Chile: cinco años de condena a un pastor evangélico por abusos sexuales
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a José Ricardo Gutiérrez Monsalve a la pena única de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de tres delitos de abuso sexual, dos de ellos en circunstancias de estupro. Ilícitos perpetrados en 2014 y 2016.
En fallo unánime el tribunal –integrado por las magistrados Sergio Allende Cabeza (presidente), Roberto Cociña Gallardo y Marcela Paredes Olave (redactora)– aplicó, además, a Gutiérrez Monsalve las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de las costas del proceso.
Además, el tribunal condenó al pastor a las penas especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como parientes en los casos que la ley designa, y a la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en febrero de 2016, José Gutiérrez Monsalve, quien se desempeñaba como pastor de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, ubicada en la población Óscar Bonilla de Rancagua, invitó a feligrés de 12 años de edad a su oficina, ubicada en el mismo recinto religioso, lugar donde concretó el abuso.
Conducta que reiteró en dos ocasiones en febrero de 2016, en contra de menor de 13 años que participaba en el coro de la iglesia.
En tanto, el tercer caso se produjo en 2014, en una vivienda ubicada en la comuna de Codegua, lugar al que accedía el condenado invocando su condición de pastor.
Acusan «maltrato, explotación y abuso» sistemático contra menores a cargo de monjas franciscanas durante los últimos 40 años
Acorde a lo reportado por el medio La Tercera, la Fundación Para la Confianza interpuso una acción legal en el Juzgado de Garantía de Coquimbo mediante el estudio jurídico de los abogados y ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena; en la primera colaboración entre ambas instituciones, en contra de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de Jesús, organización que colabora con el Sename.
La querella, liderada por los denunciantes del caso Karadima, se realizó en base a una serie de hechos de «maltrato, explotación y abuso» que se habrían registrado en hogares de menores desde la década de 1970.
Los hechos habrían ocurrido en cuatro recintos, tres de ellos de la Región de Coquimbo: el Hogar Redes, de La Serena; el centro de tránsito y distribución de lactantes Santa María de la Infancia (Coquimbo), la residencia Niño Dios, de Vicuña; y el hogar Santa Clara de Asís, que atiende a niños con VIH en Santiago.
La denuncia identifica tres periodos distintos: las décadas de 1970 y 1980, donde hubo adopciones irregulares, descuido físico, torturas y abuso sexual; un segundo periodo que transcurre entre 1996 y 2006, con los mismos hechos; y un tercer momento, entre 2013 y 2016, habría ocurrido trato negligente con lactantes.
Uno de los testimonios incluidos en la querella es el de Edison Gallardo, de 41 años, quien hace algún tiempo cobró notoriedad como autor del libro «Mi infierno en el Sename».
«Fui más vulnerado en un hogar religioso que en un centro de rehabilitación conductual, por el que pasé después del Hogar Redes», y agregó que «Una de mis compañeras tuvo que estar más de seis horas arriba de una higuera, porque una de las monjas la quería golpear. O ellas nos hacían limpiar enchufes con trapos húmedos como castigo, y nos decían: ‘Ojalá te dé la corriente'».
Gallardo, quien vivió entre los tres y nueve años en recintos de la congregación, también contó que «Recuerdo los golpes con madera en la cabeza y compañeros que estaban seis meses y después desaparecían».
En la denuncia también se sindica al ex arzobispo de La Serena Francisco José Cox, investigado por abusos a menores en la Región de Coquimbo y dimitido del estado clerical por el Papa Francisco en octubre. Gallardo aseguró que los niños eran llevados en grupos al Arzobispado de La Serena por las religiosas: «Ellas propiciaron el abuso».
El director ejecutivo de la Fundación Para la Confianza, José Andrés Murillo, destacó que «maltrato, explotación y abuso son sólo un ejemplo de las vulneraciones que se han denunciado en el Hogar Redes» y que se recopilaron «para presentar esta querella».
Murillo fue enfático en señalar que «Esto ha ocurrido durante décadas y buscamos justicia, queremos que se investigue y se asuman responsabilidades, así como también que el Estado reconozca la historia y haga una comisión de verdad para todos quienes han sufrido bajo su protección».
En tanto el abogado Carlos Gajardo señaló que «Hay una vulneración de los derechos de los niños sistemática y persistente en el tiempo».
La Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de Jesús aparece desde el 2003 en el registro de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), desde donde señalaron que el Hogar Redes dejó de existir en 2015 y se dividió en dos centros y, que en marzo de 2018, ante una acusación por redes sociales, iniciaron una investigación y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público.
Desde el Sename también indicaron que «como Servicio Nacional de Menores se realizó una supervisión extraordinaria a la residencia durante todo el año 2018, no detectando en sus supervisiones diurnas y/o nocturnas lo descrito en la denuncia».
