Aplazan otra vez en el Senado la votación sobre las objeciones de Duque a los acuerdos de paz
Este jueves deberían votarse las seis objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria.
Aunque se creía que las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) se votarían este miércoles, la esperada sesión quedó para el jueves a las 9 de la mañana.
Según Ernesto Macías, presidente del Senado, la sesión tuvo que aplazarse por un “error involuntario”, ya que el día martes no se dejó en claro que la discusión de las objeciones continuaba este miércoles.
La sesión ya fue aplazada los días lunes y martes, por lo que aún no se evacúa el tema que es la columna vertebral de la JEP, tribunal especial que es fruto del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.
#PlenariaSenado | Presidencia del Senado anuncia que se levanta la sesión y se convoca para mañana jueves a las 9:00 a.m. para continuar con el debate del Proyecto de Ley Estatutaria de la #JEP. pic.twitter.com/efh0ybkgjm
— Senado Colombia (@SenadoGovCo) May 1, 2019
El pasado 8 de abril la Cámara de Representantes rechazó las objeciones que el presidente Duque hizo a seis de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP.
Luego de un debate de más de cuatro horas, 110 congresistas votaron a favor de un informe que proponía rechazar las objeciones, mientras que 44 lo hicieron a favor de la propuesta del Gobierno.
El pasado 10 de marzo Duque devolvió al Congreso la ley estatutaria por considerar que seis de sus artículos no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El Ejecutivo devolvió al Congreso la ley aprobada el año pasado para introducirle unas modificaciones que buscan definir la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado y aclarar las competencias de la justicia ordinaria inclusive en los casos de extradición.
Igualmente, pretende garantizar la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra «en relación con quienes no son máximos responsables» para que no haya impunidad; la exclusión «de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes» de la justicia transicional y la pérdida de beneficios de «quien reincida en las actividades criminales».
Esto ocurrió luego de que la ley fuera aprobada por el Congreso y recibiera el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial.
Crónica del pulso por las objeciones a la JEP
Hace más de 50 días, el presidente Iván Duque anunció sus objeciones a seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Desde entonces, el país político se ha sumido en un limbo que ha impedido el normal avance de la agenda legislativa y ha revivido la disputa entre los del Sí y el No del plebiscito por la paz de 2016. Disputa que se ha expresado en toda su dimensión en los debates que se han desarrollado durante esta semana en la plenaria del Senado de la República.
Tres sesiones de más de cinco horas cada una se ha necesitado para esgrimir argumentos a favor y en contra de los reparos presidenciales, pero hasta ahora, nada se ha resuelto. En la sesión del miércoles de la semana pasada se vivió un inusitado pulso, nunca antes visto en el Congreso, tan solo para definir el orden del día. Al final, utilizando el Estatuto de Oposición, los defensores del Acuerdo de Paz pactaron con el presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, fijar el debate para el lunes siguiente.
Y cuando se creía que había llegado la hora cero para definir el futuro de las objeciones en el Legislativo, una andanada de impedimentos, mociones de orden, recusaciones e intervenciones sobre lo divino y lo humano consumieron más de cinco horas. Tanto era el afán por no dejar avanzar la sesión, que hubo que votar hasta tres veces un mismo impedimento. Al final, los cuatro voceros de los dos bloques (Iván Cepeda, Roy Barreras, Álvaro Uribe y Ernesto Macías) terminaron recusados ante la Comisión de Ética, que se vio obligada a convocar a una sesión de urgencia para la mañana del martes. Y así se levantó la sesión.
Con los ánimos renovados y convencidos de que la meta estaba a la vuelta de la esquina, las fuerzas políticas con presencia en el Senado llegaron ese martes muy temprano. La Comisión de Ética negó todas las recusaciones y, sobre las 4:00 de la tarde, se pudo retomar el debate en la plenaria. Entonces, los impedimentos volvieron a ser el campo de batalla. A final, 14 senadores quedaron excluidos de la discusión por posibles conflictos de interés y se le dio paso al debate de fondo.
Los senadores Alberto Castilla, del Polo Democrático e Iván Marulanda, de la Alianza Verde, procedieron a explicar los argumentos que sustentaban el informe de ponencia negativo, apoyado por el bloque “propaz”, que pedía la negación de los reparos presidenciales e insistía en que las razones de Duque no eran de conveniencia sino de orden constitucional, por lo que, argumentaron, se necesitaba impulsar un proyecto de acto legislativo y evitar el desgaste institucional que estaba produciendo el recurso utilizado por el primer mandatario.
El sector del Gobierno hizo lo suyo. Paloma Valencia, David Barguil, Jónatan Tamayo y John Milton Rodríguez, autores de la ponencia a favor de las objeciones, explicaron punto a punto sus motivos para solicitar el voto de la plenaria del Senado para aceptar los reparos del presidente Duque a la estatutaria. Al menos, pidieron en más de una ocasión, que la corporación debía aprobar el asunto referente a la extradición y la potestad del alto comisionado para Paz sobre las listas de desmovilizados de las Farc. Su argumento: esos artículos de la norma benefician al narcotráfico y ponen en riesgo el principal instrumento de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos.
Terminadas las exposiciones de los informes, se dio paso a las intervenciones de los voceros de los partidos. Otras cuatro horas se necesitaron para que los parlamentarios saciaran su impulso dialéctico. Durísimos fueron los choques entre Uribe y Gustavo Petro; entre Paloma Valencia y Roy Barreras; entre Ernesto Macías y Gustavo Bolívar. Señalamientos que provocaban una réplica y menciones soterradas para ofender al contradictor dilataban la hora de las decisiones, pues cada sector buscaba por debajo de la mesa los votos para desequilibrar la balanza.
Sobre las 9:40 de la noche, tras una moción de suficiente ilustración, radicada por el senador liberal Lidio García, se abrió el registro para votar el informe negativo. El bloque “propaz” daba muestras de tranquilidad, convencido de tener la mayoría. La senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, pidió la palabra antes de empezar la votación para protestar por no habérsele dado la palabra, aunque dijo que acompañaría “la decisión de su partido de no votar las objeciones”. Algunos interpretaron que se trataba de un portazo a la intención del presidente, pero otros sabían que era una negativa a respaldar el informe minoritario.
El registro de votación estuvo abierto durante 6 minutos y 13 segundos de alta tensión. Los senadores clavaron sus miradas en las pantallas que contabilizaban los votos, y mientras el reloj corría, se veía que ninguno alcanzaría el número mágico de 48. Cuando el bloque “propaz” se estancó en 47, los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti empezaron a buscar el apoyo que les faltaba. Maritza Martínez había salido del recinto dejando en su curul su bolso y su celular. Aprovechando el resbalón, Macías ordenó cerrar el registro. La cara de los senadores del Centro Democrático y de los funcionarios del Gobierno era de exultante emoción. El resultado fue un agonizante 47-34.
A partir de ese momento volvió la incertidumbre al recinto. El bloque “propaz” se retiró para evitar una segunda votación que daría por negado su informe. Entonces, empezaron las interpretaciones aritméticas. Barreras aseguraba que 47 votos eran suficientes para rechazar las objeciones, mientras que la Mesa Directiva de la corporación se plantó en que se necesitaban 48 votos, porque era la mayoría si se le restaban los impedidos al total de integrantes del Congreso, estimado en 108. Barreras y personas como el exministro del Interior, Guillermo Rivera, argumentaron que se tiene que descontar la silla vacía de la conservadora Aida Merlano, actualmente detenida por corrupción, además de los 14 congresistas impedidos.
Con estas sumas y restas, llegaron los congresistas del sí y del no a la sesión definitiva de ayer. Con una hora de retraso se inició la nueva discusión, que tenía los ojos puestos en la senadora Martínez y su colega de Cambio Radical, Ana María Castañeda, quien tampoco votó el martes y a quien muchos señalaron de ir en contravía de la decisión de su partido de negar las objeciones. Además de Martínez y Castañeda, los dedos acusadores apuntaban igualmente a los legisladores de la U Berner Zambrano, Miguel Amín, Eduardo Pulgar, José Alfredo Gnecco y José David Name, quienes también se ausentaron del recinto para no votar.
Martínez y Name explicaron que su conciencia les impedía votar las objeciones en bloque, pues consideraban que había algunas que tenían que ser discutidas a fondo de forma individual y, tras dejar constancias, Macías volvió a poner el tema de las mayorías en el centro del debate. Ante la controversia sobre cuál era el número mágico para aprobarlas, el presidente del Congreso decretó un receso para que las fuerzas políticas en el Senado concretaran un acuerdo político.
Pero no hubo tal acuerdo y tras más de tres horas de pausa, la plenaria se reanudó solo para hacer la citación, una vez más, para este jueves a las 9:00 de la mañana. Y aunque es cierto, como dice la oposición, que la coalición de gobierno perdió un día en la discusión del Plan de Desarrollo, tema clave para Duque, en la orilla contraria creen que lo que ganaron fue un día más para tratar de recomponer sus fuerzas y debilitar esas mayorías que, por ahora, se inclinan en contra de las objeciones.
