Argentina: Principales puntos del proyecto de aborto legal – Por Macarena Kunkel Fioramonti
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Macarena Kunkel Fioramonti, especial para NODAL*
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito comenzó a delinearse entre 2003 y 2004, pero su lanzamiento formal fue el 28 de mayo de 2005. La fecha no fue casual, se trata del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. En la actualidad, la Campaña es una amplia alianza federal compuesta por más de 300 organizaciones sociales, estudiantiles, académicas, sindicales y políticas. Dichas organizaciones luchan colectivamente desde hace años en busca de la sanción de una ley de interrupción voluntaria del embarazo bajo la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Han logrado, también, instalar al pañuelo verde como insignia emblemática, que se volvió indisociable del movimiento feminista argentino en su conjunto.
Cabe aclarar que en el ordenamiento jurídico argentino existen causales de no punibilidad del aborto desde 1921, pero sin embargo, no fue hasta 2012 (con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia) que estas causales fueron delimitadas con mayor precisión[1]. Las redes que crearon las activistas de la Campaña en todas las provincias del país fueron claves también para avanzar en la difusión y cumplimiento del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.
Por otra parte, la Campaña ha consensuado y presentado ante el Congreso Nacional proyectos para la legalización del aborto en múltiples ocasiones, pero recién el año pasado -2018- fue la primera vez en la historia argentina que se trató y votó una propuesta al respecto. El debate en las comisiones parlamentarias fue abierto y se realizaron audiencias en las que más de 700 expositores/as de la sociedad civil pudieron expresar sus argumentos a favor y en contra. Los resultados finales son de público conocimiento: el proyecto fue aprobado por escasa mayoría en la Cámara de Diputados (129 a favor, 125 en contra, 1 abstención) y finalmente rechazado en el Senado (38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y 1 ausente).
Sin embargo, más allá del resultado desfavorable para quienes militamos desde hace años en pos de este derecho, los meses de debate parlamentario dejaron un saldo favorable a nivel social. Permitieron que se instale fuertemente el tema en la agenda pública, generando que quede atrás la etapa en la que el aborto era considerado un tema tabú, animando a miles de mujeres a contar sus dramáticas experiencias en abortos clandestinos y logrando sumar nuevas adhesiones a la lucha, a partir de las fuertes campañas de información sobre el tema y sus implicancias.
Situación actual
En marzo de este año, 190 representantes de distintas regiones de Argentina debatieron en plenarios hasta lograr un acuerdo sobre el proyecto de ley que se presentará, nada más y nada menos, que el 28 de mayo. El proyecto de ley consensuado por la Campaña de manera horizontal y colectiva es el resultado de varios meses de trabajo de la comisión redactora y toma como punto de partida las siete presentaciones hechas años anteriores y la media sanción que logró aprobarse en 2018 en la Cámara de Diputados.
Puntos centrales de la nueva propuesta:
– La iniciativa plantea la despenalización y legalización del aborto hasta la semana 14 y más allá de esa instancia, cuando la salud o la vida de la persona gestante corre riesgo o si el embarazo es producto de una violación.
– A su vez, el proyecto insta a las instituciones de salud a llevar adelante la práctica dentro de los 5 días posteriores a la solicitud de la persona gestante.
– A diferencia de la media sanción aprobada, se quitó la penalización a los profesionales de la salud que practiquen abortos después del plazo de 14 semanas (excepto las causales ya descriptas).
– Respecto al consentimiento de menores de edad para la interrupción del embarazo, el proyecto considera que entre los 13 y los 16 años las personas gestantes ya tienen capacidad de brindarlo.
– Uno de los puntos más debatidos en las audiencias y en las sesiones de ambas cámaras de representantes fue la posibilidad de incorporar el derecho a la “objeción de conciencia” por parte de médicos/as o, incluso, de instituciones completas. El proyecto que se presentará el 28 de mayo no contempla ninguna de esas posibilidades.
– La Campaña decidió mantener la figura de “consejerías” que asesoren y acompañen a las personas que estén transitando la posibilidad de abortar.
En las tres semanas previas a la presentación formal de la propuesta, las activistas persiguieron la tarea de sumar adhesiones de diputados/as que respalden el proyecto. En 2018 lograron el récord de firmas: 71. Sin embargo, fuentes de la Campaña afirman no tener absoluta certeza de que dicho número pueda repetirse durante este año. Es importante tener en cuenta que a la complejidad que de por sí trae aparejado este tema, este año se le suma la incertidumbre del contexto electoral. El aborto un tema que divide a casi todos los partidos políticos y que genera fuertes debates incluso al interior de los distintos bloques parlamentarios. El año pasado, tanto en el Senado como en Diputados no hubo ningún bloque de más de tres legisladores que adoptara una postura de forma unánime.
Es por eso que, más allá de la presentación del proyecto, la Campaña analizará de forma constante cuál es el momento más oportuno para impulsar con fuerza el debate en el Congreso, máxime teniendo en cuenta que las composiciones de las cámaras siguen siendo las mismas que en 2018.
En un escenario atravesado por una profunda crisis social resultado de las políticas económicas del macrismo, podemos prever que la campaña electoral será álgida. En ese sentido, la expectativa de la Campaña y de las miles de activistas feministas es que la legalización del aborto sea parte del debate público y que se garantice que los/as candidatos/as tomen postura sobre el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y sobre la implementación de la Ley de Salud Sexual Integral.
[1] Las causales de no punibilidad son: si representa un peligro para la vida o la salud física o emocional de la persona embarazada o si es producto de una violación.
(*) Militante feminista. Lic. en Relaciones del Trabajo por la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Trabaja en el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). @maca_kunkel
