Casi un año de condena a Julian Assange por refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue condenado ayer a casi un año de cárcel en Reino Unido por haber violado su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para no ser extraditado a Suecia. Un tribunal londinense lo condenó a 50 semanas de reclusión por este delito pasible de un año de prisión, por el que fue detenido el 11 de abril dentro de la legación ecuatoriana después de que Quito le retirara el asilo diplomático que le había concedido casi siete años antes.
Este es, sin embargo, solo el primer capítulo de la batalla legal que le espera al australiano, requerido por Estados Unidos para juzgarlo por “piratería informática”: hoy debe enfrentar una vista judicial por esa petición de extradición, que su equipo legal recurrirá en un proceso que podría alargarse hasta dos años. “El combate continúa”, afirmó el periodista islandés Kristinn Hrafnsson, redactor jefe de WikiLeaks, afirmando que “mañana empieza la batalla más dura y más importante” que podría constituir “una cuestión de vida o muerte para Assange”.
El editor y experto informático, de 47 años, llegó al juzgado en un furgón policial desde la prisión de Belmarsh, donde pasó las últimas dos semanas, con un desafiante puño en alto y mejor aspecto que cuando fue detenido. Vestido con chaqueta negra sobre una camiseta gris, había cambiado la larga barba blanca y la cola de caballo por una barba bien recortada y un cuidado cabello corto. “¡Vergüenza a Reino Unido!” y “¡Vergüenza a Ecuador que vendió a Assange!”, gritaba una manifestante mientras otro enarbolaba una pancarta que decía “Liberen a Julian Assange, candidato al premio Nobel de la Paz”.
Subrayando que vigilarlo durante tantos años tuvo un costo para los contribuyentes británicos, la juez Deborah Taylor le reprochó que se pusiera “deliberadamente” fuera del alcance de la justicia.”Es difícil imaginar un ejemplo más grave de este delito”, afirmó ayer durante la audiencia, dirigiéndose a Assange. “Al esconderse en la embajada, el 19 de junio de 2012, el acusado se había quitado del alcance -de la justicia-, de manera deliberada, al tiempo que permanecía en el Reino Unidoexplotando su posición privilegiada para incumplir la ley”, dijo la magistrada en su resolución.
Assange, a su vez, contestó que hizo lo que pudo. Lo hizo en una carta de arrepentimiento que fue leída por su abogado, quien aseguró que éste decidió quedarse en la legación ecuatoriana por “las amenazas que recaían sobre él desde Estados Unidos y que lo ensombrecían todo”. En su carta el periodista pide “disculpas sin reservas” a aquellas personas que consideren que les ha “faltado al respeto” por la manera en la que ha conducido su caso.”Me encontré en apuros con circunstancias difíciles. Hice lo que en aquel momento me pareció que era lo mejor o quizás lo único que podría haber hecho”, se justifica Assange en la misiva, en la que admite que lamenta el curso que ha tomado la situación. “Esas dificultades -continúa la carta- “tuvieron un impacto en muchas otras personas”.
Por su parte, el abogado que representa al fundador de WikiLeaks, Mark Summers, subrayó que durante los últimos años su cliente había sido controlado por el temor a ser entregado a Estados Unidos, donde se le quiere juzgar por los miles de cables difundidos por su portal. “Mientras le llovían las amenazas desde EE.UU., éstas empañaron todo lo que tenía que ver con él. Dominaron sus pensamientos. No fueron inventadas por él, le fueron controlando”, explicó el letrado.
El fundador de la plataforma de filtraciones, famosa desde que en 2010 difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos, era objeto de una orden de detención británica desde 2012. Esta fue emitida tras no presentarse a una comparecencia judicial en el marco de su libertad condicional después de refugiarse en la embajada de Ecuador para evitar a una extradición a Suecia, que lo había requerido en relación a una investigación por posibles delitos sexuales que posteriormente fue archivada.
Una de las posibles acusaciones en Suecia prescribió en 2015 y la otra fue abandonada en 2017 después de interrogar en la embajada ecuatoriana a Assange, a quien el anterior presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio protección diplomática. La abogada británica Jennifer Robinson, que representa a Assange, aseguró recientemente que éste está dispuesto a cooperar con las autoridades suecas si retoman la investigación mientras su padre pedía desde Sidney que el informático, cuyo mal aspecto físico lo dejó conmocionado, fuera extraditado a Australia.
“La cuestión clave por el momento”, había dicho Robinson, “es la extradición a Estados Unidos”. Ya en 2012, Assange aseguró que quiso escapar a la extradición a Suecia para no acabar en Estados Unidos, donde sus defensores temen que pueda ser condenado a cadena perpetua o incluso muerte por traición. La justicia estadounidense afirma haberlo imputado únicamente de conspiración para cometer intrusión informática, un delito pasible de un máximo de cinco años de cárcel, por ayudar a la exanalista de inteligencia Chelsea Manning a obtener una contraseña que nunca fue utilizada, en el contexto de una mega filtración de documentos que sí fueron extraídos por Mannning y publicados por WikiLeaks.
Manning, que nació varón con el nombre de Bradley hace 31 años y cambió de género en la cárcel en 2012 (había sido condenada a 35 años de prisión y Obama la perdonó después de siete), volvió a ser detenida el 8 de marzo porque se niega a testificar ante un gran jurado que investiga a WikiLeaks y Assange.
Cuatro temas pendientes hay entre Julian Assange y Ecuador
Este lunes 29 de abril 2019 Carlos Poveda, quien forma parte del equipo de abogados del ‘hacker’ australiano, acudió a la Fiscalía General del Estado para solicitar que se investigue un supuesto espionaje contra su cliente, durante el último año que permaneció refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.
La acusación la presentó en contra de siete personas, entre ellas el jefe de la misión diplomática, Jaime Marchán, y cuatro empleados de una empresa encargada de custodiar el edificio.
Por parte de la Cancillería todavía no hay un pronunciamiento, mientras Poveda también aguarda el informe de dos relatores especiales de la ONU, tras haber visitado a Assange en una cárcel de la capital de Reino Unido.
A la par, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea avanza el trámite de una solicitud de juicio político en contra de la excanciller, María Fernanda Espinosa. Con este proceso, legisladores de la oposición pretenden que se determine responsabilidades por la entrega de la nacionalidad ecuatoriana a Assange que, según el Gobierno, se dio de manera irregular.
La justicia, de su lado, investiga supuestos nexos de WikiLeaks y Assange en Ecuador a través de Ola Bini.
Tercera denuncia contra misión diplomática
Carlos Poveda, uno de los integrantes del equipo jurídico del fundador de WikiLeaks, acudió ayer con una denuncia a la Fiscalía, en Quito.
El jurista solicitó que el organismo abra una acción penal pública para que se investigue a tres diplomáticos de la Embajada de Ecuador en Londres, incluido el embajador Jaime Marchán, y a cuatro funcionarios de una empresa dedicada a brindar el servicio de seguridad al edificio.
A ellos los acusa de supuestamente violar la intimidad, interceptar y revelar datos, y difusión de información restringida sobre Assange. Aunque no hubo una reacción oficial de la Cancillería, una fuente dijo que no fue esa dependencia la que instaló los equipos sino órganos de Inteligencia.
Esta no es la primera acción legal que afronta la Cancillería por parte de la defensa de Assange. En octubre pasado, el Canciller y el Procurador tuvieron que acudir a un juzgado de Quito para defender la aplicación de un protocolo que regulaba las comunicaciones y convivencia de Assange en la Embajada en Londres. La acción de protección no fue aceptada.
Tampoco consiguieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares, en marzo.
Investigación por entrega de nacionalidad
En la Asamblea y la Contraloría se adelantan investigaciones sobre la entrega de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange.
Ese es uno de los temas que se analizan dentro de la Comisión de Fiscalización en el trámite del juicio político en contra de la excanciller María Fernanda Espinosa, en cuya gestión se le otorgó el documento.
“Las investigaciones deben llegar hasta los cómplices, colaboradores y encubridores”, manifestó la socialcristiana Cristina Reyes.
Reyes forma parte de los cuatro asambleístas que impulsan el proceso de interpelación a la exfuncionaria, a quien también cuestionan por haber gestionado que Assange sea designado como funcionario diplomático ecuatoriano, en 2017.
El canciller, José Valencia, a través del acuerdo ministerial 042, decidió el 10 de abril pasado declarar esas gestiones como un “acto administrativo lesivo”, que de acuerdo con la Ley de Movilidad Humana es un paso previo para la nulidad de la carta de naturalización.
Entre otras cosas, en el trámite se habían detectado documentos de identidad presuntamente adulterados, inconsistencias en firmas y no pago de derechos consulares.
Relatores especiales ONU se pronunciarán
En los relatores especiales de la ONU sobre el Derecho a la Privacidad, Joe Cannataci, y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, persiste la preocupación en relación a la situación de Julian Assange.
De acuerdo con la defensa del fundador de WikiLeaks, ellos lo visitaron el 25 de abril en la cárcel de Londres, en donde permanece detenido desde que dejó la Embajada, y no descarta que requieran información al Gobierno ecuatoriano .
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, el 11 de abril pasado, emitió un comunicado en el que cuestionaba al Ejecutivo por las garantías del debido proceso en el retiro del asilo.
El próximo 2 de mayo se dará una primera audiencia en la que la justicia británica analizará un pedido de extradición a Estados Unidos, país del cual en su momento Assange divulgó secretos militares y cables diplomáticos.
La Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República divulgó semanas atrás comunicaciones en las que Gran Bretaña subraya que sus leyes impiden la extradición de una persona a un sitio donde pueda sufrir tortura o maltratos o corra riesgo de que se le aplique la pena de muerte.
Las repercusiones por detención de sueco
El caso del ciudadano sueco Ola Bini preocupa a los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la OEA, y a organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Artículo 19.
Se trata de un programador y ciberactivista que fue detenido por la policía ecuatoriana el 11 de abril pasado en el aeropuerto de Quito, cuando se aprestaba a viajar a Japón.
Un juez dictó en su contra prisión preventiva por 90 días, mientras se lo investiga por la presunta comisión del delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.
Para su defensa, no está claro cuál sistema informático habría vulnerado su cliente.
La ministra del Interior, María Paula Romo, pidió que la justicia aclare supuestos vínculos de Bini con WikiLeaks y si habría colaborado con intentos de desestabilización en contra del Gobierno.
Por su parte, la defensa de Bini ha explicado que él es amigo de Julian Assange, pero que no tiene relación con la organización WikiLeaks.
La semana pasada, la Cancillería de Suecia solicitó explicaciones al embajador de Ecuador en Estocolmo en relación al caso, a pedido de sus familiares.
