Colombia: consternación por el asesinato de un médico y de un antropólogo
Consternación en San Agustín por asesinato de reconocido antropólogo
Las autoridades tratan de esclarecer los hechos bajo los cuales, el reconocido antropólogo agustiniano Luis Manuel Salamanca Galindez, fue asesinado la noche del sábado último en las afueras de su casa.
Según se indicó, el reconocido gestor cultural se aprestaba para realizar un corto recorrido nocturno por el parque San Martin en el barrio Los Yalcones cuando un sujeto se le acercó y sin mediar palabra le disparó en dos oportunidades dejándolo gravemente herido.
Algunas personas, incluida su esposa se alarmaron al escuchar las detonaciones del arma de fuego y tras unos instantes se percataron que el profesor universitario Luis Manuel, yacía en el piso mientras que su agresor escapó sin ser notado.
Inmediatamente procedieron con su traslado a la E.S.E Hospital Arsenio Repizo Vanegas, pero al ingresar al centro asistencial había perdido sus signos vitales, confirmándose así su fallecimiento.
Asesinan a médico en El Bagre y seis de sus compañeros abandonan el pueblo
El crimen de un médico de 24 años de edad estremeció a los habitantes del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. La víctima fue identificada como Cristian Camilo Julio Arteaga, quien desde el año pasado prestaba su servicio social obligatorio en el Hospital Nuestra Señora del Carmen.
Tras el homicidio, perpetrado con arma de fuego, seis médicos decidieron abandonar la localidad por temor a correr con la misma suerte. Ellos aseguran que no hay garantías de seguridad para prestar sus servicios a la comunidad.
Al respecto, el gerente del Hospital Nuestra Señora del Carmen, Leonardo Fontalvo Tapia, explicó que debido a los retiros hay una imposibilidad de continuar con la prestación de los servicios y, por ende, se adelanta un plan de contingencia con clínicas privadas.
«Para nosotros el primer indicio siempre será el ataque a la misión médica. Lo que ha generado esa situación es estupor, rechazo de toda la comunidad médica y del municipio», indicó.
¿Qué dicen las autoridades?
Por su parte, el coronel Giovanny Buitrago Beltrán, comandante de Policía Antioquia, detalló que el joven médico fue abordado en plena vía pública por desconocidos, quienes sin mediar palabra le dispararon en varias oportunidades
«En este momento las autoridades del municipio de El Bagre evalúan la situación y analizan las posibles hipótesis de qué pudo haber causado la muerte y quiénes pueden ser los responsables de este hecho», puntualizó.
Gremio médico está de luto por el execrable asesinato del Joven Medico rural Dr. Julio Arteaga. La agresión a los médicos muchas veces derivadas de las innumerables fallas en el Sistema de salud debe ser detenida. Médicos y personal de salud no son los culpables. @MedicoFernandez pic.twitter.com/vWmoq6cXzU
— Colegio Médico CB (@ColegioMedicoCB) 11 de mayo de 2019
Alarma por los continuos asesinatos a defensores de derechos humanos en Colombia
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó alarma por la gran cantidad de defensores de esas garantías que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que la tendencia parece estar empeorando.
“Pedimos a las autoridades que hagan un esfuerzo significativo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos”, aseguró el portavoz Rupert Colville este viernes ante periodistas en Ginebra.
En los primeros cuatro meses de este año, actores de la sociedad civil e instituciones estatales han denunciado 51 asesinatos de defensores.
“La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia está siguiendo de cerca estas acusaciones. Esta cifra asombrosa continúa con una tendencia negativa que se intensificó durante 2018, cuando nuestro personal documentó los asesinatos de 115 defensores de los derechos humanos”, agregó Colville.
Los asesinatos se producen en un contexto de estigmatización de los defensores de los derechos, especialmente los que viven en zonas rurales. Estas regiones se caracterizan por la falta de servicios sociales básicos adecuados, altos niveles de pobreza, la existencia de cultivos ilegales, la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales.
La Oficina de Michelle Bachelet asegura que existe una necesidad urgente de abordar las disparidades en el disfrute de todos los derechos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y especialmente en las zonas rurales.
Una ola de ataques
Colville expresó que una gran cantidad de activistas han sido atacados entre los que se incluyen líderes comunitarios, afrocolombianos, indígenas, ambientalistas, campesinos, periodistas, LGBTI y defensores de los derechos de las mujeres, algunos de ellos involucrados en la política local.
Los líderes sociales son particularmente vulnerables y representan más del 70 por ciento de todos los asesinatos registrados.
“Aparentemente, algunos de ellos fueron atacados porque han apoyado la implementación de ciertos aspectos del acuerdo de paz colombiano, incluyendo la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y el programa de sustitución de cultivos ilícitos”, informó el portavoz.
El ataque más reciente ocurrió el 4 de mayo, cuando 20 defensores afrocolombianos, entre ellos la reconocida ambientalista y defensora de los derechos de las mujeres, Francia Márquez, fueron atacados con granadas y armas de fuego cerca de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Afortunadamente, aseguró Colville, nadie murió, aunque dos agentes de seguridad provistos por la Unidad de Protección Nacional para la protección del grupo resultaron heridos.
Además, solo en enero, se registraron tres asaltos contra mujeres líderes que defienden los derechos de las víctimas del conflicto. En el caso de Maritza Quiroz Leiva, defensora y reclamante de tierras, el ataque fue fatal.
Temor por elecciones
En marzo, se realizaron una serie de marchas y protestas a lo largo del país, conocidas localmente como “Minga Nacional”, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Huila.
Los indígenas, los afrocolombianos y los campesinos llevaron a cabo manifestaciones masivas para protestar por el incumplimiento de las autoridades colombianas con cuestiones relacionadas al derecho a la tierra, los retrasos en la implementación del acuerdo de paz y la violencia.
“Después de las marchas, se distribuyeron folletos con amenazas de muerte contra destacados líderes indígenas y defensores de los derechos humanos. Nos preocupa que, con el acercamiento de las elecciones locales en octubre, el número de ataques violentos pueda aumentar aún más”, aseguró el portavoz de Michelle Bachelet.
Agregó que su Oficina reconoce las medidas adoptadas hasta ahora por el Estado para mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos y toma nota de la creación de jueces especializados, como anunció recientemente el presidente, Iván Duque.
“Sin embargo, pedimos a las autoridades que redoblen sus esfuerzos para expandir y fortalecer las iniciativas para salvaguardar un entorno libre y seguro para el compromiso cívico”, recalcó Collvile.
A pesar de algunas acciones positivas de la Oficina del Fiscal General, la Oficina de Derechos Humanos insta al Estado a que se asegure de que todos los asesinatos, ataques y amenazas se investiguen adecuadamente y que los autores, incluidos quienes los ordenan, sean llevados ante la justicia.
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