Chile: fallo de la Corte Suprema ordena al gobierno tomar medidas inmediatas por contaminación
Corte Suprema ordena medidas inmediatas por contaminación en Quintero y Puchuncaví
En un fallo unánime, la Corte Suprema acogió los recursos de protección presentados por vecinos de Quintero y Puchuncaví y otras entidades, en contra de autoridades y las empresas que conforman el cordón industrial, tras los episodios de contaminación vividos a mediados de 2018.
En concreto, el máximo tribunal del país ordenó 15 medidas inmediatas: entre ellas, la realización de estudios para determinar exactamente los gases, elementos o compuestos producidos por las fuentes presentes en la denominada zona de sacrificio, además de la instalación de filtros o dispositivos que permitan identificar y medir las emanaciones anteriormente señaladas, de forma directa en la fuente.
Ezio Costa, Director Ejecutivo de la ONG FIMA –organismo que es parte de los recursos de protección acogidos- instó a las autoridades a que cumplan el fallo, adoptando las medidas que se les encomendó.
“El Ministerio de Medio Ambiente va a tener que obligar a las empresas a evaluarse ambientalmente. Esperamos que no tomen este mandato a la ligera”, remarcó.
Con todo, mediante su resolución, la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo de febrero pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó las acciones interpuestas en contra de distintas empresas y autoridades.
¿Qué es lo que se les reprochó a las industrias? La generación de los gases y compuestos químicos que habrían provocado la emergencia en agosto del año pasado. A las autoridades, en tanto, que no adoptaron las medidas de prevención, por no ejercer sus deberes de control, de fiscalización y de represión de conductas ilícitas.
El abogado José Ferrada, representante de 47 vecinos de Quintero, dijo que el fallo de la Corte Suprema refleja que sí existieron gases contaminantes en los episodios vividos el año pasado. A su juicio, la resolución demuestra que “estos hechos no eran aislados. Esto viene a reflejar lo que siempre se ha sabido. Tiene que haber un control activo por parte del Estado para evitar que esto vuelva a ocurrir. O tener certeza de una política preventiva más que reaccionaria”, fustigó.
El diputado frenteamplista Diego Ibáñez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, calificó el fallo como un “tirón de orejas” para el Gobierno. “Muchas de estas medidas se le habían solicitado en su momento y se habían negado a realizarlas”, acusó el parlamentario.
Pero el intendente Jorge Martínez dijo que las medidas o ya han sido cumplidas o están en proceso de cumplimiento, por lo que como Gobierno se encuentran tranquilos. “Estamos actuando por la vía correcta y con las iniciativas correctas”, dijo.
Dentro de las medidas también se encuentra que la autoridad de salud deberá elaborar un diagnóstico de base de las enfermedades detectadas a la población de esas comunas, para determinar qué patologías han sido producidas por la contaminación del aire, del suelo y del agua.
Recursos rechazados
A pesar de que la Corte Suprema acogió 15 recursos de protección, se rechazaron tres que correspondían al senador Francisco Chahuán, la Municipalidad de Quintero y la alcaldesa de Puchuncaví.
Al respecto, Chahuán se manifestó de todos modos conforme: “Estamos terminando con 60 años de impunidad, estamos terminando con un Estado fallido”, aseguró. El parlamentario enfatizó que esperan también resultados en la arista penal.
En tanto, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) destacó que no se acogieron los recursos interpuestos directamente contra la compañía.
“Reconoce que no hay elementos de juicio suficientes para atribuir responsabilidad a alguna de las empresas y ratifica que no hay evidencia para imputarle las causas de los episodios de agosto y septiembre pasado en la zona. Asimismo, valoramos que la sentencia ordene a la autoridad ambiental implementar los estudios pertinentes y con ese análisis adoptar las medidas apropiadas que eviten que ocurran estos sucesos nuevamente en la zona”, dijo la empresa.
Lamberto Cisternas, ministro y vocero de la Corte Suprema, por fallo sobre Quintero: “La autoridad tiene que resolver cómo aplicar los cambios”
Para el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, el fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal no tiene elementos que hagan pensar sobre la eventual intervención de un poder del Estado en las decisiones de otro.
¿Por qué se pide cambiar algo que es resorte de otras autoridades del Fisco?
Primero hay que aclarar que nosotros resolvemos el caso concreto y, en ese sentido, es distinto cuando se trata de contrato de compraventa a cuando es algo que involucra al medioambiente. Acá es necesario tomar medidas para salvaguardar el medioambiente y mantenerlo sano. Ahora, lo que no podría hacer la resolución es decirle qué es lo que tiene que hacer en especifico. Acá se ordena que se realicen estudios y se modifique algo, no a quién contratar, ni qué tipo de estudio puntual hay que hacer. Es la autoridad quien debe hacer la evaluación.
¿No hay intromisión por parte del Poder Judicial en las decisiones que debiera tomar el Ejecutivo?
No, porque no hemos visto este tema de oficio, ni dimos una orden de oficio. Nos trajeron un caso que teníamos que resolver y las órdenes que se dieron son bastantes generales dentro de todo, pero es la autoridad la que tiene que resolver cómo aplica estos cambios, con los estudios que se realicen.
¿Por qué se aplican consideraciones distintas cuando se trata de medioambiente?
Porque involucra a la comunidad en general. Entonces, para solucionar un problema de este tipo, si se toca algo se produce un efecto dominó, no es cosa de decir, por ejemplo, el deslinde pasa por acá y punto. Es por eso también que estos procesos demoran tanto.
Se dio un año para hacer el informe y aplicar los cambios, ¿qué pasa si no se cumple?
Habría que iniciar un procedimiento complementario para que se denuncie a la Corte, para que fije un nuevo plazo, o eventual iniciar un proceso de desacato.
Vecinos de Quintero y Puchuncaví: “El intendente de Valparaíso debe renunciar”
“Si la Corte Suprema imputó toda la responsabilidad al Estado deben, los miembros del Gobierno vinculados al tema y quienes se rieron de nosotros, presentar su renuncia”.
Así de tajante fue la vocera de la Agrupación Salvemos Quintero, Priscila Pacheco, al referirse al fallo de la Corte Suprema que sindicó al Estado como responsable de la situación ambiental en dicha zona de sacrificio. El máximo tribunal del país ordenó, además, una serie de medidas para proteger a la población en las comunas de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.
Priscila Pacheco indicó que, con este inédito dictamen, se gana una pequeña batalla, sin embargo -y debido al nivel de desconfianza que existe sobre las instituciones públicas- estarán atentas para que el dictamen se cumpla.
“Al intendente le dijimos: ‘lo que respiramos no es polen’. Éramos unos locos anarquistas, unos hippies que no teníamos nada que hacer, entonces, bajo todo esto, no esperamos que el Gobierno se pronuncie, pero sí queremos la destitución automática de Jorge Martínez, porque fue el payaso que se rió en la cara de toda la gente afectada acá. Que los seremis de salud y medio ambiente sean destituidos y, si pudiéramos, las cabezas de los ministros también tendrían que salir, porque el poncho les quedó bastante grande y se los dijimos en su momento”, afirmó.
Recordemos que, con el fallo unánime, el máximo tribunal revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que, en febrero pasado, rechazó múltiples acciones interpuestas por los habitantes de la zona contra empresas privadas y estatales, eventualmente, culpables de la crisis sanitaria producida entre agosto y noviembre del año pasado cuando más de mil personas, la mayoría niños, vieron afectada su salud producto de la emanación de gases tóxicos.
Son 15 medidas las que ordenó implementar la Corte Suprema en beneficio de los habitantes de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.
Al respecto, el abogado de la ONG FIMA, Diego Lillo, representante de las organizaciones ciudadanas ante la Justicia, indicó que uno de los puntos destacados del dictamen es que se obliga al Estado a tener un sitio web disponible con toda la información recabada y detallada sobre hechos de contaminación ocurridos el año pasado. Información que no existe en estos momentos.
Además, se obliga a la Onemi a implementar un plan de emergencia que implique, incluso, el traslado masivo de la población vulnerable en caso de que ocurran, nuevamente, emanaciones tóxicas desde el cordón industrial.
“Tenemos evidencia de que se encontraron contaminantes prohibidos en Chile y siguen ahí, en la atmósfera, pero el Estado no ha estudiado adecuadamente quién los está emitiendo, no está buscando a los causantes de las intoxicaciones, sino que se ha dedicado, estos nueve meses que han pasado, a la forma de no hacerse responsable de los hechos”, argumentó.
El dictamen de la Corte Suprema incluye también la realización de estudios para determinar exactamente los gases, elementos o compuestos producidos por las fuentes presentes en la denominada zona de sacrificio, además de la instalación de filtros o dispositivos que permitan identificar y medir las emanaciones anteriormente señaladas, de forma directa en la fuente.
En tanto, este miércoles se aprobó, de forma unánime en la Cámara de Diputados, el Proyecto de Resolución que solicita al Presidente Sebastián Piñera que, de forma urgente, de cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema en relación a los recursos de protección interpuestos por Quintero y Puchuncaví.
La idea legislativa fue ingresada por el parlamentario del Frente Amplio Diego Ibáñez, quien valoró el apoyo transversal que sumo la iniciativa.
“Implementar las medidas acordadas por la comisión investigadora de Quintero y Puchucaví y, con urgencia, aplicar las recomendaciones ordenadas por la Corte Suprema. Esto es un tirón de orejas para la ministra de Medio Ambiente y el Ejecutivo, para que de una vez termine con las zonas de sacrificio en Chile”, subrayó.
Finalmente, desde las comunidades, lamentaron el silencio que, hasta ahora, ha mantenido el Gobierno frente al tema, especialmente desde la secretaria de Estado, Carolina Schmidt.
Una señal -precisaron-, que podría traducirse como negativa, teniendo en cuenta que en noviembre próximo se realizará en nuestro país la conferencia mundial sobre el cambio climático, COP 25.
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