Nicaragua cumple un año de su peor crisis sociopolítica en décadas sin encontrar una salida pacífica a través del diálogo que, hasta ahora, más que acuerdos sustantivos, ha develado una marcada diferencia sobre conceptos de justicia y democracia.
Un año después que estallarán las revueltas callejeras por una impopular reforma a la seguridad social, Nicaragua ha tratado de superar la crisis primero a través de un diálogo mediado por los obispos, que fracasó, y ahora mediante una negociación que tiene como testigos al Vaticano y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tampoco ha dejado consensos en temas clave.
El Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia han dejado en evidencia sus diferencias, tan extremas que han imposibilitado alcanzar un acuerdo que ponga fin a la crisis que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, miles en el exilio y una economía en caída libre.
«Creemos que hay un problema político muy grande porque el país está dividido», valoró el eurodiputado Ramón Jáuregui (PSOE), quien encabezó en enero pasado una delegación del Parlamento Europeo (PE) que evaluó la crisis de Nicaragua.
Homenaje a víctimas de la represión en las protestas de Nicaragua durante procesión de las Palmas
Explicó que «hay una comunidad sandinista que tiene su época, su memoria, su legítimo derecho a sentirse parte de ese partido. Pero hay otra Nicaragua que quiere más libertad, mejor democracia y que se ha expresado y que está ahí en la calle».
Por tanto, a juicio del eurodiputado, ambas partes tienen que reconocerse, dialogar y encontrar un modo de convivencia, de lo contrario los daños económicos para el país «van a ser muy serios».
La tesis opositora es que para superar la crisis es indispensable la creación de una Comisión de la Verdad creíble y fundar las bases de una justicia transicional, así como adelantar las elecciones.
En un análisis compartido con Efe, el jurista y filósofo Alejandro Serrano observó que un aspecto que se ha evidenciado en la historia política de Nicaragua es la concurrencia de tres expresiones diferentes y contradictorias: la concertación, la confrontación y la confabulación.
A su juicio, si se destruye el péndulo que oscila entre la confrontación y la confabulación, aumentan las posibilidades de construir una cultura política de la concertación y la democracia, y que eso debería ser el desafío fundamental en la situación actual que vive Nicaragua.
«La concertación parte de la necesidad de alcanzar un acuerdo en el que estén representados los intereses de los distintos sectores, de forma tal que se construya un consenso en el que todos conservan u obtienen parte de sus aspiraciones y ceden otras de sus expectativas», razonó.
Sin embargo, hasta ahora ha privado más la confrontación y la confabulación en un momento en que la crisis de Nicaragua ha pasado a un segundo plano en el Hemisferio Occidental tras la situación de Venezuela.
Sin señales claras sobre el futuro de su aliado venezolano, Nicolás Maduro, el Gobierno de Nicaragua se ha resistido en el diálogo a aceptar garantes internacionales, discutir el punto del anticipo de las elecciones y el tema de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Apuesta, mientras tanto, a que la oposición se desinfle, a que nada cambie en el país, aunque los nicaragüenses sigan sufriendo los embates del desplome de la economía.
También, según los analistas, busca burlar la posible aplicación de la Carta Democrática en la OEA, sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea (UE) de otras sanciones.
No existe «voluntad sincera» del Gobierno para superar la crisis, dijo a Efe el secretario del Episcopado nicaragüense, Abelardo Mata, para quien el objetivo del actual Gobierno es mantenerse en el poder hasta el 2021.
Eurodiputada Ana Gomes: “Se nos acabó la paciencia con Ortega”
Un mes y tres días de crédito político le dieron los eurodiputados al presidente nicaragüense, Daniel Ortega. Ese lapso de tiempo es lo que tardaron entre aprobar una dura resolución condenatoria contra el régimen y enviar una carta a la Unión Europea (UE) exigiendo su cumplimiento. La razón del cambio: Ortega “nos ha agotado la paciencia”, en palabras de la europarlamentaria portuguesa, Ana Maria Gomes.
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 14 de marzo una resolución en la que demanda la aprobación de castigos “específicos e individuales” contra funcionarios del régimen orteguista y ciudadanos que hayan violado los derechos humanos de los nicaragüenses. Este Miércoles Santo, una delegación de eurodiputados que estuvo en Nicaragua enviará una carta a la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Federica Mogherini, en la que exigen el inicio del proceso de sanciones contra los orteguistas.
Gomes integró la misión del Parlamento Europeo, que estuvo en Nicaragua entre el 22 y 26 de enero pasado, que descartó que en el país se haya cometido un intento de golpe de Estado e instó al régimen a liberar los presos políticos, detener la represión y permitir el reingreso de los organismos de derechos humanos.
Horas después de la aprobación de la resolución del Europarlamento, la eurodiputada socialista recomendó a título personal sancionar directamente a Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como a dos de sus hijos — Laureano Facundo y Rafael Antonio Ortega Murillo— y otros altos funcionarios del Gobierno.
Gomes habló con Confidencial, vía Skype, y aclaró que no “pretendía” que su lista fuera “exhaustiva”. “Era una contribución de mi parte, basado en las sugerencias de diversos ciudadanos nicaragüenses que he escuchado”, mencionó.
Este miércoles, la delegación que estuvo en Nicaragua pedirá a la Alta Representante, que inicie el proceso de sanciones contra el régimen. ¿Se les acabó la paciencia con Ortega?
Yo creo que sí, después de una reunión que tuvimos la semana pasada donde escuchamos a diversos interlocutores nicaragüenses, incluso algunos en Nicaragua, que nos contaron que las negociaciones no han conducido a nada porque una cuestión fundamental no ha sido cumplida por los Ortega, que es la liberación de los presos políticos.
Nos dimos cuenta que todo esto es una pérdida de tiempo. Tal vez los Ortega lo vean como un engaño de tiempo, para nosotros es una pérdida de tiempo, incluso una pérdida de vidas, de ciudadanos nicaragüenses que tienen que irse del país por la persecución que sufren. Entonces, hemos decidido pedir a las instituciones europeas que no tarden en decretar sanciones dirigidas sobre el régimen, algunos de nosotros ya los habíamos hecho al volver de Nicaragua, como en mi caso.
Claro que hay un significado que juntos los hagamos ahora, después de darle una oportunidad más al diálogo, y de ver que el régimen de los Ortega no es serio y no quiere hacer los básico para una negociación seria.
En la carta que se le enviará a la Alta Representante, se incluye alguna lista de posibles sancionados.
Tenemos varias listas, que se van anexar. Serán las autoridades de los Gobiernos y de la Unión Europea, quienes van a elaborar la lista. Nosotros podemos hacer recomendaciones, que las haremos por diversas maneras, porque tenemos las ideas de quiénes son los principales responsables por las violaciones derechos humanos y de la sistemática corrupción que los nicaragüenses tienen que vivir bajo este régimen.
En marzo, usted envió a la Alta Representante, una lista de posibles sancionados, que la encabezan el presidente Ortega y la primera dama. ¿Cuáles fueron los criterios para elaborarla?
Resultó de lo que escuché al andar consultando a mucha gente en Nicaragua sobre los principales responsables políticos. No es una lista exhaustiva. Mucha gente de Nicaragua me señaló que la ministra de Salud (Sonia Castro) debería ser añadida a la lista, por su papel en la denegación de cuidados médicos elementales a los heridos en las manifestaciones de ciudadanos.
No pretendí que mi lista fuera exhaustiva, era una contribución de mi parte, basado en las sugerencias de diversos ciudadanos nicaragüenses que he escuchado.
Creo que será en base a estas contribuciones que la Unión Europea deberá identificar quiénes son las personalidades que deben integrar una lista para sanciones direccionadas. Sabemos que el pueblo nicaragüense está sufriendo mucho bajo este desgobierno del régimen de los Ortega, y no queremos agravar el sufrimiento del pueblo nicaragüense. Es por eso que una lista será necesariamente focalizada sobre algunos de los principales responsables.
Sé muy bien que, a distintos niveles, hay muchos involucrados en las torturas en las prisiones y en la persecución. No vamos a poder abarcar a todos, pero que los principales estén en esta lista es lo fundamental porque los otros verán que si siguen con esas acciones, más tarde o más temprano podrán ser inculpados.
¿Existe algún plazo para la implementación de sanciones contra funcionarios del régimen?
Es importante entender que quien tiene que decidir esto son los Gobiernos europeos y las autoridades europeas. Es muy significativo que nosotros desde el Parlamento Europeo lo propongamos porque (Ortega) nos ha agotado la paciencia y porque no tenemos más dudas que este régimen no quiere, efectivamente, negociar. Por eso entendemos que es el momento de aplicar sanciones focalizadas.
Pero quien tiene que decidir, y no hay plazo para esto, son los Gobiernos europeos. Es sobre ellos que hay que hacer presión. Es sobre ellos que nosotros estamos haciendo presión con nuestras cartas. Los diputados tenemos el poder político de hacer presión, de identificar los problemas, de decir esto es lo que recomendamos, pero no somos nosotros los que vamos a decidir.
¿De reiniciarse el diálogo político en Nicaragua, pedirían ustedes frenar las implementación de sanciones?
Si este diálogo nacional reanudado empezara a dar señales de confianza a todos, pero eso empezaría por la liberación de todos los presos políticos y dejar volver al país a todos los exiliados. Por su puesto que esto sería muy bueno, muy importante, muy positivo, y tendríamos que valorarlos así, pero desgraciadamente no es esto lo que estamos viendo en este momento.
La reciente resolución del Parlamento Europeo sobre Nicaragua, propone activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. ¿Qué tan viable es que se suspenda la participación de Nicaragua?
Es otra medida, pero creo que deberíamos empezar por sanciones direccionadas porque hay responsables por la represión y por el impase político y estos están sustentando el régimen de Ortega. Son ellos los primeros que deben ser objeto de las sanciones de parte de la Unión Europea.
