mismas familias, durante muchos años, en un primer momento con la administración anterior de Roberto Cabrera, y ahora con ella vemos que continúa avanzando. Lo único es que bueno, son procesos que son demasiado lentos, que quisiéramos que se aceleraran un poquito más, y empezar a dar resultados, que es lo que las familias quieren”, señala De León.
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, aplaude el cambio de actitud del gobierno frente al problema: en el sexenio anterior, dice, solo el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, dio un impulso al tema, mientras que en el resto del gobierno se percibía una mezcla de simulación y negación, por lo que la CNB solo existió de manera formal.
El relanzamiento, con Quintana al mando, fue en realidad el lanzamiento, pero el pendiente ahora, a su juicio, es que realmente operen las comisiones locales, que hacen falta para conformar el Sistema Nacional de Búsqueda, que sin ellas, sigue incompleto.
“Se necesita un sistema de búsqueda a nivel de las entidades federativas. Varias no han creado una comisión estatal de búsqueda, y varias otras sí lo han hecho pero con un solo funcionario, a veces un funcionario muy comprometido y muy bueno, pero que carece de recursos humanos, carece de recursos financieros, ni siquiera tiene oficina… entonces se vuelve una misión imposible. Es importantísimo insistir en que las entidades federativas tienen que hacerlo en serio”, señala Jarab.
Registros y protocolos por hacer
Una de las obligaciones que marcó la Ley de Desaparición Forzada, publicada en noviembre de 2017, es que se debe crear un Protocolo Homologado de Búsqueda, sin el cual la implementación de la Ley sigue incompleta. En la administración pasada solo se hizo un borrador; en esta, apenas hace un par de semanas hubo una reunión para analizar el tema, pero apenas se revisó el índice, según algunos asistentes, por lo que el avance es mínimo.
José Ugalde, del colectivo Justicia Querétaro, apunta que además de que no se ha liberado el presupuesto para la búsqueda de desaparecidos, todavía no está claro cómo va a trabajar.
“Creo que el tema, la comisionada nacional de búsqueda lo conoce muy bien, pero no ha dado resultados por falta todavía de presupuesto, de organización, de las plazas, de los trabajadores”, comenta.
“Todavía no se asienta, a 100 días, bien la forma de trabajo como debe ser. A la Comisión le falta el protocolo, cómo va a iniciar, que no sabemos cómo va a ser la participación de las familias para llevarlo a cabo”.
En Querétaro, cuenta, la comisión local ya se adelantó a emitir su propio protocolo de búsqueda, cuando todavía no se tiene el nacional, lo que desconcertó a las familias.
Para Lucy Díaz, de Veracruz, los pendientes que más urgen por resolver son los registros de desaparecidos y de cuerpos sin identificar, ya que o están pendientes o no son confiables.
El pasado 14 de mayo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó en Palacio Nacional el primer registro de fosas clandestinas halladas a partir de este año en el país. Pero sobre el registro de desaparecidos existente, que contabiliza 40 mil 180 personas, dijo que tendría que volver a hacerse porque no es confiable la metodología usada para integrarlo.
Tampoco hay certeza de que haya 26 mil cadáveres sin identificar en los forenses del país, tal como publicó Animal Político la semana pasada. La Ley mandata a crear un Registro Nacional de Personas Fallecidas y no Identificadas, pero de eso no hay ni un primer intento, además de que no dependerá de la CNB, sino de la Fiscalía General de la República (FGR), de la que las familias no han visto disposición.
Grace Fernández dice que Quintana sí ha dado un gran paso al lograr establecer diálogo con la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, a cargo de Abel Galván, pero que el fiscal general, Alejandro Gertz, ha ignorado el tema de desaparecidos y todavía no ha recibido a nadie para hablar al respecto.
Josefina de León, de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, también ve mejoría en el actuar de la CNB, por ejemplo, en tratar de hacer las cosas de manera más metodológica, como en haber presentado dicho reporte que da cuenta del hallazgo de 222 fosas clandestinas este año.
Sin embargo, expresa sus dudas sobre las cifras, ya que de Tamaulipas solo se reportaron dos sitios de fosas con dos cuerpos, cuando los buscadores de ese estado, dice, ubican al menos cuatro lugares donde han encontrado restos este año, incluidos en el agua y no enterrados, por lo que podría ser una diferencia de definición en qué considerar un depósito clandestino de cuerpos.
“Queremos que llegue el momento de ver cuestiones ya más tangibles, es decir, localizaciones de más personas, de todas las maneras. Sabemos, estamos conscientes que muchos murieron, pero también sabemos, por experiencia, que podemos encontrar personas con vida. Entonces queremos que llegue ese momento de resultados. Las familias es lo que quieren, resultados”, exige.
“Va encaminado. Lento, pero va encaminado”.
Policías fueron responsables de desaparición forzada de Marco, determina juez
Un juez mexicano concedió un amparo a Marco Antonio Sánchez Flores y a su familia al considerar que las autoridades policiales son responsables de la desaparición forzada de este joven, un caso que acaparó portadas en enero de 2018.
«De acuerdo con dicha sentencia judicial, son responsables de la desaparición forzada del adolescente autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la Ciudad de México y el Estado de México», informó este martes la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) en un boletín.
Entre ellas -continuó la ONG- son responsables los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero, agregó el comunicado.
LA DESAPARICIÓN
La tarde del 23 de enero de 2018, en los alrededores de una estación de Metrobús de la Ciudad de México, el joven de entonces 17 años fue detenido arbitrariamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, acusándolo de robo.
Según lo narrado en ese momento por testigos, los policías esposaron a Marco Antonio y lo subieron a una patrulla diciendo que lo llevarían al Ministerio Público 40, ubicado en Azcapotzalco, cerca del lugar de los hechos.
Casi una semana después de que el joven fuera introducido a un vehículo policial, apareció a varios kilómetros luego de ser visto en cámaras de seguridad actuando de manera errática y lesionado.
«Golpeado, torturado a bordo de una patrulla, desaparecido y, finalmente, abandonado; la oportuna respuesta de organizaciones defensoras y la indignación social que se manifestó en el país permitieron que reapareciera cinco días después en Tlalnepantla, Estado de México, con severos daños de salud», recordó Redim.
No obstante, las autoridades policiales siempre negaron que el arresto -que aseguraron fue temporal- se llevara a cabo de manera violenta.
«La administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) y otras altas autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro adolescente problemático», denunció la Redim, quien ha acompañado a la familia del muchacho durante el caso.
REPARACIÓN DEL DAÑO
El juez dictaminó que las autoridades policiales, ministeriales y judiciales eran responsables de la violación de derechos humanos, tal como «precisa la sentencia de Amparo en Revisión de Tribunal Colegiado», por lo que «impone reparación integral del daño por violación grave de derechos humanos», sostuvo.
De esta manera, y pese a la «negación sistemática» del Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México, se acordó «otorgarle a él y su familia la protección de la justicia federal» al determinar que «el adolescente sí fue víctima de dicha violación grave a sus derechos humanos».
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se entiende por desaparición forzada «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con su autorización.
