Colombia: Duque envía orden presidencial para dar con responsables de ataque a líderes sociales
Orden presidencial para dar con responsables de ataque a líderes
La orden del presidente Iván Duque fue clara: dar con los responsables del ataque ocurrido el sábado contra un grupo de líderes sociales en la vereda Lomitas, jurisdicción de Santander de Quilichao, Norte de Cauca.
“No podemos permitir que en nuestro país se siga amenazando la libre expresión de los líderes sociales y la de cualquier ciudadano. Acá seguimos firmes en ejercer la seguridad como valor democrático y no vamos a permitir que ningún grupo de esta naturaleza siga amenazando nuestra sociedad”, agregó Duque.
Aunque el ataque solo dejó dos personas heridas, ambos escoltas de la Unidad Nacional de Protección al servicio de los defensores de derechos humanos, lo ocurrido generó un rechazo que traspasó fronteras.
Una de esas expresiones llegó de la premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú, quien afirmó en su cuenta de Twitter: “mi profundo rechazo al atentado en Cauca. Expreso mi total solidaridad con Francia Márquez y sus compañeros. No más violencia contra las y los defensores de derechos humanos en Colombia”.
A propósito de Márquez, reconocida líder en Cauca y quien estuvo en el lugar de los hechos, aseguró que lo ocurrido “nos invita a continuar apostándole a lograr la paz en nuestros territorios, en el departamento del Cauca y en nuestro País, ya está bueno de tanta sangre derramada”.
En el sitio también estaban presentes los líderes sociales Carlos Rosero, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí, Sofía Garzón, ente otros defensores de derechos humanos de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca, y ocho escoltas de la UNP.
Luego de un consejo de seguridad, que fue coordinado por el Ministerio de Defensa, se anunció el incremento de pie de fuerza de Ejército y Policía, así como también un refuerzo a los esquemas de seguridad de los líderes.
Las autoridades de Cauca, afirmaron que se revisarán unas interceptaciones telefónicas a grupos armados ilegales para determinar quienes fueron los responsables y el por qué del ataque.
Lo que revelan las investigaciones por crímenes de líderes sociales
Las organizaciones criminales, como se identifica a los grupos ilegales dedicados a delitos como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal son, según el director de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González León, las responsables del 57 por ciento de los asesinatos de líderes sociales ocurridos desde enero del 2016, que son 274, según el organismo acusador, que toma como base la cifra de los crímenes certificados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país, Los Caparrapos, otra banda, las disidencias de las Farc, el Eln y el Epl son, según la Fiscalía, los responsables de otro 23 por ciento de los crímenes ocurridos desde enero del 2016.
Según González León, se han tomado decisiones judiciales para aclarar plenamente 157 del total de 274 asesinatos.
En total, dijo el funcionario, hay 244 personas detenidas y 68 tienen órdenes de captura por su vinculación a ataques de defensores. Este año, indicó González León, Naciones Unidas ha certificado plenamente 18 casos de asesinato y ha considerado que otros nueve no estaban vinculados a líderes sociales. Igualmente está verificando otros 30 casos.
“En los últimos tres años estamos esclareciendo el 57 por ciento de los crímenes. Esclarecer es que tenemos órdenes de captura, acusaciones”, precisó González León.
Según los reportes de otras entidades, como la Defensoría del Pueblo, y de grupos de defensores, las cifras de ataques a líderes sociales asciende a 506 desde el 2016.
Mientras la preocupación por el incremento de ataques a líderes sociales aumenta, el homicidio en general ha bajado este año. Ha habido 4.000 casos, según la Fiscalía, lo que representa una reducción del siete por ciento frente al mismo periodo de 2018, cuando se registraron 4.400 casos.
Líderes atacados el pasado sábado aún reciben amenazas: MinInterior
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el grupo de líderes sociales que sufrió un ataque el pasado sábado en la vereda Lomitas, jurisdicción de Santander de Quilichao, norte del Cauca, en el que se encontraba la defensora de derechos humanos Francia Márquez, continúa recibiendo amenazas.
Según la ministra, como medida de prevención, las autoridades convocaron a una reunión con los delegados de los distintos consejos comunitarios en el Cauca para revisar las medidas de protección, teniendo en cuenta que los escoltas y los esquemas individuales no son suficientes.
“La Defensoría del Pueblo en la alerta temprana que mandó al Ministerio el pasado 26 de abril reconoce que esa actuación de grupos armados al margen de la ley. Entre ellos están los disidentes de la extinta guerrilla de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el EPL y las Águilas Negras que mantienen una disputa por el control territorial en cuanto a narcotráfico y a minería ilegal”, agregó la funcionaria.
Gutiérrez señaló que el Gobierno está brindando protección a 7.400 personas de las cuales 4.500 son líderes sociales. Dijo que hay cerca de 600 acciones colectivas que apuntan a salvaguardar la vida de los defensores de derechos humanos.
En este sentido, Gutiérrez aseguró que el Gobierno está trabajando en la reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que esta pueda ser más efectiva. Y por su parte, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía anunciaron que empezaron investigaciones para dar con los responsables del ataque.
En el atentado también estaban presentes los líderes sociales Carlos Rosero, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí, Sofía Garzón, ente otros defensores de derechos humanos de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (ACONC), y ocho escoltas de la UNP, de los cuales dos fueron heridos.
Amenazas a líderes sociales aumentaron un 47 % el último año
El atentado contra Francia Márquez evidenció que la situación de los líderes sociales sigue siendo crítica en el país. Si bien esta reconocida defensora del territorio de las comunidades afros del norte del Cauca, premiada internacionalmente por esa labor, salió ilesa, lo cierto es que el grado de amenaza que enfrentan voces como la de ella en distintas zonas del país no deja de ser alto y, por el contrario, va en aumento.
El sábado en la tarde, en la vereda Lomitas, zona rural del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), hombres armados les dispararon a ella y a un grupo de líderes sociales de la zona y les lanzaron granadas. En el hecho, escoltas de la Unidad Nacional de Protección, que custodiaban a la líder, quedaron heridos.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las amenaza contra los líderes sociales aumentaron en el último año en casi un 50 por ciento. En los registros de la entidad, desde marzo de 2018 hasta febrero de este año, aparecen 982 denuncias de amenazas, mientras en el mismo periodo del 2017 a 2018, se denunciaron 669.
Es decir, el aumento de las amenazas, en lo que va corrido de este año, es de un 47 por ciento. Lo preocupante es que, de acuerdo con el organismo del Ministerio Público que tiene delegados en distintas regiones, tras esas amenazas se produjo, en el 2019, el asesinato de 25 líderes sociales. En sus registros, desde el primero de enero de 2016 hasta el 28 de febrero, cuentan 462 homicidios de líderes.
Por su lado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia señala que este año, hasta marzo, 29 líderes sociales han sido asesinados.
La cifra es grave si se compara con el número de casos registrados por ese organismo internacional el año pasado, que fue de 113 homicidios contra esta población que lidera procesos claves para los territorios más apartados del país.
Desde marzo del 2017, la Defensoría del Pueblo había lanzado al menos tres alertas tempranas a las autoridades nacionales, departamentales y locales que advertían el riesgo de que sucedieran hechos como el atentado que sufrió el grupo de líderes en el que estaba Francia Márquez.
Pero hace apenas menos de dos semanas, el 26 de abril, había enviado una carta al Ministerio del Interior en la que enfatizaba el riesgo latente que viven, entre otras, las comunidades afros en el Cauca.
Lo que decía la alerta
Fernando Gaitán Peña, el delegado de la Defensoría para la prevención de violaciones de derechos humanos y director de las alertas tempranas, señaló en esa carta a Fabio Parra, subdirector para la seguridad y convivencia ciudadana del Ministerio del Interior, su preocupación por la amenaza contra estos líderes “por parte de actores armados, a raíz de los procesos de defensa y exigibilidad de los derechos humanos individuales y colectivos y las movilizaciones en diversos espacios de protesta social legítima”.
La carta no solo habla de circulación de panfletos, llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos intimidantes, recepción de coronas fúnebres y obituarios, sino también de amenazas a través de “homicidios ejemplarizantes”. Solo en esa región del Cauca, este año han circulado 12 panfletos –de las Águilas Negras, las disidencias de las Farc y del Epl– frente a 55 que circularon en el 2018.
La Defensoría del Pueblo pide adoptar “medidas efectivas para superar la situación de amenaza y vulnerabilidad que vayan más allá de los esquemas de protección que en ocasiones no son efectivos para las particularidades del territorio”.
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