Colombia: excoronel es condenado a 37 años por falsos positivos
A la cárcel coronel retirado del Ejército por falsos positivos
Óscar Orlando Gómez Cifuentes fue condenado por el homicidio de dos personas, reportados como bajas de guerrilleros en combate en el año 2006.
Los hechos ocurrieron en diciembre del 2006 en Puerto Carreño, Vichada, cuando Jhon Jairo Rodríguez y Mauricio Álvarez, dos habitantes de la población, fueron presentados como guerrilleros dados de baja en zona rural de Cumaribo.
El soldado Jhon Fredy Quirama, le dijo a las autoridades que, después de matar a los civiles y manipular la escena de los hechos, el excomandante ordenó el levantamiento.
En noviembre del 2017, el coronel en retiro Óscar Gómez fue deportado de Estados Unidos por las investigaciones contra derechos humanos en su contra, por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de cinco personas, según informaron las autoridades de migración de EE.UU.
Nueva evidencia vincula al jefe del Ejército colombiano con los asesinatos de civiles
Los documentos, proporcionados a The Associated Press por una persona familiarizada con una investigación en curso sobre ejecuciones extrajudiciales, se producen cuando el general Nicacio Martínez Espinel enfrenta una creciente presión para que renuncie por las órdenes que este año dio a las tropas para intensificar los ataques en lo que algunos temores podrían allanar. El camino para el retorno de graves violaciones de derechos humanos.
El Ejército de Colombia ha sido acusado de hasta 5.000 asesinatos extrajudiciales en el apogeo del conflicto armado del país a mediados de la década de 2000, cuando las tropas bajo presión de los comandantes inflaron recuentos de cadáveres, en algunos casos vistiendo a civiles como guerrilleros a cambio de una paga extra.
Lo que se conoció como el escándalo de los falsos positivos ha ensombrecido el historial de victorias en el campo de batalla respaldado por Estados Unidos. Quince años después, ni un solo comandante de alto rango ha sido responsabilizado por los asesinatos.
Human Rights Watch criticó duramente en febrero el nombramiento de Martínez Espinel por parte del presidente Iván Duque, y señaló que era el segundo al mando de la Décima Brigada en el noreste de Colombia durante los años en que los fiscales iniciaron investigaciones sobre 23 asesinatos ilegales.
El grupo de derechos reveló que el coronel Martínez Espinel certificó los pagos a un informante que dio lugar a «excelentes resultados» en una supuesta operación de combate en la que una civil indígena y una niña de 13 años fueron asesinadas. Más tarde, un tribunal condenó a dos soldados por secuestrarlos en su casa, asesinarlos y poner armas en sus cuerpos para que parecieran ser rebeldes.
Martínez Espinel en el momento del informe dijo que «no tenía idea» de si había realizado los pagos. «Dios y mis subalternos saben cómo hemos actuado», dijo.
Pero los nuevos documentos de la oficina del fiscal de Colombia muestran que Martínez Espinel en 2005 aprobó al menos otros siete pagos cuestionables. Los documentos fueron proporcionados a la AP por alguien en condición de anonimato porque temen represalias.
Algunas de las recompensas fueron para supuestos informantes cuyos nombres e identificaciones no coincidían. En dos casos, los investigadores judiciales encontraron que el verdadero beneficiario era el soldado Oscar Alfonso, quien sería condenado a 40 años por su papel en un tercer asesinato civil no relacionado. Un destinatario oculto fue un excomandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión.
En otra inconsistencia, en dos ocasiones Martínez Espinel respondió por información que condujo a los combates que los mismos documentos muestran que tuvieron lugar días después. Tal fue el caso de un pago realizado el 17 de mayo de 2005 a un informante no identificado y que lleva la firma de Martínez Espinel. El pago se refiere al combate con supuestos guerrilleros el 20 de mayo, tres días después, en el que se informó que un hombre «sin nombre» no identificado murió con una granada y una pistola.
«Hace una década, soldados en toda Colombia atraían a civiles a lugares remotos con falsos pretextos, como con promesas de trabajo, los mataron, colocaron armas en sus cuerpos sin vida y luego los informaron como combatientes enemigos muertos en acción», dijo José Miguel Vivanco. Director de las Américas de Human Rights Watch. «Uno no puede dejar de preguntarse si alguna de las escarapelas en sus uniformes, o las promociones a lo largo de carreras ‘exitosas‘, corresponden al asesinato de civiles inocentes cometido hace más de una década».
Martínez Espinel dijo en un comunicado que no enfrenta investigaciones penales o disciplinarias. Dijo que correspondía a las autoridades judiciales evaluar el valor de los documentos que llevan su firma, pero que durante su tiempo en la Décima Brigada no tuvo participación ni responsabilidad en las operaciones de combate, en lugar de eso desempeñó un papel puramente administrativo.
«Siempre he estado y estaré listo para responder cualquier pregunta de las autoridades», dijo.
Vivanco dijo que no es de extrañar que Martínez no esté siendo investigado, dada la disposición de las autoridades para hacer la vista gorda ante la responsabilidad de los altos comandantes en la ola de asesinatos. Si bien los tribunales colombianos han condenado a cientos de soldados de bajo rango por sus roles en los asesinatos «falsos positivos», ni un solo general y solo un puñado de coroneles han sido condenados hasta ahora. Según el derecho internacional, los comandantes pueden ser considerados responsables de los delitos cometidos por los subordinados que conocían o deberían haber conocido.
Ahora hay informes de que Martínez Espinel, como jefe del ejército, está tratando de restablecer las políticas que los críticos dicen que llevaron a las ejecuciones.
El ‘New York Times‘ informó recientemente que Martínez Espinel ordenó a las tropas duplicar el número de guerrilleros y delincuentes de izquierda que matan, capturan o obligan a rendirse en combate. Las nuevas directrices, hechas por escrito al inicio de la gestión de Martínez Espinel como jefe del ejército en enero, suscitaron preocupaciones entre los oficiales anónimos citados por el Times sobre el mayor riesgo de causalidades civiles.
Los opositores de Duque han pedido la renuncia de Martínez Espinel, señalando varios asesinatos sospechosos y encubrimientos de soldados este año que coinciden con las nuevas órdenes. Pero el líder conservador ha apoyado hasta ahora al comandante incluso mientras intentaba contener el daño.
«Tolerancia cero para aquellos que deshonran el uniforme de la patria al cometer delitos», dijo Duque horas después de que el informe del Times enviara ondas de choque a través de las fuerzas armadas, una de las instituciones más respetadas de Colombia.
Mientras tanto, en respuesta al artículo del ‘NYT‘, las Fuerzas Armadas hicieron retroceder parte de la polémica política que exige a los comandantes de campo que se comprometan por escrito a duplicar sus resultados operacionales contra las bandas criminales y los rebeldes que han llenado el vacío dejado por un acuerdo de paz de 2016 con el Revolucionario Fuerzas Armadas de Colombia, o FARC.
Sin embargo, no se modificaron, ordena a los oficiales que no «exijan perfección» a las fuentes, diciendo que los ataques a objetivos militares deberían iniciarse cuando exista una «60-70% de credibilidad» sobre la veracidad de la información.
El viernes, Duque anunció la creación de un panel de cinta azul para evaluar todos los protocolos y manuales militares para asegurarse de que están de acuerdo con el compromiso del gobierno de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
EEUU apoya decisiones de Colombia para esclarecer alegatos contra el Ejército
EEUU celebró la decisión del gobierno colombiano de crear “una comisión independiente para examinar las acusaciones” en contra del Ejército, en medio de una polémica originada por el artículo de The New York Times que advierte el regreso de los ‘falsos positivos’.
El Departamento de Estado indicó que la administración de Donald Trump “apoya fuertemente” los esfuerzos del gobierno de Iván Duque, enfocados en aclarar el escándalo de las presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Además, resaltó que Colombia ha logrado “grandes avances” en materia de derechos humanos y en el fortalecimiento de las instituciones que los protegen.
U.S. welcomes Colombian government’s decision to establish an independent commission to examine allegations regarding the Colombian military and strongly supports #Colombia’s efforts to clarify this issue. https://t.co/99vCTiNdCv
— Morgan Ortagus (@statedeptspox) 25 de mayo de 2019
Antioquia llevará 152 “falsos positivos” a la JEP
Las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, también dejaron su estela de dolor y sangre en Antioquia.
Aunque hay procesos en los que avanzan las investigaciones, las organizaciones no gubernamentales (ONG) Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), Corporación Jurídica Libertad (CJL) y Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ), presentarán en Bogotá, un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el objetivo de que, al llevar a este sistema de justicia transicional, los casos se puedan resolver.
En el documento, conocido por EL COLOMBIANO en un resumen ejecutivo, las tres ONG hacen un repaso de cómo se configuraron las ejecuciones en Antioquia entre 2003-2004 y 2007-2008 en el oriente, el nordeste y el Magdalena Medio antioqueño, “cometidas por agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública, pertenecientes a las Brigadas IV y XIV, adscritas a la Primera y Séptima División del Ejército Nacional, respectivamente”.
Sergio Arboleda, abogado, defensor de derechos humanos e integrante ONG Corporación Jurídica Libertad, asegura que llevarán 152 casos perpetrados en el departamento y que, con esto, “estamos intentando es develar la responsabilidad de comandantes, en particular de Juan Carlos Barrera Jurado (en junio pasado pidió someterse a la JEP), comandante del batallón Bajes y de quienes hacían parte de la plana mayor del batallón”. Resaltó que de los 152, aún hay 49 sin identificar.
¿Qué esperan?
El objetivo que tienen es darle a conocer a la JEP las afectaciones individuales y colectivas que sufrieron y siguen sufriendo por cuenta de estos delitos, que ubicaron al departamento como el que más concentra víctimas por estas ejecuciones.
Al respecto, Julián Mauricio García, víctima porque asesinaron a su padre y un hermano, sostiene que lo único que espera y además exige, es que se conozca la verdad y “que los responsables reconozcan los hechos, porque nadie se imagina lo que pasa por la vida y la familia de uno cuando suceden estas tragedias”.
Además, las ONG señalan que este informe permitirá “presentar solicitudes concretas de medidas de reparación integral para la construcción de paz en estos territorios y que a su vez resarza a las personas que padecieron estos daños y que deben formar parte de las sanciones alternativas que deben cumplir las personas declaradas la responsables por los hechos develados”.
