El Estado uruguayo presenta sus alegatos en el juicio por el Plan Cóndor
Ante la Corte de Asis en Roma, el abogado Andrea Speranzoni, representante del Estado uruguayo “expondrá sus conclusiones” en el proceso de apelación del juicio por el Plan Cóndor. Se trata de la tercer audiencia programada por la Corte de Apelaciones antes del 8 de julio, cuando se reunirá la Sala del Consejo y se prevé que pronuncie el fallo final. En esta oportunidad, al igual que en la primera audiencia del juicio en Italia, estará presente el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma.
Por este juicio, en primera instancia fueron condenadas ocho personas, entre las que hubo un único uruguayo –el ex canciller durante el gobierno de facto Juan Carlos Blanco– y absueltas 19 personas. En la causa están imputados los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.
En esta instancia, según publicó Presidencia en su sitio web la semana pasada, será de “capital importancia” la exposición de “nueva documentación” que “atestigua la planificación de las operaciones desde noviembre de 1977 hasta mayo de 1978, por parte del comandante de Navío Jorge Tróccoli, jefe del S2 del FUSNA [Fusileros Navales], y en la fase ejecutiva en la ESMA [Escuela de Mecánica de la Armada] argentina”. También, se presentará documentación “comprobante” del papel de Gavazzo como “comandante de las operaciones Cóndor al Interior de la Oficina III del SID (Servicio de Información de Defensa) y del papel que tuvieron los oficiales involucrados en las operaciones, así como “pruebas obtenidas de nuevos documentos desclasificados estadounidenses sobre el FUSNA”, añade el comunicado.
Las próximas audiencias programadas por la Corte de Apelaciones –presidida por la jueza Agatella Ciuffrida– tendrán lugar el 21 y 28 de junio, donde los defensores de los imputados podrán presentar sus alegatos a la causa.
En diálogo con la diaria, el ex senador Enrique Rubio calificó esta instancia del proceso como “decisiva” y espera que produzca un cambio en el desarrollo del juicio por el contenido de la información que presentará el gobierno uruguayo. Sobre el caso de Tróccoli apuntó que “si hubiera sido juzgado en el Uruguay estaría preso desde hace muchos años, pero las pautas de la justicia italiana han sido otras”. Rubio sostuvo que “hay evidencias hasta el cansancio” sobre el accionar de Tróccoli y “testimonios de todo tipo” para que sea condenado por la Justicia. No obstante, dijo que el resultado final no puede preverse.
“Responsabilidad institucional”
Rubio sostuvo que los hechos de los últimos meses vinculados a las actas del Tribunal de Honor del Ejército –que juzgó las conductas de Gavazzo, Maurente y Silveira– y los documentos desclasificados entregados por Estados Unidos a Argentina en abril, revelaron que “la mentalidad, la ideología y el encuadre de lo que es la seguridad nacional [dentro de las Fuerzas Armadas, FFAA] se mantiene en los mismos términos que en el período de la dictadura”.
En ese sentido, el ex senador manifestó que “la izquierda debería no solo enfatizar en los avances en materia de verdad y justicia y las responsabilidades específicas de los violadores de derechos humanos, sino también en la responsabilidad institucional de las FFAA”. Para Rubio, las FFAA le “deben a los uruguayos un reconocimiento de sus violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad dentro y fuera del país en el marco del Plan Cóndor”, y “deberían asumir el juramento de que no ejercerán más el terrorismo de Estado y no volverán a violar el mandato artiguista”.
Al interior de las FFAA “se sigue pensando en lo mismo que se pensaba en aquel periodo” y “se sigue autojustificando los delitos”, expresó el ex senador. A su vez, Rubio señaló que en “el último año” hubo una “sucesión de evidencias” de la existencia de un “punto de vista incompatible con el sistema democrático vigente en nuestras FFAA”, y que persiste no solo en las expresiones de los “nostálgicos” que actuaron durante la dictadura, sino en la de sus “sucesores 40 años después”, lo que es “mucho más grave” y es un “problema para la democracia, el presente y el futuro”.
Rubio subrayó la necesidad de que las FFAA reconozcan su “responsabilidad institucional”. Para ilustrar esta responsabilidad, el ex senador citó un documento fechado el 30 de enero de 1978, firmado por Gavazzo como Jefe del Departamento III del SID dirigido a la Junta de Comandantes en Jefe de ese organismo. Allí, remarca Rubio, queda constatado que el represor no actuaba solo sino en dependencia directa. “Esto es muy relevante a la hora de demandar responsabilidades. Las responsabilidades no solo son individuales o de algunos operadores, sino institucionales de las FFAA”, añadió.
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