Perú: según la Fiscalía, Alan García lideró una organización criminal para favorecer a Odebrecht

Alan García lideró organización criminal para favorecer a Odebrecht, según Fiscalía

Por: Ernesto Cabral – Ojo Público

El Equipo Especial para el Caso Lava Jato sindicó al expresidente Alan García (1949-2019) –quien se suicidó mientras se cumplía una orden de detención en su contra por esta investigación– como líder de una organización criminal que incurrió en los delitos de lavado de dinero, cohecho y colusión agravada para favorecer a la constructora Odebrecht en la adjudicación de las obras Metro de Lima y la Carretera Interoceánica Sur, durante su segundo mandato presidencial (2006-2011).

El documento emitido por un juzgado de la Corte Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, que recoge los argumentos del Ministerio Público en contra del exJefe de Estado, dice: “Se le atribuye [a García] en su calidad de Presidente de la República (…) como miembro de una organización criminal, haberse concentrado con los representantes de Odebrecht, específicamente con el Director Superintendente en el Perú, Jorge Barata, (…) para favorecer a [dicha] empresa”.

De acuerdo al fallo de más de 40 páginas, que desembocó en el suicidio de García, la Fiscalía identificó que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht pagó US$4.8 millones a esta presunta organización criminal por orden del exjefe de la constructora en Perú, Jorge Barata, y el fundador de esta ‘división de sobornos’, Hilberto Mascarenhas Da Silva. Esto ocurrió entre marzo de 2006 y octubre de 2010, cuando García era el Jefe de Estado.

“Una organización criminal que estando en ejercicio del poder, entre los años 2006 al 2011, buscó favorecer a un grupo de empresas brasileñas y peruanas vinculadas a estas, para hacerse de importantes obras de infraestructuras del país (…) con la finalidad de obtener ventajas económicas indebidas”, explica la resolución judicial que ordenó la detención preliminar por 10 días contra el fallecido García Pérez.

García Pérez, quien ejerció la Presidencia de la República entre los años 1985 y 1990, y 2006 y 2011, falleció esta mañana en la sede del Hospital Casimiro Ulloa, a donde fue trasladado luego de dispararse en la cabeza para evitar ser detenido por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el fiscal Henry Amenabar Almonte.

La orden judicial –emitida en la víspera por el juez Juan Sánchez Balbuena– también ordenó la captura del exsecretario general de la Presidencia, Luis Nava Guibert (73), y de su hijo José Nava Mendiola (48); del exvicepresidente de PetroPerú, Miguel Atala Herrera (73), y de su hijo Samir Atala Nemi (41); así como del exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez (62).

La resolución judicial también incluyó en la medida de detención preliminar por 10 días al exjefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras (54); al expresidente de Provías Nacional, Raúl Torres Trujillo (70); y a Jorge Menacho Pérez (58), quien conformó el comité de selección del Metro de Lima. La Fiscalía y la Diviac además allanaron ocho domicilios en los distritos capitalinos de La Molina, Miraflores, Pueblo Libre, San Miguel y San Isidro.

Dos imputaciones a Alan García: colusión y lavado

Ojo-Publico.com analizó el fallo que ordenó la detención de García y descubrió que la fiscalía le imputó dos delitos específicos: colusión agravada, por concertar con el exjefe de la constructora en Perú, Jorge Barata, la modificación de la normativa legal para favorecer a Odebrecht; y lavado, por recibir US$100 mil de esta compañía con motivo de la realización de una conferencia en Brasil, y por beneficiarse de “activos ilícitos” por US$4.8 millones recibidos por intermediarios de su entorno.

A lo largo de las 44 páginas la resolución judicial no desarrolla imputación por el delito de cohecho pasivo (cuando un funcionario acepta o recibe un soborno).

Para sostener el delito de colusión, el Ministerio Público aporta las declaraciones de dos colaboradores eficaces. Uno de ellos dijo que el exjefe de Odebrecht para el Metro de Lima, Carlos Nostre, le manifestó al viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba (hoy detenido) “que no se preocupara ya que su jefe Jorge Barata había hecho su trabajo coordinando con Alan García (…) este plazo [de 18 meses de ejecución de la obra] no lo determinó un análisis de los técnicos (…) sino una orden del presidente Alan García”.

Para sostener el delito de lavado, la Fiscalía dice: “El modo de recibir los sobornos por parte de Alan García sería en este caso a través de terceros por personas allegadas a su círculo familiar y/o amical como sería la familia Nava”. El Ministerio Público califica de intermediarios de los pagos ilícitos por más de US$4.8 millones a Nava Guibert, Atala Herrera, Atala Nemi y Nava Mendiola.

Los sistemas informáticos encriptados My Web Day y Drousys –usados por Odebrecht para registrar sus pagos– detallan transferencias por más de US$333 mil bajo los ’codinomes’ ‘APRA’ y ‘Laque’, que corresponden al Partido Aprista Peruano y al exministro del Interior durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Alva Castro, según el Ministerio Público.

“Se aprecia la existencia de un pago ilícito de la empresa Odebrecht a favor del ‘codinome’ APRA, siendo el responsable del pago Jorge Barata (…) se acompañan otros con la denominación ‘Diversos’, que corresponden los dos primeros a marzo de 2006, que correspondería por la temporalidad a posibles aportes en la campaña política del 2006 a favor del APRA”, explica la resolución a la que accedió Ojo-Publico.com.

La información entregada por Odebrecht además detalla cuatro pagos vinculados a la ejecución del Metro de Lima por más de US$471 mil para José Nava Mendiola bajo el seudónimo de ‘Bandido’. Un tercer grupo de transferencias fueron realizadas por la compañía a favor de Luis Nava Guibert ‘Chalán’, quien recibió más de US$4 millones a través de Atala Herrera y su offshore Ammarin Investment Inc, en la Banca Privada de Andorra (BPA), y transferencias directas.

La Fiscalía también vincula al expresidente García con el delito de lavado de dinero por los US$100 mil que recibió de Odebrecht por una conferencia en Brasil, a través de un contrato simulado con el estudio Espinola Consultoría Jurídica en 2012. Ante las autoridades peruanas, el exfuncionario de la constructora Marcos Grillo dijo que el origen de este dinero provino de la Caja 2, destinada al pago de sobornos y financiamiento no declarado.

El Ministerio Público determinó incluso sobrecostos en la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur y la Línea 1 del Metro de Lima: “el costo de las obras fueron superiores a su valor referencial, recibiendo a cambio dádivas por parte de Odebrecht, como se aprecia de los cuadros que fueron entregados por el Departamento de Operaciones Estructuradas”.

Los niveles de la presunta organización criminal

Según la resolución del caso, el Equipo Especial del Ministerio Público identificó dos niveles en la presunta organización criminal: un primer grupo liderado por García Pérez junto al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez; el secretario general de la Presidencia, Luis Nava Guibert; y el vicepresidente de PetroPerú, Miguel Atala Herrera.

El segundo nivel, según la hipótesis fiscal, estaba conformado por “personas con vínculos de familiaridad, amical, laboral y empresarial con los líderes”, entre ellos José Nava Mendiola y Samir Atal Nemia como encargados de “la captación de dineros ilicitos”. Los exfuncionarios Jorge Cuba, Luis Menacho Pérez, Oswaldo Plasencia Contreras y Raúl Torres Trujillo, por su parte, colaboraron con “el direccionamiento y manipulación de los procesos de contrataciones”.

Un tercer grupo de colaboradores de la presunta organización criminal que fue liderada por García Pérez estaba conformado por “aquellos funcionarios encargados de los procesos de contrataciones o miembros de los comités especiales”: Madgalena Hinostroza Bravo, Santiago Chau Novoa, Mariella Huerta Minaya, Edwin Luyo Barrientos y Jesús Munive Taquia.

Desde el Ejecutivo, según la imputación fiscal, el expresidente García Pérez junto con Cornejo Ramirez y Nava Guibert modificaron el marco legal para “establecer un procedimiento especial” que permita la ejecución del Metro de Lima a través de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), con el objetivo de “favorecer a la empresa Odebrecht en las obras de infraestructura.

Aquí el enlace donde puede verse toda la resolución:

https://es.scribd.com/document/406659277/Resolucion-de-Detencion-Preliminar-y-Allanamiento-contra-Alan-Garcia#fullscreen&from_embed

“[Los miembros de esta organización] buscaron crear desde el Poder Ejecutivo marcos normativos para favorecer a las empresas que se iban a beneficiar con la construcción de las obras [la Línea 1 del Metro de Lima y los tramo 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur] (…) la realización de actos ilícitos por delitos de corrupción de funcionarios, como el tráfico de influencias, cohecho, colusión, entre otros”, detalla la resolución judicial fechada en la víspera.

Más imputaciones

La Fiscalía también identificó el pago de US$15 mil y la entrega de dos televisores valorizados en cerca de S/9 mil cada uno a favor del exministro Cornejo Ramírez en octubre de 2010, “por haber favorecido a la empresa Odebrecht en la obtención de sus objetivos concernientes a la construcción de la obra de la Línea 1 del Metro de Lima”, a través de Carlos Nostre.

El documento judicial revisado por Ojo-Publico.com además detalla que los testigos Yamiltali Hamideh Wadi y Raida Abdel Mayid Hamideh acusaron “actos de obstrucción a la justicia” por parte de dos abogados vinculados al investigado exvicepresidente de PetroPerú: Guillermo Humberto Bustamante y Ricardo Rafael Ernau Venegas, “quienes se pusieron en contacto con los precitados testigos para que declaren en su sentido”.

El Equipo Especial para el Caso Lava Jato recordó en su pedido de detención preliminar que el exmandatario no pudo ser “juzgado debidamente” por “hechos similares” durante su primer mandato presidencial, por radicar en el extranjero hasta que las acusaciones prescribieron. En octubre de 2001, el hoy presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, ordenó la búsqueda, localización y captura del expresidente.

En noviembre del 2018, el Gobierno de Uruguay rechazó una nueva solicitud de asilo presentada por García, sobre quien pesaba un impedimento de salida del país por 18 meses. “Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución”, aseguró García Pérez en una carta enviada en esa oportunidad al presidente uruguayo Tabaré Vázquez.

El Búho

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Martín Vizcarra pide a fiscalía y PJ reflexionar sobre prisión preventiva

El presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo un llamado al Ministerio Público y al Poder Judicial para que reflexionen, de manera autónoma, sobre la prisión preventiva, luego de que esta medida fuera dictada contra el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien permanece internado en una clínica por un problema cardíaco.

Vizcarra indicó que tuvo la misma posición cuando enviaron a prisión preventiva al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, así como a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Los primeros salieron de la cárcel tras un fallo del Tribunal Constitucional, mientras que la ex congresista aún permanece en el penal de Mujeres de Chorrillos.

“Lo que estamos diciendo es que se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos […] Ahora [la prisión preventiva] tiene ese carácter extraordinaria. Entonces, que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente en estos entes autónomos, que son los que solicitan y dan las medidas preventivas”, remarcó en una entrevista a TV Perú.

El jefe de Estado evitó dar comentarios sobre el trabajo que viene realizando el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato.

“En mi condición de presidente no puedo evaluar individualmente el trabajo de un fiscal, porque [hay] independencia de poderes”, refirió.

Sin embargo, el mandatario exhortó a los fiscales y a los jueces a buscar el “equilibrio”.

“Una autoridad que tiene la responsabilidad de buscar y aplicar la justicia tiene que hacerlo respetando también los derechos de los ciudadanos, respetando la aplicación del código [penal] que rige su comportamiento, pero con el fin máximo de encontrar la verdad con la seriedad del caso”, manifestó.

Martín Vizcarra opinó que se debe hacer el esfuerzo para que “los juicios sean mucho más cortos”, porque “no puede ser que pasen los años y años” y los procesos no terminen.

El presidente precisó que quiere, “como todos los peruanos”, que los fiscales y los jueces encuentren la verdad y “se castigue ejemplarmente” a los funcionarios que recibieron sobornos de Odebrecht y otras empresas brasileñas. Pero reiteró que en el proceso los operadores del sistema de justicia deben “encontrar el equilibrio”.

Negó responsabilidad por muerte de García

Martín Vizcarra, en otro momento, negó que él o su gobierno tengan algún tipo de responsabilidad por la muerte del ex presidente Alan García, quien se disparó a la cabeza el último miércoles antes de que la Policía Nacional lo detenga de manera preliminar por el Caso Odebrecht.

“Somos conscientes de que en momentos de extremo dolor pueden generar reacciones que no son necesariamente las racionales y hemos escuchado algún tipo de expresiones que de igual manera nos han afectado. Querer responsabilizarnos a nosotros como Ejecutivo y a mí como presidente en la intervención de este tipo de decisiones, se sabe perfectamente que eso es falso”, subrayó.

El mandatario precisó que no hubo ninguna coordinación entre el Ejecutivo y la fiscalía y el Poder Judicial para se pida y dicte una orden de detención preliminar a García.

“Me enteró [de esta orden] después de las 6 de la mañana del mismo día miércoles […] No puede haber coordinación previa, porque hay independencia de poderes”, acotó Martín Vizcarra.

El Comercio

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Alexandra Kuczynski: «Mi padre está grave y no podrá sobrevivir a una prisión»

Alexandra Kuczynski, hija del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), aseguró este domingo que el estado de salud de su padre es grave y consideró que la orden de prisión preventiva en su contra es una «condena de muerte».

«Él está estable pero con supervisión médica. […] Está en una situación muy grave y en prisión preventiva él no va a sobrevivir. Yo creo que es una sentencia de muerte», dijo en entrevista con «Cuarto Poder».

Alexandra Kuczynski agregó que su padre ha respondido a todas las citaciones que le ha hecho la fiscalía.

«No hay riesgo de fuga y se ha sometido a todas las investigaciones a las que ha sido requerido. Hace un año que está aquí haciendo su defensa. Lo sé porque he estado con él casi todo el año y él no puede sobrevivir a la prisión», señaló.

La hija de PPK cuestionó que el juez Jorge Chávez Tamariz no haya tomado en cuenta la edad de su padre ni sus dificultades para movilizarse.

«Tiene casi 81 años, tiene sus cuentas congeladas, no sabe dónde está su pasaporte, yo no sé si tiene pasaporte ahora. Él no puede caminar en este momento, entonces, no puede irse de fuga, es una cosa inconcebible que una persona, que un hombre enfermo de 81 años pueda ser condenado a prisión», indicó.

«Yo no quiero ver al Perú sufrir un destino así en los ojos del mundo. Esta es una suspensión de reglas democráticas en todo el mundo», añadió.

En esa línea también opinó Miguel Kuczynski, hermano del ex presidente. Él comparó la situación del otrora jefe del Estado con la de un «siervo herido».

«Al ver a mi hermano he tenido la impresión de ver un siervo herido, ha perdido su sentido del humor y está profundamente afectado por todo esto», manifestó.

El viernes último, el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó 36 meses de prisión preventiva contra PPK en el marco de las investigaciones en su contra por el Caso Odebrecht.

Según la tesis del Ministerio Público, el ex presidente habría incurrido en el delito de lavado de activos durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros.

PPK permanece internado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Angloamericana por problema cardíacos desde el martes 16, luego de que el Poder Judicial confirmara en segunda instancia la orden de detención preliminar en su contra por un plazo de 10 días.

El Comercio

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