Dos años de Lenin Moreno: Giro total a la derecha en Ecuador – Por Eduardo Tamayo G.
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Eduardo Tamayo G. (*)
Acordar con el FMI, aumentar el desempleo y la pobreza, gobernar con y para los adversarios de derecha y Estados Unidos, entregar a Assange y profundizar la persecución contra opositores, caracterizan los dos primeros años del gobierno de Lenín Moreno.
Triunfar con los votos de la izquierda y gobernar para la derecha
Lenín Moreno (LM) asumió la Presidencia de la República del Ecuador el 24 de mayo de 2017. En la segunda vuelta electoral del 2 de abril de 2017, se impuso con el 51,16 % de votos frente al 48,84% obtenido por el banquero Guillermo Lasso. Su programa apuntaba a la continuidad de la Revolución Ciudadana que se inició en 2007 con Rafael Correa, aunque prometiendo corregir errores e impulsar otro estilo de gobierno, menos confrontativo y más inclusivo y dialogante. Si bien ganó con un margen apretado, Alianza País, el partido que le permitió el triunfo, obtuvo una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional que le posibilitaba al gobierno de LM superar los problemas económicos y asegurar la gobernabilidad.
Paulatinamente, sin embargo, LM dio un giro de 180 grados hacia posiciones de derecha y ultraderecha, cumpliéndose ese viejo axioma de que se triunfa con la izquierda y se gobierna con y para la derecha. Moreno no solo asumió los planteamientos y el programa de los adversarios de la Revolución Ciudadana (1), sino que echó a todos los funcionarios correistas o sospechosos de serlo e incorporó a su gabinete a todos aquellos que no votaron por él y ahora son los que toman las decisiones del gobierno.
Un caso de este tipo no se ha visto en el periodo democrático inaugurado hace 40 años en el Ecuador. Sin embargo, algo parecido sucedió con el expresidente Lucio Gutiérrez que ganó las elecciones apoyado por la izquierda representada por Pachakútic y el Movimiento Popular Democrático y al cabo de unos pocos meses, se declaró el “mejor amigo de Estados Unidos” e impuso un programa neoliberal dictado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), apartando de su gabinete a los ministros de izquierda, al tiempo que sus organismos de inteligencia elaboraban listas de opositores y reprimían a dirigentes sociales y periodistas.
Como veremos luego, el viraje a la derecha de LM le supera con creces al del coronel Lucio Gutiérrez, con una notable diferencia: a Gutiérrez poco se le puede reprochar porque él es un militar de inteligencia muy bien entrenado por EEUU en las “artes” del engaño y la manipulación para obtener determinados objetivos. LM, en cambio, proviene de las filas de la izquierda, en su juventud militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y luego de que éste se dividió, se dedicó a actividades empresariales. Esta adscripción a la izquierda fue lo que le sirvió para ser propuesto como candidato a la Vicepresidencia de la República junto con Rafael Correa, cargo que ganó y ejerció durante seis años (2006-2013), y luego desempeñarse como Enviado Especial del Secretario de la ONU para las discapacidades en Ginebra, Suiza.
Ahora se conoce que en su estancia en Ginebra, y en momentos en que ya era un hecho su designación como candidato a la Presidencia para el 2017, jugaba a dos bandas: por un lado mantenía conversaciones con Rafael Correa – el principal responsable de su designación, ya que las encuestas le favorecían a Moreno y no al vicepresidente Jorge Glas- o con sus delegados y con ellos planificaba la campaña. Pero también se reunía con otros “asesores y amigos”, como Santiago Cuesta y empresarios de derecha, que son los que le marcaron la ruta y ahora son los que están en el poder.
Moreno engañó a todos. El discurso del candidato Moreno no admitía dudas. Siempre hablaba a favor de la Revolución Ciudadana, a la que calificaba como “leyenda”, en tanto se deshacía en lisonjas a Rafael Correa. Jamás habló de corrupción, ni siquiera se conoce que haya hecho alguna crítica a la gestión del gobierno. Todo eso le sirvió para ganar las elecciones, porque una mayoría de ecuatorianos, antes que por su persona, votó por un proceso, que debía continuar con las respectivas rectificaciones.
Pocas semanas después de asumir el poder, salió a flote el verdadero Moreno, el Moreno que estaba escondido, el Moreno con mentalidad empresarial y pro-imperio. Tras denostar a la masa correista que voto por él, se reunió con los banqueros, los dueños de los medios de comunicación corporativos, con el socialcristiano Jaime Nebot (en ese entonces alcalde de Guayaquil), con el expresidente Abdalá Bucaram, que retornó tras varios años de exilio en Panamá (según Rafael Correa, Moreno pactó con Bucaram y le entregó la Corporación Nacional de Electricidad del Ecuador, aunque el gobierno lo desmiente) .
Y, por supuesto, con el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, que retomó las funciones de “Virrey” del imperio en Ecuador como pasaba, por ejemplo, en el gobierno de derecha de León Febres Cordero (1984-1988). A partir de ahí, ya se podía predecir los alcances del viraje de LM, que también jugó hábilmente, cooptando o neutralizando a algunos dirigentes indígenas y sindicales críticos a las políticas y medidas de Rafael Correa.
LM, paulatinamente, fue despidiendo a los ministros y funcionarios que le apoyaron para elegirse como Presidente y que mantenían una línea progresista y habían sido parte del gobierno de Rafael Correa. (2) Quedaron únicamente en su gabinete, los ministros empresarios: Pablo Campana (ministro de Comercio Exterior, y representante del grupo económico Nobis), Carlos Pérez (ministro de Energía, exempleado de la transnacional Halliburton), Eva García (ministra de Industrias y Productividad, actualmente embajadora de Ecuador en Perú), Enrique Ponce de León (ministro de Turismo, ejecutivo de la cadena de hoteles Decamerón), más el exdirigente indígena de la CONAIE Humberto Cholango y la exasambleísta afro Alexandra Ocles.
Y LM completó el gabinete con algunas personas que apoyaron la candidatura presidencial del banquero Lasso: la actual Ministra del Interior María Paula Romo públicamente anunció su votó por Lasso, en tanto que una de las primeras acciones de Richard Martínez, tras ser nominado como Ministro de Economía y Finanzas el 14 de mayo de 2018, fue visitar a Lasso buscando su consejo. Martínez era vocero del Comité Empresarial Ecuatoriano. (3)
El giro a la derecha le costó a Gutiérrez el ser expulsado del poder el 20 de abril de 2005 por el pueblo movilizado de Quito, al cabo de 27 meses en el poder, con la anuencia de la cúpula militar y sin que nada pudieran hacer sus “mejores” amigos de la Embajada de EEUU. Esto no ha sucedido, sin embargo, con LM, pese a que ha adoptado todas las medidas que motivaron la caída de otros gobiernos (alzar los combustibles, propiciar el retorno de Bucaram, firmar con el FMI, declarase pro-gringo, incumplir el programa de gobierno inscrito en el Consejo Nacional Electoral, impulsar la flexibilización laboral y un agresivo proyecto de privatizaciones junto al ajuste estructural).
LM cumple dos años en el poder, pero con altos niveles de desaprobación, lo que refleja lo que piensa la ciudadanía sobre su gestión.
Según la encuestadora Perfiles de Opinión, al 29 abril de 2019, solo el 24% de ecuatorianos/as aprobaba la gestión de LM y hace un año la cifra bordeaba el 51%. La credibilidad del LM es del 16% y hace un año era del 40%. El 67% de los que votaron por el primer mandatario ahora están arrepentidos.
Esta desaprobación se refleja en protestas y manifestaciones de sectores afectados por los planes de ajuste que, evidentemente, no tienen la masividad y la contundencia con la que el pueblo ecuatoriano enfrentó en décadas pasadas a los gobiernos neoliberales. Por el contrario, los sectores beneficiados por las políticas de LM siguen apoyándolo, sin descartar que si hay una fuerte presión social puedan cambiar de opinión.
Entre estos están los banqueros e importadores, grandes medios de comunicación privados, la alta cúpula militar y de la Iglesia, partidos de derecha como el Social Cristiano, y, por supuesto, la Embajada de EEUU. Dos años de gobierno de LM es un buen motivo para hacer un balance de su gestión.
Anti-corrupción a la carta
La política de LM se ha regido por dos ejes con los que busca obtener réditos políticos: la lucha contra la corrupción y la descorreización.
Cediendo a las presiones de los grandes empresarios y de los medios corporativos, LM instaló la corrupción como el tema fundamental de la agenda pública, cuando hay otros que realmente preocupan a la ciudadanía como el desempleo, la crisis económica, la pobreza y la inseguridad, que han sido dejados en un segundo plano.
Desde la campaña electoral y ya en el gobierno, Moreno prometió hacer “una cirugía mayor a la corrupción” y llevar adelante esta lucha “caiga quien caiga”. En el gobierno de Correa, en el que LM fue vicepresidente, así como en todos los gobiernos de las últimas cuatro décadas, incluyendo el actual, se han presentado casos de corrupción. Mientras esté vigente el capitalismo ésta difícilmente podrá ser desterrada.
Ahora mismo el presidente LM afronta el caso denominado Ina Papers. (4) El portal digital La Fuente difundió una investigación en la que denuncia la trama de Ina Papers, que vincula a la familia del presidente Lenín Moreno con la empresa offshore Ina Investment Corporation. Según la investigación, esta empresa habría sido constituida por su hermano, Edwin Moreno, y los esposos Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño, quienes tienen una relación de amistad con Lenin Moreno y su esposa, Rocío González. Según La Fuente, con recursos de la offshore se habrían comprado muebles en Ginebra, Suiza, que fueron entregados en el lugar donde residía Lenin Moreno, cuando cumplía el cargo de Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Discapacidades de 2014 a 2016.
También se le atribuye a la empresa INA Investment la compra de un departamento en Alicante, España, por un valor de 133.400 euros. Las facturas emitidas están a favor de Edwin Moreno y María Auxiliadora Patiño. Patiño es hija de Conto Patiño, lobista y contratista de Sinohydro en Ecuador, quien, como representante legal de la empresa offshore Recorsa S.A., habría recibido 18 millones de dólares de Sinohydro, empresa china a cargo de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. En un primero momento, Moreno desestimó las acusaciones, pero como la Fiscalía inició una investigación a pedido del asambleísta Ronny Aleaga de la bancada de la Revolución Ciudadana, el Presidente ha solicitado que la Fiscalía revise sus cuentas.
Ciertamente, los casos de Odebrecht, Petroecuador, Refinería del Pacífico y otros le han hecho quizá el mayor daño a la Revolución Ciudadana porque han minado su credibilidad y legitimidad. También cabe indicar que hubo evidentes y graves falencias y omisiones en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo en la designación de las autoridades encargadas de llevar a cabo esta lucha, siendo el caso paradigmático el del Contralor Carlos Pólit, que está prófugo del país acusado de recibir coimas de Odebrecht.
Es evidente que debe haber tolerancia cero para todos los casos de corrupción y los culpables deben ser sancionados. Pero otra cosa es instrumentalizar la lucha contra la corrupción con fines persecutorios y para obtener réditos políticos. El gobierno de Moreno enfoca y dirige la lucha anti-corrupción solo contra Rafael Correa (quien tiene 25 juicios en su contra) y sus exfuncionarios y excolaboradores pero excluye a los gobiernos anteriores, a municipios manejados por la derecha, a quienes envían sus capitales a los paraísos fiscales evadiendo impuestos, a quienes cometen fraude en las aduanas, a quienes estafan a los clientes de los bancos a través de cobros por concepto de seguros no autorizados, etc.
Al enfocar la corrupción como un tema que involucra al sector público y dejar de lado el rol que cumple el sector privado, el propósito implícito es satanizar al Estado para ir generando un escenario favorable para reducirlo y dar paso a las privatizaciones de las áreas más rentables manejadas por el Estado, propósito en el que está empeñado el gobierno de LM. (5)
Esta “lucha contra la corrupción a la carta” ha servido para imponer una narrativa que tiende a generalizar (“todos los correistas son corruptos y ladrones”) y a demonizar y menospreciar la gran obra pública efectuada en la última década (“ninguna obra sirve porque es fruto de la corrupción”), en materia vial, electricidad, conectividad, infraestructura de salud, educación, control de inundaciones, así como las políticas públicas que permitieron reducir la pobreza y la inequidad.
En estos dos años de gobierno, se ha inventado y se ha conjugado el verbo “descorreizar”. Esta narrativa de los medios, políticos de derecha e inclusive de izquierda, funcionarios gubernamentales ha sido el telón de fondo para estigmatizar y desmovilizar a las personas. Pero también ha servido para acabar con la institucionalidad creada en la década pasada (por ejemplo se eliminó la Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES) y colocar en las distintas dependencias del Estado a funcionarios que viabilicen el proyecto neoliberal, pro-empresarial y pro-imperio.
La vía para “descorreizar” el Estado fue la consulta popular del 4 de febrero de 2018, impulsada sin aprobación de la Corte Constitucional, que dio un espaldarazo al gobierno de LM para reinstalar en el Ecuador el proyecto neoliberal. No solo se prohibió la reelección indefinida impidiendo la postulación de Rafael Correa a la presidencia de la República, sino que se dio por terminado las funciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fue creado por la Constitución de 2008 con la función principal de designar, a través de concursos públicos y veedurías, al Contralor del Estado, Fiscal, Defensor del Pueblo, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, entre otros.
En la consulta también se aprobó la conformación de un CPCCS transitorio, con amplias atribuciones, entre ellas la de evaluar a los funcionarios designados por el CPCCS cesado, destituirlos y reemplazarlos.
Presidido por el Dr. Julio César Trujillo (que acaba de fallecer), el CPCCS transitorio estableció un verdadero estado de excepción yendo mucho más allá del mandato popular, según varios juristas. Se convirtió en la práctica en una mini-asamblea constituyente que incluso adoptó medidas y mandatos no contemplados en la Constitución, procediendo a una reestructuración de casi todas las funciones del Estado.
Varias críticas se han formulado al desempeño del CPCCS transitorio en el sentido de que no se respetaron las leyes y los procedimientos previstos en la ley y la Constitución para designar a los nuevos miembros de las instituciones del Estado, como la eliminación de la etapa de oposición y las comisiones ciudadanas de selección, el irrespeto a la equidad de género, tráfico de influencias, la prolongación del periodo del Contralor subrogante Pablo Celi hasta el 2022, etc. (6)
El resultado de todo esto no ha sido el obtener mejores instituciones del Estado y más democracia. Al contrario, se ha visto el retorno de los viejos actores partidarios y corporativos que retomaron las diferentes instituciones del Estado para defender sus intereses particulares y no el bien común, sin que estén ausentes las disputas y las peleas en la repartición de los cargos como sucedía en el pasado.
Tras el pacto con los empresarios y los grandes medios de comunicación corporativos, vino la división de Alianza País, el movimiento que sustentó y fue hegemónico durante la década de la Revolución Ciudadana. LM se apropió de su dirección, excluyendo a los correistas quienes conformaron otro partido denominado Revolución Ciudadana, pero el Consejo Nacional Electoral les negó la inscripción y finalmente tuvieron que adherir a un movimiento denominado Fuerza Compromiso Social para participar en política y en las últimas elecciones del 23 de marzo de este año.
Lo que llamó la atención de este proceso es la debilidad y fragilidad de Alianza País y la facilidad con que implosionó, lo que fue producto del verticalismo y la ausencia de democracia interna, la desconexión con las bases sociales, la deficiente formación política e ideológica, y problemas relacionados con el financiamiento de las campañas políticas.
Alianza País fue un movimiento policlasista dirigido principalmente por funcionarios del Estado que se activaba sobre todo en períodos electorales. Con el viraje de Moreno, muchos de sus militantes asumieron sin sonrojarse tesis contrarias a su línea política y se acomodaron a las nuevas circunstancias. Al final del día, sin embargo, la crisis de Alianza País debilita las opciones de poder de la izquierda y favorece el retorno de las tendencias de la derecha y populistas.
A esto hay que agregar la división del bloque legislativo de Alianza País que contaba con mayoría en la Asamblea Nacional. El bloque se partió entre correistas y morenistas, y estos últimos se aliaron con los bloques de la derecha e independientes en función de la fiscalización del gobierno anterior, de tapar las denuncias de corrupción contra Lenin Moreno (caso INA Papers) y aprobar leyes que viabilicen el proyecto neoliberal, privatizador y fondomonetarista, como la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que fue aprobada el 21 de junio de 2018, y entró en vigencia el 21 de agosto de 2018.
El 14 de mayo de este año, Alianza País de Lenin Moreno, pactó con el movimiento Creando Oportunidades (CREO) del banquero Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional y otros bloques menores para repartirse los cargos de la Asamblea Nacional y excluir al bloque legislativo de la Revolución Ciudadana. Alianza País conserva la Presidencia de la Asamblea eligiendo como su titular a César Litardo para el periodo 2010-2021, en reemplazo de Elizabeth Cabezas. Este nuevo bloque se propone aprobar la legislación laboral y económica que exige el acuerdo firmado por el gobierno de LM con el FMI, así como limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
En el marco de este acuerdo de la derecha, de una Asamblea Nacional con bajos niveles de credibilidad, un gobierno tan debilitado, que incluso enfrenta sus propias denuncias de corrupción, y un Partido Social Cristiano que sigue en su fuerte campaña presidencial por Jaime Nebot, se reactiva en la Asamblea Nacional el juicio político contra la exCanciller María Fernanda Espinosa, actual Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Los proponentes del juicio, el Partido Social Cristiano y el movimiento CREO, cuestionan a Espinosa por su protección al asilo de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres y por buscar una salida digna a dicha situación, su supuesta responsabilidad en la inseguridad en la frontera norte ecuatoriana debido al accionar de grupos criminales armados; y, una supuesta falta de atención hacia los ecuatorianos residentes en Venezuela, a pesar del trabajo cumplido cuando fue Canciller.
En el fondo, este juicio constituye el punto culminante de una campaña de ataque político sistemático y de persecución ideológica de la derecha ecuatoriana, particularmente del PSC y CREO, contra María Fernanda Espinosa. En su momento buscaban su salida de la Cancillería, por su política progresista y de cumplimiento de los mandatos constitucionales y del Programa de Gobierno que resultó ganador en las elecciones de 2017. Ahora los promotores del juicio político pretenden generar una matriz de opinión sesgada, en complicidad con algunos medios de comunicación, para destruir la imagen de una mujer progresista que se destaca en el ámbito mundial.
Este constituye otro caso de la judicialización de la política que caracteriza a la gestión de Lenín Moreno. Lo que se criticaba a Correa, se ha vuelto a poner en vigencia. Pese a que se habla de independencia de poderes, la Contraloría, la Fiscalía y la Función Judicial están dedicadas a perseguir principalmente a los exfuncionarios del gobierno anterior, todo ello con el apoyo de los medios de información corporativos que siguen desempeñando el rol de jueces y actores políticos.
El caso más evidente es el del excanciller Ricardo Patiño, dirigente de la Revolución Ciudadana, contra quien se inició un juicio penal y se ordenó su prisión preventiva por haber llamado a la resistencia activa para oponerse a las políticas de LM, en el contexto de una reunión partidaria interna. Actualmente se encuentra exiliado.
Otra vez vuelve el FMI
“No está la mesa servida”, dijo LM al referirse a la situación económica que heredó del gobierno de Correa que ciertamente, luego de un periodo de estabilidad y crecimiento registrado entre 2006 y 2014, entró en un difícil periodo derivado de la baja de los pecios del petróleo, el terremoto de Manabí de abril de 2016, el pago de indemnizaciones a transnacionales (Oxy, Chevron) que le ganaron juicios al Estado ecuatoriano y otros factores, que el obligaron a endeudarse e incluso a recurrir al aval del FMI para obtener préstamos.
Al finalizar el 2017 y los primeros meses del 2018, sin embargo, la economía dio muestras de recuperación y se esperaba que las cosas mejoraran bajo la conducción del Ministro de Economía y Finanzas Carlos de la Torre, y del equipo económico del gobierno anterior, que proponía limitar las importaciones, incrementar aranceles para bienes de consumo suntuario, revisar el crédito tributario para las exportadores, proseguir con la política de los impuestos progresivos.
Sin embargo, los banqueros, grandes empresarios y economistas ortodoxos presionaban para que el gobierno de LM se decidiera por las políticas neoliberales (control del gasto fiscal, medidas para atraer el capital extranjero, exoneración de impuestos, achicamiento del Estado, alza de los combustibles, firma de tratados de libre comercio) que, según ellos, eran la única opción para “salir de la crisis que nos dejó el correismo”.
Y LM descartó otras alternativas y cedió a las presiones, y definitivamente enrumbó al país por la vía neoliberal entregando la conducción de la política económica al economista Richard Martínez.
Sin tiempo que perder, Martínez adoptó medidas para favorecer a los grandes grupos económicos que controlan la economía del país. Una de ellas fue la remisión de intereses y utilidades por un monto superior a los 4500 millones que básicamente benefició a un puñado de grandes deudores: transnacionales petroleras, las transnacionales telefónicas, las exportadoras bananeras, los bancos más grandes y los contrabandistas de licores. (7)
Unos meses después, el gobierno de LM llegó a un acuerdo con el FMI para financiar el presupuesto estatal por un monto de 4200 millones de dólares, un poco menos de la cantidad perdonada a los grandes grupos económicos, acuerdo que no ha pasado por la aprobación de la Asamblea Nacional como manda la Constitución.
“En la carta de intención detallan que el objetivo principal del gobierno será el de reducir el déficit primario no petrolero del sector público no financiero, en un 5% del PIB durante los próximo tres años. Es decir, el Estado ecuatoriano dejará de gastar en Ecuador. La receta “tradicional” incluirá: reducir el tamaño del Estado (Estado mínimo), achicar el gasto fiscal, flexibilizar y desregularizar las relaciones laborales, reformas tributarias para satisfacer intereses de élites económicas y corporativas, privatizar bienes públicos, desregularizar controles estatales – especialmente independencia del Banco Central -, y liberalizar el sector externo”. (8)
Los resultados del manejo fondomonetarista de la economía a cargo de los representantes empresariales no tienen buenos augurios. Según el Banco Mundial, entre 2006 y 2014, Ecuador experimentó un crecimiento promedio del PIB de 4,3%, en cuyo período, la pobreza disminuyó del 37,6% al 22,5%. El crecimiento del PIB en promedio % entre 2015 y 2018 sólo fue del 0,6. Para 2019, la economía ecuatoriana crecerá en un 0,1% en 2019, de acuerdo con las últimas proyecciones, presentadas el 4 de abril del 2019, por el mismo Banco Mundial.
A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo para Ecuador las perspectivas de crecimiento y prevé que este 2019 el PIB real del país cierre en -0,5 %, mientras que para 2020 estima que será del 0,2 %, según un último informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales.
Otros datos son igualmente preocupantes: en el primer trimestre de 2018 alrededor de 504 mil personas adicionales pasaron a la condición de pobreza (luego de que en los 10 años previos 1.7 millones de habitantes salieron de la pobreza) y, de ellas, unas 185 mil más pasaron a la de pobreza extrema. En ese mismo semestre, las cifras de empleo adecuado se redujeron en 9.2%, una severa caída de más de 300 mil personas que explica gran parte el súbito aumento de la pobreza. (9)
Nuevamente arrodillados
Los retrocesos más grandes del gobierno morenista se producen en el campo de la política exterior, que deja atrás más de diez años de una política nacionalista y soberana, en defensa de los intereses de los ecuatorianos.
Ahora se ha abierto paso a una política de sujeción y sometimiento a los intereses geopolíticos, económicos, militares y estratégicos de Estados Unidos, particularmente desde la salida de María Fernanda Espinosa de la Cancillería, y el nombramiento de José Valencia, un diplomático de carrera. Así, el Tío Sam retorna a Ecuador, luego de una década de distanciamiento, y pretende recobrar la influencia perdida en su “patio trasero”.
Para EEUU ha sido fundamental recuperar esta relación, debido, entre otros factores geopolíticos, a la presencia de gobiernos progresistas que impulsaron procesos de integración que pretendían posicionar a América Latina y el Caribe como una región con intereses propios y diferenciados respecto a otros bloques y potencias. También preocupa a Washington la creciente presencia e influencia de la República Popular China y de Rusia en la región, por lo cual pretende retomar el control.
En este contexto, se produce un creciente relacionamiento del gobierno de Lenín Moreno con diplomáticos y funcionarios del gobierno de EEUU. Esto se evidencia en la activa y nutrida agenda intervencionista que mantiene el embajador Todd Chapman, cuya presencia es insólita en la Presidencia, la Cancillería, los diferentes ministerios, en la apertura del reciente proceso electoral para gobiernos seccionales que se realizó en febrero del presente año, así como en el inicio del nuevo “Diálogo Nacional” convocado por el gobierno de Moreno.
Este acercamiento se consolida con la visita del Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el 27 de junio de 2018, para hablar de seguridad, libre comercio y Venezuela. Con esto se avanza en acuerdos de carácter militar, que es uno de los aspectos que más le interesa a EEUU, dentro de su estrategia de control geopolítico de la región.
La crisis de la frontera Norte a principios de 2018, sirvió como pretexto para que las agencias de inteligencia y el Comando Sur de Estados Unidos metan sus narices en el país. En efecto, al producirse el secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio en la frontera norte, el gobierno ecuatoriano recurrió al apoyo del FBI para la investigación del caso del equipo periodístico mencionado, para lo cual autorizó su actuación dentro del territorio ecuatoriano.
El 2 de agosto de 2018, se concreta la apertura de una Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS) entre Ecuador y Estados Unidos, que asegura que el Ecuador compre equipos, armamento y tecnología del complejo industrial-militar de Estados Unidos. Según el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, dicha oficina entra en funcionamiento, por disposición presidencial y autorización de Cancillería y Defensa.
Esta OCS es el canal para asegurar el adoctrinamiento bajo el comando estadounidense, mediante cursos y capacitaciones en EEUU; mantener la dependencia en la tecnología y equipamiento estadounidense, particularmente de comunicaciones; y, dificultar los procesos de integración suramericana en materia de defensa.
Por otro lado, luego de 11 años de ausencia, el Ecuador participó en el Ejercicio Multinacional de Maniobras Militares (UNITAS), organizado por EEUU. A esto se suma el regreso de militares ecuatorianos al Colegio Interamericano de Defensa, donde participan junto a policías en un curso de un año de duración, que sirve para inculcarles la doctrina de defensa y seguridad hemisférica.
Adicionalmente, desde septiembre de 2018, el avión de inteligencia Orión P3 de EEUU realiza sobrevuelos en los mares y fronteras ecuatorianas, operando desde Guayaquil. Según el Ministro de Defensa Jarrín, Estados Unidos no sólo apoya en temas de seguridad, sino en la aplicación de viajes de reconocimientos, de toma de fotografías y de sensores.
El objetivo de estos vuelos será retomar todas las actividades de la Base de Manta, según Jarrín: “Lo importante es reconocer que todo lo que hacía, en su época, la base, lo puede hacer ahora un solo avión, es por el avance de la tecnología que tiene solamente con la capacidad de una potencia como Estados Unidos”.
También ha llegado bajo la bandera de “ayuda humanitaria”, el buque hospital USNS Comfort, que inició visitas en Esmeraldas. Si bien realiza atención médica, ésta se enmarca en la misión de la Armada de EEUU de «mantener, entrenar y equipar para el combate a las fuerzas navales, capaces de conseguir la victoria de la guerra, disuadir agresiones y mantener la libertad en los mares».
Cabe recordar que el gobierno de Rafael Correa dio por terminado el convenio para el uso de la Base de Manta por militares estadounidenses en 2009 y expulsó en 2014 al Grupo Militar de Estados Unidos en Ecuador, que representaba al Comando Sur en el país, para garantizar su posicionamiento geoestratégico y mantener la relación continua con las Fuerzas Armadas.
Con la justificación de la “cooperación” y el apoyo humanitario, fuerzas militares estadounidenses retornaron al Ecuador después de una década de haber sido expulsadas. Evidentemente la Asamblea Nacional debía conocer y aprobar este tipo de cooperación militar, por cuanto implica la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio ecuatoriano, hecho expresamente prohibido por la Constitución.
Por otro lado, los acuerdos con Estados Unidos en el campo económico incluyen la negociación de un Tratado de Libre Comercio, el retorno de la USAID que salió de Ecuador en 2014, así como del Instituto Ecuatoriano Norteamericano, que funciona ahora en un local público cedido por el exalcalde de Quito, Mauricio Rodas.
Quizás el caso más emblemático es la presión del gobierno de EEUU para que la justicia ecuatoriana desestime la sentencia de las cortes ecuatorianas contra la empresa Chevron, por el daño causado en la Amazonía ecuatoriana durante la explotación petrolera irresponsable que llevó a cabo esta transnacional. El gobierno ecuatoriano ha preferido favorecer los intereses extranjeros antes que las demandas justas de los pobladores amazónicos que han ganado este caso en todas las instancias, pues ya tiene una sentencia ratificada por la Corte Constitucional. Chapman ha señalado que este es uno de los puntos “irritantes” que se deben resolver, para avanzar en la relación comercial y militar.
Este acercamiento con Estados Unidos tiene varias consecuencias. El gobierno del Ecuador comienza a actuar contra la integración regional, a pesar de ser un mandato constitucional. Así, con la salida de Ecuador de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América – Tratado de los Pueblos (ALBA-TCP) en agosto de 2017, se produce un alejamiento de los gobiernos progresistas.
Luego, para debilitar a UNASUR, cuyos Consejos venían operando con normalidad a pesar de no existir un Secretario General, el gobierno pidió la devolución del edificio-sede del organismo que fue construido por Rafael Correa en la Mitad del Mundo en Quito, como símbolo de la integración suramericana, para entregarlo para el funcionamiento de una universidad indígena.
Este proceso nefasto concluyó en marzo de 2019, cuando el Canciller Valencia anunció la salida de Ecuador de UNASUR, convirtiéndose en el segundo país en adoptar dicha acción. En paralelo, el país se incorpora a una iniciativa apoyada por los gobiernos de derecha de la región, que denominan PROSUR. Además, con presión de los sectores empresariales del gobierno, Ecuador solicitó su ingreso a la Alianza del Pacífico, en alineamiento con los intereses hegemónicos de Estados Unidos.
De igual manera, en la relación con Venezuela, Ecuador va adoptando la misma línea que la del gobierno estadounidense. Luego de expulsar a la Embajadora de Venezuela de Quito, Carol Delgado, pasa a desconocer al gobierno de Nicolás Maduro y, a pesar de pronunciarse por el diálogo para resolver la compleja situación, se suma a los países que reconocen como “presidente interino” a Juan Guaidó. El gobierno ecuatoriano también se distancia de Bolivia, y convoca a su embajador para que regrese a Quito, mientras mantiene un duro discurso contra Nicaragua.
Un caso insólito que muestra el cambio profundo en la política exterior, es la entrega en abril 2019 de Julian Assange a las autoridades británicas, que son autorizadas por el gobierno ecuatoriano para ingresar a su Embajada en Londres, para que arrastren a Assange fuera de la sede, en la que había recibido asilo desde 2012. Con esta acción, el gobierno de Moreno entrega a una persona que estaba en protección internacional, cuya vida corre peligro, para cumplir con los intereses del Reino Unido, y sobre todo, de Estados Unidos, que persigue a Assange por haber difundido a través de la red WikiLeaks, información que revela atroces violaciones de derechos humanos cometidas por EEUU.
¿Aires de libertad?
Los grandes medios de comunicación corporativos se han alineado con el gobierno de LM, lo respaldan, esconden sus deficiencias y nula labor, pero sobre todo dan amplia cobertura a las denuncias que involucran a Correa y sus exfuncionarios, mientras ignoran o minimizan los supuestos casos de corrupción del gobierno de LM y sus allegados.
Pero esto no es gratuito, lo hacen porque han recibido jugosas franjas publicitarias del Estado, han conseguido que se reforme la Ley Orgánica de Comunicación, con lo cual se suprime la Superintendencia de Comunicación, la figura del linchamiento mediático y las normas deontológicas, se disminuye del 33% al 10% el porcentaje de frecuencias para los medios públicos y, lo más grave, a las medios privados que tenían sus concesiones de frecuencias vencidas se les otorga títulos habilitantes por 15 años. De esto se han beneficiado 210 emisoras de radio y televisión privadas.
Las concesiones a los medios corporativos ha venido acompañadas con el debilitamiento de los medios estatales que se formaron durante el gobierno anterior (por ejemplo, se suprime la Agencia Andes), al tiempo que se nombra a periodistas de derecha para dirigir El Telégrafo, El Tiempo, EcuadorTV y Radio Pública, que rápidamente cambian de línea editorial, convirtiéndose en voceros de la política gubernamental.
Mientras se habla de diálogo y de que en el “Ecuador se respiran aires de libertad”, se excluía de los medios estatales a destacados intelectuales y periodistas críticos y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) despedía al profesor Fernando Casado por expresar opiniones que no gustan a las esferas oficiales.
En esta misma línea de persecución, la radio pública Pichincha Universal del Consejo Provincial de Pichincha es silenciada durante más de un mes, tras ser elegida prefecta de la provincia Paola Pabón de la Revolución Ciudadana. Se hostiga también al portal EcuadorInmediato.com a través de una denuncia de la Presidencia de la República, por supuestamente haber violado derechos de propiedad intelectual.
Todo esto ha dado como resultado que en el país se vaya imponiendo el “pensamiento único” de corte neoliberal y que las voces discrepantes hayan migrado y se expresen en las redes digitales con todas sus potencialidades, contradicciones y limitaciones. En Ecuador, parafraseando al historiador inglés Eric Hobsbawm, se viven “tiempos difíciles”.
Notas
1 Por ejemplo, efectuar una consulta popular fue una promesa de campaña del banquero Guillermo Lasso, y despojarle la sede a UNASUR fue el planteamiento de la excandidata presidencial socialcristiana Cynthia Viteri.
2 En estos dos años fueron excluidos : Eduardo Mangas, Alex Mora, Virgilio Hernández, Paola Pabón, Andrés Mideros, Etzon Romo, César Navas, Patricio Zambrano, Carlos de la Torre, María Elsa Viteri, Augusto Barrera, Rubén Flores, Tarsicio Granizo, Rosana Alvarado, María Fernanda Espinosa, Fander Falconí, para citar algunos casos.
3 Completan el círculo más cercano de LM, Santiago Cuesta, asesor presidencial, Andrés Michelena encargado de los temas relacionados con la comunicación y, desde hace varios años, cercano a la Embajada de EEUU, según cables de Wikileaks; Juan Sebastián Roldán, secretario privado del Presidente, María Paula Romo, Ministra del Interior y encargada de la política.
4 Ver Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio, El laberinto offshore del círculo presidencial, https://
5 Ver Martín Pastor, La anticorrupción, una estrategia de las elites para evadir sus responsabilidades, https://www.alainet.org/es/
6 Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos , CPCCS-T extralimita mandato de Consulta Popular, https://www.alainet.org/es/
7 Observatorio de la Dolarización, Trole 3. 50 beneficiarios de la remisión tributaria: hacer más ricos a los más ricos. En dolarizacionec.wordpress.com
8 Martín Pastor, Ecuador y el FMI: misma piedra, mismo tropiezo,https://www.alainet.
9 Artículo de Pedro Páez Pérez, de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, sobre la base de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) publicados por el INEC para junio de 2018. En dolarizacionec.wordpress.com
(*) Periodista ecuatoriano de ALAI
